Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-58353034-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la instrucción del sumario obrante en la actuación administrativa SIGEA n° 17697-84-2016 y, consecuentemente, de la Resolución (AD LAQU) n° 70/21 apelada en autos.
2Declarar operada la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y exigir tributos, respecto del Agente de Transporte Aduanero el Sr. Ricardo M. CAZON.
3Imponer las costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-44475689-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 28 de Abril de 2025 DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “RICARDO MARCELO CAZON c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, EX-2021-58353034- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, mediante IF-2021-58352931-APN-DTD#JGM, se presenta por apoderado, el agente de transporte aduanero del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD LAQU) n° 70/21, recaída en el SIGEA n° 17697-84-2016, que lo condena al pago de una multa por $ 81.246,76, equivalente a dos veces el valor en plaza de la mercadería secuestrada con el comiso de la misma, más la exigencia de derechos de importación por la suma de U$S 1.070,91, en virtud de la infracción prevista y penada en el art. 947 del C.A. Realiza un breve relato de los hechos que dieron lugar a la resolución apelada. Refiere a que la imputación endilgada se relaciona al simple hecho de haber intervenido en calidad de ATA, sin haberse probado indicio alguno de participación o complicidad en el delito de contrabando constatado. Plantea la falta de legitimación pasiva tanto de la infracción endilgada como de los tributos exigidos. Hace referencia a los arts. 909 y 947 del C.A. Considera que toda vez que la carga no declarada se encontraba oculta en el medio de transporte, hecho que torna evidente el desconocimiento por su parte de tal circunstancia, ello demuestra la carencia de responsabilidad del ATA en el hecho. Sostiene que hay una falta de congruencia entre el servicio prestado por el agente de transporte (tercero ajeno al hecho) y la imputación prevista legalmente para el autor del ilícito reprimido en el art. 947 del C.A. Realiza consideraciones respecto de los arts. 635, 636 y 638 inc a) del C.A. Insiste en que resulta ajeno a la responsabilidad infraccional y tributaria. Plantea la nulidad de la resolución por carecer de causa, en los términos del inc b) de la Ley n° 19.549. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, mediante IF-2022-84209817-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Refiere al art. 863 del C.A. y al Acta de Secuestro n° 137/16. Expresa que la cantidad y el lugar donde se encontraba la mercadería en el camión lleva a concluir que ello se realizó a los efectos de pasar desapercibida y vulnerar el control aduanero. Considera que se encuentran cumplidos los aspectos objetivos y subjetivos del inc d) del art. 863 del C.A., aplicándose el art. 947 de dicho instrumento legal por el valor en plaza de la mercadería. Sostiene que resulta evidente la responsabilidad de la actora en la configuración de la infracción endilgada, más aun teniendo en cuenta lo establecido en el art. 903 del C.A. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. De las actuaciones administrativas SIGEA n° 17697-84-2005 se inicia, a fs. 2, con el Acta de Procedimiento n° 137/16 de la División Aduana La Quiaca. A fs. 5, obra el Acta de Denuncia de fecha 19/05/16. A fs. 12/13, se dispone la apertura de sumario y se corre vista de todo lo actuado al Sr. Juan Manuel LESCANO y al agente de transporte aduanero Ricardo Marcelo CAZON. A fs. 18 vta., se notifica al agente de transporte aduanero (5/2/18). A fs. 19/20 y 23/39, contestan la vista la recurrente y la firma GUILIANI HNOS S.R.L. A fs. 55/55 vta., luce el Dictamen n° 116/20. Finalmente, a fs. 56/59, se dicta la Resolución (AD LAQU) n° 70/21, aquí apelada.
IV. En principio, atento a las particularidades que se observan de la causa entiendo necesario verificar previamente el encuadre jurídico atribuido por la Aduana, a los fines determinar si corresponde o no la calificación legal endilgada.
Que surge del Acta Procedimiento n° 137/16 de la División Aduana La Quiaca que, en la zona primaria aduanera de la Sección Puente Internacional de la jurisdicción de la AFIP – DGA, de la provincia de Jujuy, el servicio aduanero al efectuar un control sobre el camión en lastre identificado con el n° 2843, de la empresa GIULIANI HNOS. S.R.L., revisando el compartimento reservado para la carga de las mercaderías del chasis, detectó en la parte posterior del mismo 2 bolsas de polipropileno que contenían 60 paquetes, de aproximadamente 500 grs cada uno, de hojas de coca en estado natural. Tal conducta fue calificada a prima facie como infracción de contrabando menor, prevista y penada en el art. 947 del C.A. (ver fs. 2/3 de las act. Adm.).
El servicio aduanero dispuso la apertura de sumario por la presunta infracción tipificada en el art. 947 del C.A., resultando imputados el dueño del transporte GUILIANI HNOS. S.R.L. y el agente de transporte aduanero el Sr. Ricardo M. CAZON, con el argumento de que la mercadería había sido transportada oculta y acondicionada para su introducción al territorio nacional.
Pese al descargo efectuado por ambas partes al contestar la corrida de vista, la Aduana sostuvo la imputación efectuada al efecto confirmándose la infracción endilgada en la resolución que en esta instancia resulta apelada.
V. En este contexto, deviene ahora imprescindible referirme a ciertos aspectos relacionados al encuadre normativo de la figura del contrabando menor.
El art. 947 del C.A. dispone en su primer párrafo que “En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865 inciso g), 871 y 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de pesos quinientos mil ($500.000), el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor y se aplicará exclusivamente una multa de dos (2) a diez (10) veces el valor en plaza de la mercadería y el comiso de ésta.”.
Por ende, del texto del art. 947, se deduce que para la configuración del contrabando menor es necesario que se encuadre la conducta en cuestión en alguno de los supuestos previstos en los arts. 863, 864, 865, inc. g), 871 y 873, del Código Aduanero, es decir, el art. 947 no describe conducta punible alguna, por lo que resulta imprescindible adecuar la acción que se pretende reprimir en alguno de los supuestos o tipificaciones legales que se describen en las normas citadas.
En la causa, obsérvese la falta de calificación al tipo penal delictivo –o infraccional- respectivo, en ninguna parte del expte administrativo (denuncia, auto instructorio, corrida de vista, dictamen jurídico e incluso resolución) se hace mención –al menos- a la conducta típica punida.
Precisamente, no puede perderse de vista que el artículo en cuestión no alude a una conducta ilícita stricto sensu sino que enumera una serie de figuras delictivas de contrabando que resultan atemperadas en su reproche penal –pero no en su punibilidad- por el aspecto monetario. Entiéndase que el valor de la mercadería no es parte del tipo penal, por ende, no es un requerimiento legal para la configuración del delito, entonces la falta de encuadre delictual de la conducta –situación que acontece en autos- no puede quedar circunscripta al solo efecto de la atribución del art. 947 del C.A.
Por lo tanto, no habiéndose imputado hecho concreto alguno ya desde la instrucción de sumario e, incluso previamente desde el acta de denuncia, al no haberse individualizado la norma legal en la cual su conducta encuadraría, resulta imposible para el administrado poder ejercer cabalmente su derecho de defensa, lo que determina la afectación a la garantía constitucional de la defensa en juicio.
En síntesis, corresponde declarar la nulidad de la instrucción del sumario obrante en la actuación administrativa SIGEA n° 17697-84-2016, y consecuentemente, la Resolución (AD LAQU) n° 70/21, apelada en autos.
VI. En virtud de lo dispuesto en el considerando precedente y advirtiéndose que el auto de apertura de sumario, no tuvo efecto interruptivo y suspensivo respecto del plazo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y exigir tributos–cfrm. Arts. 805, inc a) y 937, inc a) del C.A.- corresponde analizar si dicha acciones se encuentran o no prescriptas.
Respecto a ello, el legislador ha establecido que la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos, opera por el transcurso del plazo de cinco (5) años, período que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o de la fecha en que se hubiese producido el hecho gravado, estableciendo las causales de suspensión o interrupción de dicho plazo, según si se trata del reclamo tributario o la imposición de la sanción.
En el caso de marras, resulta que el plazo de prescripción comenzó a correr a partir del 1/1/17, toda vez que el hecho se constató el 16/5/16, en consecuencia, atento al tiempo transcurrido hasta la fecha, es por demás evidente que las acciones del Fisco para imponer penas y exigir tributos, se encuentran prescriptas.
VII. Atento al modo en que se resuelve el presente, resulta inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas por las partes.
VIII. En cuanto a las costas del proceso, en virtud de lo expuesto precedentemente, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas al Fisco vencido (art. 1163 C.A.).
Por ello VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de la instrucción del sumario obrante en la actuación administrativa SIGEA n° 17697-84-2016 y, consecuentemente, de la Resolución (AD LAQU) n° 70/21 apelada en autos.
2. Declarar operada la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y exigir tributos, respecto del Agente de Transporte Aduanero el Sr. Ricardo M. CAZON.
3. Imponer las costas al Fisco.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Vocal Preopinante. ASÍ LO VOTO.-
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de la instrucción del sumario obrante en la actuación administrativa SIGEA n° 17697-84-2016 y, consecuentemente, de la Resolución (AD LAQU) n° 70/21 apelada en autos.
2. Declarar operada la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y exigir tributos, respecto del Agente de Transporte Aduanero el Sr. Ricardo M. CAZON.
3. Imponer las costas al Fisco.
Regístrese y notifíquese.-
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.04.28 11:03:25 -03:00 Date: 2025.04.28 17:53:17 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.28 17:53:18 -03:00
Fin de la sentencia