Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127210
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja incoada (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 127.210 "AQUINO MERCEDES C/ UBALDI MARIA AGUSTINA S/ REVISIÓN DE COSA JUZGADA"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, en el marco de una acción autónoma de nulidad por cosa juzgadaírrita con mas los daños y perjuicios generados, respecto de una sentencia condenatoria laboral iniciada por Mercedes Aquino contra María Agustina Ubaldi, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata confirmó la decisión del magistrado de origen que, a su turno, resolviera declararse incompetente para intervenir por considerar que la causa debía tramitar ante el fuero laboral -ante el que cursara el proceso en el que se dictaron las resoluciones que se pretende nulificar- y, asimismo, se abstuvo de expedirse respecto de la medida cautelar de no innovar solicitada, como consecuencia de la decisión tomada sobre la cuestión principal (v. fallos de 14-IX-2023; 20-IV y 24-IV-2023, respectivamente).
Frente a ello, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, nulidad e inconstitucionalidad (v. presentación de 27-IX-2023), los que fueron denegados con sustento en la falta de definitividad del pronunciamiento atacado (v. resolución de 24-X-2023). Ello motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 30-X-2023 y archs. adjs.).
II. Al respecto, cabe señalar que esta Corte ha dicho en numerosos precedentes que las resoluciones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial, denieguen la competencia federal o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que liga a las partes y al hacerlo incidan sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (conf. doctr. C. 113.592, "Barrera de Zagar", resol. de 11-V-2011; C. 120.705, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 10-VIII-2016; C. 122.328, "Cantalippi", resol. de 18-IV-2018; C. 124.055, "Labarere", resol. de 18-V-2021; C. 124.656, "López", resol. de 29-VI-2021; C. 125.209, "Protegiendo al Consumidor", resol. de 10-VIII-2022; C. 126.171, "Ferrari", resol. de 5-IV-2023).
Así, en el caso, con respecto al planteo que viene a conocimiento de este Tribunal en las presentes actuaciones mediante el intento revisor articulado, cabe concluir que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada que, en el marco procesal descripto y en los términos señalados, confirmó la decisión del juez de grado que se declaró incompetente para intervenir en el proceso de acción autónoma de nulidad y daños y perjuicios, sin definir la suerte del derecho de fondo, no encuadra en ninguno de los supuestos excepcionales mencionados precedentemente en los que esta Corte ha permitido la apertura del carril extraordinario en cuestiones de tal naturaleza (arts. 278 y 296, CPCC; conf. doctr. causas C. 119.886, "S., O. M.", resol. de 26-VIII-2015; C. 120.649, "Inf & Arq S.R.L.", resol. de 31-VIII-2016; C. 122.328, C. 124.055 y C. 126.171 cits.).
Por otra parte, este Tribunal también ha dicho que las decisiones relativas a medidas cautelares tampoco revisten carácter de definitivas en el concepto de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (causas C. 120.383, "Solares", resol. de 30-III-2016; C. 122.704 "F. M. S.", resol. de 13-III-2019; C. 123.201, "González", resol. de 14-VIII-2019 y C. 125.136, "Bracco", resol. de 23-V-2022).
En el presente caso, en que la Cámara confirmó la decisión del preopinante que, en virtud de la incompetencia decretada, se abstuviera de expedirse respecto de la medida solicitada, no se advierten configurados motivos de excepción que en el marco de lo reseñado y a tenor de las constancias acompañadas, permitan el apartamiento del criterio general expuesto (conf. doctr. causas C. 123.351, "Casciola" y C. 123.201, "González", ambas resols. de 14-VIII-2019 y C. 123.853, "Acosta Godoy", resol. de 27-V-2020; C. 124.170, "Piedras Blancas S.A.C.A.F.", resol. de 8-VI-2021; C. 125.878, "Cáceres", resol. de 19-XII-2022).
Por lo demás, en relación a la vía prevista en el art. 299 del ordenamiento procesal local que se menciona interpuesta, cabe observar que la misma se abre en el único supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local, supuesto ausente en la especie en que no se ha resuelto en la decisión impugnada caso constitucional alguno en los términos señalados (conf. doctr. causas C. 121.088, "Ferroni", resol. de 9-XI-2016; C. 121.715 "Ribulotta", resol. de 20-IX-2017; C. 122.875, "Las Colinas de Arroyo Seco S.A.", resol. de 7-XI-2018; C. 123.205, "Malano", resol. de 10-VII-2019; C. 124.707, "Gaspari", resol. de 23-IX-2021).
III. Finalmente, cabe agregar que, no obstante la invocación de arbitrariedad, tampoco se advierte, en principio, en el contexto descripto, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que del embate subyacen denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal carácter (v. pto. V.-3 del escrito de queja; doctr. causas C. 119.442, "Figliuolo", resol. de 26-VIII-2015; C. 119.450, "Acosta", resol. de 25-XI-2015).
Y con respecto a la alegada gravedad institucional, vale recordar que se ha sostenido en forma reiterada que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a su invocación, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (v. pto. V.-3; doctr. causas C. 117.183, "Verdugo", resol. de 28-XI-2012; C. 117.402 "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020 y C. 123.376, "Fernández", resol. de 31-III-2021; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados por el impugnante.
En consecuencia, los remedios extraordinarios incoados resultan inadmisibles y se impone el rechazo de la queja traída (arts. 278, 292, 296, 297, 299, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja incoada (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/02/2024 13:08:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2024 15:32:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/02/2024 12:28:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:00:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:36:37 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:41:48 hs. bajo el número RR-184-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia