Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33533-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la resolución de 113/116, con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2Modificar la regulación de honorarios de fs. 140/141 y fijar los de esta instancia del modo en que surge del considerando 8º.
3Imponer astreintes al Fisco Nacional del modo que surge del considerando 9º.
- SALA IV -
5069/2024 —RHEEM SA (TF 33533-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, agosto de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, esta actuación tiene origen en la resolución DE PRLA 2008/13, dictada en la actuación 12041-751-2004, que condenó a Rheem SA al pago de una multa de $36.294,69 por infracción al artículo 970 del Código Aduanero con relación a la destinación de importación temporaria 03 001 IT14 6467X, así como al pago de $55.930,23 en concepto de tributos (v. fs. 61/63, act. adm.).
2. Que, recurrido el acto por la importadora, a fs. 113/116, el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) Confirmó parcialmente la multa impuesta a la actora y fijó su importe en la suma de $11.208,18. Impuso las costas relativas a la sanción en un 30% a cargo de la actora y en un 70% a cargo del Fisco.
(ii) Confirmó parcialmente el reclamo tributario, salvo en lo que respecta al derecho adicional y las percepciones de tributos interiores, y declaró que la recurrente adeudaba la suma de $7.472,12 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, calculados desde el 21/5/09 hasta la fecha de efectivo pago. Con relación a esta cuestión, impuso las costas en un 13% a cargo de la actora y en un 87% a cargo del Fisco.
Para resolver como lo hizo, mencionó que la actora había importado temporariamente 2000 unidades de termostatos ubicados en la posición arancelaria 9032.10.90, al amparo del régimen del decreto 1439/96, y pretendido acreditar la descarga de los insumos importados mediante los permisos de embarque 03 001 EC03 31039B, 31047A, 31851D, 32527E, 33543D y 34072 B, así como con la copia de la solicitud de certificado de tipificación y clasificación (CTC) S01:0180072/03. Destacó que, si bien el régimen al amparo del cual había ingresado la mercadería exigía contar con el CTC definitvo, la solicitud acompañada era suficiente para tener por acreditada la relación insumo-producto en atención a lo previsto por el artículo 9º, tercer párrafo, de la resolución ME 72/92, aplicable conforme a lo dispuesto por el artículo 36 del decreto 1439/96. En este punto, consideró determinante el hecho de que a fs. 67 de este expediente se hubiera probado que la actora había interpuesto un pronto despacho tendiente a que se emitiera el certificado definitivo. En esas condiciones, el tribunal administrativo interpretó que la falta de expedición del CTC definitivo no podía reprocharse a la recurrente.
A continuación, evaluó la totalidad de los elementos de prueba reunidos en la causa, es decir, los permisos de embarque con sus respectivos cumplidos, imputación específica al DIT y alusión a la correspondiente solicitud de CTC; así como la coincidencia de datos y aptitud de esta última solicitud para relacionar los insumos importados y las cantidades efectivamente exportadas después del proceso de transformación. De ese modo concluyó que se había acreditado la descarga de 1374 unidades de mercadería. En cambio, sostuvo que existía un saldo de 626 termostatos en infracción, dado que los permisos de embarque que supuestamente los amparaban (31039B, 31047A y 34072B) no poseían hoja de descarga, y no permitían corroborar el cumplido ni la imputación específica al DIT.
Sobre tales bases, el TFN confirmó parcialmente la configuración de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero y el consiguiente hecho imponible del artículo 274.
En lo atinente a la liquidación tributaria, revocó parte de los rubros que había reclamado la Aduana con sustento en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, efectuó un nuevo cálculo de los importes correspondientes a derechos de importación, tasa de estadística e IVA para el saldo de 626 unidades sin reexportar. A esos efectos, convirtió a pesos el valor en aduana de la mercadería en infracción (USD 5.634) a razón de 2,974 –que fue el tipo de cambio que se había tomado en cuenta para practicar la liquidación y formular el cargo en sede aduanera (v. fs. 9, 12/13 y 62vta. act. adm.)–. Arribó así a la suma total adeudada de $7.472,12; sobre la base de la cual también re-liquidó el importe de la multa, respetando la graduación de 1,5 veces el importe de los tributos que había fijado la Aduana.
3. Que, disconforme con lo decidido, a fs. 126 interpuso apelación el Fisco Nacional, que se concedió a fs. 127, se fundó a fs. 128/136 y fue replicado a fs. 146/147. En primer término, se agravió de la valoración hecha de la prueba y la conclusión de que parte de los insumos importados habían sido regularizados. En concreto, cuestionó que se hubiese tomado en cuenta la solicitud CTC S01:0180072/03 para tener por acreditada la reexportación parcial la mercadería. Hizo hincapié en que el artículo 18 de la resolución 18/92 –reglamentaria del alcance de lo dispuesto por el artículo 9º de la resolución ME 72/92–, exigía intimar en tiempo y forma a la Secretaría para que emitiese el correspondiente certificado, ante de poder hacer valer la declaración jurada presentada por el interesado. Acto seguido, opuso lo siguiente: “el TFN en ningún momento acreditó que la compañía haya intimado a la Secretaría de Comercio a los efectos de que emita el CTC por lo que le concedió un beneficio sin el cumplimiento de requisitos legales” (fs. 129vta.).
Por otra parte, cuestionó que los tributos confirmados se hubieran reliquidado en pesos y con arreglo a un tipo de cambio histórico. Argumentó que tal proceder contrariaba lo previsto por el artículo 20 de la ley 23.905 y la interpretación que de esa - SALA IV - 5069/2024 —RHEEM SA (TF 33533-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO disposición había hecho la Corte en la causa V.312.XLV “Volkswagen Argentina SA (TF 22179-A) c/ DGA”, resuelta el 23 de agosto de 2011.
4. Que, a fs. 140/141, se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora; que fueron apelados por altos a fs. 151. A su vez, a fs. 154/155, el letrado Hernán Cancellieri apeló su regulación por considerarla baja.
Ambos recursos se concedieron a fs. 156.
5. Que, vale recordar que toda expresión de agravios debe consistir en una refutación nítida y puntual de los errores que se estima contiene la resolución, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho (arg. art. 265 del CPCCN, aplicable de acuerdo al art. 1182 del CA).
Además, la Corte ha resaltado que los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita; entre muchos otros).
Desde esta perspectiva es evidente que el primer agravio del Fisco no puede prosperar, porque no se hizo cargo del pronto despacho que la actora había presentado el 28/6/05; cuya copia obra a fs. 67 de este expediente y fue adecuadamente valorada por el Tribunal Fiscal de la Nación.
Teniendo en cuenta ese elemento de prueba y el vacío legal producido por el hecho de que el decreto 1439/96 no previó el supuesto específico de falta de emisión del CTC definitivo, el TFN pudo interpretar –como lo hizo– que la cuestión debía resolverse en los términos de la derogada resolución ME 72/92 y su reglamentación (esp. art. 18, res. SIC 18/92, invocado por el recurrente). Así lo entendió esta Sala, entre otras, en la causa 23633/16 “SKF Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo”, sentencia del 16/6/16. De acuerdo con lo expuesto, no se aprecian motivos para apartarse de la decisión que tuvo por regularizada parte de la mercadería importada al amparo de la destinación 03 001 IT14 6467X.
6. Que tampoco puede prosperar el restante agravio del recurrente, vinculado con la aplicación que debió hacerse del artículo 20 de la ley 23.905 al momento de reliquidar los tributos adeudados por la actora.
Aunque esta Sala reivindicó en numerosas oportunidades la plena vigencia del artículo 20 de la ley 23.905, de conformidad con lo resuelto por la Corte en el citado precedente “Volkswagen Argentina SA (TF 22179-A) c/ DGA” (cfr. causas 37248/19 “Ultramar Argentina SA (TF 32198-A) c/ DGA”, sent. del 8/10/19, y 43695/23 “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 34198-A) c/ DGA”, sent. del 5/12/23; entre otras), en el caso no puede obviarse que fue el propio Fisco Nacional quien renunció a su aplicación al expresar la deuda tributaria en pesos con arreglo al tipo de cambio vigente al momento de practicar liquidación en sede aduanera, y sin efectuar reserva alguna. Así lo hizo, tanto al correr vista del sumario como en el artículo 3º de la resolución DE PRLA 2008/13 (v. fs. 13 y 62vta., act. adm.). De allí que la cuestión no haya formado parte de las materias en litigio, tal como lo ilustra el formulario F.4 –donde los importes cuestionados se expresaron en pesos (v. fs. 1 de autos)–, y la constestación del recurso –donde el propio demandado reprodujo que la actora había sido condenada al pago de $55.930,23 en concepto de tributos, sin manifestar oposición (fs. 40)–.
Corresponde, entonces, declarar improcedente la introducción del planteo en esta instancia, por ser ello contrario a los propios actos del demandado e infringir el deber de buena fe procesal (arg. art. 34, ap. 5º, inc. d, del CPCCN), así como el principio de preclusión (arg. arts. 1145 y 1146 del CA).
Resta aclarar que este Tribunal tampoco tiene facultades para expedirse sobre materias que no han sido propuestas en la anterior instancia (cfr. art. 277 del CPCCN, aplicable en virtud del art. 1182 del CA, y esta Sala causa 51372/22 “Bunge Argentina SA TF 36695-A c/ DGA”, sent. del 13/12/22).
7. Que, por todo lo expuesto, se rechaza la apelación del Fisco y se confirma la decisión de fs. 113/116, con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
8. Que corresponde ahora examinar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios de fs. 140/141.
-En lo que respecta a la multa:
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto en discusión, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por Hernán Cancellieri, en el doble carácter de patrocinante y apoderado de la actora, corresponde REDUCIR los honorarios que le fueron regulados por su actuación en las dos primeras etapas del proceso a la suma de $5.600 (arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432). Asimismo, corresponde REDUCIR los honorarios que le fueron regulados por la tercera etapa a la suma de $ 17.104,8 –equivalentes a 0,3 UMAS– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 1772/24).
Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto en discusión, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por Horacio Félix Alais, en carácter de patrocinante de la actora durante la primera etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los emolumentos fijados a su favor a la suma de $1.210 (arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
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5069/2024 —RHEEM SA (TF 33533-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Las sumas que anteceden se encuentran en un 70% a cargo del Fisco y en un 30% a cargo de la actora, de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Fiscal de la Nación.
-En lo que respecta a los tributos:
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto en discusión, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por Hernán Cancellieri, en el doble carácter de patrocinante y apoderado de la actora, corresponde REDUCIR los honorarios que le fueron regulados por su actuación en las dos primeras etapas del proceso a la suma de $8.600 (arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432). Asimismo, corresponde ELEVAR los honorarios que le fueron regulados por la tercera etapa a la suma de $105.479,6 –equivalentes a 1,85 UMAS– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 1772/24).
Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto en discusión, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por Horacio Félix Alais, en carácter de patrocinante de la actora durante la primera etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los emolumentos fijados a su favor a la suma de $1.865 (arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Las sumas que anteceden se encuentran en un 87% a cargo del Fisco y en un 13% a cargo de la actora, de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Fiscal de la Nación.
Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios de Hernán Cancellieri por su actuación ante esta instancia (cfr. contestación de agravios de fs. 146/147) en la suma de $34.209,6 –equivalentes a la cantidad de 0,6 UMAS–.
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso– deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo. Además, deberán cancelarse – en lo pertinente– de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423.
9. Que, en atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificada al Fisco el 10/4/24, y reiterada el 30/4/24, sin que aquél cumplies con la carga de liquidar la tasa de justicia, aplíquense astreintes de $100 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para determinar el tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, y por considerar este Tribunal que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92, remítanse los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a abonar.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la resolución de 113/116, con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2. Modificar la regulación de honorarios de fs. 140/141 y fijar los de esta instancia del modo en que surge del considerando 8º.
3. Imponer astreintes al Fisco Nacional del modo que surge del considerando 9º. Regístrese, notifíquese y siga la causa con la remisión al Representante del Fisco.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia