Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2109/16-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2109/16-TSJ Interlocutorio N°: 610.-
Actor: REYES ROXANA NAHIR CLAUDIA Y OTROS Demandado: PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: S/ ACCION DE AMPARO Fecha: 09-06-2017 Texto: TOMO XVIII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 610 FOLIO Nº 3498/3509 PROT. ELECT. TSS1 006 S.171
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a nueve días del mes de junio de dos mil diecisiete, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y el Sr. Vocal Subrogante Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, para dictar sentencia en los autos: “REYES ROXANA NAHIR CLAUDIA y OTROS c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ ACCION DE AMPARO”, Expte Nº R-17.337/16 (R-2.109/16-TSJ). Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 4º) Dr. Domingo Norberto Fernández y 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: Es procedente el recurso de casación interpuesto por la demandada Provincia de Santa Cruz a fs. 273/281 vta.?; SEGUNDA CUESTIÓN: Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Peretti dijo:
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado a fs. 273/281 vta., por la demandada Provincia de Santa Cruz, contra la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 236/257 vta., en cuanto rechaza el recurso de apelación deducido por la demandada y confirma la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo.-
II. Mediante dicha acción se persigue que el Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio que corresponda, informe sobre: la totalidad de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y cualquier otro producto bancario que utilice el gobierno provincial, ministros, empresas del estado, entes autárquicos y descentralizados, individualizados con número de cuenta y/u operación y, en cada caso, movimiento de las mismas desde el mes de septiembre de 2015 hasta la fecha en que se emita el informe, como así también se haga entrega de copia del presupuesto ejecutado 2015 (conf. fs. 20 y vta.).-
Dicha pretensión obtuvo sentencia favorable en primera instancia, pronunciamiento que fue confirmado por la Excma. Cámara de Apelaciones.-
La Excma. Cámara de Apelaciones con sustento en los fallos de nuestro Máximo Tribunal Federal en los casos “ADC”, CIPPEC” y “Giustiniani”, y el precedente “Claude Reyes” de la CIDH, señalan que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental cuyo ejercicio corresponde a todo ciudadano. En base a ello, señalan los Magistrados: “El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, mediante el acceso a la información…” (cfr. foja 250). Agregando “…cuyo ejercicio no está reservado a ningún grupo o sector sino que corresponde a toda persona […] tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan […]. La información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina” (cfr. foja 250 vta.).- Resalta, en base al fallo de la CSJN en “Colegio de Abogados de Tucumán” que la legitimación para requerir la información objeto de autos corresponde a todo ciudadano y con más razón a quienes son legisladores (conf. fs. 253 vta.). En este sentido transcribe el sumario del fallo: “‘Cuando se denuncia que han sido lesionadas expresas disposiciones constitucionales que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno, poniendo en jaque los pilares de la organización del poder diagramada en la Ley Fundamental -en el caso, disposiciones incorporadas a la Constitución de la Provincia de Tucumán que permiten modificarla de un modo distinto al establecido…la simple condición de ciudadano resulta suficiente para tener por demostrada la existencia de un interés ‘especial’ o directo…’” (cfr. fs. 252 vta.).- Contra este decisorio, la demandada interpone recurso de casación alegando arbitrariedad en la sentencia por violación de las normas del debido proceso con afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio (conf. fs. 273 vta.). Se puede sintetizar los fundamentos recursivos en los siguientes:
a) Que se ha confirmado la procedencia del amparo cuando éste no correspondía de acuerdo a lo previsto por la Ley de Amparo N° 1117 (conf. fs. 277 vta.). Al respecto afirma: “…este amparo no es la vía adecuada para el tratamiento de un tema que a todas luces requiere una amplitud de debate que no es propia de un juicio de amparo…” (cfr. fs. 280).-
b) También se agravia porque, dice, “…el Tribunal de Cuentas de la Provincia publicitó el estado de las cuentas públicas. Este hecho resultó de público y notorio conocimiento y, además, evidenciaba que en modo alguno existía de parte del poder ejecutivo la voluntad de ocultar y/o retacear información […] Cualquiera sea el caso, lo concreto es que los amparistas alegan que no se les ha proporcionado cierta información y ello no se condice con la realidad” (cfr. fs. 278). Agrega que la nota presentada al Ministerio de Economía y Obras Públicas por los amparistas, no era el requerimiento que correspondía efectuar, el cual debía ser dirigido a la Titular del Poder Ejecutivo y además, que en esa misma fecha el Tribunal de Cuentas publicó el estado de las cuentas públicas provinciales (conf. fs. 279).- Considera, el Poder Ejecutivo Provincial, que con la información referida precedentemente, mas la que acompañara al expresar agravios debe tenerse por cumplido el objeto del presente y por ello pretende se lo declare abstracto.-
c) Entienden que de hacerse lugar al amparo se violaría el principio de división de poderes, pues se trata de una temática que debe tratarse en la respectiva comisión parlamentaria, con el respectivo debate. Sin embargo en este caso, dice, se pretende trasladar el debate parlamentario de cuestiones que son propias de la Comisión de Presupuesto y Hacienda al marco de un proceso judicial (conf. fs. 280).-
III. A fs. 309 y vta., se declaró bien concedido el recurso de casación interpuesto y se dispuso poner las actuaciones a los fines del artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15, habiendo hecho uso de ese derecho sólo los actores Sres. Roxana Nahir Reyes, Gabriela Miriam Mestelán y José Alberto Lozano a fs. 313/326.-
A fs. 327, se corre vista al Señor Agente Fiscal Subrogante por ante este Tribunal Superior de Justicia, quien dictamina a fs. 328/332, que corresponde revocar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones haciendo lugar al recurso de casación interpuesto oportunamente, por los representantes del Estado Provincial por los motivos que allí esgrime y a los cuales remito brevitatis causae (conf. foja. 332).-
A fs. 339, se llaman autos para dictar sentencia y a fs. 340 pasan a estudio.-
IV. De inicio, no puedo soslayar que el libelo casatorio lejos se encuentra de constituir una crítica concreta y razonada del fallo que cuestiona. Carece el mismo de una explicación razonable que demuestre, aunque sea mínimamente, que, en el caso concreto, se ha producido la arbitrariedad y violaciones a la ley de amparo que aduce. Obsérvese que para nada explica, por qué en el supuesto de autos, el amparo no es la vía -sólo se limita a expresar, genéricamente, que el tema requiere mayor debate y prueba- Más aún cuando este TSJ ha adoptado un claro criterio en cuanto a la idoneidad de la vía de amparo (conf. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 590, Folio 3383/3393) a cuyos argumentos nos remitimos brevitae causae. Tampoco, ante la negativa de la actora, demuestra que la documentación que acompañó contiene la información objeto de este juicio. Menos aún fundamenta de una manera coherente como se ha violado la división de poderes al hacer lugar a esta acción. Los argumentos solo son exclamaciones dogmáticas que no alcanzan para rebatir las consideraciones expuestas en el fallo de la Excma. Cámara.-
V. Sin perjuicio que lo precedentemente señalado demuestra el carácter esmirriado del recurso impetrado, debo agregar que no surge del pronunciamiento recurrido ningún vicio que lo pudiera descalificar como acto jurisdiccional válido; se halla debida y razonablemente fundado y ha dado una respuesta jurisdiccional ajustada a derecho al litigio que fue sometido a su juzgamiento, sin que se observen en él vicios que ameriten su revocación.-
Cabe recordar que la pretensión de los actores consiste en conocer el estado, destino y la aplicación de los recursos financieros de la provincia para cumplir con las obligaciones esenciales que tiene a su cargo.-
Es ampliamente reconocido que en una República democrática, como lo es la Argentina, el derecho de acceso a la información pública constituye uno de los pilares necesarios para el funcionamiento adecuado del régimen republicano de gobierno, pues se erige en un requisito ineludible para una participación ciudadana verdadera y fundamentalmente para el necesario control sobre los actos de gobierno. “El derecho de acceso a la información pública está directamente vinculado con la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la Administración Pública y, por ello, debe ser considerado un instrumento indispensable en toda república, por cuanto, como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ‘Ganora’: ‘La forma republicana de gobierno que adoptó la Nación Argentina a través del texto constitucional requiere de la publicidad de sus actos, sin perjuicio de aquellos que resulten de necesaria reserva o secreto’” (cfr.
Cenicacelaya, María de la Nieves, “La Corte Suprema reconoce un derecho fundamental: El derecho de acceso a la información pública”, www.informaciónlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/3899/2014).- Puedo decir que esta afirmación, también se basa en el principio de la soberanía del pueblo y la teoría de la representación política y vale aquí citar a Alexander Hamilton quien ha expresado: “… No hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que afirma que todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos del mandato con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por lo tanto, ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido” Negar esto equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante, que el servidor es más que su amo, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y que los hombres que obran en virtud de determinados poderes pueden hacer no sólo lo que éstos no permiten sino incluso lo que prohíben” (cfr. autor cit.
“El Federalista” Carta LXXVIII) publicado en internet: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Downloads/El%20Federalista.pdf).- En este sentido afirma Maria Angélica Gelli que “…la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó entre 2012 y 2016 cuatro sentencias trascendentes que convalidaron el derecho de acceso a la información pública. En ellas, a más de reconocer los principios que rigen ese derecho, estableció doctrina esencial acerca de las características del obligado a rendir la información, aunque en términos estrictos no sea un ente estatal; la calidad del dato -personal que no se convierte en ‘sensible por el contexto’- y sobre la legitimación activa amplísima reconocida a ‘cualquier integrante de la comunidad’” (cfr. aut. cit, “Ley de acceso a la información pública, los principios, los sujetos obligados y las excepciones”, www.informaciónlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/2969/2016).- En el presente caso, los tribunales de grado han analizado los hechos a la luz de tres de los fallos dictados por la CSJN (“Asociación Derechos Civiles c.
En – Pami (dto. 1172/03) s/ amparo Ley 16986” Fallos: 335:2393 (2012); “CIPPEC c. En – Mº Desarrollo Social (dto. 1172/03) s/ amparo Ley 16986” Fallos 337: 256 (2014); y “Giustiniani, Rubén Héctor c/Y.P.F. S.A. s/ amparo por mora” del 10/11/2015, Fallos 338:1258), los que, a mi modo de ver, fueron aplicados correctamente por lo que, en honor a la brevedad, resulta innecesario reiterar la doctrina que emana de ellos.-
Asimismo, el Máximo Tribunal sostuvo que, en lo concerniente al derecho de acceso a la información pública, la legitimación es amplia correspondiendo tal derecho a cualquier ciudadano (conf. “Garrido, Carlos Manuel c. EN - AFIP s/amparo. Ley 16986” del 21/06/2016, Fallos: 339:827).-.
Finalmente, importa agregar el caso de la CSJN “Stolbizer, Margarita c. EN - M. Justicia DD.HH. s/ amparo ley 16.986” del 01/09/2015 publicado en www.informacionlegalcom.ar, CitaOnline: AR/JUR/28331/2015 que remite al fallo “Asociación Derechos Civiles c. En – Pami (dto. 1172/03) s/ amparo Ley 16986” Fallos: 335:2393 en cuanto sostiene que en solicitudes de información pública a una institución que gestiona intereses públicos y que detenta una función delegada (en el caso Stolbizer se trataba del Estado -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, y en este último de PAMI), quien solicita la información posee el derecho a que se la brinden en forma completa y el organismo tiene la obligación de brindarla, siempre que no demuestre que le cabe alguna restricción legal, circunstancia que no se da en el caso.- Las fuentes del derecho de acceso a la información pública provienen directamente de la Constitución Nacional (arts. 1, 14 y 33) y de diversos tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Carta Magna por el art. 75 inc. 22.) donde cabe destacar el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.-
Sobre la materia, también, se ha expedido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar la garantía establecida en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoció que el derecho de acceso a la información, de cualquier fuente, se encuentra incluido en la libertad de pensamiento y expresión. En el “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia del 19 de setiembre de 2006 - sentencia que, si bien ha sido referenciada por los jueces de grado, contiene aspectos que conviene aquí resaltar –. En dicho caso, la CIDH “…debió decidir sobre la alegada violación del derecho de acceso a la información de las víctimas, integrantes de la fundación Terra, que se agraviaban del hecho de que el estado chileno había rehusado entregarles información relativa a inversiones en materia de industrialización forestal por parte de empresas extranjeras que, presuntivamente, tendrían efectos nocivos en el medio ambiente […] la Corte IDH sostuvo que el art. 13 de la Convención Americana (Libertad de pensamiento y expresión) regula, además del derecho a expresar el pensamiento propio, el de ‘…buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole…’. Este último aspecto del art. 13 ‘…protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención…’. Desde esta perspectiva el art. 13 comporta ‘…el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla […] En lo que interesa merece especial consideración el hecho de que, para la Corte IDH, la supuesta afectación a un interés directo o personal no debe resultar un prerrequisito para acceder a la información. En consecuencia, según esta doctrina, todos estamos legitimados para compulsar la información pública, lo que resulta en control democrático de las gestiones estatales y constituye un efecto de los principios de publicidad y transparencia de la gestión pública” (cfr. Rodrigo Robles, Tristán, “Derecho de acceso a la Información” en Derechos Humanos, Año III, N° 5, Infojus, Buenos Aires, 2014, págs. 305/306).- En síntesis, y de acuerdo a la jurisprudencia, coincidente, de nuestro máximo tribunal y de la CIDH, puede concluirse que:
1. Los actores tienen legitimación suficiente para actuar. Es que en materia de acceso a la información pública “…existe un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes de acceso debe ser entendida en un sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente…” (cfr. CSJN, “CIPPEC c. EN- Mº Desarrollo Social”, fallos: 337:256).-
2. En materia de información pública el acceso constituye patrón y las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva. Rige en el tema la regla de la “máxima divulgación” de tal modo, toda información debe brindarse, salvo circunstancias excepcionales y, de darse ese supuesto, tienen que expresarse en forma fundamentada los motivos de la denegatoria.-
Desde este punto de vista, la jurisprudencia tiene dicho “La Corte Suprema de Justicia tuvo ocasión de aclarar sobre el significado y amplitud del derecho de ‘acceso a la información’ a efectos de demostrar que dadas sus especiales características y los importantes y trascendentes intereses públicos involucrados, la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática (A.917. XLVI, ‘Asociación Derechos Civiles c. Estado Nacional - PAMI considerando 7’, sent. del 04-XII-2012) (cfr. SCBA, “Albaytero, Juan Aníbal c. Municipalidad de Quilmes s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, 09/03/2016, Causa: LP A.72274).-
VI. Por otra parte, cuando la información requerida recae sobre el manejo de fondos públicos, como en el caso, se ha indicado que: “El principio de transparencia de la actividad administrativa adquiere mayor relevancia en la gestión económico financiera. En consecuencia, el conocimiento del modo en que los recursos del Estado son aplicados, constituye una herramienta mediante la cual se posibilita el control de la gestión de los representantes” (cfr. SCBA, fallo cit). Es decir que, en materia de información pública, el acceso constituye la regla y por lo tanto la administración tiene el deber de obrar bajo el principio de transparencia y de someter al control público la forma en que emplea los fondos que recauda.- En el caso de autos, la información solicitada recae sobre el manejo de los fondos del Estado Provincial y hay que destacar -aunque resulte una obviedad- que dichos recursos pertenecen al pueblo de la provincia, no a quien, por mandato de áquel ejerce circunstancialmente la función de administrar el Estado.
De allí que, no hay duda, la información debe ser brindada a quien es por naturaleza el soberano en una democracia. En la especie, además, la demandada no ha dado ninguna razón para justificar su tardío y sólo parcial cumplimiento de la información requerida; no ha especificado que exista un interés superior que pretende proteger, de manera tal que no se vislumbra causal alguna de dotar de juridicidad la conducta asumida por el gobierno provincial en relación al objeto de la presente litis. Los argumentos de la recurrente se tornan más débiles aun ante la contundencia de la jurisprudencia emanada no solo de nuestro Máximo Tribunal Federal, sino también de tribunales internacionales como la CIDH.- Cabe añadir que si los recursos del Estado son manejados por sus gobernantes con la debida prolijidad y transparencia, la reticencia u obstáculo para brindar información al pueblo puede habilitar todo tipo de dudas y hasta lógicas suspicacias.
Dudas que se disiparían rápidamente mediante la difusión clara y transparente de la información requerida, pero que, por el contrario, se acrecentarían si en lugar de actuar con transparencia, se pretende refugiar los datos acerca del manejo de los recursos públicos en una especie de “oscurantismo administrativo” altamente nocivo para las instituciones democráticas. Es por tal motivo que, cuando no hay nada espurio que ocultar, la mayor publicidad redunda no sólo en beneficio de los ciudadanos, sino también de la propia administración que podrá mostrar cuan cristalina ha sido la utilización que realizó de los recursos financieros que el pueblo le ha encargado administrar.-
VII. Respecto a que la cuestión litigiosa ha devenido abstracta porque con la documentación que se adjuntara a fs. 75/205 la demandada ha presentado la información requerida en autos (conf. fs. 277 vta., y 280), cabe precisar que contra ésta pretensión, los actores argumentan que las constancias presentadas por la demandada, cuando apeló la sentencia de primera instancia, no brindan toda la información reclamada en autos. Sostiene la accionante sobre el particular: “…que la misma no se corresponde con la documentación solicitada por esta parte a través de la acción de amparo…En primer lugar se observa que el presupuesto ejecutado que acompañó el Estado Provincial se encuentra incompleto, advirtiéndose, también, que la documentación no ha sido acompañada en condiciones de ser legible…Pero además de esto objetamos que falta en el ejecutado presentado, la información que justifique los montos que surgen en el mismo; como asimismo se observa que no se acompañó informe de tesorería, de contaduría y la información extrapresupuestaria que sustente y respalde la totalidad de la información que la demandada acompañó en autos”(cfr. fs. 225).- Previo al análisis, es preciso realizar algunas salvedades imprescindibles: El fallo de Cámara no ha tratado en profundidad este aspecto, que fuera oportunamente planteado al apelar; sólo se ha limitado a decir que “…la demandada al momento de apelar adjuntó parte de lo requerido en el fallo…” (fs. 256 y vta.), sin indicar, además, que parte es la faltante.
Por otro lado, la actora, aún con carencia de precisión indica el objeto de su pretensión, el que surge con mayor nitidez en el escrito de inicio cuando se brindan los fundamentos que motivaron la acción; así, analizado en su totalidad dicho libelo cabe concluir que su finalidad es el conocimiento del estado económico financiero de la provincia en concreto las sumas que ingresan y egresan, por todo concepto a las arcas provinciales. Es decir, -con mis palabras- cuanto y en que se gasta, a los fines, entre otros, de tomar ciertas decisiones en el desempeño de sus respectivos roles de legisladores provinciales (específicamente, al momento de interponer la demanda, intervenir en el tratamiento del presupuesto para el ejercicio año 2016 y la aprobación de un convenio de asistencia financiera suscripto con el Estado Nacional) (conf. fs. 20 vta./33 vta.).
Cabe advertir, además, que surge de dicha presentación, un reclamo subyacente que consiste en la necesidad de que se brinde mediante un procedimiento periódico y eficaz, a toda la ciudadanía, la información sobre el manejo de los recursos provinciales.- Lo que se debe verificar, en este punto, es si la documentación presentada por la demandada constituye una acabada respuesta al requerimiento de la actora o, como esta última alega no alcanza a satisfacer “in totum” su pretensión.-
“Para que el derecho de acceso a la información cumpla con su cometido la misma debe ser completa, adecuada, veraz, y brindada en tiempo oportuno” (cfr. SCBA, fallo cit.). En base a tales premisas se aprecia que la respuesta ofrecida por el Gobierno Provincial no satisface acabadamente la requisitoria, en tanto no específica -dentro del cúmulo de documentos que presentó- cuales contienen la información relevante para este proceso siendo que los mismos resultan material técnico de compleja interpretación. No se ha esforzado, la demandada, no obstante la sentencia condenatoria de primera instancia, en informar en forma concreta y clara la totalidad de los datos solicitados. No es verificable que con las constancias anejadas a fs. 75/205, se haya agotado el objeto de esta contienda. Fundamentalmente no se han aportado los movimientos de las cuentas y las pertinentes conciliaciones bancarias (es decir el detalle de cómo y cuando ingresaron los fondos y el modo en que han sido invertidos, particularmente hacia donde se ha diseccionado el gasto). Y tal requerimiento, no se satisface con la sola información de los saldos disponibles (conf. fs. 185/186), pues ello no es más que una “fotografía final” que no expresa ni explica los movimientos de las respectivas cuentas.- No obstante sí se ha cumplido parcialmente con el objeto de la demanda, en cuanto a la información relacionada con la ejecución presupuestaria del 2015 y del primer trimestre de 2016. -
En definitiva, y dado la ya reseñada obligación del gobierno de brindar la información aquí solicitada, la presentación de una cuantiosa documentación de la que no surge con nitidez las respuestas a la totalidad de la información buscada por los accionantes, he de afirmar que no puede sostenerse que con dichas constancias el gobierno provincial haya satisfecho completamente el interés de los que promovieron la acción, y menos aún el cumplimiento pleno de la obligación de brindar acceso a la información sobre datos de indiscutible interés público. Asimismo tampoco emana de ninguna de las presentaciones realizadas por la demandada un compromiso de hacerlo, en adelante, con periodicidad y garantizando mecanismos transparentes de acceso a dicha información.- Lo expuesto se visualiza con mayor vigor, si lo analizamos a la luz del momento de juzgamiento de estos autos por parte de este TSJ, (tal como la propia CSJN lo ha sostenido –Fallos 339:1701 y 1576, entre otros) ante la grave situación social que atraviesa nuestra provincia como consecuencia del notorio atraso en la percepción de los salarios de los empleados de distintos sectores de la Administración Pública Provincial, lo que genera, lógicamente incertidumbre en el trabajador público y su familia y visibles dificultades en la prestación de los servicios públicos, entre ellos los fundamentales, servicios de salud, educación y justicia.-
Es que en un estado de derecho la respuesta y soluciones a las crisis -por más profundas y graves que se presenten- sólo pueden encontrarse en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la institucionalidad republicana. Y vaya si coadyuvaría a ello, garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, precisamente uno de los aspectos donde con mayor énfasis, se han dirigido las demandas sociales.-
Sobre este último aspecto, Carlos Nino ha señalado “…La elección y materialización de planes de vida requiere la mayor amplitud informativa posible, el uso de instrumentos de comunicación para coordinar actividades… y la mayor variedad posible de expresión de ideas…La discusión que es central al debate democrático exige el mayor pluralismo y las más amplias oportunidades de expresión de propuestas ideológicas, de intereses que deben ser tomados en cuenta por los principios a adoptar para guiar los cursos de acción política y de críticas al modo en que los asuntos públicos son conducidos…” (cfr., aut. cit, “Fundamentos de derecho constitucional”, 2ª. reimpresión, Buenos Aires, Astrea, 2002, pags. 262/263).
“La deficiencia en la discusión pública conduce a una ausencia de consenso profundo, y esa falta de consenso lleva a actitudes de deslegitimación subjetiva, que, a su vez, producen anomia. De este modo el fortalecimiento del proceso de discusión en el ámbito del ejercicio del gobierno, de la actuación de la justicia, en el conjunto social, no sólo permite reorientar nuestro sistema político hacia el ideal de una democracia deliberativa que expanda su valor epistémico en beneficio del reconocimiento de derechos individuales, sino que también asegurará el Estado de derecho implícito en el constitucionalismo mínimo y la consiguiente estabilidad del sistema político…” (cfr. aut. y ob.cit, págs. 712/713).- Así también, se ha expresado: “Intimamente relacionado a la dimensión social del derecho a la información se halla su función de resultar, asimismo, una de las más sólidas garantías de la democracia moderna’… para…controlar la gestión gubernamental… el libre acceso a la información es un requisito necesario y determinante para el ejercicio de la democracia participativa.
En efecto resulta imprescindible el acceso al conocimiento de los actos de gobierno para luego ejercer los mecanismos de democracia semidirecta que la propia Constitución consagra en sus arts. 39 y 40.” (cfr. Marcela I. Basterra, “La publicidad en los actos de gobierno”, en la obra: “Constitución de la Nación Argentina” de Daniel A. Sabsay (director) y Pablo L. Manili (coordinador), Tomo I, Buenos Aires, Hammurabi, 2009, págs. 168/ 169).- No debemos perder de vista que el derecho en juego, en la presente causa, reviste un interés social de tal envergadura que exige una manifestación de éste Tribunal Superior de Justicia. Máxime cuando el derecho a la información pública como ha sido concebido en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, refiere a una obligación constante del Estado.
Se trata de un deber que éste debe cumplir periódicamente, brindando de la manera mas amplia y clara posible toda la información relacionada con la administración de los recursos de la Provincia. Deber que no se agota sólo en el cumplimiento de lo requerido en este litigio.-
VIII. Sobre la pretensa aplicación al presente de la doctrina sentada en el “caso Prades”, requerida por la accionada (conf. fs. 279), cabe apuntar que no se trata de un fallo emanado de este Tribunal; en efecto, así lo señala la propia demandada (conf. fs. 209) donde menciona que se trata de una sentencia de primera instancia confirmada por la Cámara que data del 28/9/2004. Es así que la supuesta doctrina que pretende se aplique, bajo ningún punto de vista conforma la doctrina legal a la que hace referencia el artículo 3° inciso a) del libro I, título IV, cap. IV, sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- el cual autoriza dicho planteo cuando se haya violado la doctrina legal sentada por un tribunal colegiado de la provincia dentro de un lapso no mayor de cinco años- dado que, en este caso, ha transcurrido holgadamente dicho plazo. Menos aún ante la contundencia que sobre la materia emana de los actuales fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya referenciados. Ello conlleva, sin más, al rechazo del planteo bajo análisis.-
IX. En cuanto a la arbitrariedad denunciada por la recurrente, cabe puntualizar que la impugnante no demuestra que la sentencia recurrida sea arbitraria, es decir, aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 443).-
No se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad de sentencia alegada.-
A su vez, sobre la materia, la SCBA, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’” (cfr. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (cfr. Interlocutorios Tomo III, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
En el sub lite, la recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia, que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, sin embargo, no demuestra, ni se aprecia, que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, éste se encuentra debidamente fundado y ajustado a la normativa y principios vigentes sobre la materia.-
En virtud de lo expuesto, deberá rechazarse el recurso de casación interpuesto, confirmándose el fallo recurrido, con la salvedad que deberá considerarse -con la documentación adjuntada a fs. 75/205- por respondida la solicitud de información relacionada con la ejecución presupuestaria del 2015 y del primer trimestre de 2016, con costas a la vencida.-
Es por todo lo expuesto que a esta Primera Cuestión voto por la negativa.-
El Dr. Daniel Mauricio Mariani, a la primera cuestión, por compartir sus fundamentos adhiere al voto del Dr. Peretti.-
A la PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Mercau dijo:
I. Me permito disentir con la decisión a la que arriban mis distinguidos colegas preopinantes, y en virtud de las razones que a continuación expondré, considero que la pretensión de los amparistas se ha tornado abstracta:
II. Que, tanto los hechos del caso, como los argumentos de las partes, y lo decidido por los jueces de las anteriores instancias han sido adecuadamente expuesto por mi distinguido colega preopinante, por lo que, a ellos me remito en honor a la brevedad.-
En efecto, observo que luego de que el juez de primera instancia hiciera lugar a la acción, el Estado Provincial -al momento de apelar dicha decisión- ajuntó la copiosa documental que obra agregada a fs. 75/130, y que fuera detallada en el “otro sí” de su recurso de apelación (conf. foja 215 y vta.). Los amparistas, ante esta presentación, manifestaron “…que la misma no se corresponde con la documentación solicitada por esta parte a través de la acción de amparo instaurada…” (cfr. foja 225). Puntualmente sostuvieron que el presupuesto ejecutado se encontraba incompleto, que la documentación acompañada no era legible, y que faltaba “…en el ejecutado presentado la información que justifique los montos que surgen del mismo; como asimismo se observa que no se acompañó informe de Tesorería, de Contaduría y la Información extrapresupuestaria, que sustente y respalde la totalidad de la información que la demandada acompañó en autos” (cfr. foja cit.).- La Cámara, a su turno, se limitó a sostener en punto a ello que “Finalmente, quisiera señalar un hecho no menor y es que la sentencia de primera instancia tuvo principio de ejecución, toda vez que la demandada, al momento de apelar adjuntó parte de lo requerido en el fallo…” (cfr. fs. 256 y vta.). Pero no señaló por qué motivo la documental acompañada era tan solo una parte de lo requerido, ni mucho menos se advierte un estudio profundo de áquella, desentendiéndose de tal modo de una cuestión de capital importancia, puesto que debió haberse analizado con el mayor de los detalles si el Estado Provincial, mediante la presentación de la documental citada, cumplió con la pretensión formulada por los amparistas en su escrito de inicio, y con lo solicitado por el magistrado de la anterior instancia. Ello debe ser así, puesto que de darse tal supuesto la pretensión se torna abstracta y ya no existe posibilidad de que una decisión judicial tenga algún efecto práctico sobre los hechos del caso, por cuanto cualquier pronunciamiento resultaría teórico, al tiempo que impropio de la función judicial (conf. SCBA, causa: “Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M. c/ Provincia de Buenos Aires (O.C.E.B.A.) s/ Demanda contencioso administrativa” B. 66.638, del 4 de mayo de 2016).- Siendo ello así, corresponde que, previo a todo, analice con atención y detenimiento la documental obrante a fs. 75/130.-
En esa tarea, se observa que el Estado Provincial acompañó: 1.) Copia del presupuesto ejecutado 2015 (conf. fs. 75/130), y que tal pieza se encuentra compuesta por: 1.a.) El balance financiero de la Administración Central, Organismos Descentralizados, Cuentas Especiales y Seguridad Social, en el cual constan las erogaciones, las remesas, los recursos, el financiamiento neto y el resultado (conf. foja 76); 1.b.) Un detalle de recursos por rubro (conf. fs. 77/77 bis); (1.c.) Los recursos del Tesoro Provincial (conf. fs. 78/79); 1.d.) Los recursos de la Administración central (conf. foja 80); 1.e) Organismos descentralizados, cuentas especiales y de la Seguridad Social (conf. foja 81); 1.f.) Recursos de la seguridad social (conf. foja 82); 1.g) Un estado consolidado con las erogaciones de la administración central, organismos descentralizados, cuentas especiales, de la seguridad social, y planillas anexas con gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, trabajos públicos y bienes preexistentes (conf. fs. 83/92); 1.h.) Transferencias corrientes y de capital (conf. fs. 94/95); 1.i.) Inversión financiera (conf. foja 96); 1.j.) Servicios de deuda y disminución de otros pasivos (conf. foja 97); 1.k.) Erogaciones figurativas (conf. foja 98); 1.l.) Amortización de deuda (conf. foja 99); 1.m.) Planilla de erogaciones donde constan los gastos del Ministerio de Producción, de la Jefatura de Gabinete, del Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Gobernación, Poder Judicial, Consejo de la Magistratura, Tribunal de Cuentas, Ministerio de Gobierno, Policía Provincial, Ministerio de Economía y Obras Públicas y Consejo Agrario Provincial (conf. fs. 100/111); 1.n.) Obligaciones a cargo del tesoro (conf. foja 112); 1.ñ.) Planilla de erogaciones del Consejo Provincial de Educación, Ministerio Secretaría General de la Gobernación, Casa de Santa Cruz, Tribunal de Disciplina, Honorable Cámara de Diputados, Administración General de Vialidad Provincial, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Escribanía Mayor de Gobierno y del Instituto de Energía de Santa Cruz (conf. fs. 113/121); 1.o.) Planilla de erogaciones de fondos del Poder Judicial, de la Unidad Ejecutora Provincial, del Fondo Provincial de Pesca, UNEPOSC, UEPAOMPREE, Arancelamiento hospitalario, Programa de recuperación y estimulo artesanal, y UEPAHRSC (conf. fs. 122/129); 1.p.) Erogaciones de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz (conf. foja 130); 2.) Copia del presupuesto ejecutado a marzo de 2016 (conf. fs. 131/184) donde constan datos similares a los descriptos mas arriba, pero actualizados al primer trimestre de dicho año; 3.) Planilla donde se encuentran registradas las disponibilidades existentes en el Banco de Santa Cruz en el periodo comprendido entre septiembre de 2015 y marzo de 2016 (conf. foja 185); 4.) Otra planilla similar pero donde constan las disponibilidades existentes para el mismo período pero en el Banco de la Nación (conf. fs. 186); 5.) Dos planillas en las cuales se encuentran registrados los plazos fijos y las tenencias de títulos valores (conf. fs. 187/188); 6.) Un detalle con la amortización de los intereses a marzo de 2016 (conf. foja 189); 7.) El stock de la deuda de la Administración Pública a marzo de 2016 (conf. foja 190); 8.) Detalle con la amortización de intereses -base caja- al mes de marzo de 2016 (conf. foja 191); 9.) Stock de la deuda de la Administración Pública -devengado- a marzo de 2016 (conf. foja 192); 10.) Planillas con el devengado provisorio de la administración pública no financiera a marzo de 2016, donde surgen los ingresos corrientes y los gastos corrientes (conf. fs. 193/198); 11.) Planillas de la administración pública no financiera -base caja- a marzo de 2016 (conf. fs. 199/204); 12.) Planilla con la deuda flotante a abril de 2016.- Si tenemos en cuenta que el objeto de estas actuaciones consiste en que el Poder Ejecutivo provincial informe la totalidad de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y cualquier otro producto bancario que utilice el gobierno provincial, sus ministros, empresas del Estado, entes autárquicos y descentralizados, individualizados con el número de cuenta y/u operaciones, y en cada caso movimientos de las mismas desde el mes de septiembre de 2015 hasta la fecha en que se emita el informe, y que se haga entrega el presupuesto ejecutado 2015 (conf. fs. 20/20 vta.), estimo que con la documentación acompañada -y que fuera detallada en el párrafo anterior- se dio cumplimiento con la pretensión precedentemente reseñada, tornando abstracta la cuestión, tal y como lo dije al inicio.- Es que, allí constan no solo el presupuesto ejecutado del año 2015, sino también las cuentas bancarias de las que es titular el Estado Provincial, sus organismos descentralizados y sus entes autárquicos, junto con el saldo existente mes a mes desde septiembre de 2015 a marzo de 2016.
Nótense con especial atención las planillas con disponibilidades existentes en el Banco Provincia y en el Banco de la Nación, allí surgen los fondos de cada organismo estatal mes a mes, e incluso los plazos fijos y las cuentas corrientes en dólares estadounidenses (conf. fs. 185/186). También surgen de dicha presentación los plazos fijos que tiene el Estado Provincial, y las tenencias de títulos valores, individualizados con número, fecha de cobro y monto cobrado (conf. fs. 187/188). No puedo dejar de observar tampoco, que dichos informes se encuentran dentro del lapso temporal requerido por los propios actores, esto es, desde septiembre de 2015 hasta el momento en que se emita el informe, es decir a marzo de 2016.
Por último, advierto que también se adjuntó el presupuesto ejecutado del primer trimestre del año 2016, algo que si bien no había sido solicitado los amparistas, si lo hizo el magistrado de primera instancia al solicitar -en la parte resolutiva de su sentencia- que se “…haga entrega de datos de ejecución presupuestaria en los términos y con la actualización prevista en el art. 7 de la Ley 25.917 (ley provincial 3.676)” (cfr. foja 72 vta.).- No alcanzan a enervar lo dispuesto las manifestaciones que realizan los amparistas en su escrito de fs. 225 y vta.. En primer lugar, porque carecen a todas luces de sustentación objetiva, son de una amplitud tal que ni siquiera señalan por qué motivo la documental arrimada por el Estado Provincial “…no se corresponde con la documentación solicitada…”, algo que, por lo demás, como se vio en el párrafo anterior no es así, dado que el demandado cumplió con lo solicitado en el objeto del amparo y con lo ordenado por el juez de primera instancia; como así tampoco especifican por qué el presupuesto ejecutado se encontraría incompleto.
Tal amplitud en las afirmaciones carece de la seriedad y de la fundamentación necesarias. En segundo lugar, porque no identifican a cual de los dos presupuestos ejecutados se refieren y, además, porque la información que justifica los montos surge, casualmente, de la simple lectura de la documentación acompañada. Tampoco se constituye en óbice a lo resuelto, que no se haya acompañado “…informe de Tesorería, de Contaduría y la información extrapresupuestaria, que sustente y respalde la totalidad de la información que la demandada acompañó en autos” (cfr. fs. cit.), desde que tal pretensión escapa al objeto de estas actuaciones, cuestión que surge de la mera lectura del objeto del escrito de inicio (conf. fs. 20 y vta.), y tampoco fue ordenada por el Juez de primera instancia (conf. fs. 72 y vta.).
Si cada vez que el demandado cumple con el objeto de la demanda, el actor aduce que no se han satisfecho sus pretensiones al tiempo que agrega nuevas, y los magistrados, en vez de estudiar con detenimiento esta situación, se desentienden de ella prefiriendo componer -mediante el dictado de una sentencia- un conflicto que ya no existe, corremos el riesgo de convertir al proceso en un peligroso laberinto kafkiano. Por último, tampoco resulta atendible el cuestionamiento referido a la ilegibilidad de los datos presentados por el demandado, desde que con solo compulsar las fojas que, dicen no pueden ser leídas, surge lo contrario pues son perfectamente legibles.- Así entonces observo que, como dije al comienzo, la cuestión se ha tornado abstracta como consecuencia de la presentación de fs. 75/130.-
Recordemos al respecto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que sus fallos deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso (Fallos: 339:1701 y 1576, entre otros).-
En ese mismo orden de ideas, es pacífica y reiterada doctrina de este Tribunal Superior que en la acción de amparo debe estarse a la situación existente al momento en que se resuelve, de manera tal que si varió la situación fáctica habida al tiempo en que se promovió la acción, las cuestiones planteadas se vuelven abstractas (conf. Interlocutorios, Tomo XXIII, Reg. 2893, Folio 4578/4581; Tomo XXVII, Reg. 3243, Folio 5374/5375, entre otros). También ha señalado, en tal sentido, que “…durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir nuevos hechos que alteren la situación inicial, por lo cual el principio de economía procesal aconseja no vedar al juez la posibilidad de considerar tales hechos en oportunidad tanto de dictar sentencia, como en el estadio procesal en donde se hallen verificados tales supuestos, ya que, debe tenerse inexorablemente en cuenta la modificación operada cuando media el ius superveniens (evento sobrevenido durante la tramitación del pleito que modifica una situación de hecho o de derecho respecto de la existente al tiempo de la traba de la litis) (confr.
Palacio, Lino E. y otro, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1992, Tº II, pág. 112 y Tº IV, pág. 408/409). La misma postura ha seguido también este Alto Cuerpo en similares situaciones en las resoluciones inscriptas al Tomo V, Contencioso Administrativo, Reg. 370, Folio 889/890; ídem, Reg. 375, Folio 903/904; Tomo VI, Contencioso Administrativo, Reg. 455, Folio 1163/1165; Tomo XVI, Interlocutorio, Reg. 2095, Folio 3087/3088; Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2360, Folio 3494/3495; entre muchos otros)” (cfr. Sentencia, Tomo XV, Reg. 510, Folio 2857/2859). Y ha dicho, reiteradamente, que no corresponde pronunciarse en los recursos extraordinarios deducidos si las circunstancias sobrevinientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a conocimiento de este Alto Cuerpo (conf.
Sentencia, Tomo XIII, Reg. 448, Folio 2445/2446; Tomo XV, Reg. 510, Folio 2857/2859; Tomo XVI, Reg. 537, Folio 3027/3029). Por lo que así corresponde declararlo.- En cuanto a las costas, este Alto Cuerpo ya ha sostenido que comparte “…la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, ante supuestos como el que nos ocupa, ha señalado que al no existir en esta instancia una conclusión que configure un pronunciamiento declarativo sobre el derecho de los litigantes para, desde esta premisa, fundar la decisión sobre las costas con base en el principio objetivo de la derrota, dicha condenación debe distribuirse en el orden causado (confr. CSJN, Fallos: 329:1898)” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2893, Folio 4578/4581).-
La Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, a la primera cuestión, por compartir sus fundamentos se adhiere al voto de la Dra. Mercau.-
A la PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
I. Que, adhiero al voto de la Dra. Mercau por compartir sus fundamentos, consideraciones y conclusiones permitiéndome ampliar los mismos en el siguiente sentido:
Sin perjuicio que a la fecha la Provincia de Santa Cruz no ha adherido a la Ley N° 27.275 sobre Derecho de Acceso a la Información Pública tal como lo exige el artículo 36 de dicho cuerpo normativo, creo apropiado aclarar que toda decisión judicial que tenga por objeto dirimir conflictos que involucren el derecho a la información pública, debe partir, como ya se dijera, de considerar a este último como un derecho humano fundamental que poseen no sólo los accionantes, sino todo ciudadano. Así lo ha dejado expresamente establecido nuestro Máximo Tribunal de la Nación, por medio de sus fallos (“Asociación Derechos Civiles c. En – Pami (dto. 1172/03) s/ amparo Ley 16986” Fallos: 335:2393 (2012); “CIPPEC c. En – Mº Desarrollo Social (dto. 1172/03) s/ amparo Ley 16986” Fallos 337: 256 (2014); y “Giustiniani, Rubén Héctor c/Y.P.F. S.A. s/ amparo por mora” del 10/11/2015, Fallos 338:1258).- En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que ha sido la Ley Suprema quien ha conferido el derecho de dar y recibir información, el que se torna más evidente para con la divulgación de asuntos atinentes a la cosa pública o que posean trascendencia para el interés general (conf. Fallos: 316:1623).-
Bajo este principio rector, debo considerar que, oportunamente, los accionantes peticionaron por medio de la presente acción de amparo que se informe la totalidad de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y cualquier otro producto bancario que utilice el Gobierno Provincial, Ministerios, Empresas del Estado, Entes Autárquicos y descentralizados individualizados con número de cuenta y/u operación y en cada caso movimiento de las mismas desde el mes de septiembre de 2015 hasta la fecha en que se emita el informe como así también se haga entrega de copia del Presupuesto Ejecutado 2015 (conf. fs. 20 y vta.).-
II. Al respecto corresponde señalar que bajo el exiguo marco de conocimiento que permite la acción intentada es necesario abordar, a la luz de los argumentos exhibidos en el recurso en estudio, si el derecho de acceso a la información pública consagrado constitucionalmente y que poseen todos los ciudadanos se encuentra conculcado aún con la documental que adjuntara la demandada obrante a fs. 75/205. Es decir que corresponderá interrogar en qué consiste la documental acompañada y, en su caso, si podemos considerarla como una respuesta adecuada a la pretensión esgrimida por los amparistas.-
Así, a fs. 185/186 surge que la demandada enumeró los saldos de las disponibilidades, es decir las cuentas bancarias que utilizan cada una de las jurisdicciones de la administración central del poder ejecutivo provincial, organismos descentralizados, organismos autárquicos, sociedades del estado e incluso fondos en la cuenta de los municipios sujetos a distribución automática, desde septiembre de 2015 a marzo de 2016 y como se observa, conforme lo dispuesto en la materia, enumeró también los fondos derivados al fondo unificado con las cuentas oficiales a la vista y depósitos a plazo fijo de las jurisdicciones de la administración central, poder legislativo, tribunal de cuentas, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del estado o anónimas con participación estatal mayoritaria.- A fs. 186 in fine se informan las disponibilidades del Fondo Único de Cuentas Oficiales (en adelante UFUCO).
Cabe señalar a los efectos del análisis que dicho Fondo fue creado originariamente por la Ley Nº 1574 con su Decreto reglamentario Nº 933/95 y luego con fecha 5 de julio de 2012 se sanciona la Ley Nº 3280, sin reglamentación. Claramente en la ley se dispuso crear un fondo unificado con todas las cuentas oficiales a la vista y depósitos a plazo fijo de todas las jurisdicciones mencionadas y entes o empresas explicitadas en el artículo 1° de la mencionada ley.- Continuando con el análisis de la documental acompañada por la demandada, a fojas 187/188, se da detalle de los depósitos a plazo fijo efectuados, o de las Inversiones financieras en LEBACS (letras del Banco Central de la República Argentina), con sus respectivas fechas de vencimiento y eventual nuevos montos de renovación en un todo de acuerdo con la normativa vigente en la creación del UFUCO, por el artículo 3° de la Ley Nº 3280, donde el Ministerio de Economía y Obras Públicas y/ o la Secretaria de Hacienda, son los únicos Organismos de la Provincia autorizados para disponer depósitos a plazo fijo mediante la utilización de saldos del citado Fondo.
No debe dejar de resaltarse que por el artículo 2° se habilita al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía y Obras Públicas a través de la Secretaria de Hacienda a utilizar hasta el ciento por ciento (100%) del Fondo Unificado, para cubrir necesidades transitorias del Tesoro Provincial.- En materia de operaciones de crédito público, a fojas 189/192 presentó el stock de deuda, con apertura por tipo de Crédito, para los trimestres solicitados.-
A fojas 131/184 obra Ejecución Presupuestaria -Marzo 2016- sobre la base del régimen contable vigente en la Provincia -Ley Nº 760, sus modificatorias y reglamentaciones pertinentes-.
A fojas 193/204 obra el balance financiero de la administración pública no financiera a marzo de 2016 sobre la base devengado y base caja, dentro del marco de régimen contable de la Ley Nº 760 y sus modificatorias y las reglamentaciones en la materia. En los mismos, surge para el período la explicitación del movimiento financiero por los ingresos corrientes, (tributarios y no tributarios), los ingresos de capital, los gastos corrientes y los gastos de capital, por ende los ingresos totales y los gastos totales, determinando el resultado financiero en el item XIII (conf. foja 197), para luego exponer las fuentes financieras y las aplicaciones financieras del período.-
Cabe la misma mención respecto del balance financiero del período en base caja que culmina a foja 204 de autos.-
A fojas 205 se informa, al 25 de abril de 2016, la deuda flotante con detalle de las jurisdicciones de acuerdo al sistema contable vigente en la Provincia de Santa Cruz, Ley Nº 760, sus modificatorias y reglamentaciones.-
Esta es, en definitiva, la documental que acompañó la demandada y con la cual considero que quedaría satisfecha la pretensión que las amparistas expresaron en el objeto de la acción (conf. fs. 20 y vta.). Pero, además, no se debe olvidar que el magistrado de primera instancia ordenó al Estado Provincial que debía presentar no solo la información solicitada por aquéllas, sino también hacer “…entrega de datos de ejecución presupuestaria en los términos y con la actualización prevista en el art. 7 de la Ley 25.917 (ley provincial 3.676)” (cfr. fs. 72 y vta.).-
Cabe señalar que la Ley Nº 760 es la ley vigente que rige el régimen contable y la misma establece disposiciones sobre: Del Presupuesto General (capítulo I), de la Ejecución del Presupuesto (capítulo II), del Registro de las Operaciones (capitulo III), de la Cuenta General del Ejercicio (capítulo IV), de la Gestión de los Bienes de la Provincia (capítulo V), del Servicio del Tesoro (capítulo VI), del Servicio de Contabilidad (capítulo VII), de los Sujetos a Responsabilidad (capítulo VIII), y Disposiciones Generales, (capítulo IX); sólo en los casos previstos en el artículo 8° de la mencionada ley, el Poder Ejecutivo podrá autorizar gastos con la obligación de dar cuenta en el mismo acto a la Legislatura.- Merece detenerse en la interpretación de la normativa señalada precedentemente por cuanto un análisis adecuado de la documental acompañada, particularmente en lo que refiere a los movimientos de cada una de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y cualquier otro producto bancario que use el gobierno provincial, ministerios, empresas del estado, entes autárquicos y descentralizados, individualizados con número de cuenta y/u operación, conduce a destacar que la documentación respaldatoria de áquellos (por cierto voluminosa) debe ser presentada en oportunidad del examen de la rendición de cuentas con motivo de la función que le es específica al Tribunal de Cuentas de la Provincia conforme lo establecido por el artículo 123 de la carta magna provincial.- Por otra parte a los fines del Estado financiero de la provincia, se advierte en la documental analizada Balance Financiero a las fechas indicadas así como los Saldos bancarios de la Cuenta UFUCO, donde el resto de las cuentas de todos los sujetos alcanzados por las normas de Creación del UFUCO, son subsidiarias de ese Fondo UNIFICADO.-
No debo dejar de resaltar que en oportunidad de la Rendición de Cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia está la obligación de acompañar toda la documentación respaldatoria (extractos bancarios de UFUCO, de las cuentas subsidiarias, órdenes de pago, libramientos, expedientes de licitaciones, etc.) conforme las disposiciones que rigen a tal fin los instructivos y circulares del Tribunal de Cuentas, todo en el marco del Régimen de la Ley Nº 760, modificatorias y normas complementarias.-
Habiendo señalado la Ley Nº 760, merece analizarse ahora adecuadamente -tal y como lo afirmé unos párrafos mas arriba- el cumplimiento que le corresponde a la demandada Estado Provincial en materia de la Ley Nacional Nº 25917, que determina el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. En dicho entendimiento cabe resaltar que la Provincia de Santa Cruz adhirió a la referida normativa nacional por medio de la Ley Nº 2733 y no como erróneamente se ha consignado en el fallo de primera instancia mediante la Ley Nº 3676 (conf. foja 69), que a la fecha resulta inexistente. Aunque en todo orden, interpreto que se ha querido consignar el decreto que ha promulgado la Ley Nº 2733 que sí lleva el número 3676/04 de conformidad a la publicación del Boletín Oficial respectivo.
Debe destacarse asimismo que con posterioridad se ha dictado la Ley Provincial Nº 3111 que adhiere a la Ley Nº 26530 que modifica a la Ley Nº 25917.- En lo que al análisis compete, necesariamente se debe señalar lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Nº 25917 el que específicamente expresa, “Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional publicarán en su página web el Presupuesto Anual -una vez aprobado, o en su defecto, el Presupuesto Prorrogado, hasta tanto se apruebe aquél- y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego de presentadas a las legislaturas correspondientes. Con un rezago de un (1) trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del stock de la deuda pública, incluida la flotante como así también los programas bilaterales de financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres (3) últimos casos el tipo de acreedor.
A tales efectos se utilizarán criterios metodológicos compatibles con los establecidos en la ley nº 24.156…”.- Como surge de la norma transcripta, ella nos remite a la Ley Nº 24156 que es la ley Nacional de Administración Financiera. Esta ley establece un nuevo Régimen de Administración Financiera y los sistemas de control del sector público nacional. Del artículo 8 de la referida ley surgen los sujetos obligados al nuevo régimen y como se desprende de dicha norma ella no alcanza a las jurisdicciones provinciales por lo que considero que éstas deben adherir por medio de legislación pertinente adecuando los regimenes de administración financiera como los sistemas de control. A los fines de un adecuado análisis, resulta necesario detenerse en ello, pues debe tenerse en consideración que las disposiciones por más adhesión que tuvieren (en el caso Ley 25917) deben ser cumplidas en el campo de la legislación en materia contable y presupuestaria que rijan en cada una de las jurisdicciones adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Atento ello, no puedo dejar de valorar que en la Provincia de Santa Cruz a la fecha se encuentra plenamente vigente la Ley Nº 760 y no la Ley de Administración Financiera Nº 24156. Esta última estableció, en su momento, un nuevo Régimen de Administración Financiera y los sistemas de control del sector público nacional. El eje del nuevo sistema se explicita cuando crea en su artículo 5° cuatro sistemas: Sistema Presupuestario, Sistema de Crédito Público, Sistema de Tesorería y Sistema de Contabilidad. De ello puede verse como cambian los sistemas de acuerdo a los capítulos contemplados en la Ley Nº 760 de la Provincia pero fundamentalmente debe tenerse en cuenta que una de las diferencias más marcadas, son las disposiciones contenidas, por ejemplo, en los artículos 21° o 31°, de la Ley Nº 24156 y en consecuencia la forma, oportunidad o momento de ejecución del gasto y del recurso, los criterios metodológicos (art. 7) se encuentran en contraposición a lo dispuesto por nuestra ley Nº 760.
Así sólo a modo de simple conclusión se puede determinar que mientras en la contabilidad de la Ley Nº 24156 y la ejecución presupuestaria prima el concepto de lo devengado, en nuestra Ley Nº 760 la contabilidad se sustenta más en el concepto de lo percibido y en los gastos los momentos, criterios de imputación definitiva a los efectos de la ejecución del gasto, son distintos a los de la Ley Nº 24156 según la naturaleza o tipo de gasto.- No constituye materia del presente ahondar en las diferencias completas entre ambas leyes aunque de lo expuesto cabe concluir que la provincia de Santa Cruz debe presentar la información en el ámbito de la ley de responsabilidad federal fiscal Ley Nº 25917, pero en el marco de sus leyes específicas en materia de contabilidad y presupuesto.-
De allí que analizando la Ley Nº 760 entiendo que la presentación de la ejecución presupuestaria solicitada por el magistrado de primera instancia se encuentra dentro de los preceptos estipulados en dicha ley. Desde otro punto de vista y en orden a la publicación de los presupuestos así como de la ejecución presupuestaria analizo que los mismos encuadran en su cumplimiento como que se encuentran publicados en el sitio oficial www.santacruz.gov.ar.-
Siendo ello así, considero que con la documentación agregada a fs. 75/205 la demandada ha dado un adecuado cumplimiento con lo ordenado a fs. 72 y vta., y no se logra precisar documental faltante tal como para determinar con meridiana claridad la existencia de controversia actual o afectación del derecho humano de acceso a la información pública ello a tenor de lo expuesto en sus fallos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que reiteradamente tiene dicho que “se expide sobre la plataforma fáctica existente al momento de resolver” (cf. Fallos: 269:31; 308:1087; 316:1824; 317:704; y 330:642) y que “no corresponde pronunciamiento alguno cuando las circunstancias sobrevinientes han quitado virtualidad a la cuestión propuesta tornando carente de utilidad la resolución pendiente (Fallos 267:499; 285:353 y 328:339). Por lo expuesto, corresponde declarar abstracto el planteo efectuado por los amparistas a fs. 20/33 vta.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Peretti dijo:
Que en razón de mi voto negativo a la Primera Cuestión, propongo al Tribunal dicte sentencia rechazando el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 273/281 vta., y en consecuencia, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 236/257 vta., con la salvedad que deberá considerarse -con la documentación adjuntada a fs. 75/205- por respondida la solicitud de información relacionada con la ejecución presupuestaria del 2015 y del primer trimestre de 2016 con costas.-
El Dr. Daniel Mauricio Mariani se adhiere, por los mismos fundamentos, al pronunciamiento propuesto por el Dr. Peretti.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Mercau dijo:
Teniendo presente la forma en que me he pronunciado al tratar la Primera Cuestión, soy de opinión que el Tribunal debe declarar abstracta la cuestión objeto del recurso de casación planteado por la demandada a fs. 273/281 vta., imponiendo las costas por su orden.-
El Dr. Domingo Norberto Fernández y la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, por los mismos fundamentos, se adhieren al pronuncia-miento propuesto por la Dra. Mercau.-
En virtud de lo cual se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 9 de junio de 2017.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, el voto mayoritario y concordante de la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Angeles Mercau, el Sr. Vocal Subrogante Dr. Domingo Norberto Fernández y la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y el voto en disidencia de los Sres. Vocales Dr. Enrique Osvaldo Peretti y el Dr. Daniel Mauricio Mariani y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal, Dr. Domingo Norberto Fernández –Vocal Subrogante.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1006S.171 Tomo: XVIII Interlocutorio: 610.-
3lio N°: 3498/3509.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia