Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer multa en relación al DIT Nº 03 001 IT13 000085 U y, en consecuencia, revocar el art. 3º) de la Resolución DE PRLA N° 2462/12. Con costas.
2Confirmar parcialmente la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA adeudada por la actora, por 91,0278 Krgs. En infracción de la totalidad de los insumos importados temporariamente mediante la DIT N° 03 001 IT13 000085 U, la cual que asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 153,50), con más los intereses del art. 794 del C.A. hasta la fecha del efectivo pago. En atención a las particularidades del caso, corresponde imponer las costas en el orden causado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-71227988-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 22 de Junio de 2023 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “REXAM ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 35.126-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 61/70 la actora, por intermedio de su apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 2462/12, dictada el 14/05/2012 por el Jefe del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros en el trámite de la Actuación N° 12197-17404-2005, mediante la cual se la condena al pago de una multa de $ 63.467,15 en virtud del art. 970 del C.A., y se la intima al pago de $ 174.471,20 en concepto de tributos adeudados, más intereses, en relación a una porción (33.177,04 kg.) de la mercadería amparada por la DIT N° 03 001 IT13 000085 U.
II. La recurrente efectúa un breve relato de los hechos que dieran origen a la causa, posteriormente invoca la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas atento que el auto de apertura del sumario, que también instruyó la liquidación tributaria, fue emitido el 16/05/2007 y tan sólo un día antes del vencimiento del plazo de prescripción, esto es el 14/05/2012, el servicio aduanero dictó la resolución apelada, de la cual recién se notificó el 29/08/2014, es decir, más de dos años despúes de su dictado, cuando concurrió a ver el expediente y resolvió notificarse en forma espontánea y personal. Alega que la Aduana intentó notificar la mentada resolución en febrero de 2013 pero que dicha notificación resultó inválida por un error en la indicación del domicilio y por haber ocurrido en un plazo excesivo -casi 9 meses despúes de su dictado-. Cita doctrina. Posteriormente, en relación a la cuestión tributaria y, subsidiariamente, en relación a la cuestión infraccional explica que los 33.177,04 kg. de la mercadería importada temporalmente por la destinación N° 03 001 IT13 000085 U fueron reexportados conforme evidencia agregada al contestar vista (copias de los permisos de embarque, facturas y solicitud de cancelación de póliza de seguro de caución) y que la mera falta de agregación del C.T.C. N° 0282665/02 (agregado en esta instancia) no resulta suficiente, ya que es una prueba que reviste un carácter secundario y que podría haber sido requerida por el servicio aduanero a la firma o a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería (organismo emisor del mismo). Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba y solicita que, oportunamente, se revoque la resolución apelada en cuanto ha sido objeto de recurso, con costas.
III. A fs. 89/94 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado oportunamente conferido. Luego de efectuar una negativa genérica, menciona que no se ha probado en las actuaciones que se haya regularizado la totalidad de la mercadería amparada al DIT en trato. Señala que las infracciones revisten un carácter objetivo, por lo que acreditados los extremos requeridos por la norma, se tiene por configurada la infracción sin que sea necesario considerar el elemento culposo. Posteriormente, destaca que para realizar la pertinente descarga es necesario contar con el C.T.C. (que permite conocer la relación insumo/producto) y con la declaración jurada ya que son requisitos necesarios, conforme lo establece la Resolución 479/95 (ANA) en su Anexo III, punto 8; normativa cuyo desconocimiento no podría ser alegada por la actora si realiza operaciones de esta naturaleza. Menciona que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Cita jurisprudencia. Finalmente ofrece prueba y solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
IV. De la compulsa de la actuación administrativa SIGEA N° 12197-17404-2005 surge que a fs. 1 obra Acta Denuncia N° 1985/2005 de fecha 03/10/2005. A fs. 4 obra sobre contenedor del Despacho de Importación Temporaria N° 03 001 IT13 000085 U. A fs. 6vta. la Div. Verificaciones informa las alícuotas que gravan la mercadería en infracción y que la misma resulta ser de importación permitida por el Régimen General. A fs. 8 obra liquidación de tributos. A fs. 10, con fecha 16/05/2007, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 12 obra liquidación de tributos y multa. A fs. 18 se corre vista a la firma importadora (notificada el 05/09/2007, conforme constancia de fs. 21) y, asimismo, se cita a la aseguradora (notificada el 11/09/2007; conforme cédula de fs. 63) en su carácter de garante de la obligación tributaria. A fs. 22/62 y 64/68 la importadora y la aseguradora, respectivamente, contestan la vista conferida y, la primera, aporta prueba documental. A fs. 76 se las tiene por presentadas en legal tiempo y forma, se tiene por agregada la prueba documental y pasan las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos de la Aduana de Buenos Aires, a fin de que informe si la DIT en trato se encuentra debidamente cancelada. A fs. 77 obra Nota N° 2664/12 (SE PRTE) mediante la cual la mentada Sección informa que, del análisis de la documentación aportada, surge que de los 55.480 kg. de la mercadería importada temporalmente por la DIT N° 03 001 IT13 000085 U, 22.302,96 kg. fueron regularizados en tiempo y forma, mientras que los 33.177,04 kg. restantes, se encuentran en infracción. Asimismo, se destaca que los P.E. 03 001 EC03 018312 A (fs. 35/38) y 03 001 EC03 017337 G (fs. 43/46) no se tuvieron en cuenta a los fines de la descarga toda vez que el C.T.C. que declaran (282665/02) no se adjuntó en autos. A fs. 78 se practica nueva liquidación de tributos y multa. A fs. 79/82 obran impresiones de pantalla correspondientes al Registro de Infractores. A fs. 84/88, con fecha 14/05/2012, se dicta la Resolución DE PRLA N° 2462/12, apelada en autos, debidamente notificada a la importadora el 29/08/2014 (conforme constancia de notificación espontánea y voluntaria de fs. 100vta., lo manifestado a fs. 101 y lo proveído a fs. 102 por la propia División Secretaría de Actuación N° 4).
V. A fs. 97 se abre la causa a prueba, la cual obra agregada a fs. 114/119, y los antecedentes administrativos que corren por separado. A fs. 130 se declara cerrado el período probatorio. A fs. 141 se ponen los autos para alegar. A fs. 148/150 y 151/154 obran agregados los alegatos de la actora y la representación fiscal, respectivamente. A fs. 158 se pasan los autos a sentencia.
VI. Ahora bien, ante todo, corresponde examinar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, al tiempo de dictarse la resolución aduanera apelada.
Conforme lo establecido en los arts. 934 y 935 del C.A., la referida acción prescribe por el transcurso de cinco años computados desde el 1º de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. En el caso de autos, no se encuentra discutido por la actora, que el vencimiento de la DIT Nº 03 001 IT13 000085 U, en cuestión, se produjo el 25/06/2004, con lo cual, el cómputo del plazo prescriptivo se inició el 01/01/2005 y, de no constatarse causales suspensivas o interruptivas, el mismo, hubiese operado el 31/12/2009.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”; EX-2019-
70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/ Recurso de Apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, entre otras, en relación a la debida notificación del auto de apertura de sumario y -con mayor razón aún- a la resolución definitiva aquí apelada.
En orden a ello, no puede pasar desapercibido que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo (García de Enterria, E. -Femández, T.R., "Curso de Derecho Administrativo", t. 1, p. 541), dado que resulta fundamental para preservar la seguridad jurídica (confr. Entrena Cuesta, R. "Curso de derecho administrativo", Madrid, 1981, 7a. Ed., Vol. 1, p.212), constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la administración en garantía de los derechos de los particulares (Garrido Falla, F. "Régimen de impugnación de los actos administrativos", Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, págs. 275 y ss.), vinculándose así su régimen con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe (González Pérez, J., "Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo", Madrid, 1977, pág. 582).
Es que, jurídicamente, no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”. En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VII. Con arreglo a lo dicho y en relación al caso bajo análisis, no escapa a la vista del suscripto que al notificarse los autos que dispusieron la instrucción de sumario y corrida de vista de lo actuado el 05/09/2007 (conforme constancia de fs. 21 del expediente administrativo) se interrumpió el cómputo del plazo de la prescripción, volviendo a computarse el nuevo plazo desde el 06/09/2007.
Si bien la Resolución DE PRLA N° 2462/12, apelada en autos, fue dictada el 14/05/2012, fue debidamente notificada a la importadora con posterioridad al vencimiento del plazo quinquenal aludido, específicamente el 29/08/2014, conforme surge de la constancia de notificación espontánea y voluntaria de fs. 100vta., lo manifestado a fs. 101 y lo proveído a fs. 102 por la propia División Secretaría de Actuación N° 4. Cabe agregar que, en el sumario administrativo, no se advierte la existencia de otro acto previo al dictado de la resolución apelada que, conforme la normativa aplicable, tenga efecto interruptivo de la prescripción ni suspensivo de la misma en los términos de los arts. 937 y 936 del C.A., motivo por el cual corresponde, a juicio de quien suscribe, hacer lugar a la prescripción pretendida por la recurrente.
VIII. Sentado lo anterior en relación a la sanción impuesta, corresponde determinar si se ha configurado en la presente causa la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, en relación a una parte (33.177,04 kg.) de la totalidad de la mercadería amparada por la DIT N° 03 001 IT13 000085 U (55.480 kg.).
IX. Cabe recordar al respecto, que el artículo 250 del C.A. establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental que el régimen establece a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del lapso otorgado.
En cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva dentro de los cuales se encuentra comprendida la destinación de autos, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria". Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
X. Ahora bien, en forma previa a determinar si la actora cumplió o no con las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí involucrada, resulta menester efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Al respecto, tanto el Dec. 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria.
Concretamente, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)” (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96). De lo apuntado, se sigue que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis. Es que, en efecto, tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta. Más aún, el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
En definitiva, de todo ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detalla. Precisamente, es en virtud de esos datos que surgen del certificado (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
XI. A la luz de lo enunciado, se vislumbra la necesidad de realizar un examen de todos los documentos obrantes en la actuaciones administrativas y en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar el cumplimiento de la normativa anteriormente mencionada, como así también de la cancelación total de la DIT bajo análisis.
En relación a ello, no puede omitirse que, de la prueba documental acompañada al recurso de apelación interpuesto (ver fundamentalmente fs. 49/50) surge copia del C.T.C. definitivo N° 0646/03 emitido en el marco de la Solicitud de C.T.C. N° S01:0282665/02, específicamente, consignado en la descarga de los permisos de embarque N° 03 001 EC03 018312 A y 03 001 EC03 017337 G, para acreditar la relación insumo-producto.
Lo expuesto es fundamental para determinar la suerte del litigio. Es que, en efecto, a partir del precedente "Colalillo", (Fallos: 238:550 "LA LEY, 89-412), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que los jueces no pueden renunciar a la verdad jurídica objetiva (la cual se encuentra receptada en el art. 1, punto f, inc. 2 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos) por consideraciones meramente formales. Es por ello que resulta adecuado aceptar como válido este C.T.C. definitivo, independientemente de que no haya sido aportado en la instancia anterior, ya que entender lo contrario implicaría caer en un excesivo rigor formal, desatendiendo la voluntad de la firma apelante para acreditar el efectivo cumplimiento de sus obligaciones ante el servicio aduanero.
Así las cosas, del análisis de la DIT en trato junto con toda su documentación complementaria (fs. 4 de las actuaciones administrativas), de la totalidad de los permisos de embarque acompañados, es decir, los N° 03 001 EC03 018312 A, 03 001 EC03 017337 G, 03 001 EC03 016257 G, 03 001 EC03 017860 H, 03 001 EC03016755 J, 03 001 EC16 000010 N y 04 042 EC16 000001 T (aportados en las actuaciones administrativas, como así también en esta instancia y no atestados de falsedad por parte de la aduana, sino todo lo contrario, conforme se advierte de la contestación de oficio obrante a fs. 114/119) y de la lectura de la mentada prueba informativa producida ante este Tribunal, se puede comprobar el cumplimiento parcial del régimen de importación temporaria, conforme el siguiente detalle:
MERCADERIA IMPORTADA DIT N° 03 001 IT13
55.480,00 Krgs.
000085 U MERCADERIA CANCELADA
03 001 EC03 018312 A 9.621,23 Krgs.
03 001 EC03 017337 G 11.821,79 Krgs.
03 001 EC03 016257 G 13.331,81 Krgs.
03 001 EC03 017860 H 3.971,72 Krgs.
03 001 EC03016755 J 4.999,43 Krgs.
03 001 EC16 000010 N 6.296,00 Krgs.
04 042 EC16 000001 T 5.347,00 Krgs.
55.388,97 Krgs.
MERCADERÍA EN INFRACCIÓN 91,0278 Krgs.
De lo expuesto, cabe concluir que ha resultado acreditada la reexportación en tiempo y forma de 55.388,97 Kgs. de la totalidad de los insumos importados temporariamente mediante la DIT N° 03 001 IT13 000085 U. En consecuencia, el saldo de mercadería que efectivamente no fue regularizada asciende a 91,0278 Krgs.
XII. Llegado este punto, corresponde señalar que, la suma reclamada a la recurrente en concepto de tributos incluyó, entre otros conceptos, el Derecho Adicional -Decreto Nº 1439/96-, I.V.A. Adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias (conforme se podrá advertir en la última liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero a fs. 78 de las actuaciones administrativas).
XIII. Sentado lo que antecede, y sin perjuicio de que la actora no ha cuestionado en autos la mentada liquidación tributaria, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar que en relación al Derecho Adicional, corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF LATINOAMERICANA S.A.”, sentencia del 14/08/2013, que remite en lo pertinente a la causa “FISHER S.R.L.”, sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME Nº 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponde imponer las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto Nº 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XIV. En relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/ DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En esta inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias.
XV. En atención a lo expuesto en los Considerandos XI a XIV, corresponde modificar la exigencia tributaria impuesta, conforme el siguiente detalle:
DIT N° 03 001 IT13 000085 U TRIBUTOS
Base imponible (Valor en aduana) $ 580,45 Derechos 4% $ 23,22 Tasa de Estadística 0,50 % $ 2,90 Base IVA $ 606,57 IVA 21 % $ 127,38 TOTAL $ 153,50 En consecuencia, el importe adeudado en concepto de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A., por la mercadería en infracción (91,0278 Krgs.), asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 153,50), con más los intereses del art. 794 del C.A., hasta la fecha de su efectivo pago.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer multa en relación al DIT Nº 03 001 IT13 000085 U y, en consecuencia, revocar el art. 3º) de la Resolución DE PRLA N° 2462/12. Con costas.
2. Confirmar parcialmente la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA adeudada por la actora, por 91,0278 Krgs. En infracción de la totalidad de los insumos importados temporariamente mediante la DIT N° 03 001 IT13 000085 U, la cual que asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 153,50), con más los intereses del art. 794 del C.A. hasta la fecha del efectivo pago. En atención a las particularidades del caso, corresponde imponer las costas en el orden causado.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en el voto del Dr. Licht, a cuyos términos me remito, en tales aspectos, por motivos de brevedad.
II. Que estimo pertinente exponer el criterio que me conduce a concluir que la acción del fisco para imponer penas se encuentra prescripta.
Que el art. 934 del C.A expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas, comenzó a correr el 01/01/2005 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo, como se vio en el apartado anterior, el 25/06/2004) y vencía el 31/12/2009. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 16/05/2007 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a) del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 17/05/2012 y el nuevo vencimiento ocurrió el 16/05/2012.
Que en relación con la posible comisión de otra infracción aduanera o delito aduanero, cabe reseñar que en las act. adm obra impresión de pantalla de la consulta efectuada al registro de infractores que da cuenta de que la aquí actora no registraba antecedentes infraccionales.
Que por último, se analizará lo dispuesto por el art. 937 inc. d) del C.A. en cuanto a que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.
Teniendo en cuenta que la Resolución DE PRLA Nº 2462/12 -apelada en autos- se dictó el 14/05/2012, y la Resolución SDG TLA Nº 524/12 -aprobatoria de la Resolución DE PRLA Nº 2462/12- data del 17/05/2012, cabe concluir que al momento del dictado de la Resolución Nº 524/12 (SDG TLA) había operado el vencimiento de la prescripción. En efecto, la obligatoriedad de la aprobación por la Dirección General de Aduanas de las resoluciones por las que el Administrador absuelve a la imputada de la pena por la que inicialmente se formuló la denuncia torna a ambas resoluciones (fallo aduanero y su aprobación) en necesariamente complementarias.
Que por lo demás, corresponde poner de manifiesto que la notificación de la resolución aduanera se produjo una vez operado ampliamente el plazo de prescripción.
Que, en correlación a lo dispuesto por el art. 937, inc. d), del C.A., el artículo 1012, inciso a) dispone que “…deberán ser notificados: a) Los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo…”.
Que, resulta evidente que, si el propio Código le otorgó al dictado de la resolución aduanera condenatoria el mentado efecto interruptivo del curso de la prescripción, el hecho de la notificación de aquélla no puede extenderse -razonablemente- por fuera de dicho plazo. Ya que, a raíz de dicho acto (la notificación), surtirá efecto el derecho del sancionado a recurrir la resolución administrativa y a ejercer así plenamente su defensa Que más aún en relación a la sanción, dicha situación de excesiva dilación en la comunicación de la resolución al sujeto condenado, lo coloca en un estado de indefensión y de inseguridad jurídica imposible de subsanar, contrariando elementales principios constitucionales.
III. Que en relación al fondo del asunto, adhiero al voto del Dr. Licht.
Por ello, voto por:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer multa en relación al DIT N° 03 001 IT13 000085 U y, en consecuencia, revocar el art. 3°) de la Resolución DE PRLA N° 2462/12. Con costas.
2. Confirmar parcialmente la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA adeudada por la actora por 91,0278 Kgs. en infracción de la totalidad de los insumos importados temporariamente mediante la DIT N° 03 001 IT13 000085 U, la cual asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 153,50), con más los intereses del art. 794 del C.A. hasta la fecha del efectivo pago. En atención a las particularidades del caso, corresponde imponer las costas en el orden causado.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquís.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer multa en relación al DIT Nº 03 001 IT13 000085 U y, en consecuencia, revocar el art. 3º) de la Resolución DE PRLA N° 2462/12. Con costas.
2. Confirmar parcialmente la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA adeudada por la actora, por 91,0278 Krgs. En infracción de la totalidad de los insumos importados temporariamente mediante la DIT N° 03 001 IT13 000085 U, la cual que asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 153,50), con más los intereses del art. 794 del C.A. hasta la fecha del efectivo pago. En atención a las particularidades del caso, corresponde imponer las costas en el orden causado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.06.21 17:34:13 ART Date: 2023.06.21 19:36:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.22 11:18:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.22 11:19:30 -03:00
Fin de la sentencia