Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133145
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.145-RC, "Telefónica Móviles Argentina S.A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° C-16.704 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, el 19 de abril de 2018, desestimó el recurso de la especialidad presentado a favor de la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. contra la decisión del Juzgado de Paz Letrado de Esteban Echeverría que, a su vez, confirmó la sentencia del Juzgado de Faltas n° 3 de esa localidad que condenó a la citada empresa a pagar la multa de treinta módulos, equivalentes a doce mil novecientos cincuenta y siete pesos ($12.957), por haber incumplido con la intimación de retirar la estructura metálica que oficia como antena satelital, instalada en calle Recarte n° 1.284, en infracción a los arts. 6 y 86 de la ordenanza municipal 1.641/80, de la ordenanza municipal 8.281/CD/13, del decreto 2.139/13 y modificatorias (v. fs. 153/157).
Frente a tal situación, la abogada María de los Milagros Paz, en representación de Telefónica Móviles Argentina S.A., dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 175/191).
El Tribunal de Alzada, el 25 de septiembre de 2019, admitió la impugnación. Aclaró que, desde el inicio de las actuaciones, se planteó la colisión entre la normativa municipal que regula el ejercicio del poder de policía sobre la instalación de antenas con la ley nacional 19.798 de comunicaciones y el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, configurándose una cuestión federal suficiente (conf. CSJN causas "Strada", "Di Mascio", "Christou" y "Telefónica Móviles Argentina S.A.-Telefónica Argentina SA c/ Municipalidad de Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad"; v. fs. 194/196).
Dictada la providencia de autos a fs. 203 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la representante legal de Telefónica Móviles Argentina S.A. explicó que la cuestión federal radica en el conflicto que se suscita entre la ordenanza municipal 8.281/CD/13 y el decreto 2.138/13, en particular, el art. 25 apartado tercero, con la ley nacional 19.798 (v. fs. 176).
Destacó que, de cumplirse el fallo impugnado, se configuraría una invasión en las potestades de los organismos federales pues la Municipalidad no tiene competencia sobre la antena de telefonía celular móvil. Puntualizó que "La colación y desmonte de antenas debe ser previamente autorizado por los organismos federales en la materia, a los fines de garantizar la correcta prestación del servicio de telefonía celular móvil" (fs. 177 y vta.).
A su entender, la decisión en crisis incurrió en arbitrariedad, al convalidar una decisión que obstaculizó un servicio de índole interjurisdiccional y afectó las garantías de defensa en juicio, debido proceso, propiedad, legalidad y congruencia (v. fs. 178/179 vta.).
I.1. En lo que respecta a los antecedentes del caso, recordó que el 23 de marzo de 2017 se labró el acta Serie E n° 31.798 que dio origen a las presentes actuaciones, por medio de la cual se intimó a Telefónica "...en forma inmediata al retiro de la estructura metálica que oficia como antena satelital instalada" (fs. 180).
El 7 de abril de 2017 se formuló el descargo y se planteó la excepción de incompetencia, solicitando la declaración de nulidad del acta referida (v. fs. cit.).
El Juzgado de Faltas n° 3 de Esteban Echeverría, el 17 de abril de 2017, desestimó los pedidos de incompetencia y nulidad y condenó a la empresa a pagar una multa de treinta módulos, equivalentes a doce mil novecientos cincuenta y siete pesos, por tener por acreditada la infracción a los arts. 6 y 86 de la ordenanza municipal n° 1.641/80, la ordenanza municipal n° 8.281/CD/13, el decreto 2.139/13 y sus modificaciones. Asimismo, se libró oficio a la Subsecretaría de Inspección General y Promoción Industrial a fin de que se tomara conocimiento de lo resuelto y se realizara una nueva inspección en el predio, informando si se había regularizado la situación que diera origen a la presente causa y, en su caso, tomara las medidas pertinentes (v. fs. 180 vta.).
Frente a ello, el 12 de mayo de 2017, se presentó recurso de nulidad y apelación en el que se reiteró el planteo de incompetencia del tribunal actuante y del municipio. Se concedió el recurso de apelación y se denegó el de nulidad; respecto de este último se dedujo queja (v. fs. cit.).
Por su parte, el Juzgado de Paz desestimó la impugnación. Con posterioridad a ello, la Cámara también rechazó el recurso de la especialidad y confirmó lo fallado en la instancia anterior (v. fs. 180 vta. y 181).
I.2. Por otro lado, la recurrente informó que en forma paralela se inició en el fuero contencioso administrativo federal una acción declarativa de inconstitucionalidad, en trámite ante el Juzgado n° 12, Secretaría 23, causa caratulada "Telefónica Móviles Argentina S.A. y otros c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ proceso de conocimiento" (v. fs. 181 y vta. y 186).
Agregó que, conjuntamente con la acción, se solicitó una medida cautelar de no innovar. El 26 de diciembre de 2018, la justicia hizo lugar a la petición y ordenó "...a la Municipalidad de Esteban Echeverría que se abstenga de impedir, obstaculizar o perturbar la prestación del servicio de telecomunicaciones a cargo de la accionante respecto de las antenas [...] hasta tanto se dicte sentencia definitiva" (fs. 181 cit.).
I.3. Sentado lo anterior, denunció que la Cámara incurrió en un error in iudicando en lo que concierne al planteo de incompetencia del municipio de Esteban Echeverría en materia de Telecomunicaciones (v. fs. 182).
Puntualizó que mediante la ordenanza 8.281/CD/13, la Municipalidad legisló sobre materia propia del Congreso nacional y que al ordenar el desmantelamiento de las antenas utilizadas comprometió la prestación del servicio público de telecomunicaciones (v. fs. 182).
Recordó que "...se encuentra vigente una medida cautelar de no innovar la cual comprende la imposibilidad de aplicación de la ordenanza local en materia de telecomunicaciones y particularmente respecto de la localización de antenas de telefonía, y la imposibilidad de entorpecer de cualquier forma e interrumpir el servicio brindado en el ámbito de la Municipalidad de Esteban Echeverría" (fs. 182).
Afirmó que las potestades regulatorias de control y sanción en telecomunicaciones son competencia del Gobierno federal (conf. art. 75 incs. 13, 14, 18 y 19, Const. nac.; ley 19.798 y sus reglamentaciones; Pliego de Bases y Condiciones para el Concurso Público Internacional para la Privatización del Servicio de Telecomunicaciones, aprobado por decs. PEN 62/90, 92/97, 266/98; resols. SC 60/97 y 490/97; dec. PEN 764/00; dec. PEN de creación de la Comisión Nacional Comunicaciones; Atribución de competencias a la Secretaría de Comunicaciones; Licencias para la prestación del servicio de telefonía móvil otorgadas a la empresa Telefónica por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación; v. fs. 182 vta. y 183).
Manifestó que, conforme se desprende del art. 75 incs. 13 y 14 de la Constitución nacional y 3 de la ley 19.798, es atribución del Congreso nacional la regulación de lo concerniente a las telecomunicaciones. Asimismo, destacó que es el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) el encargado del control y regulación del servicio (v. fs. 183 y vta.).
A continuación, sostuvo que debe intervenir la justicia federal pues está en discusión la interpretación de normas federales y, en particular, el bloque normativo federal de telecomunicaciones (v. fs. 184 vta.).
Explicó que el servicio de telefonía móvil se encuentra excluyente y exclusivamente reservado a la autoridad federal, conforme se desprende de los arts. 3, 4 y 6 de la ley 19.798. En su apoyo, citó jurisprudencia (v. fs. 184 vta./185 vta.).
Respecto a la aplicación del art. 25 apartado 3 de la ordenanza municipal 8.281/CD/13 y del decreto 2.139/13, invocada para sancionar a su mandante, alegó que las instancias anteriores de manera desacertada estimaron que la Municipalidad de Esteban Echeverría resultaba competente "...para resolver cuestiones de telecomunicaciones y sumado a ello la confirmación del desmantelamiento de la estructura de soporte de la antena en cuestión", sin reparar en la afectación de los derechos constitucionales citados y en la incompetencia de las autoridades locales (v. fs. 186).
Por tales motivos, solicitó se deje sin efecto la sentencia apelada y se devuelvan los autos a la instancia anterior para que dicte un nuevo pronunciamiento (conf. art. 8.2.h., CADH; causas CSJN, "Casal" y CIDH "Herrera Ulloa"; v. fs. 186/188).
Finalmente, afirmó que la competencia para establecer los lugares donde se pueden instalar antenas, así como también la expedición de habilitaciones y el control de informes -que a criterio del a quo le corresponde a la Municipalidad- es exclusiva y excluyente del ENACOM (v. fs. 188/189).
Por todo lo expuesto, entendió que la normativa municipal debería adaptarse a la nacional y requirió se declare la incompetencia de la autoridad local para imponer sanciones como la impuesta en la presente, ya que "...carece de competencia para establecer unilateralmente los lugares donde las antenas de telefonía pueden instalarse" (fs. 189).
