Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2.114/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por Roxana Nahir Claudia Reyes, Gabriela Miriam Mestelán, José Alberto Lozano, Daniel José Mardonio y Viviana Martínez a fs. 110/144, y en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 502/504 de los autos principales, declarando bien denegado el recurso de casación interpuesto a fs. 462/497 de dichos autos, con expresa imposición de costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2.114/16-TSJ Interlocutorio N°: 3280.-
Actor: REYES ROXANA NAHIR CLAUDIA Y OTROS Demandada: ESTADO PROVINCIAL Y OTROS Objeto S/ AMPARO S/ RECURSO DE QUEJA -PARTE ACTORA Fecha: 24-05-2017 Texto: TOMO XXVIII – INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3280 FOLIO Nº 5445/5452 PROT. ELECT. TSS1 18 I.171
Río Gallegos, 24 de mayo de 2017.-
Los presentes autos caratulados “REYES ROXANA NAHIR CLAUDIA Y OTROS C/ ESTADO PROVINCIAL Y OTROS S/AMPARO S/ RECURSO DE QUEJA - PARTE ACTORA”, Expte. Nº R-2.114/16-TSJ venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de queja articulado por Roxana Nahir Claudia Reyes, Gabriela Miriam Mestelán, José Alberto Lozano, Daniel José Mardonio y Viviana Martínez a fs. 110/144, contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en copia a fs. 100/102 vta., por cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación obrante en copia a fs. 64/99. Este último se interpuso contra la sentencia de Cámara -obrante en copia a fs. 40/63 vta.- que revoca en todas sus partes el fallo de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo incoada, y declarado la inconstitucionalidad de la ley objeto de la litis.- Los recurrentes expresan que “…En primer lugar se debe advertir a V.E. que la Cámara de Apelaciones resuelve dogmáticamente la cuestión, tanto cuando se refiere a la casación por quebrantamiento de las formas como por violación de la ley, con referencias abstractas que se limitan a reafirmar su decisión, pero que no implican una real y correcta lectura del recurso impetrado, pues, como seguidamente se verá en cada supuesto, se niega la existencia de las articulaciones precisas y certeras mediante las cuales se fundamentó adecuada y suficientemente el recurso Casatorio por quebrantamiento de las formas y violación de la ley aplicable.
La Cámara, verificada la existencia de los requisitos formales -plazos, extremos de la presentación- y las alegaciones concretas y fundadas en cuanto a la existencia de quebrantamiento de formas y violación de la ley, debe proceder a declarar admisible el recurso de casación y elevar las actuaciones al Tribunal Superior; pues lo contrario implica negar la existencia misma de la vía recursiva, cercenando el derecho de defensa, con afectación directa del principio de tutela judicial efectiva. Pero lo que así aquí la Cámara [sic], es cercenar arbitrariamente la vía recursiva intentada en clara contradicción con la ley aplicable” (cfr. foja 120).- Consideran que “…la Alzada incurre en graves yerros e inconsistencias en su fallo denegatorio, al punto de apartarse de las constancias de la causa cuando indica que las alegaciones a la violación de la ley han merecido 'oportuno pronunciamiento por esta Cámara en el decisorio recurrido', cuando surge palmariamente de autos que esta parte no participó de la vía recursiva - pues fue gananciosa en la primera instancia y no se nos dio traslado del recurso de apelación que interpuso la contraria- por lo cual ningún tratamiento tuvieron los agravios casatorios relativos a la cuestión de fondo interpuestos por esta parte…” (cfr. foja 121).-
Por otro lado, afirman que “…la Cámara declara la inadmisibilidad de la casación por el quebrantamiento de las formas denunciados, omitiendo un análisis serio de su admisibilidad, e incluso omitiendo el análisis de la totalidad de los motivos casatorios, los que resultaban independientes y autónomos entre si… nada dijo de la denuncia de quebrantamiento de las formas por haberse omitido en la sentencia declarar el derecho de las partes, en particular, conforme la exigencia contenida en el art. 164 inc. 6to y 165 del CPCyC…” (cfr. foja 121 vta.). Al respecto agrega que “…ante la inexplicable y grosera omisión contenida en la sentencia de Cámara de cumplir tan básicas premisas, prefiere ignorar tal denuncia como motivo casatorio, lo que implica una nueva nulidad y un nuevo cercenamiento del derecho de defensa y tutela judicial efectiva, aún más, el cercenamiento del derecho a ser oído (art. 14 CN), pues como si nada se hubiera dicho, se ignora por completo el específico motivo casatorio, presentado expresamente como independiente y autónomo de los restantes…” (cfr. foja cit.).- En relación con la recusación de la Dra.
