Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2.147/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja interpuesta por la actora Sra. Roxana Nahir Claudia Reyes a fs. 51/70 vta. y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 88/92, de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 52/69 vta, de dichos autos; con expresa imposición de costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2.147/17-TSJ Interlocutorio N°: 3279.-
Actor: REYES ROXANA NAHIR CLAUDIA Y OTROS Demandada: ESTADO PROVINCIAL Y OTROS Objeto S/ AMPARO S/ INCIDENTE DE OPOSICIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LA EXCMA. CÁMARA DE APELACIONES S/ RECURSO DE QUEJA -PARTE ACTORA Fecha: 24-05-2017 Texto: TOMO XXVIII – INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3279 FOLIO Nº 5441/5444 PROT. ELECT. TSS1 017 I.171
Río Gallegos, 24 de mayo de 2017.-
Los presentes autos caratulados “REYES ROXANA NAHIR CLAUDIA Y OTROS EN AUTOS: REYES ROXANA NAHIR Y OTROS C/ ESTADO PROVINCIAL Y OTROS S/ AMPARO S/ INCIDENTE DE OPOSICIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LA EXCMA. CÁMARA DE APELACIONES S/ RECURSO DE QUEJA -PARTE ACTORA-”, Expte. Nº R-2147/17-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de queja articulado a fs. 51/70 vta., por Roxana Nahir Claudia Reyes contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en copia a fs. 45/49, por cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación agregado en copia a fs. 27/44 vta.. Este último se interpuso contra la resolución de Cámara -agregada en copia a fs. 17/26-, que dispuso rechazar los planteos de los incidentistas y realizarle un llamado de atención a los letrados intervinientes.- Afirma la recurrente que la citada resolución le causa un gravamen irreparable “…pues el tribunal apoya la inadmisibilidad formal resuelta en consideraciones abstractas, que no surgen de las constancias de la causa y que no se condicen con las especiales cuestiones ventiladas en autos” (cfr. foja 61).-
Sostiene asimismo que “…el fallo circunscribe el agravio de esta parte a ‘quebrantamiento de formas por violación de la garantía del juez natural e imparcial’, cuando ese no fue un motivo casatorio articulado…” (cfr. foja cit.), y que, “…además del encuadre erróneo del agravio relativo a la violación de la garantía del juez natural e imparcial... el fallo no analiza ninguno de los restantes motivos casatorios articulados: el quebrantamiento de formas esenciales prescriptas para el dictado de la sentencia… y el agravio de fondo articulado contra el llamado de atención realizado a los letrados de esta parte…” (cfr. fs. 61 y vta.).- En el apartado V de su recurso denuncia un quebrantamiento de formas, debido a que “…una de las magistradas no votó lo relativo al llamado de atención dispuesto por el punto 2º del resolutorio recurrido” (cfr. foja 63).-
Mas adelante sostiene que la sanción que le fuera impuesta a sus letrados “…se ha dictado con una errónea aplicación de la ley (el caso el art. 46 de la Ley Unos) (sic), y en violación de los arts. 14 y 18 de la CN” (cfr. foja 63 vta.), y afirma, en tal sentido, que “…la sanción viola el art. 46 de la ley Uno, pues esta norma no le confiere facultades a la Excma. Cámara para disponer sanciones a los abogados patrocinantes” (cfr. foja 64), además, sostiene que “…en la sentencia no menciona ni explica cuál es el agravio o en qué consistió la infracción de esta parte” (cfr. foja cit.).- Asimismo afirma que “…el fallo recurrido viola de manera flagrante la Ley de Subrugancias (sic)… vulnerándose de esta manera la garantía del Juez natural e Imparcial, y afectando la tutela judicial efectiva de nuestros derechos” (cfr. foja 66 vta.).-
Sostiene, en ese orden, que planteó oportunamente que “…el Tribunal Superior, altera el orden de subrogancia previsto en el art. 37 de la Ley 1” (cfr. foja 67), violando “…el principio de jerarquía normativa (art. 31 de la Constitución Nacional), por ingresar en regulaciones propias del poder legislativo (art. 104 de la Constitución Provincial) y por resultar arbitraria por falta de fundamentación” (cfr. foja cit.).-
Afirma que la Cámara rechazó el planteo expuesto con fundamentos aparentes, y que “…lo así resuelto causa agravio en tanto implica el renunciamiento por parte del Poder Judicial de una esencial función que le es propia, cual es el control de constitucionalidad de la normativa” (cfr. foja cit.).-
Finaliza su agravio afirmando que “…se ha violado el principio de Jerarquía Normativa y que se ha invadido la esfera de competencias legislativas; principios éstos básicos del derecho, siendo de total evidencia que una Resolución Administrativa del TSJ no puede suspender el orden de subrogancias establecido por la ley 1… Pero a la vez, con este proceder, se violenta de modo directo el principio del Juez Natural” (cfr. foja 68).-
II. Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 18 del libro I, título IV, cap. IV, sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15, y en oportunidad de efectuar este Tribunal el examen preliminar del recurso interpuesto, uno de los requisitos primeros que se han de evaluar a la hora de analizar su admisibilidad, es verificar si nos hallamos ante una sentencia definitiva, caso contrario deberá desestimársela (conf. art. 1º de la citada norma).-
En primer lugar debe señalarse que la recurrente ni siquiera ha intentado demostrar el carácter definitivo de la resolución que ataca, solo afirma, en el recurso en estudio, que “Se impugna la mentada resolución por causar gravamen irreparable a los intereses de esta parte…” (cfr. foja 61) y que “..en relación a los planteos articulados en contra de la forma de conformación del tribunal que debe fallar en la presente causa, ha entendido la SCJN (sic) que dichas cuestiones revisten caracter definitivo a los fines casatorios, pues causa un agravio que es de imposible reparación ulterior, ya que se vulnera una garantía esencial como es la del Juez Natural e Imparcial” (cfr. foja 61 vta.); pero no logra brindar fundamentos contundentes que den sustento a su recurso, en punto a la definitividad de la resolución en crisis.- Respecto al citado carácter de definitividad, corresponde recordar que este se encuentra conceptualmente asociado a la privación del recurrente “‘…de toda posibilidad de una ulterior tutela judicial de sus derechos…’ (confr.
Fassi, Santiago – Yánez, César; Cód. Proc. Civ. y Com. comentado, anotado y concordado, T. 2, pág. 549)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXII, Reg. 2731, Folio 4209/421). En efecto, adviértase que la cuestión central gira en torno a la supuesta integración ilegal de la Excma. Cámara de Apelaciones, pero, a pesar que la recurrente sostiene que dichas cuestiones revisten carácter definitivo pues -a su entender- causan un agravio de imposible reparación ulterior, se advierte que lo resuelto por la anterior instancia no terminó la causa ni impidió su prosecución, ni mucho menos provocó un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior.- Tal situación, no hace más que otorgar mayor robustez a la falta de definitividad que acontece en autos, erigiéndose en un obstáculo insalvable para el tratamiento del recurso de casación en esta instancia extraordinaria.
En el caso de autos, no se ha decidido sobre el fondo del conflicto sino que, por el contrario, mediante el interlocutorio atacado, se resolvió un determinado punto en conflicto, pero que no está vinculado al evento principal, siendo ello así “…puede afirmarse que no es dable atribuir esa naturaleza a aquellas resoluciones que aun cuando concluyan una determinada controversia no están vinculadas al evento principal del litigio… y que por lo tanto, no le ponen fin” (cfr. Juan Carlos Hitters: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”. Ed. Librería Editora Platense. pág. 514).- En este sentido, es oportuno tener en cuenta que el concepto de sentencia definitiva al que alude el requisito de procedencia del Recurso de Casación Provincial, se refiere a la decisión de modo final, directa o indirectamente, sobre la existencia del derecho de fondo; es por ello necesario que el caso expuesto esté ya acabadamente resuelto o fallado, es decir que no le quede al perdidoso ninguna oportunidad de juzgamiento (conf.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorios Tomo III, Reg. 288, Folio 464/465; Tomo VI, Reg. 901 Folio 1063; Tomo IX, Reg. 1311, Folio 1763/1765, Tomo XII, Reg. 1559, Folio 2220/2221; Tomo XIII, Reg.1698, Folio 2470/2473; Tomo XXVI, Reg. 3128, Folio 5123/5127).- Precisamente esta carencia de uno de los principales atributos que debe tener la resolución que se ataca en esta instancia extraordinaria, torna inatendible el recurso en estudio dado que, como señala Juan Carlos Hitters, la casación solo abre sus puertas ante decisiones de carácter final (autor y obra citada. pág. 513).-
III. Si bien lo precedentemente expuesto se erige como una valla insalvable, debemos señalar que, asimismo, de la lectura del recurso se advierte que las conclusiones del “ad quem” no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error de argumentación en el fallo o los vicios que se denuncian. Se advierte en este sentido, que las críticas sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.- Tal y como se dijo en el considerando I, el primero de los agravios hace pie en el quebrantamiento de formas, en virtud de que “…una de las magistradas no votó lo relativo al llamado de atención dispuesto por el punto 2º del resolutorio recurrido” (cfr. foja 63). En consecuencia, solicita que se declare la nulidad de la resolución (conf. foja 63 vta.).-
Al respecto debe señalarse que la recurrente no logra brindar argumentos serios que logren rebatir la doctrina sentada por este Tribunal Superior de Justicia.-
En efecto, este Tribunal ha sostenido antes de ahora la validez del voto de adhesión. Así ha afirmado que “Se admitirá el voto de adhesión a los anteriormente emitidos, salvo cuando existieran disidencias, caso en que la totalidad de los votos deberán ser fundados’” (cfr. Tomo XVII, Interlocutorio, Reg. 2296, Folio 3362/2268). En aquella oportunidad se recordó, con cita de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que “‘…El voto de adhesión es válido aunque no se reproduzcan las razones expuestas por el juez preopinante…’… ‘…La adhesión de los jueces al voto del que lo funda con anterioridad no es motivo de nulidad aunque no se reproduzcan las razones expuestas por el juez preopinante…’” (cfr. fallo citado).- Prevista la adhesión en nuestra normativa y aceptada por la jurisprudencia como una forma válida de conformar la mayoría de opiniones en una decisión judicial, se observa que la recurrente no logra poner de manifiesto que de la fórmula utilizada por la magistrada que votó en segundo termino, no surja con claridad que su intención fue reproducir las mismas razones y fundamentos utilizados por su colega preopinante. El voto de adhesión significa, en suma, que “…existe voto del juez que lo emite con idénticos fundamentos a los que se remite (conf. Ac. 35.395, sent. del 23-VI-1987 en “Acuerdos y Sentencias”, 1987-II-463; Ac. 37.277, sent. del 10-XI-1987 en “Acuerdos y Sentencias”, 1987-V-13; Ac. 56.604, sent. del 10-III-1998)” (cfr. SCBA: “S. de R., S. R. contra R., J. A. Divorcio contradictorio” Ac. 78.728,del 2 de mayo de 2000). Es por ello que consideramos que la recurrente no logra brindar argumentos conducentes, a efectos de superar la valla de admsibilidad recursiva que contiene nuestra normativa.- Asimismo, se agravia la impugnante por el llamado de atención que les fuera impuesto a los letrados patrocinantes.-
Al respecto, y a pesar de que la presentante sostiene que “…la sanción impuesta a nuestro[s] letrados patrocinantes causa un agravio irreparable, en tanto vulnera arbitraria e ilegalmente el libre ejercicio de nuestra defensa letrada, constituyendo un agravio actual definitivo e irreparable…” (cfr. foja 62), no justifica ni argumenta sobre su legitimación para sostener dicho agravio. Asimismo debe señalarse que los llamados de atención no constituyen una sanción propiamente dicha, sino sólo una prevención o advertencia insusceptible de causar gravamen irreparable, instalada en ejercicio de una facultad privativa y discrecional del juez a los efectos de mantener el decoro y buen orden del juicio (conf. sum. CC San Nicolás de los Arroyos “Cihuelo, Manuel Alberto c/ Candelmardel S.R.L. s/ Cobro Ejecutivo” del 15 de septiembre de 2015, publicado en SCBA SN 12017); y esta naturaleza que reviste la citada advertencia es reconocida por la propia presentante al sostener, citando a Fenochietto, que “…debe ser considerada como una corrección…” (cfr. foja 64 vta.). Además, la supuesta vulneración de derechos y garantías constitucionales y convencionales que dicho llamado de atención les ha ocasionado (conf. fs. 66 y vta.), no son mas que una mera enunciación de principios y garantías supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la violación de la ley ni la arbitrariedad.- Por lo demás, establecer, en todo caso, si la conducta procesal de los profesionales fue pasible de dicha advertencia remite al estudio de cuestiones de hecho, privativas de los jueces de grado (conf. SCBA: “Biagi, Mónica P. c/Televisora Privada del Oeste S.A. s/Despido” L 67749 S, del 26 de octubre de 1999), y sabido es que estas cuestiones no son abordables, en principio, en esta instancia extraordinaria salvo el caso de absurdo, el cual ni siquiera se denuncia.-
Por otro lado, se agravia la presentante porque entiende que el fallo recurrido ha violado de manera flagrante la ley de subrogancias, vulnerando de tal modo la garantía del juez natural e imparcial, y afectando la tutela judicial efectiva de sus derechos (conf. foja 66 vta.).-
Al respecto, debe señalarse que la crítica de la recurrente solo presenta su disconformidad contra una resolución que le es adversa, no logrando demostrar la violación a la ley que denuncia.-
Es que, a pesar de sus esfuerzos, no logra brindar argumentos suficientes que permitan vislumbrar de qué manera se han violentado las garantías del juez natural e imparcial. Tampoco logra brindar argumentos suficientes que permitan percibir la violación del principio de jerarquía normativa, o que se hayan invadido competencias propias del legislador. Recordemos, al respecto, que “…es pacífica la doctrina constitucionalista en tanto si bien remarca que las facultades del Poder Legislativo son indelegables, también acepta el ejercicio, por otros poderes del Estado, de facultades reglamentarias” (conf. Wullich, Delfina M. Ferro, Alejandro H. “Notificaciones electrónicas: objeción constitucional versus utilidad y eficacia del procedimiento”, www.informacionlegal.com.ar, cita online AR/DOC/2973/2015); y que, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, al momento de analizar la constitucionalidad de un acuerdo que establecía un régimen de subrogancias, sostuvo que “…en su calidad de Máximo Tribunal de la Provincia, cabeza de poder y como depositario del poder de supremacía de la administración estatal Provincial en el ámbito del Poder Judicial, debe velar por el correcto y mejor funcionamiento de la administración interna del mismo, y la reglamentación y organización de la estructura territorial del Poder Judicial, así como la determinación de la competencia frente a la recusación del Magistrado, son -precisamente- consecuencias necesarias y naturales de aquello” (cfr. TSJ Córdoba: “Herrera Amalia Susana c/ Municipalidad de Pilar y otro -Ordinario - Daños y Perjuicios - Recurso de Inconstitucionalidad” del 14 de octubre 2008).- Ni mucho menos ha introducido, en la pieza en estudio, razonamientos que pongan en evidencia que para integrar la Cámara se haya seguido un proceso de selección que no tenga como base parámetros objetivos, o que el magistrado que resultó seleccionado en base al orden de subrogancias no tenga el carácter de juez natural, es decir de órgano preconstituido; ni mucho menos, como se señaló en el precedente registrado al Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3128, Folio 5123/5127, tampoco se observa que haya plasmado en su recurso de qué modo pudo haber implicado el procedimiento seguido una traba real para impedir que los litigantes reciban en plenitud y eficacia el servicio de justicia (conf. fallo citado).-
IV. Por último, tampoco puede prosperar la admisibilidad del recurso en torno a la denuncia de arbitrariedad de la resolución, toda vez que, no se observa en el recurso, la alegación y fundamentación adecuada de los presupuestos que la configuran.-
De su lado, la Suprema Corte de Justicia la Provincia de Buenos Aires, ha expresado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, ‘“…tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’ (cfr. Juan Carlos Hitters, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Idem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.)”’ (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3150, Folio 5171/5175, Tomo XXVII, Reg. 3169, Folio 5208/5212).- En igual sentido, se ha expedido este Tribunal: “…‘La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…” (cfr. Interlocutorio, Tomo III, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Reg. 881, Folio 1022/1025); extremos, estos últimos, que no han sido suficientemente fundados a los fines de alcanzar la admisibilidad de la instancia casatoria intentada.-
V. Por los argumentos expuestos, y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del libro I, título IV, cap. IV, sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15, corresponde a fs. 51/70 vta. de los presentes y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 88/92, de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 52/69 vta., de dichos autos, todo ello con costas a la recurrente de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 70 y vta.- En consecuencia, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja interpuesta por la actora Sra. Roxana Nahir Claudia Reyes a fs. 51/70 vta. y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 88/92, de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 52/69 vta, de dichos autos; con expresa imposición de costas.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia de la presente resolución a los autos principales. Oportunamente, archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal Dr. Enrique Osvaldo Peretti y vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1017I.171 Tomo: XXVIII Interlocutorio: 3.279.-
Folio N°:5441/5444.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia