Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe impone comunicar lo resuelto a la Defensoría ante el Excmo. T.S.J., acompañando copia de la presente, a los efectos que estime corresponder.
II. Del embargo: bajo este acápite, la defensa considera excesivo e injusto el monto fijado.
En tal sentido, cuestiona que no se hubiera tenido en cuenta que, en su declaración indagatoria, el imputado señaló que se encuentra desempleado, realizando changas y viviendo en casa de su madre, motivo por el que pide su reducción.
En relación a este agravio, conviene recordarle a la defensa que el monto de embargo debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. (véase: Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional; 06/02/2024; TR LALEY AR/JUR/33938/2024). En nuestro caso, el monto establecido, se presenta razonable.
En cuanto al planteo relativo a la situación laboral que atravesaría su asistido, debemos señalar que, a los fines de la cuantificación del embargo, se debe tener en cuenta los aspectos supra enumerados, sin que deba ponderarse la situación económica del acusado. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; sala IV; 17/09/2009; D.Y.C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). …
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Fecha: 2026.06.03 08:13:48-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.1 REGISTRO Nº 10.049 FOLIO Nº 118/121 PROT. ELECT. JR101 196I.261 Río Gallegos, 03 de junio de 2026.
La presente causa caratulada:“E.S.S.S/ RESULTARE DAMNIFICADA POR ROBO” Expte. Nº E-79.899/24,Apelación Nº 10.169/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 87/90, obra glosado el auto dictado por la Sra. Juezatitular del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J.M.D., en orden al delito de “robo” (arts. 164 del Código Penal); y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos dos millones quinientos mil($ 2.500.000).
Que a fs. 91/94, la defensa técnica apeló dicho auto - motivándolo-; a fs. 100 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios impetrados, en el orden propuesto por la recurrente en el escrito de apelación; los cuales adelantamos, serán íntegramente desestimados.
I. De los agravios en particular: inicialmente, en líneas generales, la defensa señala que los elementos probatorios aunados por la instrucción, no poseen entidad bastante como para convalidar el juicio de probabilidad emitido.
Por otro lado, considera erróneo calificar el hecho como consumado, pues –según dice- el apoderamiento nunca se completó, y no pudo acreditarse que su asistido fuera responsable de la comisión del delito de robo. Destaca que no hubo allanamiento, ni testigos presenciales que pudieran identificar a su defendido.
Asimismo, resalta que no pudo demostrarse fuerza en las cosas y/o violencia física en las personas, para pretender imputar dicha figura.
Concretamente, critica los informes policiales, pues concluyen en quienes son los sujetos, sin fundamentos científico - legales. En esa dirección, advierte que la instrucción podría haber efectuado una rueda de reconocimiento, investigar los últimos movimientos de los imputados en redes sociales para constatar si vendían elementos sustraídos, y/o cualquier otro elemento probatorio que pueda sostener la criminalidad sobre los presuntos autores del hecho.
En otro apartado, la recurrente insiste en que las pruebas colectadas resultan insuficientes para el dictado del procesamiento, y advierte una falencia inusitada en la investigación penal, pues –a su criteriose reduce a escasos elementos probatorios.
En particular, la agravia que no se hubiera considerado el resultado del informe técnico de fs. 72/74; el cual concluye que los parciales de rastros dactilares aptos para cotejo, no se corresponden con las impresiones obrantes en la ficha dactilar a nombre de su pupilo. De otro lado, cuestiona la claridad de las secuencias fotográficas de fs. 30/37, pues dice que de ellas, no se puede relacionar a su representado con el hecho investigado.
Asimismo, la agravia la valoración de los indicios, y resalta que los testigos en ningún momento vieron e identificaron a su representado.
En otro punto, pide el cambio de calificación legal atribuida al hecho, pues –a su juicio-, y toda vez que la damnificada habría recuperado gran parte de los elementos sustraídos, el hecho nunca se habría consumado.
Dice que el pronunciamiento es arbitrario, violatorio del principio de legalidad, en miras del debido proceso, la defensa en juicio, y la igualdad establecida en la manda constitucional.
Como corolario, asevera que no se encuentra acreditada –con el grado de probabilidad que requiere esta instancia- la responsabilidad endilgada a su asistido, por lo que se solicita se revoquen los puntos 1º) y 2º) del auto apelado, y se haga lugar al pedido de sobreseimiento.
Pues bien, como señalamos al comienzo, rechazaremos los agravios expresados por la defensa.
En tal sentido, entendemos, yerra la apelante al señalar que los elementos reunidos y valorados por la instrucción resulten insuficientes para el dictado del auto de procesamiento, pues en el caso, se ha considerado acreditada la materialidad del hecho, a partir de la denuncia formulada respecto del faltante elementos, dinero y alimentos, y las actuaciones policiales que lograron constatar el forzamiento de la puerta de acceso al depósito de alimentos e ingreso de personal (acta de inspección ocular y croquis ilustrativo fs. 04/06).
En cuanto a la presunta autoría, en principio, el personal de la División Comisaría Segunda de Policía de Río Gallegos, logró identificar al imputado a partir de las secuencias fílmicas extraídas de las cámaras de seguridad del local que habría sido robado, las cuales fueron aportadas por la encargada de lugar.
Es evidente que la defensa parte de un error, al intentar atacar cada indicio por separado, evitando su valoración conjunta. Al respecto, sin perder su validez, hace ya varios años, se tiene dicho: “Los indicios y las presunciones no pueden ser atacados individualmente, de modo de ir invalidándolos uno a uno y evitando su valoración articulada y contextual dentro del plexo probatorio, pues la fuerza de las segundas radica en el correcto silogismo que lleva de los indicios a los hechos indicados que surgen mediante un proceso lógico de inferencias y deducciones, llevando a una conclusión con un alto grado de univocidad a partir de una valoración conjunta y no aislada coincidente con las reglas de la lógica y de la experiencia.” (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, sala IV; 16/09/1999; R.,B.F.; LLLitoral 2000, 810, Cita: TR LALEY AR/JUR/936/1999).
En nuestro caso, la estrategia empleada por la apelante, se basa en atacar la claridad de las imágenes captadas por las cámaras, y cuestionar la ausencia de algunas diligencias probatorias, sin valorar de manera conjunta los elementos que conforman plexo probatorio.
Que, según el criterio jurisprudencial imperante en la materia, los referidos elementos, valorados en conjunto a la luz de la sana crítica racional, resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP.
Sin pretender agotar todos los supuestos, se ha confirmado el procesamiento de los imputados, al ser reconocidos mediante secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad, señalando: “Corresponde confirmar la resolución recurrida en cuanto procesó a los imputados en orden al delito de robo… pues los elementos de prueba incorporados al legajo resultan suficientes para agravar la situación procesal de los encartados en los términos del art. 306, CPPN. En este sentido, se pondera que los relatos brindados por los preventores en relación al tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, encuentra respaldo en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del centro de monitoreo de la Policía Federal …” (Cám. Nac. Crim. y Correcc.; Sala de Feria B; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; C., M. de M. y otro s. Procesamiento; 18/07/2016; Rubinzal Online; 37840/2016; RC J 4191/16).
Inclusive, en una etapa del proceso más avanzada a la que transita nuestra causa, se llegó a condenar a los incusos, por haber quedado registrado su accionar en las cámaras de monitoreo urbano (véase: Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 24 de la Capital Federal; 29/07/2021; B., A. G. s/ robo en poblado y en banda víctima: D. C. S., R.; RDP 2021-10, 167; Cita: TR LALEY AR/JUR/112444/2021). Con lo cual, no se debe descartar el indicio que surge de las cámaras de seguridad analizadas por el personal de la División Comisaría Segunda, en tanto –tras un cotejo- pudieron hallar similitudes entre los sujetos que aparecen en la filmación, con otros que obran en sus registros, logrando en principio identificar al aquí imputado, junto a otro sujeto (ver fs. 25). Por su parte, en cuanto al planteo referido a las pruebas cuya producción se podría haber ordenado (entre las que nombra una rueda de reconocimiento), cabe señalar que desde su designación a fs. 80, la recurrente se encontraba en inmejorable posición de efectuar el pedido en los términos del art. 190 del CPP, sin embargo, no lo hizo, para luego reclamarlo ante esta alzada, motivo por el cual, se desestimará este agravio.
Asimismo, siempre en relación a la prueba producida, resulta relevante señalar que falta a la verdad la defensa, al afirmar que no se hubiera acreditado en autos la fuerza en las cosas, dado que en el acta de inspección ocular confeccionada el mismo día del hecho, se dejó constancia que la puerta de acceso al depósito de alimentos e ingreso de personal se encontraba forzada, pues el marco de la misma estaba desprendido de su lugar de origen (fs. 04/05).
Que, no resiste el análisis el cuestionamiento referido a la calificación legal atribuida al hecho, por las siguientes razones: En primer lugar, pues nuevamente sorprende a esta alzada el referido planteo, luego de que hace escasos días (17/04/2026), se notificó a la Defensoría de Cámara lo resuelto acerca de este mismo cuestionamiento en la causa caratulada: “C.C.R. y otros s/ robo agravado por ser cometido en poblado y en banda (damn. frutería “L.M.”) Expte. Nº 93.043/25, Apelación Nº 10.090/26, en la cual, precisamente, la Defensoría Nº Uno de Mayores local representaba los intereses de los imputados. Que, en líneas generales, en dichas actuaciones se mantuvo el criterio que –de manera invariable y en concordancia con la Fiscalía de Cámara- viene adoptando esta alzada desde el año 2022, vale decir, que la calificación legal –salvo casos excepcionales- no es pasible de revisión en esta instancia, principalmente, por su carácter provisorio, mutable, y por no causar estado.
Pese a ello, evidenciando una actitud claramente dilatoria (contraria incluso a los intereses de su asistido) en esta nueva apelación, presentada el 04/05/2026 (fs. 94), se insiste en mantener el mismo agravio, que esta alzada no trata desde el año 2022.
A fin de graficar lo expuesto, en fecha 14/05/2026, en la causa caratulada: “V.J.A. s/ homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves” - 1701/24/TSJ (Nº 7985/23), la sentencia de casación cambió el encuadre legal que se había atribuido en la etapa de instrucción, y elevó el monto de condena, demostrando así su carácter provisorio.
En virtud de lo expuesto, se impone comunicar lo resuelto a la Defensoría ante el Excmo. T.S.J., acompañando copia de la presente, a los efectos que estime corresponder.
II. Del embargo: bajo este acápite, la defensa considera excesivo e injusto el monto fijado.
En tal sentido, cuestiona que no se hubiera tenido en cuenta que, en su declaración indagatoria, el imputado señaló que se encuentra desempleado, realizando changas y viviendo en casa de su madre, motivo por el que pide su reducción.
En relación a este agravio, conviene recordarle a la defensa que el monto de embargo debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. (véase: Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional; 06/02/2024; TR LALEY AR/JUR/33938/2024). En nuestro caso, el monto establecido, se presenta razonable.
En cuanto al planteo relativo a la situación laboral que atravesaría su asistido, debemos señalar que, a los fines de la cuantificación del embargo, se debe tener en cuenta los aspectos supra enumerados, sin que deba ponderarse la situación económica del acusado. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; sala IV; 17/09/2009; D.Y.C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
III. Reserva: finalmente, formula reserva de recurso de casación, y extraordinario federal, según lo dispuesto por art. 14 de la Ley 48, la cuales será tenidas en cuenta oportunamente.
IV)Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1)CONFIRMAR el auto glosadoa fs. 87/90, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de casación y caso federal formulada por la defensa.
3. LIBRAR OFICIO a la Defensoría ante el Excmo. T.S.J., acompañando copia de la presente, a los efectos que estime corresponder. 4)REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez‐, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.‐
Fin de la sentencia