Destacó que es imprescindible que las antenas estén ubicadas en sitios estratégicos y debidamente estudiados, circunstancias que exceden lo urbanístico pues responden a razones técnicas imprescindibles para la adecuada prestación del servicio. Asimismo, manifestó que el efectivo desmantelamiento de la antena implicaría la discontinuidad del servicio, acarreando un grave perjuicio a los usuarios (v. fs. 190).
Por último, refirió que, a raíz de la acción declarativa de inconstitucionalidad, mediante la cual se pretende la inconstitucionalidad de una ordenanza municipal y de la competencia de los organismos Municipales en materia de telecomunicaciones, las circunstancias cambiaron pues se encuentra vigente la medida cautelar de no innovar que impide a la Municipalidad ejercer acciones de hecho que impidan, obstaculicen o perturben la prestación del servicio (v. fs. 191).
II.1. Previo a ingresar al fondo del reclamo, se reseñarán los antecedentes del caso.
Tal como lo puso de manifiesto la recurrente, las presentes actuaciones se originaron a partir del Acta de Infracción Serie E-31798 (23 de marzo de 2017) en la que se constató el incumplimiento de la intimación de retirar la estructura metálica que oficia como antena de la calle Recarte n° 1.284 de la localidad de Esteban Echeverría, por infringir los arts. 6 y 86 de la ordenanza municipal 1.641/80 (v. fs. 1).
Al momento de presentar el descargo, la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. planteó la incompetencia del municipio por considerar que el eventual desmantelamiento de la antena afectaría la prestación del servicio público de telecomunicaciones, estimándola como materia federal exclusiva y excluyentemente (v. fs. 68/83 vta.).
El Juzgado de Faltas de Esteban Echeverría desestimó los planteos y condenó a la empresa al pago de multa por haber infringido los arts. 8 y 86 de la ordenanza municipal 1.641/80; la ordenanza municipal 8.281/CD/13 y modificatoria (v. fs. 85/92).
Por su parte, el Juzgado de Paz letrado confirmó lo así decidido (v. fs. 122/123 vta.)
Luego, en lo que aquí importa, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas Zamora confirmó la competencia local. El a quo argumentó que normativa de jerarquía constitucional e infraconstitucional reconocen la competencia municipal en lo que concierne a la autorización y habilitación para la ubicación de infraestructura. Explicó que, si bien el servicio de comunicación es de interés público y, por tanto, de competencia federal, esta circunstancia no impide que, en el ámbito local, con el fin de resguardar el interés público local, se regule sobre lo concerniente a la instalación de antenas (conf. arts. 123 y 75 inc. 30, Const. nac.; Sección VII, Const. prov.; arts. 18 y 19, dec. ley 8.051/77; 6 y 39, ley 19.798; dec. 798/16 del Ministerio de Comunicaciones; v. fs. 155/156 vta.).
II.2. Ahora bien, a fin de dilucidar el conflicto de jurisdicción, es preciso considerar como criterio dirimente "...la exposición de los hechos que el solicitante efectúa en la demanda o petición, a lo que se debe atender de modo principal para determinar la competencia y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, el derecho que invoca como fundamento de su pretensión" (del voto del doctor Negri en las causas C. 111.653, sent. de 7-V-2014 y C. 120.187, sent. de 11-XI-2015; P. 124.954, resol. de 3-VIII-2020; e.o.).
Debe tenerse presente la naturaleza jurídica de los reclamos que la parte propone a decisión judicial y la índole de la acción ejercida.
En dicho marco, conforme se advierte del punto I del presente, la recurrente denunció la incompetencia del municipio de Esteban Echeverría para legislar, en el marco de las ordenanzas municipales 1.641/80 y 8.281/CD/13, sobre los lugares donde se pueden instalar antenas, sobre la expedición de habilitaciones y sobre la imposición de sanciones tales como el desmantelamiento, por entender que todo ello afecta la prestación del servicio público de telecomunicaciones y quebranta normas de jerarquía constitucional (arts. 13, 14, 18, 19, 31 y 75 incs. 13 y 14, Const. nac.; ley 19.798 y dec. nacional 1.950/87 y sus normas complementarias; v. esp. fs. 182 vta. y 183).
En definitiva, a criterio de la recurrente, la imposición por parte del municipio de una multa por no haber cumplido con la intimación de retirar la estructura metálica instalada en la calle Recarte n° 1.284 de Esteban Echeverría, colisiona con las potestades regulatorias, de control y sanción atribuidas al Estado federal (v. esp. fs. 190 vta.).
III. Ante tal panorama, se advierte que los presupuestos fácticos tenidos en consideración por la Cámara al confirmar la condena guardan una estrecha e insoslayable relación con la normativa federal invocada por la parte en el transcurso de todo este proceso, en la medida que involucra infraestructura y sistemas de telecomunicaciones cuya instalación y utilización se encuentra reglada en la Ley Nacional de Telecomunicaciones, ley 19.798.
Ello así, en tanto el art. 3 de la citada norma, en su inc. "c" establece la jurisdicción nacional para aquellos servicios de telecomunicaciones de una provincia interconectados con otra jurisdicción o con un Estado extranjero.
El art. 6 de la misma norma veda la instalación o ampliación de medios o sistemas de telecomunicaciones sin contar con previa autorización de la autoridad competente, y prohíbe a las municipalidades suspender, obstaculizar o paralizar las obras o servicios de jurisdicción nacional.
El art. 27 reitera la necesaria habilitación de las instalaciones por parte de la autoridad de aplicación, en forma previa a su puesta en funcionamiento.
Por su parte el art. 39 refiere: "A los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, con carácter temporario o permanente, previa autorización de los respectivos titulares de la jurisdicción territorial para la ubicación de las instalaciones y redes. Este uso estará exento de todo gravamen".
A su vez, el art. 4 de la ley 27.078 -"Ley Argentina Digital"- prescribe: "Las actividades reguladas por la presente estarán sujetas a la jurisdicción federal y cualquier incidencia que de modo directo o indirecto pudiera surgir o derivar de la aplicación de la presente será competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal, con excepción de las relaciones de consumo".
La competencia local del municipio de Esteban Echeverría -como así también la del fuero provincial- para intervenir en asuntos atingentes a las telecomunicaciones ha sido materia de debate desde el momento mismo en que la empresa de telefonía se presentó en autos a fin de controvertir el acta de procedimiento Serie E-31798 que dio inicio a los presentes actuados (v. fs. 68/83 vta.) y mantenida a lo largo del iter impugnativo (v. fs. 96/106, 126/135 y 175/193).
IV. Ahora bien, para analizar la viabilidad de los planteos formulados por la parte recurrente en estos obrados se requiere dilucidar el sentido y alcance de normas federales, por caso, la citada Ley Nacional de Telecomunicaciones n° 19.798.
Y, más allá de la eventual suerte del reclamo de fondo (basado, en la especie, en una alegada incompetencia municipal -como así también del fuero provincial- para intervenir en materia que hace a la prestación del servicio de telecomunicaciones), la temática traída a juzgamiento concierne principalmente a la instalación y funcionamiento de infraestructura propia de la red pública de telefonía móvil, aspectos todos involucrados en la citada regulación federal (causas I. 74.358, resol. de 22-II-2017; P. 124.954, resol. de 3-VIII-2020).
En sentido concordante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal, consideró que "Procede dar intervención al fuero de excepción si la correcta solución del problema exige precisar el sentido y alcance de normas federales dictadas por el Estado Nacional en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nacional de Telecomunicaciones n° 19.798, cometido éste reservado a la jurisdicción federal ratione materiae (doctrina de Fallos: 327:5771; 330:2115; 333:296; S.C. Comp. 396, 1. XLIX; 'Ruiz', sent. de 11/04/14; y S.C. Comp. 959,1. XLIX, 'Giaccio', del 16/09/14, entre otros)" (CSJN, expte. FMP 018132/2014/CS001, "Messineo, Sergio Gustavo contra Telefónica de Argentina S.A. Daños y perjuicios", sent. de 30-VI-2015; el destacado figura en el original).
Bajo tales premisas, este Tribunal resulta materialmente incompetente para conocer y decidir en la controversia, lo que así se declara.
V. En virtud de lo anterior, por razones de economía procesal y con el objeto de asegurar la tutela judicial, corresponde la remisión de las presentes actuaciones a la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora para que, por intermedio de quien corresponda, se dé intervención a la justicia federal, de conformidad con lo expuesto en el punto IV de la presente.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Dejo a salvo mi criterio en cuanto a que las cuestiones federales que pudieran generarse en los litigios que provienen del fuero contravencional y de faltas, pueden hallar en los recursos extraordinarios locales contra el fallo del juez correccional o de paz letrado -tal el caso de autos-, el cauce idóneo para cumplir el tránsito por el Superior Tribunal de la causa como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48) conforme lo establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes "Strada" (Fallos 308:490), "Di Mascio" (Fallos 311:2478) y "Christou" (Fallos 310:324) y en el marco de consolidada doctrina de esta Corte.
Por fuera de lo antes señalado, en el caso en análisis coincido con mi colega, el doctor Genoud, en que corresponde la remisión de las presentes al fuero de excepción, por los fundamentos expuestos en su voto a los cuales me remito para ser br
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