Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167930
Expte. N º 167930 - Juzgado Civil y Comercial N°3
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “AZORIN, DIEGO LISANDRO C/ PAIDEIA S.R.L. Y OT. S/ REVSIÓN DE COSA JUZGADA” [c. 167930] , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Nélida I. Zampini
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 16 de abril de 2019?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 16 de abril de 2019, el titular del Juzgado Civil y Comercial N°3 departamental, Dr. Luis Diego Benvenuto Vignola, rechazó la demanda promovida por Diego Lisandro Azorín contra Raúl Alberto Diez, Luz de las Mercedes Diez, PAIDEIA S.R.L., Luz Cristina Rodríguez Soto, Raúl Ignacio Diez y Ethel Evelia Castaño de Rodríguez Soto, con costas.
Para así decidirlo, señaló que el actor persigue la revisión de las resoluciones dictadas el 2/10/2013 y 20/12/2013 en la causa “Paideia S.R.L.” y otros c/ Rodríguez Soto, Luz Cristina y ot. s/ Sociedades. Acciones derivadas del derecho de” (causa 10197-5) argumentando que lo que allí se decidió fue motivado por los escritos presentados, en la misma causa, en fecha 12/07/2013 y 13/12/2013, ambos de contenido simulado.
Explicó que Paideia SRL, Raúl Alberto y Luz de las Mercedes Diez resistieron la demanda y afirmaron que el actor carece de legitimación para invocar la simulación de actos en los que fue partícipe. Ello sin perjuicio de que, según dijeron, tal simulación no existió. Análogas defensas postularon Luz Cristina Rodríguez Soto, Ethel Evelia Castaño de Rodríguez Soto y Raúl Ignacio Diez, quienes pidieron el rechazo de la demanda negando que los instrumentos invocados por el reclamante se hayan mantenido ocultos o que los escritos sean simulados o falsos.
Indicó que el objeto del juicio consiste en (i) definir si es procedente la declaración de simulación de los actos jurídicos que fueron antecedentes de las resoluciones a revisar y (ii) determinar si es procedente la revisión de las resoluciones cuestionadas por el actor.
Sobre el primer punto, destacó que el Dr. Azorín argumentó que en razón de una “profunda amistad” que lo unió por más de treinta años con Raúl Alberto Diez es que procedió a celebrar los actos jurídicos cuya simulación ahora pretende declarar, y lo hizo con el fin de que se pudiera lograr la disponibilidad de las sumas depositadas en distintas cuentas judiciales, como así también lograr el levantamiento de medidas cautelares que pesaban sobre la sociedad y/o sus socios. Fueron -dijo- actos de “complacencia, de carácter aparentes”.
Luego de analizar el contenido de las presentaciones, apuntó que el actor fue partícipe de los actos jurídicos cuya declaración de simulación ahora persigue. El art. 959 del Código Civil (ley 340) niega legitimación a quienes dieron forma al acto simulado con el fin de violar las leyes o de perjudicar a un tercero (salvo que pretendan dejar sin efecto el acto y no obtengan ningún beneficio de la anulación).
Consideró que del propio relato del accionante surge que la simulación en la que participó Azorín tenía como propósito declarar falsamente que el pleito era de monto indeterminado y que percibió los honorarios, todo lo cual reconoció -al absolver posiciones y al demandar- que era falso. Tales aserciones -confesamente insinceras- violaron las leyes que regulan las retribuciones profesionales, el sistema previsional de abogados e incluso normas impositivas, por lo que la simulación -de existir- ha sido ilícita.
El magistrado afirmó que la solución no cambia si se considera el alegado carácter oculto del convenio de honorarios celebrado entre Raúl Alberto Diez y Luz de las Mercedes Diez, por un lado, y los letrados Sobrino, Botteri y Coste, por el otro, mediante el cual se habrían acordado honorarios en montos superiores a los regulados al Dr. Azorín. Aun de ser eso así, el actor igualmente reconoció que participó activa y voluntariamente de los actos simulados, motivo por el cual no puede ahora pedir su invalidez.
Concluyó que al no ser posible declarar la simulación de los actos impugnados, no hay motivo alguno que habilite la revisión de la cosa juzgada en relación a las resoluciones judiciales dictadas en la causa “Paideia S.R.L.” y otros c/ Rodríguez Soto, Luz Cristina y ot. s/ Sociedades. Acciones derivadas del derecho de” (causa 10197-5).
El accionante apeló el 23 de abril de 2019 y fundó su recurso el 23 de junio de ese mismo año. La réplica de Paideia SRL, Luz de las Mercedes Diez y Raúl Alberto Diez fue presentada el 12 de julio de 2019.
Los agravios del actor pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Considera que el razonamiento del juez fue sumamente simplista desde el punto de vista jurídico y soslayó el principio de orden público que debe estar presente en toda regulación de honorarios profesionales de los abogados, conforme las prescripciones del art. 2 del Dec. Ley 8904/77 y que actualmente contempla la Ley 14.967.
Refiere que el juez debió atender a la trascendencia jurídica del denominado “ Convenio de Pago de Honorarios por Costas Judiciales ” celebrado entre los Dres. Raúl Alberto Diez, por sí y en representación de Paideia SRL y Luz de las Mercedes Diez, por sí y en representación de Paideia SRL, por un lado, y los Dres. José Sobrino, José David Botteri (h) y Diego Coste, por el otro, en el que se convino el pago de honorarios por todas las actuaciones relacionadas con los conflictos societarios, entre los que se incluyó el que es materia de debate en este proceso.
Dice que el hecho de que ese convenio fuera mantenido oculto, al igual que el llamado “Acuerdo Marco”, demuestra una maniobra delictiva de evasión fiscal, en perjuicio del fisco provincial y nacional, así como también afectando los intereses de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Se queja de que el magistrado no haya reparado en la conducta de los demandados y haya cargado todo el peso sobre su persona, soslayando el verdadero alcance del art. 959 del Código Civil. Alega que la solución ampara un abuso de derecho, un fraude a la ley y un enriquecimiento ilícito de los obligados al pago de las costas.
Dice -y cito textual- “ con haberle prestado el Juzgador simple lectura al “Acuerdo Marco” y al denominado “Convenio de Pago de Honorarios por Costas Judiciales”, hubiese podido apreciar sin el menor atisbo de duda, que las presentaciones de mi parte y de los restantes letrados han resultado falsas, francamente simuladas, reitero, con la finalidad de eludir el pago de cargas tributarias y previsionales” .
Cita doctrina en la que se argumenta que aun cuando la simulación sea ilícita, no es absoluta la imposibilidad de demandar la simulación, existiendo acción cuando los simuladores pretenden destruir las apariencias lesivas de los derechos ajenos.
Enfatiza que al no reparar en los elevados montos de los honorarios convenidos a favor de los Dres. Sobrino, Botteri y Coste se generó un “claro fraude fiscal” en beneficio de los obligados al pago. Considera que el juez debió advertir los “ reales honorarios devengados por mi actuación profesional en las referidas causas y lo acordado con los restantes abogados, manteniendo oculta la citada convención y actuando en fraude a la ley ”.
Invoca la violación al orden público y, con cita del art. 2 del Dec. Ley 8904/77, señala que la prohibición de renunciar a honorarios genera una nulidad manifiesta y absoluta que debe ser declarada, aunque la pida quien celebró el acto conociendo el vicio.
Cita textualmente diversas partes del convenio de honorarios y explica que toda la maniobra realizada por los Sres. Diez y los letrados que allí intervinieron tuvo por fin engañar al actor y evadir el pago de impuestos y cargas previsionales, a la vez que buscaba dar forma a una clara estafa procesal.
Alega que el hecho de que nada de ello haya “ conmovido la intelectualidad del juzgador ” pone “en duda su actuación funcional, en cumplimiento de su deber, a la luz de lo normado por el art. 269 del Cód. Penal (prevaricato)” (sic). Agrega a ello que cuando un juez dicta una resolución arbitraria y además sabe que la solución que tomase (sic) es absolutamente injusta o contraria al fin de impartir justicia o a lo que la ley propone expresamente, podemos hablar de prevaricato o de prevaricación.
(ii) En un segundo agravio, indica que la declaración de nulidad (o, eventualmente, de inexistencia) de los actos cuestionados, cobra vitalidad la pretensión de revisión de cosa juzgadaírrita formulada por su parte con relación a las resoluciones del 2/10/2013 (fs. 1439/40) y 2/12/2013 (fs. 1459) en los autos “ Paideia SRL y ot. c/ Rodriguez Soto, Luz Cristina y ot. s/ Sociedades. Acciones derivadas del Derecho de .” (causa 10197/05 de trámite ante el JCC Nro. 3).
Allí -dice- el juez decidió erróneamente con motivo de un engaño y fijó la base regulatoria como de monto indeterminado, regulando honorarios a valores irrisorios. Cita doctrina vinculada a la revisión de la cosa juzgada y argumenta que su pretensión tiene por finalidad rever las decisiones que estuvieron motivadas en actos falsos y fraudulentos.
Reitera que, de no modificar el contenido del pronunciamiento de las resoluciones mencionadas, violando el derecho de propiedad sobre sus honorarios profesionales, se genera un enriquecimiento indebido de los obligados al pago: Sres. Raúl Alberto Diez y Luz de las Mercedes Diez y la firma Paideia SRL.
(iii) En un tercer y último agravio, y ante la eventualidad de que el rechazo de la demanda se confirme, pide se modifique la imposición de costas. Considera que el magistrado debió imponerlas por su orden “ en razón de que me asistía derecho como para formular la demanda de simulación materia de autos, frente a los vicios denunciados y acreditados, sin perjuicio de haberse desestimado la misma por aplicación del art. 959 del Código Civil”.
III. Tratamiento del recurso.
Ninguno de los argumentos que expone el accionante permite demostrar un error en las consideraciones de hecho o de derecho volcadas en la sentencia atacada.
El recurso, por esta razón, no puede prosperar.
III.1. a. La pretensión contenida en la demanda que da inicio a este pleito contiene dos partes.
En la primera, el Dr. Azorín pide se declare la nulidad por simulación de los escritos presentados el 12/07/2013 (fs. 1437/8) y el 13/12/2013 (fs. 1456) en la causa " Paideia SRL y ot. c/ Rodríguez Soto, Luz Cristina y ot. s/ Sociedades. Acciones derivadas de la ley " (que tramitó en el Juzgado Civil y Comercial 3 departamental bajo el número 10.197-05). Refiere que, en tales actos jurídicos, los otorgantes (él incluido) hicieron manifestaciones falsas "que nada tenían de real" y que, en lo que al accionante puntualmente respecta, fueron hechas para que su amigo Raúl Alberto Diez pudiera lograr la disponibilidad de las sumas depositadas en distintas causas judiciales y poder obtener, además, el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre la sociedad o sus socios.
Alega que el escrito del 12 de julio de 2013 " condujo a que se dictara erróneamente la resolución del 2/10/2013 ”, considerando al juicio como de «monto indeterminado» y, consecuentemente, fijando las retribuciones de los profesionales en valores que ahora invoca como insignificantes (v. punto IV de la demanda).
Reconoce que no hay contradocumento que permita demostrar de forma directa el ardid simulatorio, pero que éste igualmente se infiere del “ Acuerdo Marco ” celebrado el 14 de junio de 2013 entre Ethel Evelia Castaño de Rodríguez Soto, Raúl Ignacio Diez y Luz Cristina Rodríguez Soto por una parte, y los Sres. Raúl Alberto Diez, Luz de las Mercedes Diez y Paideia SRL (en el que se convino poner fin a múltiples litigios) y del ” Convenio de Pago de Honorarios por Costas Judiciales ” celebrado en la misma fecha entre Raúl Alberto Diez y Luz de las Mercedes Diez, por un lado, y los Dres. Sobrino, Botteri y Coste, por el otro, mediante el cual se acordaron honorarios en montos superiores a los regulados por el Dr. Azorín. Ambos negocios, señala, fueron mantenidos ocultos y, pese a haber firmado los escritos simulados como “actos de complacencia” para favorecer a su amigo Raúl Alberto Diez, ha resultado el único perjudicado por la maniobra.
Al reclamo anterior le agrega el segundo: declarada la nulidad por simulación de dichos escritos, el actor pide se revise el contenido de las resoluciones del 2/10/2013 (que define la base regulatoria y regula honorarios) y la del 20/12/2013 (que da por cumplido el pago de honorarios y aportes). Pretende, en definitiva, que se practique una nueva regulación de honorarios contemplando la real base regulatoria, la cual, refiere, asciende a U$D600.000 representativos del valor de las cuotas sociales de los pretensos socios excluidos [v. punto V de la demanda, a fs. 51 y sig.].
III.1.b. El progreso de la demanda tiene un obstáculo insuperable que ha sido correctamente identificado en la sentencia apelada: el actor no tiene legitimación para reclamar la nulidad por simulación de los actos en los que él mismo participó a sabiendas de su ilicitud (art. 959 del CC -Ley 340-).
En la causa "Acuña, Matilde Beatriz" (c. 154277, sent. del 21/06/2016) este Tribunal recordó que el reproche que la ley efectúa a la simulación ilícita se manifiesta de dos maneras: (i) en un sentido positivo , con la posibilidad que tienen todos aquellos que tengan un derecho actual o eventual afectado por la ilicitud de requerir la nulidad del acto jurídico simulado (art. 958 del C.C.); (ii) en un sentido negativo , vedando a quienes fueron parte del ardid simulatorio la potestad de « ejercer acción alguna el uno contra el otro, sobre la simulación» , salvo que se pretenda dejar sin efecto el acto y no obtengan de ello algún provecho económico (art. 959 del C.C.).
Como bien explica Luis Crovi, “ resulta amoral que quienes consumaron un engaño perjudicial a terceros, se puedan ver luego beneficiados con la nulidad del acto simulado. Quien participó en una simulación ilícita —sea absoluta o relativa— no puede invocarla tanto por vía de acción como de excepción, salvo que pretenda dejar sin efecto el acto sin obtener ningún beneficio ” (Crovi, Daniel, en “ Código Civil comentado. Hechos y actos jurídicos ”. Ed. Rubinzal – Culzoni, 2007, pág. 429).
El actor dice en su demanda que faltó a la verdad en el escrito presentado el 12 de julio de 2013 al referirse al modo en que consideraban que debía determinarse la base regulatoria (pidió que sea «de monto indeterminado» a sabiendas de que consideraba que debía ser de U$D600.000), y luego reclamó regulaciones en el mínimo de ley al solo efecto de ayudar a su amigo y cliente, facilitando el posterior pedido de levantamiento de cautelares y disponibilidad de fondos. Meses después, dijo que sus honorarios ya habían sido cancelados (fs. 1456, del 13/12/2013).
Del propio relato del accionante surge que la alegada simulación, de haber existido, ha sido ilícita dado que la ayuda brindada por Azorín a su amigo y cliente se hizo a costa de afectar los derechos del Fisco Provincial, Nacional y de la Caja Previsión Social de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Es que, ateniéndome a la narrativa que la demanda propone, aquella “ayuda” consistió en realizar afirmaciones falsas con un propósito que -en principio- se habría obtenido exitosamente: regulaciones de honorarios de baja cuantía, los cuales -a su vez- devengaron obligaciones fiscales y previsionales de muy escaso valor (fácilmente cancelables, eliminando la barrera que impone el art. 21 de la Ley 6716 para el levantamiento de cautelares y retiro de fondos en cuentas judiciales).
No solo la ilicitud de la simulación que invoca es evidente, sino que el recurrente siquiera critica en su memorial que así fuera considerada por el magistrado en su sentencia. Es decir, el actor reconoce al demandar, y también lo hace al recurrir, que la maniobra que invoca fue efectivamente contraria a derecho.
La Suprema Corte, en consonancia con la ya mencionada doctrina de esta Sala, ha dicho que « [l]os que intervienen en un negocio simulado en perjuicio de leyes imperativas o de terceros (simulación ilícita) no pueden luego alegar esa simulación en su beneficio. Sólo pueden pedir la ineficacia del acto y la declaración de certeza de la realidad subyacente, cuando ningún rédito obtendrían con dicho obrar, de lo contrario están impedidos de enfrentarse a su conducta precedente. (art. 959 del Código Civil) » (SCBA, c. 105264, "Lorenzo, Aldo Alberto", sent. 01/06/2011)
Este último requisito (la no obtención de un beneficio) lejos está de verificarse en el caso. La declaración de ineficacia perseguida por el actor tiene por objetivo lograr un resultado concreto que solo a él lo beneficia: una nueva tarifación de su labor profesional que le otorgue un crédito por una suma significativamente mayor a aquella cuya revisión solicita (arg. art. 959 del Código Civil).
III.1.c. La estrategia argumental del recurrente ha consistido en quitar el foco del carácter ilícito de su simulación (y en el hecho de que el art. 959 del Código Civil le niega acción para demandar por nulidad) y hacer especial hincapié en los derechos afectados por el convenio de honorarios que le fuera mantenido oculto (y cómo, de confirmar la sentencia apelada, se cristalizaría esa vulneración de derechos de terceros, un fraude a la ley, una evasión fiscal, etc.). También reparó en el carácter absoluto de la nulidad perseguida, lo que, según dice, debió motivar una declaración oficiosa con independencia de su falta de legitimación.
Pero esta argumentación tiene varios problemas.
El primero es que todo aquello que con vehemencia le critica a sus colegas al celebrar el acuerdo de honorarios que le fue supuestamente ocultado (reitero: abuso de derecho, evasión fiscal, fraude a la ley, violación al orden público, etc.) son alegaciones enteramente imputables a su propia maniobra simulatoria, en la cual -según él mismo reconoce- hizo declaraciones falsas frente al magistrado de primera instancia con el confeso propósito de obtener una decisión judicial que beneficie a su amigo a costa de perjudicar a quienes ahora, con llamativo afán, parece querer defender (el fisco y la caja previsional).
En otras palabras, todo el esfuerzo retórico desplegado para cuestionar el modo en que otros supuestamente violaron la ley (con el convenio de honorarios oculto) , no dejan de ser razones para reprobar el modo en que él mismo tuvo un comportamiento análogo al que ahora señala (con sus escritos que contenían manifestaciones insinceras) .
De hecho, el actor afirma a fs. 47/vta de la demanda que el Acuerdo Marco " se ha mantenido oculto hasta la fecha y se ha eludido su presentación judicial, de manera de sortear el pago de [sus] legítimos honorarios, como así evitar el pago de impuestos y aportes previsionales genuinos ". Llama la atención que en la demanda el accionante siempre utiliza oraciones impersonales ( “se ha mantenido”, “se ha eludido”, etc. ) y, en principio, no se comprende exactamente quién mantuvo oculto dicho acuerdo, frente a quién se mantuvo oculto y quién eludió su presentación judicial. Pareciera que el actor habla de otras personas (por caso, los demandados) quienes -según dice- serían además los que procuraron evitar el pago de sus honorarios, impuestos y aportes.
Pero esta narrativa es completamente inconciliable con el relato que brindó al absolver posi
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