Reneé Fernández, aseveran que “Lo ocurrido en este caso V.E. es que la misma Dra. Reneé Fernández emitió con su sola firma el proveído de fecha 13 de julio de 2.016 (fs. 421), señalando que ya se había consentido la actuación de ella misma. Y la cuestión esencial y que vicia todo el procedimiento es que la Dra. Fernández -aún actuando como presidente de la Cámara- carecía de competencias y atribuciones para resolver ella misma y con su sola firma la recusación con causa que contra ella se le presentara; y esto es así, aún en el supuesto de que se entendiera a la recusación como extemporánea… de manera clara e inequívoca, se violentaron las formas esenciales del procedimiento, llegándose a emitir y resolver una recusación con causa -alegándose parcialidad en la Dra.
Fernández- de modo ilegal, y por quien no solo no tenía competencias para resolver, sino por quien era el mismo Juez recusado… se han afectado las reglas del debido proceso, violándose el principio del Juez natural al resolverse una recusación por quien no estaba designado por la ley para hacerlo, pero peor aún, por el mismo Juez recusado, careciendo de toda posibilidad de obrar imparcial” (cfr. foja 123 y vta.).- Alegan que “…mi parte realizó un concreto y pormenorizado análisis de esta cuestión, y una precisa crítica sobre la irregular e inconstitucional constitución de la Cámara al derivarse de norma violatoria del principio de jerarquía normativa, no siendo tal crítica una expresión de mera discordancia o criterio contrapuesto al de la Cámara, resultando evidente que el planteo efectuado merece, cuanto menos, la declaración de admisibilidad de acceso a la competencia revisora del Tribunal Superior de Justicia, pues se han articulados concretos planteos casatorios que así lo autorizan, y no hacerlo, implicaría un cercenamiento ilegítimo y violatorio de garantías constitucionales, en tanto se privaría arbitrariamente de un recurso que la ley concede” (cfr. foja 127).
Entienden que “…se plantea como vicio del procedimiento la irregular constitución de la Cámara de Apelaciones para la resolución de la cuestión de fondo; cuestión que fue expresamente planteada ante la Cámara de Apelaciones, y resuelta mediante resolución de fecha 11 de julio de 2.016 y no consentida por esta parte […] el Tribunal Superior, altera el orden de subrogancia previsto en el art. 37 de la Ley 1. Atento ello, se planteó la inconstitucionalidad por violación del principio de jerarquía normativa (art. 31 de la Constitución Nacional), por ingresar en regulaciones propias del poder legislativo (art. 104 de la Constitución Provincial) y por resultar arbitraria por falta de fundamentación, implicando asimismo un ingreso de lleno en el plano de la arbitrariedad por absoluta discrecionalidad en la forma de conformación de la Cámara de Apelaciones; y por el modo por completo infundado en que así se dispone”(cfr. foja 127 y vta.).- Alegan que “La decisión atacada no es 'razonablemente fundada' porque el fundamento solo refleja la voluntad de los jueces; no brinda razones suficientes para omitir elementos conducentes para la resolución del litigio; existe un error lógico y tergiversación de las constancias de la causa; prescinde de dar un tratamiento adecuado a la controversia existente, de conformidad con lo alegado y la normativa aplicable; carece de una derivación razonada del derecho vigente con referencia a las circunstancias concretas de la causa; falta fundamentación seria; tiene pautas de excesiva latitud; establece fundamentación solo aparentes [sic]; se remite a pronunciamientos anteriores, sin referirse a cuestiones oportunamente propuestas y conducentes a la solución del juicio” (cfr. foja 129 y vta.).
Al respecto concluyen que “…esta parte no reconoce a la Cámara así constituida de tal modo inconstitucional e irregular como válida, entendiendo que debe admitirse la queja, admitirse la casación y revocarse la Resolución Interlocutoria del 11 de julio de 2.016, como así también nulificarse las decisiones consecuentes adoptadas por la Cámara constituida irregularmente, debiéndose revocar toda decisión adoptada por la misma en los autos principales y sus incidentes, debiéndose ordenar la conformación de la cámara conforme a derecho y ordenarse el nuevo dictado de sentencia; atento que lo actuado resulta nulo de nulidad absoluta e insalvable, por violación del Principio de Juez natural del proceso…” (cfr. foja 132).- Asimismo se agravian de que”…la decisión de la Cámara consiste en afirmaciones que más que reflejar un análisis serio y preciso de la admisibilidad del recurso casatorio, constituye un claro desentendimiento jurisdiccional, inadmisible violación del principio de tutela judicial efectiva, y que debe ser corregido por V.E….” (cfr. foja 132 vta.).-
En lo que respecta al recurso de casación, recuerdan los agravios esgrimidos en cuanto a la legitimación de los actores en su calidad de legisladores que la Cámara niega. Afirman que “La sentencia incurre así en una mayúscula arbitrariedad por la irracionalidad de lo que sostiene como fundamento; y por ello viola el art. 18 de la Constitución Nacional -sentencia arbitraria- pero también establece el principio de que el legislador carece de acceso a la jurisdicción violando el principio de tutela judicial efectiva (18 CN, 1, 8 y 25 CADH) y el principio de igualdad (art. 16 CN) pues se reconoce en la persona del diputado un derecho menor al de cualquier ciudadano, en tanto y en cuanto sólo puede ejercer los derechos que de modo directo le reconoce la constitución -en cuanto legislador y en cuanto ciudadano- de modo indirecto a través de la legislatura provincial” (cfr. foja 134).
Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.- Continúan su relato expresando que “…Pese a lo que sostiene tanto la Fiscalía de Estado como la Cámara de Apelaciones resulta factible la revisión del proceso de sanción de las leyes, cuando éste se aparta de los parámetros legales que hacen a su vigencia… lo que sometió al análisis jurisdiccional por mi parte, fue una violación de principios básicos de las instituciones democráticas, al impedirse el debate en el ámbito propio, cual es el recinto legislativo, o, en el peor de los casos, al permitirse el avanzar en la pretensión de aprobación de una ley cuando no estaban dadas las condiciones y garantías mínimas, necesarias e indispensables para el desarrollo normal de la labor parlamentaria, y con violación a las mismas normas reglamentarias que la Cámara de Diputados se dio para sí… La anormalidad de tal procedimiento, viciaba lo actuado de tal modo que bien podría encuadrarse la situación en las reglas de excepción previstas por la corte hace ya cien años; aun sin entrar a considerar que la sesión fue levantada de hecho, visto que jamás fue votado un cuarto intermedio…” (cfr. fs. 135 vta./136).
Agrega que “La CSJN en todos los fallos reseñados se ha manifestado por la revisibilidad judicial de los procesos de sanción de las leyes en casos como el de autos, y se ha dejado establecido que es al poder judicial a quien le compete la revisión de la legalidad del proceso de sanción y formación de las leyes, pues lo contrario implicaría colocar el funcionamiento mismo del Poder Legislativo, precisamente el cuerpo que debe generar la ley, fuera de todo parámetro de legalidad, y donde pudiera imperar la arbitrariedad, por la impunidad misma que genera la irrevisibilidad de sus actos” (cfr. foja 137 vta.).-
Seguidamente realizan diversas consideraciones respecto a la apreciación de la prueba y determinación de los hechos realizados por la Cámara en la sentencia en crisis, entendiendo que resultan arbitrarios (conf. fs. 137 vta./142 vta.).-
Por último se agravian de la imposición de costas a su parte en la instancia de apelación en violación a la ley de amparo (conf. foja 143).-
II. Corresponde ahora efectuar el pertinente análisis a los fines de determinar si se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la normativa vigente en punto a la admisibilidad del recurso en cuestión y verificar si ha sido bien o mal denegado el recurso de casación (conf. art. 18° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).-
Los recurrentes se agravian de que, en la sentencia de admisibilidad del recurso de casación, la Cámara no trató su agravio relativo a la falta de decisión final y expresa acerca de la procedencia del amparo.-
Cabe señalar al respecto que la Cámara ha dado tratamiento a todos los agravios formulados, expresando que no se encontraban debidamente fundados. Consideramos que no hay argumentos suficientes para rebatir la decisión de la Cámara en este sentido, limitándose los recurrentes a exponer su discrepancia con la solución adoptada, no siendo útiles a tal fin las expresiones realizadas sin constituir un ataque apto para hacer caer la resolución en cuestión. La Cámara no se encuentra obligada a tratar la totalidad de los agravios, sino que es suficiente con los fundamentos dados en cuanto a que no lograría acceder a la instancia extraordinaria provincial con los agravios formulados. Así como tampoco han demostrado los recurrentes de que forma el tratamiento de las cuestiones omitidas hubiera podido conducir a una decisión diferente.-
III. Tampoco logran brindar argumentos suficientes que permitan percibir la violación del principio de jerarquía normativa, o que se hayan invadido competencias propias del legislador. Recordemos, al respecto, que “…es pacífica la doctrina constitucionalista en tanto si bien remarca que las facultades del Poder Legislativo son indelegables, también acepta el ejercicio, por otros poderes del Estado, de facultades reglamentarias” (conf. Wullich, Delfina M. Ferro, Alejandro H. “Notificaciones electrónicas: objeción constitucional versus utilidad y eficacia del procedimiento” www.informacionlegal.com.ar, cita online: AR/DOC/2973/2015); y que, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, al momento de analizar la constitucionalidad de un acuerdo que establecía un régimen de subrogancias, sostuvo que “…en su calidad de Máximo Tribunal de la Provincia, cabeza de poder y como depositario del poder de supremacía de la administración estatal Provincial en el ámbito del Poder Judicial, debe velar por el correcto y mejor funcionamiento de la administración interna del mismo, y la reglamentación y organización de la estructura territorial del Poder Judicial, así como la determinación de la competencia frente a la recusación del Magistrado, son -precisamente- consecuencias necesarias y naturales de aquello” (cfr. TSJ Córdoba: “Herrera Amalia Susana c/ Municipalidad de Pilar y otro -Ordinario - Daños y Perjuicios - Recurso de Inconstitucionalidad” del 14 de octubre 2008).-
IV. En cuanto a la actuación de la Dra. Reneé G. Fernández en virtud de la forma en la que resolvió su propia recusación, expresan que realizaron una crítica fundada en su recurso y reeditan los argumentos de la casación, solicitando la nulidad de la providencia de fs. 421 de los autos principales.-
En relación al agravio relativo a la crítica que se realizó a la actuación de la Dra. Reneé G. Fernández, debemos adelantar que el mismo no puede prosperar.-
En efecto, se advierte que los agravios formulados por los recurrentes no logran brindar argumentos suficientes que permitan percibir el perjuicio derivado del supuesto quebrantamiento de formas que habilite la instancia extraordinaria. Así, en su presentación se limitan a afirmar que “…se han afectado las reglas del debido proceso, violándose el principio del Juez natural al resolverse una recusación por quien no estaba designado por la ley para hacerlo…” (cfr. foja 123 vta.), y que se ha privado a su parte de “….ejercer el derecho a recusar…” (cfr. foja 125), pero no logran poner de resalto de qué manera se violentaron las garantías del debido proceso y del juez natural.-
Cabe aclarar que se intentó impugnar una providencia dictada por el presidente de un tribunal colegiado con un recurso de casación, cuando contaba con otra vía recursiva procedente, toda vez que las providencias, como la mencionada anteriormente, son susceptibles del recurso de revocatoria previsto por el artículo 272 del CPC y C, lo que hubiera permitido su revisión sin las estrictas formalidades que impone esta vía extraordinaria. Con esto selló su suerte al intentar, por una vía extraordinaria, la revisión de una providencia (conf. foja 124).-
Además, y sin que ello implique adentrarse en el fondo de la cuestión dado que nos encontramos en la etapa de la admisibilidad del recurso, es conveniente señalar que, según se desprende del mismo recurso de queja, los recurrentes fundaron la recusación de la Sra. Jueza de Cámara en una supuesta contradicción en la que esta última habría incurrido al momento de resolver, en estas actuaciones, la recusación del Dr. Arenillas y lo resuelto, ante una situación análoga, en otra causa. Pero, al respecto se ha dicho, invariablemente que “…resulta injustificada la recusación fundada en el pronunciamiento dictado en otro proceso, sobre un tema similar o análogo al que deba resolverse…” (cfr. Morello-Sosa-Berizonce: “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación.
Comentados y Anotados”. Tomo II-A. pág. 468). Siendo ello así, estimo que los argumentos de los recurrentes no hubiesen sido hábiles, de todos modos, para que la recusación prosperara.- Asimismo, corresponde recordar que la teoría de las nulidades está regida por una serie de principios, y que “…Si alguno de ellos no se da en un caso particular, la declaración invalidante no tiene andamiento” (cfr. aut. y ob. cit. Tomo II-C. pág. 372). Uno de esos principios a los que se hizo referencia es el de trascendencia, según el cual “…no es posible decretar nulidad alguna sin que exista desviación trascendente e interés jurídico en la declaración derivada del perjuicio ocasionado por el acto presuntamente irregular -no hay nulidad por la nulidad misma o para satisfacer un mero interés teórico-; razón por la cual debe existir y demostrarse el agravio concreto, mencionándose además las defensas, también concretas que no han podido oponerse” (cfr.
Jorge Kielmanovich: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado. Tomo I, pág. 434).- A la luz de lo expuesto, se observa que los recurrentes a pesar de que invocan que se han quebrantado las formas en el proceso y que “…se pretende subsanar un daño efectivo real y concreto, y no solo preservar la legalidad del trámite…” (cfr. foja 124) no introducen razonamientos que permitan vislumbrar el perjuicio concreto que tal quebrantamiento les habría ocasionado, máxime frente al remedio extraordinario que se intenta. Y, en ese marco, tampoco hacen referencia a las defensas que no habrían podido oponer, ni mucho menos brindan argumentos que permitan entrever que tal situación los haya puesto en un concreto estado de indefensión, vulnerándose la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Recordemos, en punto a esto último, que “El objeto y fin de las nulidades del procedimiento conforme lo señala Podetti, ‘es el resguardo de una garantía constitucional’, y de ahí que, como lo advierte Alsina, ‘donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad’” (cfr. Víctor De Santo: “Nulidades Procesales” Segunda Edición Actualizada. Ed. Universidad. pág. 43; en igual sentido: Alberto Luis Maurino: “Nulidades Procesales”. Ed. Astrea. pág. 33).- En función de lo expuesto, y ante la falta de argumentos que logren vislumbrar un perjuicio, consideramos que abrir la instancia extraordinaria a fin de estudiar la declaración de la nulidad del auto que obra en copia a foja 39 y de todo lo actuado en consecuencia -sin abrir juicio de valor sobre el fondo del asunto-, sería admitir la posibilidad de la declaración de la nulidad por la nulidad misma lo cual constituiría un formalismo inadmisible que, al mismo tiempo, conspiraría contra el interés de las partes y la recta administración de justicia (conf.
SCBA, causa: “T., S. B. c/ B., H. D. s/ Alimentos”, Nº C 104513 S, del 15 de julio de 2015). Como bien nos recuerda Eduardo J. Couture sería incurrir en una excesiva solemnidad y en un formalismo vacío, sancionar con nulidad todos los apartamientos del texto legal, aun aquellos que no provocaran perjuicio alguno (conf. aut. cit.: “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Tercera Edición. Ediciones De Palma. pág. 390).-
V. Respecto a los agravios esgrimidos en relación con la revisibilidad del proceso de formación de las leyes, consideramos que el recurso no funda suficientemente sus agravios, de manera tal que permitan que este Tribunal ingrese a tratar los mismos.-
La Cámara adhiere a una corriente doctrinaria y jurisprudencial. Respecto a la cuestión de la revisibilidad de la ley y de su proceso de formación, la Cámara de Apelaciones se encuadra en una línea jurisprudencial que resuelve, en atención a la temática debatida que no corresponde al Poder Judicial ingresar al análisis de la norma atacada, no constituyendo los fundamentos una mera afirmación dogmática, sino el acogimiento a una postura jurisprudencial y doctrinaria, deviniendo dicho agravio ajeno a esta instancia extraordinaria. Más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Cámara que los recurrentes pudieran tener, lo cierto es que ésta se encuentra fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.- En este sentido podemos señalar que “…las cuestiones que se refieren a la interpretación de las normas constitucionales que organizan el funcionamiento de los poderes legislativo y ejecutivo y les fijan reglas de procedimiento resultan ser de aquéllas que se presentan ajenas a su decisión, ya que el principio de separación de poderes exige que la interpretación y aplicación de las mismas corra por exclusiva cuenta de sus destinatarios (doct. causa I. 1458, “Caramelli”, res. del 3-IV-90 y sus citas)…” (cfr. SCBA, “Fiscal de Estado. Inconstitucionalidad decreto 5092/89”, opinión personal del Dr. Laborde, del 11/03/1997, LP I 1508).-
La Cámara considera que el cuestionamiento de la norma objeto del amparo se refiere al ejercicio de atribuciones asignadas al Poder Legislativo provincial.-
Corresponde recordar que Corte ha incluido al procedimiento de sanción de las leyes entre las cuestiones políticas salvo, por ejemplo, cuando no se observan los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley. Así ha afirmado que “Las facultades jurisdiccionales de la Corte no alcanzan, como regla, al examen del procedimiento adoptado en la formación y sanción de las leyes, salvo en el caso de demostrarse la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de una ley” (conf. Sum Fallos 318:445, Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).-
En casos anteriores y también con connotaciones políticas ha tenido este Tribunal Superior de Justicia oportunidad de pronunciarse; así en autos “Del Val R. J. c/ Gobierno de la Pcia. de Santa Cruz s/ Plantea conflicto de Poderes”, (Tomo I, Otros Recursos, Reg. 18, Folio 44/50, año 1990) se dijo: “… con la medida de no innovar peticionada se pretende un entrecruzamiento o extensión de facultades propias del Poder Judicial orientadas a ingresar en la órbita de la competencia propia y exclusiva de otro Poder - Legislativo- (Conf. Nº 4019 Suprema Corte Justicia Mendoza 15-574 in re ‘Martinez Baca, Alberto J.v Poder Legislativo de la Provincia de Mendoza’ J.A Tomo 22-1974, pág. 798 y siguiente.)…” y, “… No incumbe a los jueces en ejercicio regular de su misión, sustituirse a los Poderes del estado en atribuciones que le son propias, ya que la función más delicada del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las facultades que incumben a otros Poderes o Jurisdicciones (C.S.N. C 302 XXI R. H. dic. 15-1987 Caja Nac. de Ahorro y Seguro c/ N.C.R Arg. S.A.’- cit en rev. ED del 16-5-88, sum 2485 Nº 6989)…”.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que “…Es una regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los tres altos poderes que forman el Gobierno de la Nación, aplica e interpreta la Constitución por sí mismo, cuando ejercita las facultades que ella les confiere respectivamente. Por esta razón, no compete a esta Suprema Corte… examinar la interpretación que las Cámaras del Congreso han dado al artículo sesenta y uno de la Constitución…” (cfr. Fallos 53:420).-
Aun reconociendo que sobre la materia pueden existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por sí sola la vía casatoria, ni en principio configura fundamento suficiente para agraviarse de violación de la ley. Y así se ha pronunciado este Tribunal, al decir que “Cuando existen distintas visiones sobre el ‘thema decidendum’, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica - en principio - el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (cfr. Interlocutorios, Tomo XXII, Reg. 2813, Folio 4400/4404; Tomo XXIII, Reg. 2880, Folio 4541/4546; Tomo XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803; Tomo XXV, Reg. 3038, Folio 4915/4919).- Más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Cámara que los recurrentes pudieran tener, lo cierto es que ésta se encuentra fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.-
Por tanto, se advierte en estos agravios la insuficiencia técnica en su fundamentación.-
VI. Corresponde ahora analizar los agravios formulados respecto de la arbitrariedad en la apreciación de la prueba de la sesión de diputados en la que se aprobó la ley objeto del presente amparo.-
Determinar cómo sucedieron los hechos que aquí resultan controvertidos, es decir, lo concerniente a la sesión y al cuarto intermedio, resulta a todas luces una cuestión de hecho y valoración de la prueba que competen a los jueces de grado y solo pueden convertirse en materia del recurso extraordinario local en aquellos casos en que se invoque y demuestre absurdo o arbitrariedad. Esto último “…exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. SCBA, ‘N.R.O. c. Aguas Bonaerenses S.A.’, 06/03/2013, Publicado en: DJ 31/07/2013, 37, Causa: L.101.011, cita on line AR/JUR/6602/2013)” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXV, Reg. 3.034, Folio 4.906/4.909 y XXVI, Reg. 3162, Folio 5193/5196).- Dicho en otras palabras, los recurrentes, para sostener su recurso, intentan cuestionar la valoración del material probatorio y el mérito que hizo la Cámara. Sin embargo, reiteramos, “…ésta es una materia privativa de los jueces de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a demostrar la consumación de algún vicio. Al respecto, ha señalado este Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio…” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3083, Folio 5020/5023 entre otros).- La Cámara ha efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que no patentizan la exteriorización de la sola voluntad de dicho Cuerpo, ya que aporta las razones del veredicto. No se advierte que los recurrentes funden adecuadamente el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se argumentan idóneamente.
Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por la recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (conf. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3083, Folio 5020/5023, entre otros).- A su vez, este Alto Cuerpo tiene dicho que “…asumir facultades de los tribunales de mérito, es crear una tercera instancia ordinaria lo cual le está vedado (confr. TSJ Santa Cruz Tomo XIII, Sentencia, Reg. 461, Folio 2508/2511, entre otros). No puede pretenderse que por el recurso de casación se llegue a este punto con el fin de reeditar la justicia material de la sentencia de los Tribunales de grado, pues ello contraviene la previsión de la ley 1687 (art. 1º)” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2878, Folio 4536/4539).-
En este contexto, observamos que en el recurso de casación no se logra advertir la demostración de la existencia de presupuestos que configuren la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba. Sobre la materia tiene dicho este Tribunal que ello se produce cuando nos encontramos ante “… el desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio y que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, -en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…” (cfr. Sentencia, Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389; ídem, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “…‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación” (cfr. Interlocutorio, Tomo III, Reg. 282, Folio 457/458, entre otros).-
En el sub lite, los recurrentes no han logrado fundar y argumentar suficientemente la arbitrariedad de la sentencia que invocan, ya que sólo se desprenden del recurso, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba.-
Si se carece de fundamentación para desvirtuar los argumentos principales que cimentaron el decisorio en crisis, el acceso pretendido a la instancia extraordinaria resulta impracticable.-
VII. Los recurrentes se agravian de que “…la sentencia de Cámara en su parte resolutiva revoca el decisorio del fallo de primera instancia, pero no rechaza la demanda, no expresa si considera inadmisible formalmente el amparo o rechaza el fondo, y con que extensión; en definitiva, omite declarar el derecho de los litigantes, condenando o absolviendo la demanda, y tal vicio es irremediable y fulmina de nulidad tal sentencia…” (cfr. foja 122) .-
Los recurrentes no logran fundar adecuadamente su recurso, de manera tal que permita el acceso a la presente instancia extraordinaria. Al respecto, encontramos que la jurisprudencia es pacífica y conteste al sostener, como lo hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “…Que esta Corte ha sostenido que la sentencia constituye un todo indivisible demostrativo de una unidad lógico -jurídica en que la parte dispositiva no es sino la conclusión final y necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en su fundamentación (Fallos: 324:1584, entre otros)…” (cfr. Fallos 330:1366). A mayor abundamiento “…Finalmente, es inconsistente la queja de la apelante en el sentido de que en la parte dispositiva de la sentencia se omitió tratar la excepción de prescripción que opuso la demandada, pues al ser la sentencia un todo que, en el caso, no exhibe contradicción entre sus considerandos y dicha parte dispositiva, es claro que el a quo resolvió la cuestión de acuerdo a lo pretendido por la demandada…” (cfr. Fallos 329:584).- En igual sentido se ha expresado la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires: “…La sentencia es un todo único compuesto de diversas partes consideradas entre sí armónicas y solidarias; de manera tal que lo que se dejara de decir en la parte dispositiva, que es sin duda donde se polariza el mandato del juez, debe suplirse o interpretarse por lo que el mismo juez ha dicho claramente al fundar su resolución…” (cfr. “Surtigas S.A. c/A.R.B.A. s/Pretensión anulatoria. Recurso de queja por denegación de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, del 13/11/2013, LP Q 72667).-
En estas condiciones, no resulta adecuadamente fundado el agravio en cuestión, no habiendo expresado idóneamente una situación de incertidumbre que le generaría la sentencia, siendo posible interpretar la decisión adoptada por la sentencia apelada en lo que respecta al rechazo de la acción de amparo incoada, lo que impide el acceso a la vía extraordinaria de casación.-
De esta manera “…Es por ello que la sentencia no puede ser parcializada en trozos, como si cada uno de ellos pudiera ser separado del conjunto. Lo que adquiere decisiva importancia, a este respecto, es la adecuación de lo que se decide, a la materia del proceso, así como la muestra del itinerario seguido por el razonamiento judicial -considerandos y parte dispositiva- (C.N. Com., B, E.D. 86-720, cit. por Serantes Peña – Palma, en: “Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación”, To. I, Ed. De Palma, Bs. As. 1983, pág. 413, último párrafo)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2701, Folio 4131/4135).-
VIII. En lo que concierne a la condena en costas, cabe realizar algunas consideraciones.-
Cabe señalar que la mayoría de los máximos Tribunales de Provincia han establecido que las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado (conf. SCJ Mendoza, sala I, “Fema S. R. L. c. Obras Sanitarias Mendoza”, Publicado en: LA LEY 1997-D, págs. 324/325, 22/11/1996; SCBA, “Junta Nacional de Granos c. Sbaizero, Juan A. y otros”, publicado en: LA LEY 1994-B, pág. 264, 26/10/1993, entre otros) (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324).-
Así, en lo atinente a la imposición de costas “…los jueces de grado son soberanos y por ende se encuentran ajenos, en principio, al recurso de casación, salvo que se demuestre absurdo o arbitrariedad (conf. Hitters, Juan Carlos, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, Ed. LEP, 2a. ed., pág. 407 y 614). Al respecto, este Alto Cuerpo ha sostenido: ‘…se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución (confr. SCBA, AyS, 1973-II-482; ídem, 1974-I-1125; ídem, 1977-I-998; ídem, 1977-III-578 y 704; ídem, 1978-III-579; DJBA, 118-322, 121-134, 123-335, 127-257, 130-182, 132-29; TSJ Santa Cruz, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 115, Folio 189/190; ídem, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 104, Folio 169/170; ídem, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 149, Folio 241/242; ídem, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994; ídem, Tomo II, Sentencia, Reg. 85, Folio 375/378)…’ (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192).- En efecto, el intento recursivo no puede prosperar ya que esta vía extraordinaria está vedada, en principio, al planteo sobre imposición de costas. Las impugnaciones que se susciten en estos casos, no pueden sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo. Circunstancia que no se advierte en autos (conf. Fallo cit.).-
La claridad de las citas transcriptas, que forman la doctrina de este Alto Cuerpo sobre la materia, nos exime de mayores explicaciones.-
Por lo que, de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por Roxana Nahir Claudia Reyes, Gabriela Miriam Mestelán, José Alberto Lozano, Daniel José Mardonio y Viviana Martínez a fs. 110/144, declarando bien denegado el recurso de casación obrante a fs. 462/497 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 502/504 de dichos autos, con costas a los recurrentes, de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 143 vta/144.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar el recurso de queja articulado por Roxana Nahir Claudia Reyes, Gabriela Miriam Mestelán, José Alberto Lozano, Daniel José Mardonio y Viviana Martínez a fs. 110/144, y en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 502/504 de los autos principales, declarando bien denegado el recurso de casación interpuesto a fs. 462/497 de dichos autos, con expresa imposición de costas.-
3. Regístrese. Notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales, separándose los mismos para su correspondiente devolución. Oportunamente, archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal Dr. Enrique Osvaldo Peretti y vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1018I.171 Tomo: XXVIII Interlocutorio: 3.280.-
Folio N°:5445/5452.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia