Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 184.511
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe resuelve, por mayoría: I) Rechazar el recurso de la actora contra la sentencia del 26/06/2025, con costas a la apelante (art. 68 del CPCCBA); II) Hacer lugar al recurso de los demandados y la citada en garantía, revocando la sentencia del 26/06/2025 y rechazando la demanda, con costas a la actora vencida en ambas instancias (art.68 y 274 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV) y del Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA. Oportunamente, devuélvase.
Expte. Nº 184.511. Juzgado Civil y Comercial N° 4 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “REYES MARGARITA GLORIA C/ GONZÁLEZ DANIEL OSVALDO Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi, Roberto J. Loustaunau y Rodrigo H. Cataldo.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 26 de junio de 2025?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 26 de junio de 2025, el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 4 departamental dictó sentencia e hizo lugar a la demanda incoada por Margarita Gloria Reyes contra María de las Mercedes Francischetti, Daniel Osvaldo González y Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda., condenando a estos últimos a abonar a la primera la suma de $5.651.655,12, más intereses.
Para así decidir, tuvo por no controvertido que —el 4 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 17:30 hs.— sobre la calle Marcos Sastre (llegando a López de Gomara) se produjo un choque en el que intervinieron: (1) la actora Margarita Reyes (a bordo de una moto BETA ARROW 150, dominio A017YPJ) y (2) el demandado Daniel González (quien conducía el automotor FORD FIESTA, dominio NTZ945, propiedad de la co-accionada María de las Mercedes Francischetti).
El juez tuvo por acreditado que el choque se produjo cuando ambos rodados circulaban en el mismo sentido (el auto adelante y la moto atrás) por Marcos Sastre y, al llegar a la intersección con López de Gomara, el demandado frenó su vehículo para dar paso a un rodado que circulaba por López de Gomara, circunstancias en las que la actora no pudo detener a tiempo su marcha y lo impactó desde atrás.
Luego de analizar la prueba, enfatizó que el demandado frenó sin la debida anticipación, precaución o cuidado. Agregó que la actora tampoco logró acreditar que la distancia que mantenía con el automotor del demandado (y que terminó embistiendo) fuera la reglamentaria o suficiente para evitar el impacto. Concluyó que tanto la actora como el demandado circularon sin el debido cuidado y previsión; atribuyó a cada una de las partes un 50% de responsabilidad sobre los daños.
Respecto a la citada en garantía, la condenó a responder por el valor de cobertura básica vigente al momento del efectivo pago, según reglamentación vigente de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En cuanto a los rubros, otorgó: (a) Gastos de traslado/farmacéuticos: $500.000; (b) Incapacidad sobreviniente: $7.803.310,24; (c) Daño moral: $3.000.000. De acuerdo a la distribución de responsabilidad, la condena a los demandados y su aseguradora abarca el 50% de cada una de esas sumas.
Impuso las costas por su orden y rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928 que fuera incoado por la actora.
II. El recurso de la demandada y la citada en garantía.
Los accionados y su aseguradora apelaron la sentencia el 30/06/2025 y fundaron su recurso el 1/09/2025, mediante expresión de agravios que fue contestada por la actora el 18/09/2025. Sus agravios pueden resumirse de la siguiente manera:
(i) Que el juez erró al distribuir la responsabilidad, ya que el accidente ocurrió por la imprudente e irresponsable conducta de la actora, quien no mantuvo el dominio total sobre su motocicleta ni guardó guardar una debida y prudencial distancia de frenado con respecto al rodado de los demandados. Agregan: “me pregunto, cual es la responsabilidad del conductor del Ford Fiesta, el cual circulaba a velocidad reglamentaria por calle Marcos Sastre y al llegar a la intersección con calle Lopez de Gómara se detiene para darle pase los vehículos que circulaban por esta ultima arteria desde su derecha (con prioridad) y resulta embestido desde atrás por la actora motocicleta???” (sic) y “Cabe preguntarse entonces, y con ese criterio, que pasaría si sale un nene jugando o un perro corriendo por la mitad de la cuadra y uno tiene que frenar bruscamente?” (sic).
(ii) Que el juez se equivocó al tener en cuenta las cicatrices de la actora para ponderar un 11% de incapacidad en el cálculo de la indemnización. Sostiene que se ha incorporado allí un 2% correspondiente a un perjuicio estético que no tiene ninguna consecuencia física ni le impide desarrollar su vida con normalidad. Sostienen, además, que “se utilizó como edad máxima la de 77 años, cuando esta parte entiende que debe utilizarse 65 años, conforme legislación vigente en la materia y se utilizó un 4% de tasa de descuento, cuando la que debe aplicarse, según esta parte es entre un 6% y un 8%” (sic).
(iii) Que la suma de $3.000.000 concedida como indemnización del daño moral ha sido fijada sin expresar las pautas para su cuantificación, por lo que debe reducirse.
III. El recurso de la actora.
Margarita Reyes apeló la sentencia el 01/07/2025 y fundó su recurso el 09/09/2025, mediante expresión de agravios que fue contestada por la demandada y la citada en garantía el 18/09/2025. Sus agravios pueden resumirse de la siguiente manera:
(i) Que el juez erró al distribuir la responsabilidad, ya que el conductor del auto incumplió su deber de previsibilidad, al ingresar a la bocacalle, obstruirla con todo su volumen y luego frenar intempestivamente. Destaca que, de acuerdo a la pericia mecánica, el auto se encontraba en una posición de detención más adelantada de lo que corresponde en la esquina. Sostiene que la intención del demandado era cruzar la calle y así fue interpretada tanto por la actora como por la testigo presencial Ruggiero. (ii) Que el juez se equivocó al imponer las costas por su orden, ya que la actora se vio compelida a acudir a esta vía judicial para tutelar sus derechos.
IV. Sobre la responsabilidad.
El juez consideró que el accidente se produjo por una concurrencia de causas: a la par que tuvo por acreditado que el demandado frenó su auto sin la debida anticipación, agregó que la actora tampoco demostró haber guardado una distancia prudencial con el accionado. De esa manera, atribuyó a cada una de las partes un 50% de responsabilidad sobre los daños.
Ambas partes apelaron la decisión: la actora sostuvo que el lugar donde quedó detenido el demandado da cuenta de que su intención inequívoca era cruzar. Con ese argumento, pretende que el 100% de la responsabilidad se traslade a los demandados. Éstos, a su vez, plantean que el accidente fue exclusiva responsabilidad de la actora, quien —según enfatizan— no circulaba en su moto con la prudencia y distancia necesaria y a quien debe atribuírsele el 100% de la responsabilidad.
Ninguno de los recursos prospera. La sentencia, en este aspecto, debe confirmarse.
He leído con atención el informe pericial presentado por el ingeniero mecánico Alejo Daniel Mandri. Al expedirse sobre la mecánica del accidente, éste señaló que el demandado circulaba por calle Marcos Sastre cuando, al llegar a la calle López de Gomara, frenó su rodado antes de terminar de ingresar a la bocacalle pero, probablemente (esa es la palabra exacta que usó el perito) ya habiendo comenzado el cruce (v. punto de pericia a de la actora en la presentación del 8/03/2021). Ello provocó, según informa el perito, que la actora embistiera la parte trasera del auto del demandado con el frente de su motocicleta. El ingeniero mecánico agregó que, al momento del impacto, la posición del Ford Fiesta del accionado probablemente resultaba “más adelantada respecto de la que corresponde a una detención normal en la esquina para dar paso a otro vehículo (y podría haberse alcanzado como resultado de una frenada de emergencia)” (v. punto de pericia c de la actora en la presentación del 8/03/2021).
Observo, además, que el perito llegó a estas conclusiones mediante la observación de elementos objetivos recabados en el lugar del hecho. Concretamente, indicó que —según surge del informe realizado por la Policía Científica en la causa penal— los restos de tierra que se depositan en el suelo como resultado del golpe en la carrocería permiten deducir que, al momento del impacto, el Ford Fiesta “no había ingresado con toda su longitud dentro de la intersección con calle López de Gomara, aunque probablemente ya habría comenzado a cruzar” (sic; v. punto de pericia 1 de la demandada en la presentación del 8/03/2021).
Lo indicado por el perito es compatible con la declaración de la única testigo presencial del hecho. Me refiero a María Virginia Ruggiero, quien narró que presenció el choque porque venía circulando por la calle Marcos Sastre, justo por detrás de los rodados involucrados. La testigo relató que “llegando a la esquina cruza una combi que venía por la derecha, muy fuerte pero venía bien, pero el auto que estaba delante la moto como que había empezado a cruzar que yo pensé que se cruzaba con la parte de atrás de la combi, nosotros veníamos como en caravana, la chica pobre de la moto llego a frenar como pudo, pero choco como con el baúl del auto de adelante y la veo a ella que sale como despedida” (sic; v. acta del 04/07/2023). La prueba reseñada me permite concluir que la maniobra del demandado (lanzándose a atravesar una encrucijada en la que no tenía prioridad de paso para luego arrepentirse y detenerse a mitad de camino) fue tan imprudente como aquella desplegada por la actora: Reyes sabía —o debía saber, manejando con cuidado y prevención— que la fila de rodados que integraba se estaba aproximando a una encrucijada en la que ni ella ni el demandado tenían prioridad, y que allí podía ocurrir lo que finalmente aconteció: que por López de Gomara circulara un rodado con prioridad al que debieran cederle el paso y detenerse. En ese contexto, la actora también debió haber procurado mantener una velocidad y/o una distancia que, ante la frenada repentina del rodado que tenía adelante, también le permitiera a ella detenerse a tiempo para evitar el choque.
Finalmente, advierto que —en su memorial— la demandada y la citada en garantía expresaron que “Cabe preguntarse entonces, y con ese criterio, que pasaría si sale un nene jugando o un perro corriendo por la mitad de la cuadra y uno tiene que frenar bruscamente” (sic). El problema de este agravio es que, por su naturaleza hipotética y retórica, pretende obtener una respuesta para un caso distinto al que aquí se ha traído a debate. Tal como no viene discutido, lo que ocurrió en el accidente que originó este pleito no fue el cruce ni de un perro ni de un niño (hechos que, sin dudas, resultan más imprevisibles e inesperados que el cruce de un auto) sino de un rodado que tenía prioridad de paso y ante quienes aquellos que circulaban por Marcos Sastre debían detenerse.
En ese contexto, coincido con el juez en que el accidente fue producto de una concurrencia de causas en idéntica proporción: el hecho de la víctima ha fracturado —aunque solo parcialmente— el nexo de causalidad que se presume existente entre el daño y el riesgo del automotor del demandado (arts. 39.b y 64 de la Ley 24.449, a la que ha adherido la provincia mediante Ley 13.927; arts. 1757, 1758, 1769 y cctes. del CCyC).
En consecuencia, considero que la distribución de responsabilidad efectuada por el colega de primera instancia es acertada. Por ese motivo, corresponde rechazar los agravios que tanto la actora como los demandados y su aseguradora han planteado sobre este aspecto de la sentencia.
V. Sobre la indemnización por incapacidad.
En este concepto, el juez fijó un resarcimiento de $7.803.310,24. Para llegar a esa suma, ponderó una incapacidad del 11%, compuesta por un 5% atribuible a la fractura de radio distal, un 4% por limitación articular de muñeca derecha y un 2% por cicatriz quirúrgica. La demandada y su aseguradora apelaron este aspecto de la decisión y cuestionaron que ese 2% corresponde a un perjuicio estético que no tiene ninguna consecuencia física para la actora ni le impide desarrollar su vida con normalidad. Sostuvieron, además, que “se utilizó como edad máxima la de 77 años, cuando esta parte entiende que debe utilizarse 65 años, conforme legislación vigente en la materia y se utilizó un 4% de tasa de descuento, cuando la que debe aplicarse, según esta parte es entre un 6% y un 8%” (sic).
El agravio no prospera.
En su informe pericial, el médico Hugo Fadón indicó que, a raíz del accidente, la actora presenta una cicatriz quirúrgica longitudinal de 6 cm en cara anterointerna de tobillo izquierdo, sin adherencias ni trastornos de la pigmentación (v. punto II en el escrito del 29/06/2021). El experto agregó que la modalidad de ambos tobillos se encuentra conservada y que, en el tobillo izquierdo, la actora presentó una infección que debió se tratada con una toilette quirúrgica que dejó una cicatriz que representa una incapacidad del 2% (v. punto de pericia III.1).
V.a. Resulta intrascendente la falta de mención de la incidencia económica de la cicatriz sufrida, como reclama la apelante en su memorial. Ello, en la medida en que el impacto de es lesión en la capacidad total obrera está predeterminada por los baremos utilizados. Si bien hay allí una referencia a la cual los jueces no tienen por qué sujetarse (esta Sala, causa n° 166636 -"Ogas, Ramona..."- sent. del 20/12/2018), lo cierto es que en el caso no hay motivos para apartarse de ese parámetro, al menos en lo que respecta a la naturaleza incapacitante de las cicatrices.
Cabe recordar que, en principio, es el baremo —y no el perito médico— el que presupone que una cicatriz como la que ha sufrido Margarita Reyes tiene una entidad suficiente como para generar un impacto negativo permanente en su capacidad genérica para realizar actividades remuneradas. El baremo no solo sirve para estandarizar escalas que miden la magnitud del impacto de la lesión en la aptitud total obrera de una persona, sino que también permite prefijar la dimensión incapacitante de ese tipo de lesiones.
Por lo demás, observo que la queja sobre este aspecto de la incapacidad indicada por el perito no fue motivo de impugnaciones ni explicaciones en primera instancia. Estas cuestiones debieron ser dadas a conocimiento del perito, primero, y del juez, después, para ser evaluadas al momento de sentenciar y constituyen en esta instancia un tópico cuyo tratamiento deviene inadmisible a la luz de lo normado en el art. 272 del CPCCBA. V.b. En cuanto a los demás aspectos de la fórmula utilizada por el juez, el agravio se encuentra desierto. Las apelantes plantean que se debió contemplar una edad máxima de 65 años y no de 77 ”conforme legislación vigente en la materia” (sic), sin explicar a qué normativa se refiere. Aún infiriendo que el planteo tiene que ver con la edad jubilatoria, el problema de este agravio es que no tiene en cuenta que la indemnización concedida contempla no sólo actividades laborales sino también otras tareas cotidianas que exceden el tope de 65 años señalados. En similar sentido, al criticar la tasa de descuento del 4% aplicada y plantear que debe utilizarse una de “entre un 6% y un 8%” (sic), las apelantes no brindan ningún fundamento que permita dotar a su agravio de una crítica razonada (por ejemplo, comparando las tasas y dando razones para evaluar si una resulta más justa o razonable que otra). Es por ello que, el recurso, en este aspecto, es inadmisible (arts. 260 y 261 del CPCCBA).
En suma, al no haber demostrado un error en ninguna de las premisas que componen la decisión adoptada, propondré al acuerdo que el recurso de la las demandadas y ka aseguradora —en cuanto al resarcimiento por incapacidad se refiere— sea desestimado (art. 1746 del CCyC).
VI. Sobre la indemnización por daño moral.
El juez cuantificó este resarcimiento en la suma de $3.000.000, equivalente al valor actual de un motovehículo como el que tenía la actora al momento del hecho (Beta Arrow 150). En su expresión de agravios, los demandados y la aseguradora plantearon que la indemnización fue fijada de manera dogmática, sin exponer las pautas aplicadas, y solicitaron que “se reduzca la suma otorgada por este parcial en los montos que VVSS estimen pertinentes” (sic).
El recurso no prospera.
Este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la fijación de la reparación queda librada al criterio del juez aunque es necesario indicar las pautas objetivas que fueron evaluadas y ponderadas para arribar a la suma de condena (esta Sala, c. 169141 -“Bravo...”-, sent. del 07/07/2020, c. 169939 -"Rabainera..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -"Lasa..."- sent. del 08/10/2020).
El Código Civil y Comercial expresamente prescribe en su artículo 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas, superando de ese modo aquel criterio que sostenía que la reparación del daño extrapatrimonial importaba asignar un precio al dolor. Se trata, en cambio, y como explica Galdós, de establecer el precio del consuelo: la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias, proporcionándole a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y permitiéndole acceder a gratificaciones viables que le brinden alguna forma de alivio (Galdós, Jorge M., en “Código Civil y Comercial de la Nación, comentado” dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1ra ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, t. VIII, pág. 503).
He ponderado las mismas variables que ha tenido en cuenta el colega en su sentencia, incluyendo a las características del accidente, la intensidad del impacto, las molestias y sinsabores que un hecho de esa naturaleza y características debió producir en Margarita Gloria Reyes. He prestado especial atención a las lesiones sufridas y que fueron descriptas por el perito médico Fadón en su dictamen. También he tenido en cuenta las angustias y temores que fueron reseñadas por la perito psicóloga Solange Forace en su informe del 19/05/2021.
En ese contexto, entiendo que la suma reconocida es razonable y adecuada. Por ello, propondré al acuerdo confirmar esta parcela del fallo y desestimar el recurso (art. 1741 del CCyC y 242 y cctes. del CPCCBA).
VII. Costas.
El juez distribuyó las costas del proceso en un 50% sobre cada una de las partes. La decisión fue apelada por la actora, quien solicitó que se le impongan a los accionados vencidos.
Atendiendo a los principios generales consagrados por los arts. 68 y 71 de la normativa procesal y la doctrina de este Tribunal, entiendo justo y equitativo que la distribución de las costas se adecue a la misma proporción en que se estableció el aporte causal en la ocurrencia del siniestro y de los perjuicios ocasionados (mi voto en causa n° 173234 -"Sucesores de Pardo, Graciela..."- del 30/12/2021; n° 159912 y 159913 -"Alonso, María L."- y "Herederos de Guardamagna, Oreste...", sent. única del 01/05/2017; v. Loutayf Ranea, Roberto G., Condena en costas en el proceso civil, Buenos Aires: Astrea, 2000, pág. 407).
En consecuencia, este aspecto del recurso tampoco prospera.
ASI LO VOTO
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Loustaunau dijo: Propongo que se haga lugar al recurso de la demandada y la citada en garantía.
El art.48 inc.g de la ley 24.449 establece que está prohibido “ Conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente, de acuerdo a la velocidad de marcha”.
Esa distancia prudente es la que resulte suficiente para frenar en caso de que el vehículo que lo precede en la marcha deba parar.
Se ha dicho que los vehículos deben guardar mientras circulan, una distancia adecuada con quien le precede en la marcha, con el fin de que les permita detener exitosamente su rodado en caso de hacerlo el que transita por delante, o en el supuesto que éste se halle detenido o reiniciando la marcha (WAGENER, OSCAR RAMÓN C/ ARTEAGA, JORGE RAÚL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS - (EXPTE. N° 75.576/2022 del 4.X.24)” La afirmación de la actora, o de la testigo presencial, respecto a que el demandado “había comenzado a cruzar la bocacalle” no me parece relevante.
En primer lugar el deber de aminorar la velocidad al llegar al cruce con un arteria, llega al extremo de detener totalmente el vehículo cuando el tráfico proviene de la derecha (esta Sala II causa “TUBIA JOSE ANGEL Y OTROS C/ BURLA MARCELO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. 160.650 del 15/03/2016), y es exigible a todos los que circulan, también a quien conducía la moto detrás del demandado.
Por otra parte el supuesto planteado por el demandado no me parece meramente conjetural. El deber de frenar ante un peatón, incluso sorpresivo y distraido, no es distinto del que debió cumplir el demandado ante quien atraviesa la encrucijada desde la derecha.
En caso de accidente, la presunción de culpabilidad sobre el conductor que embiste con el sector delantero de su vehículo el trasero del que lo precede en la marcha, se justifica, porque es razonable inferir que no mantenía la distancia debida, o que conducía desatento, o a una velocidad inadecuada.
Además, tengo presente la obligación de mantener en todo momento el dominio del rodado y en esa línea, de circular con atención y prudencia (art. 39, inc. b).
Con estas pautas, queda evidenciado en el caso, que el accidente guarda relación de causalidad adecuada con la conducta observada por la actora, ya que no mantuvo el pleno dominio de su rodado, circunstancia que obstó a que realizara una oportuna maniobra de frenado o de esquive, apta para evitar el accidente.
En otros términos, la condición de embistente que revistió la motocicleta, permite concluir, de acuerdo con circunstancias de persona y lugar, que si la actora hubiera desarrollado una conducción atenta y cuidadosa, con respeto de la distancia precautoria, habría advertido el frenado con tiempo suficiente como para evitar impactar el auto del demandado.
La culpa de la víctima no solo está evidenciada allí, sino en que esa conducta infringió los deberes o reglamentos a su cargo, y la consecuente infracción aparece como la causa más probable del accidente, lo que traslada la presunción de responsabilidad a la actora conforme lo dispone el art.64 de la ley 24.449.
Por todo ello entiendo que se verifica en el caso la culpa de la víctima que interrumpe el nexo causal y no puede atribuirse al demandado la autoría del hecho daños que – en mi opinión - ha quedado desplazada hacia la actora. Propongo hacer lugar al recurso y revocar la sentencia apelada rechazando la demanda con costas a la actora vencida en ambas instancias (art.68 y 274 del CPC).
ASI LO VOTO
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Cataldo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Loustaunau, con el mismo sentido, alcance y fundamentos, propugnando hacer lugar al recurso y rechazar la demanda, con costas a la actora en ambas instancias.
ASI LO VOTO
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo: Corresponde, por mayoría: I) Rechazar el recurso de la actora contra la sentencia del 26/06/2025, con costas a la apelante (art. 68 del CPCCBA); II) Hacer lugar al recurso de los demandados y la citada en garantía, revocando la sentencia del 26/06/2025 y rechazando la demanda, con costas a la actora vencida en ambas instancias (art.68 y 274 del CPCCBA);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
Los Sres. Jueces Dres. Loustaunau y Cataldo votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, se resuelve, por mayoría: I) Rechazar el recurso de la actora contra la sentencia del 26/06/2025, con costas a la apelante (art. 68 del CPCCBA); II) Hacer lugar al recurso de los demandados y la citada en garantía, revocando la sentencia del 26/06/2025 y rechazando la demanda, con costas a la actora vencida en ambas instancias (art.68 y 274 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV) y del Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA. Oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia