Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar la Sentencia Definitiva N.º 645/2026, de fecha 25/09/2026, elevada en consulta en los términos del art. 641, último párrafo, del CPCC.
III. SIN IMPONER COSTAS en la alzada y sin regular honorarios.
Trelew, 17 de noviembre de 2026.
Estos autos caratulados “Asesoría de Familia s/ Revisión de capacidad de <PER_1> ” (Expte. N.º 720 - Año 2026 CAT), elevados en consulta en función de lo dispuesto por el art. 641, último párrafo, del CPCC.
I. Mediante la Sentencia Definitiva N.º 645/2026 (25/09/2026), la magistrada de primera instancia resolvió mantener la declaración de incapacidad de <PER_1> , DNI <DNI_2> , en los términos del art. 32 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación, por considerar que subsisten las circunstancias que motivaron su declaración mediante sentencia del 31/10/2022.
Asimismo, designó como curadora a su hermana, <PER_1> , quien deberá comparecer a aceptar el cargo dentro del tercer día de adquirir firmeza la sentencia. Además, como salvaguardia, dispuso que la curadora deberá requerir las autorizaciones judiciales correspondientes para el ejercicio de su gestión, informar anualmente los actos otorgados, las asistencias realizadas y las medidas adoptadas, así como rendir cuentas de los fondos percibidos y gastos efectuados, sin perjuicio de comunicar inmediatamente cualquier acontecimiento extraordinario. Impuso las costas del proceso a la Sra. <PER_1> y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
Por ID 2577107 (19/10/2026, 11:44 hs.), la Asesoría de Familia solicitó la elevación de las actuaciones en consulta, conforme lo previsto por el art. 641, último párrafo, del CPCC. La competencia de este Tribunal, que surge de los arts. 256 y 641, última parte, del CPCC, debe ejercerse de conformidad con los principios incorporados por la Ley N.º 26.657 y, especialmente, por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados por Ley N.º 26.378.
La consulta prevista para este tipo de procesos se encuentra instituida en beneficio de la persona cuya capacidad ha sido restringida o, excepcionalmente, declarada incapaz, con la finalidad de asegurar un control jurisdiccional adicional respecto de la observancia de las garantías procesales y de la adecuación de la decisión a las circunstancias concretas de la persona involucrada, dada la especial trascendencia de las consecuencias que de ella derivan.
La capacidad jurídica sólo puede ser restringida con carácter excepcional y siempre en beneficio de la persona (art. 31 inc. b del CCCN). A su vez, el último párrafo del art. 32 del CCCN contempla la declaración de incapacidad como una solución excepcional, limitada a aquellos supuestos en los que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulte ineficaz para posibilitar el ejercicio de sus derechos.
En ese supuesto, la declaración de incapacidad conlleva la designación de un curador que ejercerá la representación de la persona, cuya actuación deberá ajustarse a las normas de la curatela y a las salvaguardias necesarias para asegurar la protección de sus derechos, su dignidad y sus intereses (arts. 32, 138 y concordantes del CCCN; art. 12 inc. 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
a) Bajo tales premisas, corresponde examinar si la sentencia elevada en consulta se ajusta a las constancias de la causa y a las exigencias sustanciales y procesales previstas por el ordenamiento jurídico vigente.
Cabe señalar que las presentes actuaciones tienen por objeto la revisión de la situación jurídica de <PER_1> , cuya incapacidad había sido declarada mediante sentencia del 31/10/2022, dictada por el Juzgado de Familia N.º 3 de Trelew, oportunidad en la cual se designó como curadora definitiva a su hermana, <PER_1> .
i) El 26/11/2025 se dispuso la revisión de aquella sentencia, en los términos del art. 40 del CCCN, ordenándose correr traslado a la interesada, quien quedó notificada el 11/12/2025.
ii) De las constancias obrantes en la causa se observa que durante el trámite se garantizó la asistencia letrada de <PER_1>, dado que en su representación intervinieron los Dres. <PER_2> y <PER_3> , profesionales de la Defensoría Pública Civil de esta ciudad, quienes comparecieron el 20/02/2026. iv) El 27/03/2026, la magistrada de primera instancia mantuvo contacto personal con <PER> en el Hospital Rural de Dolavon, en cumplimiento de lo previsto por el art. 35 del CCCN. En dicha oportunidad, pudo constatar las dificultades que presenta para interactuar y comunicarse, recabando información del personal médico y de enfermería de la institución respecto de su estado de salud y de los cuidados que requiere.
v) El 07/04/2026 se ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria, conforme lo dispone el art. 40 del CCCN. Cuyo informe fue incorporado el 15/05/2026, dio cuenta de que la evaluación se llevó a cabo el 23/04/2026 en el Hospital Rural de Dolavon, con la participación de profesionales de trabajo social, psicología y medicina forense.
vi) Finalmente, el 01/07/2026 compareció <PER_1> , con el patrocinio letrado de la Dra. <PER_4> , y prestó conformidad para continuar desempeñándose como curadora de su hermana.
vii) El 25/09/2026, se dictó la sentencia elevada en consulta.
b) Del informe interdisciplinario surge que <PER> permanece internada desde hace aproximadamente dieciséis años en dicho establecimiento, donde recibe atención médica y asistencia permanente. Se constató que presenta una dependencia total de terceros para la realización de las actividades de la vida cotidiana, requiriendo cuidados continuos para su alimentación, higiene, vestido, movilidad y atención de sus necesidades de salud. En lo específicamente referido a su condición de salud, el informe interdisciplinario señaló que <PER> presenta un cuadro de parálisis cerebral infantil, cuadriplejía espástica y discapacidad intelectual profunda, de carácter crónico y progresivo, conforme a sus antecedentes clínicos y al certificado de discapacidad incorporado a las actuaciones. Los profesionales explicaron, además, que <PER> presenta importantes limitaciones motrices, requiere alimentación enteral mediante sonda y no posee lenguaje oral ni escrito. Durante la evaluación no se observaron respuestas que permitieran establecer una interacción consciente con su entorno, señalándose que no sigue con la mirada a sus interlocutores y que, según las referencias obtenidas, tampoco reconoce rostros familiares. La evaluación concluyó, en consecuencia, que la Sra. <PER_1> presenta una imposibilidad de expresar su voluntad por cualquier medio adecuado y requiere la intervención de un representante para la realización de los actos civiles, sociales, médicos, administrativos y patrimoniales que involucren su persona o sus intereses.
Estas conclusiones resultan coincidentes con la situación constatada desde el inicio del proceso. En efecto, la sentencia originaria ya había tenido por acreditado que <PER> presentaba importantes limitaciones cognitivas y motrices, que le impedían comunicarse y desenvolverse autónomamente, requiriendo asistencia permanente para la totalidad de las actividades de su vida cotidiana. La evaluación actualmente producida evidencia que aquella situación no ha experimentado modificaciones sustanciales con el transcurso del tiempo.
En relación con su entorno familiar, los profesionales constataron que <PER> cuenta con varios hermanos, entre ellos <PER_1> , quien viene desempeñando las funciones de asistencia y gestión de sus necesidades. Si bien se identificaron dificultades en la organización familiar y diferencias respecto del acompañamiento brindado, destacaron que <PER> constituye su principal referente, interviene habitualmente ante los requerimientos del establecimiento de salud, realiza gestiones ante PAMI, procura la provisión de medicamentos e insumos y administra su beneficio previsional.
En función de ello, el equipo interdisciplinario consideró conveniente la continuidad de <PER> en el ejercicio de dicha función, recomendando fortalecer la participación de los restantes integrantes del grupo familiar y los recursos de acompañamiento disponibles.
IV. En este contexto, se aprecia que la continuidad de la declaración de incapacidad no se sustenta exclusivamente en un diagnóstico médico, sino en la constatación concreta de que C. se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y de exteriorizar su voluntad por cualquier medio, forma o formato adecuado. Es precisamente esta situación excepcional la contemplada en el último párrafo del art. 32 del CCCN, para aquellos casos en los que el sistema de apoyos resulta insuficiente para posibilitar el ejercicio de los derechos de la persona y la representación mediante curatela constituye la medida que mejor garantiza su protección.
Por ello, la solución adoptada por la magistrada de grado aparece proporcionada a las circunstancias particulares de la interesada y ajustada al carácter excepcional que reviste la declaración de incapacidad.
En cuanto a la persona designada para ejercer la curatela, también existen elementos que respaldan la decisión adoptada. Si bien durante la evaluación interdisciplinaria se advirtieron dificultades en la organización familiar y la Sra. <PER_1> no estuvo presente en dicha oportunidad, de los antecedentes reunidos surge que viene desempeñando funciones de asistencia y representación de su hermana, ocupándose de las gestiones vinculadas con su atención médica, la provisión de medicamentos e insumos y la administración de su beneficio previsional.
La continuidad de su designación resulta, asimismo, coherente con la situación familiar constatada y con la conformidad expresada por la propia Isabel para seguir ejerciendo dicha función. Las dificultades señaladas por el equipo interdisciplinario justifican la conveniencia de fortalecer el acompañamiento de los restantes integrantes del grupo familiar, pero no permiten, por sí solas, concluir que corresponda modificar la curatela oportunamente establecida.
También resulta adecuada la imposición de salvaguardias específicas a su actuación. La obligación de requerir las autorizaciones judiciales correspondientes, informar anualmente sobre los actos realizados y efectuar una rendición de cuentas de los fondos percibidos y gastos efectuados constituye un mecanismo de control destinado a resguardar los intereses personales y patrimoniales de la beneficiaria, acorde con la función que deben cumplir las salvaguardias previstas por el art. 12 inc. 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En tales condiciones, se encuentran satisfechos los recaudos formales y sustanciales previstos por los arts. 31, 32 in fine, 35, 36, 37, 38, 40, 138 y concordantes del CCCN, así como por los arts. 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por consiguiente, corresponde confirmar la Sentencia Definitiva N.º 645/2026 elevada en consulta, en los términos del art. 641, último párrafo, del CPCC.
V. Sin imponer costas en la Alzada ni regular honorarios profesionales, en atención a la naturaleza de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal.
Por lo expuesto, la Sala “2” de la Cámara de Apelaciones de Trelew, RESUELVE:
I. CONFIRMAR la Sentencia Definitiva N.º 645/2026, de fecha 25/09/2026, elevada en consulta en los términos del art. 641, último párrafo, del CPCC.
III. SIN IMPONER COSTAS en la alzada y sin regular honorarios.
IV. REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.
Suscripta digitalmente por :
Dr. Guillermo Nicolás WALTER (Presidente)
Dr. Marcelo Fernando PERAL (Juez de Cámara)
REGISTRADA BAJO EL Nº 23 DE 2026 - SIF- CONSTE.
Firmado digitalmente por la Dra. Florencia CESARI, Secretaria de Refuerzo de Cámara
Fin de la sentencia