Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 115982
Sentencia Definitiva
Causa N° 115982; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº12 - LA PLATA
PORCEL ISMAEL HORACIO C/ MALDONADO RUBEN AMILCAR S/REVOCACIÓN DE DONACIÓN
En la ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de Marzo de Dos mil veintitres, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia única en las Causas 115982 y 133406, caratuladas: "PORCEL ISMAEL HORACIO C/ MALDONADO RUBEN AMILCAR S/REVOCACIÓN DE DONACIÓN" y "MALDONADO RUBEN AMILCAR C/PORCEL ISMAEL HORACIO S/NULIDAD DE TESTAMENTO Y NULIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada dictada en fecha 3 de octubre de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia desestimó la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por el Sr. Ismael Horacio Porcel; hizo lugar a la demanda promovida por el Sr. Rubén Amilcar Maldonado declarando nulo el testamento ológrafo otorgado por la Sra. María Julia Aguilar con fecha 03/11/2009; rechazó la demanda promovida por el Sr. Ismael Horacio Porcel por revocación de donación atento su falta de legitimación activa; declaró la falta de legitimación del Sr. Ismael Horacio Porcel en los autos "Aguilar María Julia s/ Sucesión Testamentaria" y la invalidez de los actos allí promovidos por él; impuso las costas de ambos procesos al Sr. Ismael Horacio Porcel en su condición de vencido (art. 68 y 69 del C.P.C.C.), difiriendo la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad en que el pronunciamiento adquiera firmeza y se acompañen las pautas para ello conforme el art. 27 inc. a) y cctes. de la ley 8904 y Ley 14.967.
2. Contra esa forma de decidir interpuso recurso de apelación Ismael Horacio Porcel (v. presentación electrónica de fecha 11 de octubre de 2022), el que fue concedido libremente (proveído de fecha 13 de octubre de 2022) y fundado en tiempo y forma en esta instancia (v. presentación electrónica del 28 de noviembre de 2022); corrido el pertinente traslado (proveído del 5 de diciembre de 2022), éste fue contestado por el Rubén Amilcar Maldonado (presentación electrónica del 22 de diciembre de 2022). Luego, se llamó autos para sentencia (proveído de fecha 26 de diciembre de 2022).
3. El apelante se disgusta que la sentencia recaída en los presentes actuados reconozca como único fundamento fáctico y jurídico la nulidad del testamento ológrafo omitiendo mencionar, analizar y considerar la totalidad de la prueba producida en la totalidad de las actuaciones.
Agrega que los elementos probatorios escogidos para fundamentar la sentencia en autos "Maldonado, Rubén Amilcar c/ Porcel, Ismael Horacio s/ Nulidad de Testamento y Escritura Pública", carecen de la certeza razonable para poder inferir, sin lugar a dudas, que la capacidad jurídica para testar de la causante al momento de redactar el testamento ológrafo se encontraba viciada.
En este sentido hace referencia de fs. 112/115 donde los peritos refieren que las conclusiones a las que arriban (según constancias médicas) son de "alta probabilidad, pero no de franca certeza absoluta".
Alega que éstos, al referirse a la condición clínica de la testadora el día anterior a la confección del testamento ológrafo "pudo" producir un trastorno en la conciencia (delirium), por lo que -a su modo de ver- reconocen expresamente que pudo o no existir un trastorno en la conciencia de la causante.
A partir de ello le resulta contradictorio y desconcertante la sentencia asegura que dicho trastorno de conciencia estuvo presente al momento de testar.
Insiste que las expresiones utilizadas por los peritos médicos como “alta probabilidad”, “pudo” y “podría” necesariamente dan a entender que resultaría posible lo contrario, es decir, que la causante se encontrara lúcida al momento de testar.
Denuncia contradicciones en la pericia médica.
Se pregunta cómo puede ser que, según los expertos, resulte imposible determinar el grado de capacidad mental de la causante al momento de testar y a continuación concluyan que su gravedad clínica general la incapacitaba para realizar cualquier acto de la vida civil.
Informa que el dictamen pericial médico fue oportunamente impugnado y que no resulta lo suficientemente claro, concreto, preciso, coherente y categórico como para poder concluir con certeza razonable que la causante al estar carecía de capacidad jurídica, es decir no tenía discernimiento, intención y voluntad.
Concluye que Maldonado no cumplió con la carga de la prueba que le cabe a partir de lo cual debe concluirse que María Julia Aguilar estaba en su sano juicio al momento de confeccionar su testamento ológrafo.
Da cuenta de lo dispuesto en el derogado art. 3616 CC que establecía como principio general que la ley presume que toda persona está en su sano juicio mientras no se pruebe lo contrario.
Se duele que la Juez de grado no haya hecho referencia a la validez de la prueba por él aportada a saber: la documental agregada a fs. 1/9 y 464; la testimonial prestada en las actuaciones por nulidad de testamento y nulidad de instrumento público que dan cuenta de su relación familiar con la Sra. Aguilar y que era intención de ésta dejarle todos sus bienes porque lo consideraba como su hijo, que la causante pasó con él los últimos momentos de su vida, que se sentía amenazada y le tenía miedo a Maldonado, que hasta los últimos días la señora se encontraba en pleno uso de sus facultades, lo mismo que cuando confeccionó el testamento; la confesional de Maldonado que se limitó a decir a todo que “no es cierto”; la informativa a Correo Argentino (fs. 452) con misivas una revocando el poder a Maldonado y la restante notificando a la escribana para que tome conocimiento de la revocación de la donación; informativa a Comisaría de Monte, UFI de Cañuelas, Juzgado de Paz Letrado de Monte; específicamente refiere que con fecha 9/12/15 se recibieron en el Juzgado las IPP N° 1858/09, 1645/09 y 1391/10 y los autos "Aguilar María Julia S/Denuncia" remitidos por el Juzgado de Paz Letrado de San Miguel del Monte, dando cuenta que las denuncias efectuadas por la Sra. Aguilar denotan su inequívoca intención de imputar a Maldonado por Violencia Familiar, abuso e intimidación y delitos graves contra sus bienes; Colegio de Escribanos de la CABA (fs. 416/427, 519/559) del que surge la actitud categórica y coherente de la Sra. María Julia Aguilar quien al sentirse defraudada moral y económicamente por su primo (Maldonado) no vaciló en denunciar las maniobras defraudatorias en sede penal y administrativa, a fin de resguardar sus legítimos derechos; SENASA acredita la existencia de ganado vacuno de propiedad de la Sra. Aguilar y la posterior comercialización del mismo a distintos establecimientos agrícolas allí individualizados; al Departamento Regional Ganadero (fs. 377/393) con autorización emitida por María Julia Aguilar al demandado Maldonado de fecha 10/03/06 y Revocación de Autorización de fecha 11/09/09 (ver fs. 392/393); en igual sentido la informativa a Merryll Linch, Bank Of America y alega sobre la prueba pericial contable.
4. Los agravios expuestos por el apelante se centran en la disconformidad de la declaración de nulidad del testamento ológrafo decretada en la instancia, y su consecuente falta de legitimación para efectuar el resto de los reclamos ventilados en las actuaciones acumuladas.
Centra sus quejas en la valoración de la prueba por parte del Juez de grado, aduciendo que se omitió mencionar, analizar y considerar la totalidad de la prueba producida, que hubo elementos “escogidos” para fundar el decisorio, que la pericia fue impugnada oportunamente y que ésta no arroja un grado de certeza absoluta y que Maldonado no cumplió con la carga de la prueba sobre la certeza sobre que la causante estaba privada de capacidad jurídica para confeccionar el testamento ológrafo.
4.1. Conforme lo desarrollado por la Juez de grado, sobre la disposición de última voluntad efectuada, se ha establecido que el régimen sucesorio testamentario argentino ha establecido normas específicas en orden a la aptitud del otorgante, que exceden el marco normativo del art. 152 bis, inc. 2 del Código Civil (art. 3515 CC; conf. SCBA LP C 112075 sent. del 23/10/2013. Juez Kogan (SD) carátula “González Emilia c/ Martín Mario y ot. s/ Nulidad de actos jurídicos”).
En este sentido, el art. 3615 CC dispone que "Para poder testar es preciso que la persona esté en su perfecta razón. Los dementes sólo podrán hacerlo en los intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos y prolongados para asegurarse que la enfermedad ha cesado por entonces".
No resulta ocioso destacar que en materia de testamentos la norma requiere de una plena capacidad al momento de otorgar el acto, al requerir la perfecta razón del otorgante. Es decir que resulta necesario, para su validez, que éste se enmarque dentro de un hecho humano voluntario (897 CC) actuando quien lo confecciona con discernimiento, intención y libertad al momento de su celebración con el fin de establecer entre personas implicadas una relación jurídica (art. 944 CC).
Ahora bien, por medio de las previsiones del art. 3615 antes mencionado a las que debe sumársele lo edictado por el art. 3616 se produce una excepción a la regla de inimpugnabilidad de los actos jurídicos celebrados por una persona por causa de demencia, luego de su fallecimiento (salvo que aquélla resulte de los mismos actos o que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad; art. 474, Código Civil; SCBA causa citada).
Es que el art. 3616 presume la capacidad o pleno juicio de la persona mientras no se pruebe lo contrario. A partir de allí, corresponderá a quien pide la nulidad del testamento la carga de probar que el testador no se hallaba en su completa razón al tiempo de hacer sus disposiciones, pero si éste -algún tiempo antes de testar- se hubiese hallado notoriamente en estado habitual de demencia, quien sostiene la validez del instrumento es quien debe acreditar que el testador lo ha ordenado en un intervalo lúcido.
Desde lo expuesto, las disposiciones testamentarias pueden ser debatidas después de muerto por encontrar que la causante no se encontraba en su "perfecta o completa razón". Ello es así, porque "el ejercicio de las facultades intelectuales debe exigirse con más rigor en las disposiciones gratuitas que en los actos a título oneroso" (conf. nota al art. 3615, Código Civil; Borda G., "Tratado... Sucesiones", t. II, p. 164, cit. en C. 54.072, sent. del 29/08/1995; SCBA causa citada).
Y esa faena corresponde a los jueces de las instancias ordinarias decidir sobre la perfecta razón del testador, en uso de facultades que le son privativas y para ello tienen gran libertad de apreciación de la prueba aportada (conf. SCBA LP causa 120286 sent. del 08/03/2017 Juez Pettigiani SD)
En virtud de lo expuesto, el encuadre jurídico efectuado por la Juez de grado al abordar la solicitud de nulidad del testamento ha sido el correcto y a este extremo es al que debe limitarse el debate en el presente recurso (arts. 152 bis, 3615, 3616 CC).
4.2. Abordando la prueba producida en ambas actuaciones, los fundamentos de la sentencia apelada y los agravios expuestos por el apelante en este sentido, adelanto que las quejas esgrimidas no han de ser de recibo (arts. 384, 474 CPCC).
Nótese en principio que el quejoso enarbola entre sus argumentos que la nulidad se decidió únicamente por lo dictaminado en la pericia psiquiátrica, cuando en realidad el decisorio se apoya no sólo en la mencionada experticia (de fecha 16 de marzo de 2015) y su impugnación -ambas producidas en las actuaciones por nulidad de testamento-, sino que también evalúa expresamente el informe grafológico (fs. 731/795) y testimoniales (fs. 681/683, 685, 690/692) -glosadas en el expediente sobre revocación de donación-.
Sobre la pericia efectuada, es acertado lo destacado por el apelante en cuanto los expertos Dres. Sergio Javier Cuba y Mariano Luis Semacendi manifestaron que “toda la información ha sido procesada según los preceptos de la Sermiología y la clínica psiquiátrica clásica” y las “Las conclusiones a las que se arriben serán hipótesis, en el mejor de los casos de alta probabilidad, pero no de franca certeza absoluta” (v. fs. 112/115).
Aun así, esta cuenta con un grado de certeza, detalle y justificación técnica y médica que resulta contundente (art. 474 CPCC).
Esa fecha coincide según certificación médica a fojas 238 (expte Aguilar Nilda Beatríz y otro s/ inhabilitación- II cuerpo) con traslado de la paciente María Julia Aguilar a UTI (unidad de terapia intensiva) del Hospital Zenon Videla Dorna de San Miguel del Monte desde la sala general no pudiéndose especificar la fecha de ingreso a dicho nosocomio. El médico de terapia intensiva, Dr. Carlos Ramos justifica que dicha medida terapéutica se indicó por insuficiencia respiratoria de raíz de neumonía aguda de la comunidad severa padecida por la Sra. Aguilar Maria Julia. De la descripción de su cuadro cabe destacar que la paciente se encontraba en mal estado general, hemodinámicamente inestable, febril, oligúrica, con tendencia al sueño y signos de insuficiencia respiratoria grave.
Estudios de laboratorio convalidan su condición de gravedad dando signos de hipoxemia severa (niveles bajos de oxígeno en sangre), compromiso del medio interno (acidosis metabólica), leucopenia (niveles bajos de glóbulos blancos e inmunidad descendida) y valores elevados de urea y creatinina (muestras del compromiso de la función renal). Esta grave condición clínica en un alto nivel de probabilidad y por múltiples factores pudo producir un trastorno de la conciencia (delirium), con la correspondiente alteración de la atención, que no puede ser adecuadamente focalizada ni mantenida. La compresión se enaltece y está muy dificultada. Existe un entorpecimiento psíquico general con: bradipsiquia (definida como somnoliencia en el resumen médico), fatiga, dificultad en la percepción y la identificación, pensamiento interrumpido o fragmentario, dificultades en la orientación, deficiencias en la memoria de fijación, etc.
La profundización del compromiso de la conciencia puede llevar al coma. Todo el cuadro mencionado podría haber producido un debilitamiento psíquico, profundo y global con alteración de las funciones intelectuales basales llegando a afectar profundamente la personalidad, el conocimiento y el juicio crítico” [el destacado me pertenece].
Agregan los expertos que “Estos cuadros de delirium rozan excepcionalmente cuestiones civiles. De una parte, la evolución del cuadro, con encamamiento frecuente y la indispensable vigilancia médica, hacen excepcionales las actuaciones civiles. Los actos civiles realizados en estas circunstancias no requieren de incapacitación, ya que realizados en estas circunstancias están totalmente anulados por el estado de confusión mental que impide conocer y consentir libremente. Es evidente la perturbación mental que sufre este tipo de enfermo (Gisbert Calabuig, Tratado de Medicina Legal). Como corolario de esta descripción y una vez más el significado el extremo compromiso general que sufría la Sra. Aguilar, María Julia, se produjo el deceso al día siguiente, el 04 de noviembre de 2009. Foja 47 (expte Aguilar Nilda Beatríz y otro s/ inhabilitación - I Cuerpo)” (v. pericia fs. referidas).
Luego, a la hora de fijar las conclusiones dan cuenta que “…Cabe decir que no existen elementos de valor médico suficientes para determinar el grado de capacidad mental de la Sra. María Julia Aguilar al mes de septiembre de 2009 ubicándonos temporalmente en los momentos de la elaboración del poder general por ella otorgado a favor de los Sres. Lescano y Porcel. Que en fecha de la firma del testamento otorgado por María Julia Aguilar, el 3 de noviembre de 2009, su condición de gravedad clínica general con compromiso multisistémico (que requirió ese día su traslado a Unidad de Cuidados Intensivos y determinó al día siguiente su fallecimiento) implicaba una afectación de sus funciones psíquicas no solo incapacitándola sino impidiéndole la realización de cualquier acto de la vida civil” (v. pericia de fs. referidas).
Luego de la impugnación glosada a fs. 136/146, y a la hora de efectuar la labor interpretativa bajo los parámetros de la sana crítica, la Juez apelada, no encontró motivos suficientes para apartarse del informe psiquiátrico (art. 384 CPCC).
No debe perderse de vista que la labor pericial es uno de los elementos o auxilios de vital importancia a la hora de determinar la capacidad de la persona al momento de la concreción de un acto jurídico, ante el carácter de lego del Juez en una materia determinada, lo asiste en su área de incumbencia (art. 474 CPCC; esta Sala causa 131407, RS-64-2023, sent. del 28/03/2023).
Es decir que el Órgano Judicial, ante el desconocimiento de una materia en particular, se vale de profesionales en otras áreas quienes con su saber, ciencia y conciencia habrán de informar, clari
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