Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.225-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución (DE PRLA) n° 1681/16, recaída en el expediente SIGEA n° 12210-6172-2010, en cuanto condena a la firma RHEEM S.A. al pago de una multa por comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., por el importe de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 29.696,70), con costas conforme sus respectivos vencimientos en relación a la importadora y el Fisco.
2Revocar el art. 3 de la Resolución, conforme a lo señalado en el Considerando IX, con costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-28165138-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 18 de Marzo de 2026 ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados: “RHEEM S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 37.225-A, al que se encuentra acumulado el que lleva número 37.323-A, caratulado “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 8/14 vta., se presenta por apoderado RHEEM S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) n° 1681/16, recaída en el SIGEA n° 12210-6172-2010, en cuanto impone una multa de $ 77.424,42, además de la suma de U$S 16.868,07 y $ 29.606,34 en concepto de tributos, por la presunta infracción al art. 970 del CA por el incumplimiento del régimen de importación temporaria con relación al DIT n° 05 073 IT14 003305 H. En primer término, realiza un breve relato de los hechos que dieron lugar al dictado de la resolución apelada. Expresa que se corrió vista del sumario administrativo pasados más de 10 años desde cometida la infracción. Sostiene que era imprescindible y fundamental que la Aduana ordene el libramiento de la prueba ofrecida a la Dirección de Promoción de Exportaciones de la Secretaria de Comercio y no lo hizo. Agrega que producto de la inminente prescripción no se hizo lugar a la prueba ofrecida. Explica que la carencia de CTC conllevó a que se lo condene, pese a que él había solicitado el oficio mencionado. Considera que se ha violado flagrantemente el procedimiento y la etapa probatoria, incluso su derecho de defensa toda vez que se le ha negado la producción de una prueba esencial. Refiere a que este ilegítimo accionar deriva en una nulidad absoluta. Plantea la nulidad del procedimiento y de la resolución apelada por las razones mencionadas. Realiza consideraciones respecto al plazo razonable. Manifiesta que la mercadería en cuestión ha sido reexportada en su totalidad, en tiempo y forma, mediante los permisos de embarque aportados, los cuales no han sido objetados por el servicio aduanero. Subsidiariamente, solicita se reduzca la multa impuesta en los términos del art. 916 C.A. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en autos.
A fs. 28/35, se presenta la ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. por apoderado e interpone recurso de apelación contra la referida resolución. Sostiene que sin perjuicio de que no se hubiere presentado el CTC podía calcularse la cantidad de unidades exportadas y descargadas. Manifiesta que la tramitación sumarial presenta falencias sumariales de gravedad. Plantea la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos por el tiempo transcurrido desde el vencimiento del DIT hasta la corrida de vista. Además entiende que ha operado la prescripción del IVA y del Impuesto a las Ganancias. Expresa la inconstitucionalidad de cualquier interpretación que se hiciere de las normas citadas que permitiera admitirse que el instituto de la prescripción se vea totalmente desvirtuado al convalidarse la duración indefinida del sumario aduanero. Manifiesta que existen rubros no alcanzados por la cobertura como el Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Hace referencia a la percepción incorrecta del Impuesto a las Ganancias. Sostiene la improcedencia del reclamo en dólares de los tributos. Refiere a que la tasa de interés contemplada en el art. 974 del C.A. no es la misma sobre un capital en pesos que en dólares estadounidenses. Manifiesta la incompetencia de la DGA para expedirse sobre las percepciones y el IVA. Subsidiariamente, se refiere a que su responsabilidad se encuentra sujeta al límite de la póliza. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en autos.
II. A fs. 50/53 vta., se presenta el Fisco y contesta el traslado oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y derecho esgrimidas por las co-actoras que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y contesta los agravios de las recurrentes. Hace referencia a los arts. 250, 251, 257, 265 y 271 del C.A. Realiza consideraciones respecto al art. 970 del C.A. Manifiesta que resulta imposible obtener la nulidad de la instrucción de sumario y que la misma ha provocado los efectos interruptivos y suspensivos de la prescripción. Sostiene que las co-actoras ni siquiera pudieron probar los fundamentos que respaldan. Explica que al no haberse reexportado la mercadería importada temporalmente se produjo una presunción legal, la de importación definitiva de la misma, naciendo así el pago de los tributos correspondientes entre los que se encuentra el IVA, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Ofrece prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el decisorio apelado, con costas.
III. A fs. 38, se resuelve acumular el expte. n° 37.323-A al presente. A fs. 54, se abre la causa a prueba (producida a fs. 64/80 y 89/121). A fs. 124, se declara clausurado el período de prueba. A fs. 146, se ponen los autos para alegar. A fs. 155/156, alega la demandada y, a fs. 157/158, la firma RHEEM S.A. A fs. 160, los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA n° 12210-6172-2010 se inician, a fs. 1, con el Acta de Denuncia n° 267/10. A fs. 4, obra el sobre contenedor de la destinación n° 05 073 IT14 003305 H. A fs. 5, obra la Nota n° 2730/10 de la Sección Procedimientos Técnicos. A fs. 11, se dispone la apertura de sumario. A fs. 15, obra la póliza n° 876374. A fs. 18, luce la liquidación de multa y tributos. A fs. 22/22 vta., se corre vista de todo lo actuado a la firma RHEEM S.A. y a la ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. A fs. 23 y 24, se notifica a las partes (21/10/15 y 30/10/15). A fs. 25/29 vta. y 33/36, contestan vista la aseguradora y la firma importadora. A fs. 46, obra la Nota n° 1979/16 de la Sección Procedimientos Técnicos. Finalmente, a fs. 48/49 vta., se dicta la Resolución (DE PRLA) n° 1681/16, apelada en autos.
V. En primer lugar, las co-actoras solicitan se declare la nulidad del procedimiento y de la resolución apelada por considerar que se ha afectado al debido proceso y a la defensa en juicio de sus derechos. Al respecto, cabe señalar que la resolución apelada funda su proceder en el incumplimiento del régimen de importación temporal de la destinación de trato, de la cual deriva la imposición de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A.
Sin perjuicio, de que las apelantes compartan o no los criterios vertidos por la Aduana en cuanto a la infracción que se le endilga, tal hecho no ocasiona por si mismo un agravio concreto que permita considerar que no se ajusta a derecho, la discrepancia de la recurrente con la decisión adoptada, resulta ser ajena al instrumento procesal que aquí pretende hacer valer.
En tal sentido, se advierte que se dio cumplimiento a todos los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), dando vista a la imputada y citando a la aseguradora a fin de que aporten la documentación que creyeran idónea (art. 1101 del C.A.). Por lo tanto, considero que no se constata en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad de la firma importadora, en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimen convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Atento a ello, corresponde rechazar el pedido de nulidad efectuado.
VI. Seguidamente, corresponde expedirse sobre el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos opuestos por las co-recurrentes.
En lo que se refiere a la imposición de la pena de multa, los artículos 934 y 935 del C.A. determinan que “la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años”, plazo que “comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción...”.
Respecto de la acción para percibir tributos, el artículo 803 de la referida normativa también establece un plazo de cinco años que, al igual que lo dispuesto en el artículo 935, comienza a correr a partir del día primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado, conforme los términos del artículo 804, primera parte, de la Ley 22.415.
En el presente caso, por aplicación de las normas citadas resulta que el plazo de prescripción de la acción del Fisco para imponer multa y percibir tributos comenzó a correr a partir del 1/1/07, toda vez que la destinación n° 05 073 IT14 003305 H tuvo vencimiento en fecha 12/12/06, operando dicha prescripción el día 31/12/11.
A diferencia de lo que pretende la actora, el auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo, de fecha 3/6/11, obrante a fs. 11 de las actuaciones administrativas, interrumpió el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas -art. 937, inc. a), del C.A.-, y suspendió el curso de la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos -art. 805, inc. a), del C.A., “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.
También corresponde añadir que, reanudado el plazo de cinco años para la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, el mismo volvió a ser interrumpido por el dictado de la resolución condenatoria n° 1681/16, de fecha 13/04/16, en los términos del art. 937, inc. d), del C.A. Que teniendo en cuenta los plazos precedentemente mencionados, surge que no se ha producido la pretendida prescripción de la acción del Fisco para imponer multas y para percibir tributos, por lo que debe desestimarse el planteo de las co-recurrentes en tal sentido.
VII. Que ahora debe resolverse en autos sobre la procedencia de los tributos y multa reclamados a la firma RHEEM S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. y, el reclamo de tributos efectuado a la compañía ASEGURDORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. en su carácter de garante de la importación temporaria.
De las actuaciones administrativas surge que del DIT n° 05 073 IT14 003305 H la firma recurrente documentó la importación temporaria, en los términos del Decreto n° 1439/96, de la mercadería descripta como “-Los demás –Termostatos INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL AUTOMÁTICOS.”, que ubicó en la P.A. 9032.10.90.000E, por una cantidad total de 1.500 unidades, con un valor FOB de 36.000 dólares estadounidenses.
Que al no existir constancia de que se haya dado cumplimiento a la obligación de reexportación de los insumos importados temporariamente dentro del plazo acordado para su permanencia -plazo que venció el 12/12/06-, el servicio aduanero dispuso la instrucción del sumario contencioso por presunta infracción de la firma importadora al art. 970 del CA, citando en garantía a la compañía aseguradora por los tributos que gravaban su importación para consumo.
Al contestar la corrida de vista en sede aduanera, la importadora y la aseguradora informaron que se había cumplido con la reexportación total del DIT, a través de los P.E. n° 05 083 EC03 001117 H, 6 E y la destinación n° 06 073 IC81 000726 W.
No obstante, el servicio aduanero mediante la Nota n° 1979/16, ratificó la denuncia formulada por no haberse aportado el CTC correspondiente que acreditara la relación insumo producto de la mercadería exportada.
Por consiguiente, se dictó la resolución que aquí se apela, condenando a la importadora al pago de una multa y formulando cargo por los tributos adeudados, respecto de la operación de importación involucrada, los que, asimismo, son reclamados a la aseguradora, en su carácter de garante de la obligación tributaria.
VIII. Ante todo corresponde señalar que, tratándose de un supuesto de importación temporaria, es indudable (tal como está establecido por pacífica jurisprudencia) que es al importador de la mercadería a quien le incumbe la carga de la prueba de haber cumplido la obligación de reexportar la mercadería en término.
Cabe recordar que el mecanismo idóneo para acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas es mediante la “descarga” de la DIT -eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida- con su mención y la de la respectiva cantidad de insumo, en el o los permisos de embarque por los que se documentara la exportación para consumo del producto elaborado con dicho insumo; o mediante los despachos de importación para consumo de la mercadería importada, sin perjuicio de las facultades de control aduanero sobre lo declarado en tal sentido.
Asimismo, resulta indispensable la presentación del Certificado de Tipificación y Clasificación, por cuanto sin él no se puede determinar la relación insumo/producto entre la mercadería importada temporariamente y la exportada bajo una nueva forma, como también las mermas, sobrantes y pérdidas resultantes del proceso de transformación.
IX. Que, se observa que por los P.E. n° 05 083 EC03 001117 H y 6 E, de fecha 28/12/05 y 5/01/06, se documentó la exportación a consumo con transformación de 632 unidades de mercadería correspondiente al DIT, afectándose a dicho proceso productivo la Solicitud de CTC n° S01:0054630/04.
En cuanto a este último instrumento, ha de señalarse que la Secretaria de Comercio -mediante la contestación de oficio librada a ese fin- informó en relación a ello que “la Solicitud N° S01:0054630/04, no obra agregada constancia de emisión de CTC”. No obstante, acompañó a fs. 74/75 de autos, la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos de la mercadería en cuestión. En tal sentido, ante la falta de emisión del CTC dentro del plazo de 90 días contados a partir de la presentación de la correspondiente solicitud, en los términos del art. 9 de la Resolución nº 72/92, dicha declaración jurada debe darse por válida, teniendo carácter definitivo a los efectos del régimen de importación temporaria.
Cabe recordar a los efectos normativos que resulta aplicable al caso, la Resolución n° 197/07 la cual establece que los CTC o DD.JJ. emitidos al amparo de la Resolución nº 72/92 y sus modificatorias, que tengan carácter definitivo, mantendrán su vigencia hasta el 31/12/08, razón por la cual se encontraba vigente la resolución precitada al momento de la oficialización de la destinación de marras. Por otro lado, la recurrente a través de la destinación n° 06 073 IC81 000726 W, de fecha 11/12/06, importó a consumo la cantidad de 868 unidades de la mercadería importada temporalmente mediante el DIT. Nótese que tal accionar fue realizado un día antes del vencimiento de la destinación, sin previamente haber obtenido autorización del servicio aduanero para tal proceder -en los términos del art. 271 del C.A.-, no respetando la finalidad perseguida por el régimen especial que amparó el ingreso temporal de la mercadería.
Al respecto es preciso indicar que la inexistencia de constancias que acrediten la reexportación en término de la mercadería ingresada temporariamente configura, el ilícito previsto y penado por el art. 970 del C.A., por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el art. 972 ap. 2 del C.A., se considera que el incumplimiento de la obligación de reexportar o de reimportar la mercadería dentro del plazo acordado afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen.
Se destaca así, que no se trata de una interpretación normativa del servicio aduanero, sino que el requisito de reexportación en término está expresamente previsto en la norma, y ello así, por cuanto, el legislador al regular el instituto de la importación temporaria expresamente consideró que se trataba de un régimen excepcional en el que la mercadería quedaba sometida desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla con anterioridad al vencimiento del plazo acordado (art. 250 del C.A.). Por ende, en virtud de lo expuesto, cabe afirmar que la firma importadora es responsable de la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., respecto de la cantidad de 863 unidades respecto de la destinación n° 05 073 IT14 003305 H, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas al acogerse, voluntariamente, al régimen excepcional de importación temporaria.
Sin embargo, en los que refiere a los tributos exigidos, atento a la cantidad de mercadería importada a consumo y teniendo en consideración la mercadería reexportada, totalizando 1.500 unidades, corresponde revocar el art. 3° de la resolución apelada, toda vez que una posición contraria implicaría consagrar una situación de enriquecimiento sin causa.
X. Conforme a lo precedentemente resuelto en el Considerando precedente del presente decisorio, se procede a practicar la siguiente liquidación de la multa:
Valor en Aduana de la mercadería: $ 68.449,01 Derechos de importación (18%): $ 12.320,82 Tasa de estadística (0,5%): $ 342,25 Base imponible I.V.A: $ 81.112,06 I.V.A (21%): $ 17.033,63 Total de multa adeudada: $ 29.696,70 Por ello corresponde declarar que, en estos autos, el importe adeudado en concepto de multa asciende a la suma de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 29.696,70).
XI. En cuanto al quantum de la multa, calculada en una vez y media (1 y 1/2) el monto de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción, sobre la base de la constancia obrante a fs. 47 de las actuaciones administrativas, resulta insuficiente a los fines de considerarse antecedente infraccional firme por parte de la firma importadora, toda vez que no es posible precisar -de la consulta del registro de infractores- si tal antecedente efectivamente cuentan con una resolución definitiva firme. En relación con ello, debe señalarse que la impresión de pantalla del “Registro de Infractores” donde aparece únicamente el nombre de la empresa y la leyenda “firme”, no puede contemplarse como un antecedente válido en aras de calificar a la actora como reincidente, puesto que para tal condición se requiere de la incorporación de documentos o instrumentos que permitan aseverar los hechos alegados oportunamente.
El art. 927 del C.A., contempla el supuesto de aquel que habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero, cometiese una nueva infracción aduanera, calificándolo como “reincidente”.
En virtud de ello, puede afirmarse que no se ha acreditado la reincidencia de la actora, dado que los supuestos antecedentes mencionados por la Aduana no pueden calificarse como antecedentes computables en los términos de los arts. 927 del C.A. Así las cosas, en ejercicio de las facultades previstas en los arts. 915 y 916 del C.A, resulta procedente reducir la multa impuesta a una sola vez el importe de los tributos.
XII. Que, por la forma en que se resuelve, no corresponde analizar los demás agravios de las co-actoras. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución (DE PRLA) n° 1681/16, recaída en el expediente SIGEA n° 12210-6172-2010, en cuanto condena a la firma RHEEM S.A. al pago de una multa por comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., por el importe de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 29.696,70), con costas conforme sus respectivos vencimientos en relación a la importadora y el Fisco.
2. Revocar el art. 3 de la Resolución, conforme a lo señalado en el Considerando IX, con costas a la demandada.
Así lo voto.-
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial a lo decidido en materia prescriptiva, habida cuenta las fechas del auto de instrucción del Sumario (3/6/2011), de la Resolución apelada (13/4/2016) y las de los días en los cuales las partes co-recurrentes se han notificado de la misma (29/7/2016 y 7/9/2016); como así también a lo resuelto en los Ptos. 1.- y 2.- del voto que antecede. ASÍ LO VOTO.-
II. Que, por lo demás, en relación a los agravios planteados respecto a la aplicación del “plazo razonable”, deviene necesario aclarar que no corresponde aplicar en la especie dicha doctrina de tramitación de procesos aduaneros, en tanto la recurrente es una empresa comercial y no una persona física. En efecto, si bien esta Sala “F” in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS” (Expte. Nro. 30.630-A) de fecha 6/3/2015 y “ZURICH ARGENTINA CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, resolvió declarar la inconvencionalidad -y, por ende, la inconstitucionalidad (en los términos del art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)- de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto la prescripción no podía quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub- lite, toda vez que con posterioridad -26 de febrero de 2016- a dichos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”.
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr.
19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “...no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención...” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “...efectos jurídicos innegables...” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americanasobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina –que si bien no es absoluta, atento como se resuelve la cuestión de fondo no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal Internacional.
ASÍ TAMBIÉN LO VOTO.-
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución (DE PRLA) n° 1681/16, recaída en el expediente SIGEA n° 12210-6172-2010, en cuanto condena a la firma RHEEM S.A. al pago de una multa por comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., por el importe de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 29.696,70), con costas conforme sus respectivos vencimientos en relación a la importadora y el Fisco.
2. Revocar el art. 3 de la Resolución, conforme a lo señalado en el Considerando IX, con costas a la demandada.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino (conf. art. 1162 del C.A.).
Date: 2026.03.16 17:23:37 ART Date: 2026.03.18 15:01:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.18 15:02:47 -03:00
Fin de la sentencia