Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 31.575-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución nro. 65/12 (AD CORD) –y aclaratoria nro. 91/12 (AD CORD) –, recaída en la actuación nro. 12665-567-2011, en cuanto imputa a la actora la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del C.A. y exige el pago de ciento cuarenta y un mil novecientos cuarenta y seis pesos con 84/100 ($141.946,84) en concepto de multa; con costas a la actora (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-114233417-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Octubre de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez, y Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía de la 14a. Nominación), a fin de resolver en los autos caratulados “RICARDO LINGUA S.R.L. c/DGA s/ RECURSO DE APELACIÓN” expte. 31.575-A El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: RICARDO LINGUA S.R.L. interpone recurso de apelación contra la resolución 65/12 (AD CORD), dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12665-567-2011, que la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 954.1 inc. b) del Código Aduanero (“CA”). Relata los hechos del caso, señalando que la causa tiene origen en la verificación realizada en el deposito fiscal en donde se cuestionó que la mercadería amparada por el DI 11017IC05004179S no observaría reacondicionamiento alguno, presentando el aspecto de simple desmontaje, y que la certificación presentada en los términos de la resolución MEyOSP 909/94 no se ajustó a los requisitos necesarios. Resalta que la declaración comprometida fue veraz y completa, al punto que se ha denunciado el estado de usado y reacondicionamiento de las mercaderías en cuestión. Agrega que la descripción de la conducta no encaja en la descripción de la norma endilgada, ya que la mercadería en cuestión no estaba afectada por ninguna prohibición de importación. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Sostiene que la resolución MEyOSP 909/94 no exige que el certificado de reacondicionamiento deba ser emitido en el país de origen de los bienes de uso, sino que la pericia es lo que debe hacerse en tal destino. Cita el aviso 1/04 (DE TEIM). Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 29/32). Relata los hechos del caso y realiza la negativa de rigor. Sostiene que los verificadores intervinientes dejaron expresa constancia de la aparente falta de reacondicionamiento. Señala que, a los fines de la legislación aplicable, el certificado presentado es invalido e ineficaz, ya que no cumple con su misión, agregando que esas mercaderías solo se pueden importar para consumo si se importan ya reacondicionadas o si se importan para ser reacondicionadas en el país por el importador usuario. Cita jurisprudencia y menciona que estamos ante una excepción a una prohibición de importación, circunstancia que implica el más estricto respeto por las normas que posibilitan el levantamiento de dicha barrera. Finalmente, acompaña como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 35 se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas. El 04.08.25 se elevan los autos a la Sala “E”. El 08.10.25 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 12665-567-2011 se inician con el acta de denuncia por infracción al art. 954 del CA. A fs. 2/21 luce acta de verificación y fotografías de las maquinas en trato. A fs. 24 luce el sobre contenedor de la destinación 11017IC05004179S. A fs. 25/26 la actora se presenta y solicita medidas complementarias a la instrucción. A fs. 65/66 la actora acompaña documentación que respalda certificación de reacondicionamiento. A fs. 68/69 se dispone la instrucción de sumario contencioso y a fs. 71/72 se ordena correr vista de lo actuado, lo que se notifica el 07.12.11. A fs. 73/76 la actora contesta la vista. A fs. 84/85 se tiene por presentado el descargo y se rechaza la solicitud de reembarco de la mercadería. A fs. 86/89 se produce el dictamen 65/12, que concluye que corresponde condenar a la actora. Finalmente, a fs. 90/94 obra la resolución 65/12 (AD CORD), apelada en autos.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -65/12-, que condena a RICARDO LINGUA S.R.L. por la comisión de la infracción del art. 954.1 inc. b) del CA, se ajusta a derecho.
La Aduana imputó la infracción en trato luego de verificar que la actora no había presentado un certificado de reacondicionamiento válido que permita la importación de los bienes, que habría declarado incorrectamente la procedencia de los bienes y que el estado de la mercadería sugiere un simple desmontaje y envío, presentando elementos contaminantes. Todo ello, según indica, produce una transgresión a lo establecido por la resolución MEyOSP 909/94, modificada por su par 1472/94.
V.1. A los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la destinación aduanera y el resultado de la comprobación, y se requiere, además, que tal hecho idóneo para producir los efectos previstos en el inciso b) apartado 1 del art. 954 del CA.
Particularmente, dicho artículo establece: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: … b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción;”.
Por su parte, la resolución MEyOSP 909/94, modificada por su par 1472/94, que establece el régimen de importación para bienes usados indica, en su art. 1, que los bienes usados allí indicados, deberán tener la calidad de acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción o en su defecto, dichos bienes, deberán cumplimentar los procesos indicados en el país. El art. 2 establece que cuando el acondicionamiento o el proceso de reconstrucción a que se alude en el art. 1, fuera efectuado en el país de origen o de procedencia del bien usado importado, el mismo deberá acreditarse mediante certificación emitida por parte del fabricante originario del bien o mediante certificación de pericia realizada en origen, emitida por ente técnico especializado, legalizada por la correspondiente sección comercial de la Embajada de nuestro país o por el Consulado Argentino.
El acondicionamiento o el proceso de reconstrucción podrá ser efectuado en el país por el importador, que, a su vez, deberá reunir la condición de usuario directo del bien usado. Finalmente, en lo que aquí interesa, el art. 3 establece que los bienes que se importen conforme el art. 1 y primer párrafo del art. 2 deberán tener un (1) representante oficial designado por el fabricante originario del bien para la provisión de repuestos, la reparación y prestación de los servicios de post-venta en su caso. La autorización para la importación de bienes usados resultante de la aplicación del presente régimen, no exime al importador de las responsabilidades emergentes del estricto cumplimiento de las normas actuales de control sanitario, de seguridad, de defensa del medio ambiente y de defensa del consumidor V.2.- Aclarado ello, y sin perjuicio de las consideraciones que pudieran caber respecto de las certificaciones presentadas por la actora, no es posible concluir, tal como lo hace el servicio aduanero, que su eventual falencia sea idónea para provocar el efecto previsto en el inciso b) del art. 954.1 CA, en el sentido de transgredir una prohibición a la exportación.
En efecto, y pese a los defectos apuntados en el sumario aduanero, ello no alcanza para considerar que las mercaderías en cuestión están sujetas a una prohibición a la importación. Puntualmente, la resolución 1472/94, modificatoria de la resolución 909/94, indica en sus considerandos “Que asimismo la norma prohibió transitoriamente la importación definitiva de determinadas partes y/o piezas de bienes comprendidas en los Capítulos indicados en el primer considerando. Que con el objeto de no alterar el normal desenvolvimiento de actividades radicadas en el país, así como también modalidades de comercialización desarrolladas a nivel internacional, resulta aconsejable permitir que el acondicionamiento o el proceso de reconstrucción se efectúe en el país y se exceptúe de la prohibición transitoria la importación de ciertas partes y piezas bajo determinadas condiciones.
Que por lo tanto, se hace necesario efectuar los ajustes pertinentes a la Resolución M.E. y O. y S.P. Nº 909 de fecha 29 de julio de 1994 a los efectos de contemplar los aspectos enunciados”. En esta línea, la única prohibición que surge de la norma se ubica en su art. 4, en cuanto indica “ Prohíbese en forma transitoria la importación para consumo de los bienes usados comprendidos en las posiciones de la Nomenclatura del Comercio Exterior (N.C.E.) que se detallan en el Anexo II de la presente resolución”. Dicho esto, considerando especialmente que las mercaderías importadas al amparo de la destinación 11017EC05004179S, clasificadas en las posiciones arancelarias 8441.10.90.400W y 8440.10.90.910H, no se ubican en el Anexo II de la resolución 909/94, no cabe sino concluir que no se encuentran alcanzadas por la prohibición señalada.
Lo expuesto, además, es conciliable y encuentra sustento en lo resuelto por la CSJN en autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A) c/DGA”, en cuanto a que las prohibiciones han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia como regla general merecedora de acatamiento, como así la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas. Asimismo, recuerda que de la exposición de motivos del Código Aduanero surge que el término prohibiciones designa a restricciones directas, es decir, las que impiden en forma directa la importación o la exportación.
En consecuencia, no encontrándose configurado el supuesto previsto en el inciso b) del art. 954.1 del CA, corresponde revocar la resolución apelada.
Por ello VOTO POR:
1. Revocar la resolución 65/12 (AD CORD), dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12665-567- 2011, en cuanto condena a RICARDO LINGUA S.R.L. por la comisión de la infracción prevista en el art. 954.1 inc. b) del CA.
2. Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 del CA).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que se da por reproducida la relación de los hechos efectuada en el voto del Dr. Soria en los Considerandos I a IV.
II. Que el Código Aduanero tutela el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante las aduanas. El art. 954 de ese Código reprime y sanciona -en correlación al bien jurídico protegido- al que para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración inexacta, que de pasar inadvertida, produjere o pudiere producir: “(…) b) una transgresión a una prohibición a la importación o la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción…”. Por este supuesto ha sido condenada la recurrente por la Resolución nro. 065/12 (AD CORD), recurrida en el presente, habiéndose fijado la multa en $141.946,84 –cfr. Resolución aclaratoria nro. 91/12 (AD CORD) –.
Que, conforme surge de las actuaciones administrativas, la firma Ricardo Lingua S.R.L. documentó con fecha 11/10/2011 la destinación de importación N° 11 017 IC05 004179 S, mediante la cual por su ítem 1, importó 1 unidad de la mercadería que clasificó en la P.A. 8441.10.90.400W cuya descripción reza: “Troqueladoras Las demás –Cortadoras LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA DE PAPEL, DEL PAPEL O CARTÓN, INCLUIDAS LAS CORTADORAS DE CUALQUIER TIPO”, originaria de España y procedente de Austria, con un valor FOB total de U$S 23.693,26. Asimismo, en cuanto al estado de la mercadería, manifestó “USADO IMPORTADO, INCL. REACOND” y en el campo “Documentos a Presentar” consignó “USACERTREACONDIC=COM 17116/1525264”. En el campo correspondiente a la “LIQUIDACIÓN” también se observa que ingresó el 28% en concepto de derechos de importación por bienes usados de la Res. 909/04. Asimismo, mediante su ítem 2, importó 1 unidad de la mercadería que clasificó en la P.A. 8440.10.90.910H cuya descripción reza: “De alzar pliegos, con una producción máxima de 5000 ejemplares/hora, incluso con capacidad de trabajar conjuntamente con encuadernadoras sin cosido Los demás –Máquinas y aparatos MÁQUINAS Y APARATOS PARA ENCUADERNACIÓN, INCLUIDAS LAS MÁQUINAS DE COSER PLIEGOS”, originaria de Japón y procedente de Austria, con un valor FOB total de U$S 5.356,74. Asimismo, en cuanto al estado de la mercadería, manifestó “USADO IMPORTADO, INCL. REACOND” y en el campo “Documentos a Presentar” consignó “USACERTREACONDIC=COM 17116/1525264”. En el campo correspondiente a la “LIQUIDACIÓN” también se observa que ingresó el 28% en concepto de derechos de importación por bienes usados de la Res. 909/04 (ver sobre contenedor de fs. 24 de las act. adm.).
Que a raíz de que la actora al oficializar la importación a consumo 11 017 IC05 004179 S declaró “…MAQUINAS Y APARATOS…” en estado “USADO IMPORTADO, INCL. REACONDICIONADO”, al amparo del certificado de acondicionamiento “COM 17116/1525264”, y “los agentes intervinientes en la verificación dejan constancia que no se observa el estado de reacondicionado de la maquinaria, además de presentar filtros y aceites usados, con derrame del mismo y la presentación de una certificación emitida por una empresa de preembarque en la Ciudad de Miami, EEUU, lo cual no se ajustaría a los requisitos necesarios y la documentación reglamentaria para el ingreso al territorio aduanero”, por lo que el servicio aduanero consideró que “…surge de manera indubitable que el declarante ha incurrido en transgresiones a la infracción que se imputa –se refiere al art. 954 apartado 1, inc. b) del CA– y que la inexactitud, de haber pasado desapercibida hubiera podido ocasionar una transgresión al importar mercaderías sobre las que pesa una prohibición económica relativa (ver dictamen N° 65/2012 obrante a fs. 86/89 de las act. adm.)
Que, a pesar de haber acompañado el certificado de reacondicionamiento junto con la restante documentación complementaria al despacho de importación, la Aduana denunció que la mercadería importada no cumplía con las exigencias previstas en el art. 2 de la Resolución MEOSP N° 909/94 (modif. por Res. 1472/94), en tanto -a su entender- el certificado acompañado carecía de validez. Ello, por cuanto la empresa que expidió la certificación no resultaría ser del país de origen o procedencia de la mercadería, expresando que las máquinas serían reacondicionadas por “información recolectada”, ni tampoco se habría agregado la certificación de pericia realizada en origen, como lo exige la normativa aplicable. Por tal motivo, aperturó sumario y condenó a la importadora por considerar configurada a su respecto la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. b) del C.A.
III. Que, como se señaló previamente, las mercaderías documentadas por medio del DI nro. 11 017 IC05 004179 S (PA 8441.10.90.400W y 8440.10.90.910H) fue importada al amparo del régimen previsto en la Resolución MEyOySP nº 909/94 (B.O., 3/8/1994), referida a bienes usados. En el art. 1º se establece que “Los bienes usados comprendidos en los capítulos 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 que se importen en forma definitiva para consumo comprendidos en las posiciones de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) que se detallan en el anexo I de la presente resolución, deberán tener la calidad de acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción o en su defecto, dichos bienes, deberán cumplimentar los procesos indicados en el país”. En el art. 2º se precisa que “Cuando el acondicionamiento o el proceso de reconstrucción a que se alude en el artículo precedente, fuera efectuado en el país de origen o de procedencia del bien usado importado, el mismo deberá acreditarse mediante certificación emitida por parte del fabricante originario del bien o mediante certificación de pericia realizada en origen, emitida por técnico especializado, legalizada por la correspondiente sección comercial de la Embajada de nuestro país o por el Consulado argentino. El acondicionamiento o el proceso de reconstrucción podrá ser efectuado en el país por el importador, que a su vez, deberá reunir la condición de usuario directo del bien usado. En este caso, los mismos estarán sujetos al régimen de comprobación de destino por el término de dos años, en cuyo lapso queda prohibida la enajenación a título gratuito u oneroso de dichos bienes. La condición de comprobación de destino, en los términos indicados en el párrafo precedente, también regirá para los bienes que, acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción en el exterior, sean importados por el usuario directo de los mismos” (texto según res. MEyOySP nº 1472/94; B.O., 29-11-1994).
Que el régimen de la Res. 909/94 (1472/94) define en forma expresa la prohibición de importación de bienes usados, admitiendo excepciones regladas bajo condiciones taxativas de reacondicionamiento y certificación. En ausencia de su cumplimiento, subsiste la prohibición. La regla es la prohibición, y la excepción opera únicamente si se acredita el reacondicionamiento en el país de origen o de procedencia, mediante certificación válida y legalizada, o si el importador, en carácter de usuario directo, reacondiciona en el país bajo comprobación de destino. Fuera de esos supuestos, la importación permanece prohibida.
Que cabe reiterar que según se indica en el despacho de importación obrante en la carpeta contenedora de fs. 24 de las act. adm., se declaró de “bien usado, incl. Reacond.”.
Que, por consiguiente, la mercadería de que se trata se hallaba sometida al régimen de comprobación de destino, tendiente a cerciorarse de que el bien es utilizado por el importador y en la forma autorizada.
Que en el Acta de Verificación obrante a fs. 2, se deja constancia que “(…) 1) CON RESPECTO A LOS ARÍGENES DECLARA PARA EL ITEM 0001 ORIGEN ESPAÑA, PRECEDENCIA ALEMANIA, CORRESPONDE ORIGEN ESPAÑA, PROCEDENCIA AUSTRIA, EN EL ITEM 0002 CORRESPONDERIA ORIGEN JAPON, PROCEDENCIA AUSTRIA, LOS QUE PODEMOS CONSTATAR DE A LECTURA DEL CONOCIMIENTO, FACTURA. HECHO QUE TAMBIEN SE ACLARA EN LA MULTINOTA EA11017-05014 PRESENTADA POR EL DESPACHANTE EL 17/10/2011.
2. EL CERTIFICADO QUE QCREDITARIA LA CONDICIÓN DE REACONDICIONADO FUE EMITIDO EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, POR UN SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE PREEMBARQUE.
3. CON RESPECTO AL ESTADO DE LA MERCADERÍA, EN ESTA NO SE OBSERVARIA REACONDICIONAMIENTO ALGUNO, PRESENTANDO EL ASPECTO DE UN SIMPLE DESMONTAJE Y ENVIO. ADEMAS PRESENTA ELEMENTOS CONTAMINANTES, COMO FILTROS USADOS, ACEITES USADOS (EN BIDONES Y DERRAMANDOSE DE LA MAQUINA), GRASA, RESTOS DE MATERIALES ACUMULADOS PRODUCIDO DEL TRABAJO DE LA MISMA.
4. SE CONSTATO LA PRESENCIA DE PARTES SUELTAS LAS QUE SE TRATARIAN DE REPUESTOS.
CON RESPECTO A LA CONDICIÓN DE USADA REACONDICIONADA LA MERCADERIA SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE DEBE CUMPLIR CON LA SIGUIENTE PREMISA: “Cuando el acondicionamiento o el proceso de reconstrucción fuera efectuado en el país de origen o de procedencia del bien usado importado, el mismo deberá acreditarse mediante certificación emitida por parte del fabricante originario del bien o mediante certificación de pericia realizada en origen, emitida por ente técnico especializado, legalizada por la correspondiente Sección Comercial de la Embajada de nuestro país o por el Consulado Argentino.” HECHO ESTE QUE NO SE HA CUMPLIDO DEBIDO A QUE LA DESTINACIÓN NO CUENTA CON CERTIFICADOS DE REACONDICIONAMIENTO PROVENIENTES NI DE LOS PAISES DE ORIGEN NI DEL PAIS DE PROCEDENCIA…”
(el resaltado pertenece al original). La misma se encuentra suscripta por el representante de la firma importadora Ing. Luciano Eduardo Lingua como por su despachante de aduana Pedro Soaje Funes sin efectuar observaciones ni reservas de ningún tipo.
Que de la compulsa del certificado de reacondicionamiento expedido por la firma Intertek Internacional Inc. surge que el mismo es emitido en la ciudad de Miami, EEUU, expresando que las máquinas serían reacondicionadas por información recolectada, aclarando a su vez que “La Cámara de Comercio Latina, debidamente reconocida por las leyes del Estado de La Florida, certifica que de acuerdo con su mejor saber y entender que los datos que aparecen en esta factura son verdaderos y que las mercancías arriba descriptas son originarias de los Estados Unidos de América.” Nótese que el país de origen de la mercadería importada por el ítem 1 es España y del ítem 2 Japón, y de procedencia, en ambos casos, es Austria por lo que no se cumple con lo establecido en el art. 2 de la Resolución MEyOySP nº 909/94, modificada por la Resolución 1472/94, tal lo indicado en el punto 4 del Acta de Verificación.
Que a su vez a fs. 66 de las act. adm. la actora acompaña como prueba documental una nota elaborada por la firma certificadora, informando que la misma posee agentes y representantes en más de 100 países, encontrándose su sede central en la ciudad de Miami, y que sus agentes técnicos “son los encargados y aptos para verificar los datos de calidad y buen funcionamiento de uso de los elementos y/o mercaderías que se encomiendan previo embarque de las mismas…”, y que emite sus certificados por la información que los mismos envían a la sede central. Sin embargo, la misma se efectúa en forma genérica asistiendo razón al servicio aduanero en cuanto indica que “no se hace mención al certificado aportado, el país en el cual se efectúo la verificación, la mercadería afectada o la relación que guarda dicha empresa, o sus agentes, con los fabricantes de las maquinarias.”
Por lo expuesto no se puede tener como válido el certificado nro. 17116/1525264 aportado por la recurrente al no surgir que la pericia haya sido realizada en los países de origen citados (España y Japón).
Todo ello sumado a las demás observaciones registradas en la referida Acta, en cuanto a la existencia de filtros y aceites usados (en bidones y derramados sobre la máquina), las cuales constituyen elementos contaminantes, como así también la constatación de partes sueltas y el hecho de que las mercaderías presentan un aspecto de simple desmontaje y envío, observaciones que fueron consentidas por la actora al suscribir la misma sin efectuar objeciones, no logran la convicción del efectivo reacondicionamiento de las maquinarias aquí involucradas.
Que como se expuso el art. 954.1 del CA establece como presupuesto de hecho para su aplicación que el servicio aduanero verifique una diferencia respecto del contenido de la declaración aduanera del exportador o del importador: la detección de tal diferencia, con todos sus fundamentos, constituye la comprobación aduanera. La sanción prevista por el art. 954.1 del CA se completa en su tipicidad cuando la diferencia detectada por la comprobación tiene como consecuencia producir -real o potencialmente- alguno de los hechos descriptos en los tres incisos del referido apartado 1 del art. 954. En el caso que nos ocupa la DGA consideró configurado el incisos b), que se cristaliza cuando la diferencia detectada en la comprobación aduanera resulta, o puede resultar, en “una transgresión a una prohibición..”, circunstancia que en el caso estaría dada por las diferencias detectadas conforme resulta del Acta de Verificación obrante a fs. 2 de los ant. adm.
Que encontrándose la máquina en cuestión bajo el régimen de comprobación de destino, la recurrente no acreditó el proceso de reacondicionamiento requerido por la norma. Conforme fuera analizado en los Considerandos precedentes, el interesado no aportó documentación que efectivamente avalara la realización de los trabajos de reacondicionamiento exigidos por la reglamentación vigente.
Que la operatoria aduanera está estructurada sobre la base de la confianza que el servicio aduanero deposita en los distintos sujetos que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior; sistema éste que tiende a simplificar los controles para agilizar el intercambio en el comercio internacional y que tiene como contrapartida la necesidad del autocontrol del importador-exportador y la sanción ejemplificadora al detectar infracciones.
Que de la Exposición de Motivos del Código Aduanero se desprende que el legislador ha querido tutelar, en el Capítulo VII, referido a las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, el principio básico de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera; declaración que en autos no resultó ni veraz ni exacta, como quedó demostrado. En ese orden de ideas, también cabe recordar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien expresó, en su sentencia del 12/5/92, in re: “Subpga S.A.C.I.E. e I. c/ Estado nacional (ANA) s/ nulidad de resolución” (S 227 XXII), “Que, por tanto, procede declarar que el art. 954 del C.A. da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante -salvo supuestos previstos en la propia ley- o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la A.N.A. practique las tareas de control que le están asignadas...” (Considerando 8°).
Que el precedente “Nate” de la C.S.J.N. no gobierna la solución del sub lite, pues aquí no se pretende construir una prohibición por interpretación extensiva ni por vía analógica, sino aplicar un régimen normativo expreso que define condiciones taxativas para la importación de bienes usados (arts. 1 a 3 de las Res. MEyOSP 909/94 y 1472/94). Dicho régimen establece —de modo claro— que los bienes usados solo pueden importarse si el reacondicionamiento se acredita en origen o procedencia con certificación válida y legalizada, o bien si el importador, en carácter de usuario directo, los reacondiciona en el país bajo comprobación de destino; fuera de esos supuestos, la operación no está permitida (ESTA PROHIBIDA). No hay, entonces, una “prohibición implícita” como en el supuesto prevenido por “Nate”, sino una prohibición relativa con excepción condicionada expresamente reglada.
Que siendo ello así, el suscripto concluye que resulta procedente el encuadre penal efectuado por el servicio aduanero. Por lo tanto, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto condena a la recurrente por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, ap. 1, inc. b) del C.A., al pago de una multa de $141.946,84, con costas a la actora (conf. Art. 1163 del C.A.)
Que en virtud de lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la Resolución nro. 65/12 (AD CORD) –y aclaratoria nro. 91/12 (AD CORD) –, recaída en la actuación nro. 12665-567-2011, en cuanto imputa a la actora la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del C.A. y exige el pago de ciento cuarenta y un mil novecientos cuarenta y seis pesos con ochenta y cuatro centavos ($141.946,84) en concepto multa, con costas a la actora (art. 1163 del CA).
La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Héctor Juárez .
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
Confirmar la Resolución nro. 65/12 (AD CORD) –y aclaratoria nro. 91/12 (AD CORD) –, recaída en la actuación nro. 12665-567-2011, en cuanto imputa a la actora la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del C.A. y exige el pago de ciento cuarenta y un mil novecientos cuarenta y seis pesos con 84/100 ($141.946,84) en concepto de multa; con costas a la actora (art. 1163 del CA).
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.10.14 10:06:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Date: 2025.10.14 13:28:36 ART Date: 2025.10.14 15:44:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.14 15:45:17 -03:00
Fin de la sentencia