Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 10.857
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE 1°) declarar la nulidad de oficio de la sentencia de Primera Instancia dictada con fecha 04/04/2022 2°) declarar abstracto el tratamiento de los agravios incoados por la parte actora 3°) remitir los actuados al Juzgado de origen, a fin que, previo dar de baja los obrados de los Libros de Secretaría y sistema informático, se reenvíen los mismos a la Receptoría General de Expedientes Departamental para proceder al sorteo de un nuevo Juez que por turno corresponda 4º) no imponer costas de Alzada en atención al modo y forma en que se da solución al caso en esta Instancia, (art. 68 del Cód. Proc.).NOTIFIQUESE la presente resolución por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los Oportunamente,
"RICCI RODOLFO MARCELO C/ MEDINA DANIEL GASTON S/ DAÑOS Y PERJ.
INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
LM-10857-2018 JUZ. CIV. Y COM. N° 10
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “RICCI RODOLFO MARCELO C/ MEDINA DANIEL GASTON S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)” LM-10857-2018 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Airesresultó que debía ser observado el siguiente orden de votación:
TARABORRELLI - POSCA - PEREZ CATELLA resolviéndose plantear y votar las siguientes:
¿Corresponde declarar la nulidad de la sentencia dictada con fecha 04/04/2022?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
I. Los antecedentes del caso Con fecha 4/04/2022, la sentenciante de origen resolvió: “1º) HACER lugar parcialmente a la demanda instaurada por los co-actores Sres. Ricci Rodolfo y Marisol Urdaniz, condenando al demandado Medina a pagar la indemnización por daños y perjuicios fijadas en la "cláusula penal" de $ 500, por día de mora y hasta el efectivo cumplimiento de la obligación de entregar la posesión de los departamentos "5" y "6" con sus cocheras, a estrenar, sito en la calle Cervantes 1868 de la localidad de Villa Luzuriaga de este Partido de La Matanza, desde el día de acaecida la mora 27 de enero del 2016 y el día 23 de abril del 2016, hasta su efectivo pago. Con más un interés a la tasa pasiva en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires plazo fijo digital. 2º) IMPONER las costas al demandado que resulta vencido (art. 68 del CPCC). 3º) DIFERIR la regulación de honorarios para una vez que la deuda este liquidada (art. 51 de la Ley 14697)”.
Contra dicha forma de resolver, apeló la parte actora mediante la presentación electrónica de fecha 11/04/2022, remedio que fuera concedido libremente el día 19/04/2022.
Con fecha 9/08/2022 se elevaron los autos a esta Alzada, siendo radicados ante esta Sala Primera el día 11/08/2022. Mediante el despacho del día 26/08/2022 se llamó a expresar agravios, cumpliendo la parte actora a través de la presentación del día 5/09/2022.
Una vez en condiciones, se dio por presentada en legal tiempo y forma la expresión de agravios, corriéndose el respectivo traslado de ley -véase pto. II del proveído dictado el día 9/09/2022-. Resultando el mismo incontestado, en fecha 23/09/2022 se dio al demandado por decaído el derecho que dejó de utilizar.
Finalmente, con fecha 12/10/2022 pasaron los autos para dictar sentencia y posterior sorteo de orden de estudio el día 25/11/2022. II.-Los agravios De la atenta lectura de los agravios esgrimidos por la apelante, se observa que, primeramente, relató: “Que como bien se expresó en la sentencia estamos frente a un contrato de compra venta, los cuales son fuentes de obligaciones, tienen fuerza del ley entre las partes, sin que pueda generar derechos y obligaciones respecto a personas extrañas (art. 503, 1195 y 1197 CC) y deben cumplirse de buena fe (arts. 1198 CC). El cumplimiento es el modo natural en que se extinguen, al desaparecer la finalidad, sin bien pueden existir otras formas de finiquitarlos”.
Que en segundo lugar, la recurrente sostuvo que: “…de que aplicar la cláusula penal con sus intereses correspondientes, en el estado de autos y las características del mismo, es prácticamente imposible, en tanto que, como se demostró en los actuados, el deudor no posee ninguna intención de cumplir con la obra, prueba de ello queda reflejada en la inspección judicial efectuada por SS. Con lo cual, hacer una liquidación hasta el cumplimiento del deudor, seria inaplicable e inviable, ya que esta parte podría pasarse toda una vida aplicando intereses hasta el efectivo cumplimiento de la obligación”.
Por último, la parte actora solicitó: “…se suspendan los plazos, se dicte la resolución de dicho contrato, y que por consecuencia, se reintegre al actor lo pagado por los dos inmuebles y sus cocheras correspondientes, mas sus intereses”.
LA SOLUCIÓN
Que a los efectos de resolver en esta instancia revisora, el recurso de apelación concedido, pasaré en primer término a desarrollar y tratar los principios generales del Derecho Procesal Civil y Comercial aplicables a este caso, teniendo en consideración que el recurso de apelación lleva implícito el recurso de nulidad (art. 253 del C. P. C. y C.).
1. Principio dispositivo El principio dispositivo es aquel en cuya virtud se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del juez.
Este principio se manifiesta en los siguientes aspectos, a saber:
A) iniciativa. El proceso civil sólo puede iniciarse a instancia de parte. B) Disponibilidad del derecho material o de fondo. Una vez iniciado el proceso, el órgano judicial se halla vinculado por las declaraciones de voluntad de los litigantes relativos. Sin embargo ciertas clases de relaciones jurídicas, quedan atrapadas por el orden público, que es de carácter imperativo e indisponible.
C) El impulso procesal de partes y por excepción de oficio, a cargo del Tribunal.-
D) La delimitación del “ thema decidendum”. El principio dispositivo impone que sean las partes, exclusivamente, quienes determinen el “thema decidendum”, debiendo el juez, por lo tanto, limitar su pronunciamiento a lo que ha sido pedido por aquellas en los actos de constitución del proceso (art. 163 incs. del Cód. Proc.) al disponer que la sentencia definitiva deberá contener “la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte”.
E) La aportación de los hechos en que las partes fundan sus pretensiones y defensas constituye una actividad que les es privativa, estando vedada al juez la posibilidad de verificar la existencia de los hechos no afirmados por ninguno de los litigantes. Con respecto a las normas jurídicas aplicables al caso, debe atenerse su conocimiento al orden jurídico vigente, con prescindencia de las invocaciones legales que hubiera formulado las partes (iura novit curia).
F) Aportación de la prueba a cargo de las partes, sin prejuicio de que se admiten, en forma concurrente con dicha carga, las medidas para mejor proveer, facultad de los jueces para complementar o integrar, ex oficio, material probatorio del proceso.
2. Objeto del proceso Significa desde el punto de vista jurídico, la cuestión o cuestiones que se someten a la decisión del órgano jurisdiccional. Si todo proceso se traduce en una petición al órgano jurisdiccional de una consecuencia jurídica derivada de una norma, el objeto del proceso es “in-concreto”- dicha petición o, lo que es igual, a la pretensión o pretensiones que articulan los litigantes en el juicio. Además es el tema o tópico y/o cuestión de naturaleza civil que se somete a la consideración los Jueces y sobre los que deben pronunciarse los mimos. Asimismo Integran el objeto del proceso, los sujetos es decir los litigantes, la pretensión que se ejercita y la causa petendi o razón de pedir. En suma, la congruencia de la sentencia exige una adecuación entre lo resuelto, parte dispositiva, y el objeto del proceso, que se determina atendiendo a los sujetos (actor y demandado), el petitum y la causa petendi”.
3. La Causa petendi La Causa petendi es la voz latina que significa en castellano “causa de pedir”. En el ámbito del Derecho Procesal civil o adjetivo, dicha locución latina, denominada: “causa petendi” se utiliza para definir cuáles son los hechos por los que el actor o quien inicia un juicio y los demandados se encuentran compelidos a relatar la versión de los mismos, (siendo una carga procesal) a incoar el procedimiento jurisdiccional intentado.
En un juicio como el que debemos resolver, la “causa petendi” son los hechos que mueven al actor a entablar una demanda en contra del demandado, mientras que el petitum es -por lo regular- la valoración judicial de los daños y perjuicios y su cuantificación matemática o económica de los mimos. La causa petendi (causa de pedir) es el conjunto de hechos esenciales deducidos en el juicio para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora, o por la demandada tal como aparecen formulados en la demanda y en su contestación.
4. Principio de congruencia Así las cosas, como es sabido el recurso de apelación lleva implícito el de nulidad por defectos de la sentencia (art. 253 y su conc. 169 del Cód. Proc.). La nulidad de la sentencia solo procede cuando esta adolece de vicios nacidos en la construcción del decisorio, como en el caso de la omisión de cuestiones esenciales, como ser aquellas que hacen a las pretensiones propuestas en la demanda o a la defensa esgrimida por la demandada en su escrito de contestación de demanda, como también en lo referente al principio de congruencia procesal en cuanto a los sujetos del hecho o de la causa petendi. La declaración de nulidad de la sentencia requiere la existencia de una irregularidad manifiesta y grave y cuando los vicios de construcción del fallo son de cierta envergadura que la afectan como acto jurisdiccional, que no es subsanable a través del recurso de apelación.
Con el objeto de patentizar la relevancia de las “cuestiones esenciales” conviene recordar que básicamente, son dos los conceptos de cuestiones esenciales a saber: a) por un lado se declara que las cuestiones esenciales son aquellas que constituyen la estructura de la traba de la litis y conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución de la litis, y b) por otro, que cuestiones esenciales son las que, según las modalidades del caso resultan necesarias para la correcta solución del pleito y se encuentran constituidas por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento, las que por su naturaleza influyen directamente en el mismo (Tessone Alberto J., Recurso de nulidad extraordinario. Cuestiones esenciales. Actualidad, LNBA, 2005-6-685, archivo). Parafraseando al autor citado, agrega que el cotejo de estas definiciones evidencia que la primera acota en mayor medida los tópicos que pueden clasificarse de esenciales ya que los circunscribe a los elementos de la pretensión (demanda) y de la oposición (contestación), actos en los que indudablemente anida la estructura de la litis. La segunda es más amplia toda vez que, al aludir a las cuestiones que según las modalidades del caso resultan necesarias para la correcta solución del pleito y a las que por su naturaleza influyen realmente en el fallo, es capaz de aprehender diversos tipos de planteos, incluso procesales.
Se ha declarado que la exigencia de resolver las cuestiones esenciales planteadas por las partes, cuyo incumplimiento depara la nulidad en los términos de los arts. 168 y 161 inc. 3 ap. b de la Const. Prov. (LA 1994-C-3809), se vincula inescindiblemente con el principio de congruencia. Se trata del análisis y resolución de aquellos puntos que constituyen la estructura de la traba de la litis y conforman el esquema jurídico que la sentencia necesariamente debe atender para la solución del litigio. Las cuestiones esenciales remiten ontológicamente a los elementos de la pretensión y oposición (del voto del Dr. De Lazzari)(autor y obra citada).
Con relación a la pretensión constituye cuestión esencial el tratamiento en la sentencia del objeto y de los hechos a los que el pretensor asigna el objeto jurídico perseguido (causa) y en lo atinente a la oposición (contestación de demanda) la dimensión cualitativa y cuantitativa de la sentencia y las negativas o los hechos impeditivos o extintivos que sirven de causa para sostener que la pretensión es infundada, o bien la inadmisibilidad por ausencia de requisitos relacionados al fondo de la cuestión deben ser necesariamente resueltos por el juzgador.
Referente al tema de la estructura jurídica de la sentencia a dicho Román Julio Frondizi en su obra (La Sentencia Judicial Civil, Ed. Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, año 1994, pág. 15/25), que la clásica división entre partes, “resultando- considerando- parte dispositiva”, ya recogida en la vieja “ley de enjuiciamiento” española, individualiza un modelo con variantes poco significativas, siguen virtualmente todos los órganos jurisdiccionales y que distingue, dentro de la sentencia, una parte descriptiva, una parte justificativa, y otra decisoria. Ello no obsta a que la sentencia constituya un todo indivisible, debido a la necesaria integración de su parte dispositiva con los fundamentos que la sustentan.
En efecto, los resultandos son y deben ser la narración objetiva del desarrollo del proceso, con individualización de los sujetos de la pretensión y de la oposición al relatar las cuestiones que ellos han planteado. Son los presupuestos externos de la sentencia, procesales y sustanciales, que el Juez controla, analiza, estudia y pondera en los resultandos. Los “considerandos” constituyen la segunda parte de la sentencia, conforme la división tripartita el juzgador funda su decisión explicando las razones que la justifica y la génesis de ellos. Conforme a lo dispuesto por el art. 163, incs. 3, 4 y 5 del Cód. Proc. resulta que la sentencia debe contener la consideración por separado, de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio más los fundamentos y la aplicación de la ley. En suma, los considerandos incluyen: 1º.- La reflexión sobre los hechos relatados en los resultandos, que ordena según su importancia al igual que el tratamiento de la prueba. 2º.- La comprobación de la plataforma fáctica por medio de la apreciación judicial de los elementos probatorios producidos en la causa, con el objeto de determinar cuales de los invocados por las partes serán tomados como válidos (art. 337 del Cód. Proc.), sobre el “onus probandi” y la figura del 386 del Cod. Proc. sobre el sistema de apreciación de estas. 3º.- La subsunción jurídica.
La Corte ha declarado, con acierto, que la sentencia es una unidad lógico-jurídica, “cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos” por cuya razón tanto aquella como éstos deben ser tomados en cuenta para su interpretación (Cfr. Fallos, 308:139; y también 298:737; 304:590; 306:344; 306:980; 307:437, 307:784 y 307:112, autor cit.; op. cit.).
La parte dispositiva constituye la parcela que se localiza la conclusión del silogismo final. Aquí, el poder jurisdiccional aparece expresado en la regla jurídica que obligatoriamente disciplina el caso judicial. El poder del Juez de fallar es el deber expresado en el art. 15 del Cód. Civil., y del art. 3 del código Civil y Comercial, que bajo el subtitulo “deber de resolver”, establece que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada, reglamentado por el art. 163 inc. 6 del Cód. Proc. En la especie, de las disposiciones de los arts. 161, 162, 163 inc. 6, 7 y 8 y 34 incs. 4 y 6, resulta el contenido de la sentencia. En esta parte debe considerar y decidir en forma expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones en el juicio, calificada según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en su caso en todo o en parte.
La parte dispositiva y los fundamentos –considerandos- deben guardar coherencia, si estos no se proyectan sobre aquella se configurará una hipótesis de arbitrariedad que haría invalidable la sentencia. (Cfr. Corte Suprema, sentencia G. 703.XXI, “Gutiérrez de Sánchez, Dorotea Checa c/ Gutiérrez, Rodolfo Primitivo y otros”, 10-03-88, entre otras, ídem obra y autor cit.). Asimismo, respeto a la congruencia en el tema de la sentencia se refiere a la necesaria conformidad que debe existir entre las pretensiones, defensa y excepciones deducidas y el decisorio. Que el juzgador se pronuncie sobre todas las cuestiones esenciales planteadas por las partes es una cuestión de lógica, debiendo recaer el fallo sobre los sujetos del proceso, el objeto reclamado y en función de la causa y objeto invocado, “sin incurrir en omisiones o demasías decisorias en desmedro del art. 18 de la Constitución Nacional que tutela la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, garantizado además, por el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que asegura la tutela judicial y el acceso a la justicia y por ende la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento.
Sentadas las premisas legales y doctrinarias aplicadas al presente caso bajo juzgamiento en esta Alzada, comenzaremos a analizar: ¿Si en la sentencia dictada en Primera Instancia se ha omitido resolver alguna cuestión esencial o conducente para la dilucidación de la contienda judicial?
Para dar respuesta a este interrogante puede observarse más abajo a lo largo del presente voto, que se han omitido en el pronunciamiento judicial de Primera Instancia, el tratamiento en los considerandos de cuestiones –a juicio del suscripto- “esenciales y conducentes”, de lo cual se colige que dicha sentencia adolece de vicios “in-iudicando” que la invalida como tal y corresponde declarar de oficio, su nulidad por la vía recursiva.
Que la buena técnica judicial en el acto jurisdiccional de sentenciar – respetando siempre las reglas que el buen orden metodológico aconseja en estos supuestos- sistemáticamente corresponde primero hacer referencia en los resultandos, luego en los considerandos tratar las cuestiones objeto de planteo por la parte y/o partes y finalmente resolverlo en la parte dispositiva del fallo, y así dar cumplimiento acabado a lo que se denomina el silogismo sentencial aristotélico escolástico tomista.
La Corte ha explicado que el principio de congruencia exige la existencia de conformidad entre la sentencia, y las pretensiones y defensas deducidas en juicio, es decir, que debe mediar correspondencia entre el contenido de las pretensiones y oposiciones de las partes, y la respuesta que surge del órgano jurisdiccional en su pronunciamiento (Fallos: 336:2429).
En este sentido, ha precisado por medio de histórica y reiterada jurisprudencia que la jurisdicción de las cámaras está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que prescindir de tal limitación —resolviendo cuestiones que han quedado firmes— infringe el principio de congruencia, que se sustenta en los derechos de propiedad y defensa en juicio (doctrina de Fallos: 230:478; 231:222; 248:577; 268:323; 301:925; 338:552).
Ahora bien, sentada la doctrina legal aplicable al presente caso sometido a esta jurisdicción, pasaré a considerar y demostrar que corresponde decretar la nulidad el fallo, a tenor de los siguientes argumentos que paso a desarrollar. A estos efectos, extraigo que en las dos actas de cierre de mediación que lucen glosadas a fs., 6 y 23, al Igual que la constancia de ingreso de la causa a Receptoría de Expedientes sus caratulas dicen: “Daños y perjuicios. Incump. Contractual”. Así también consta su objeto, en la tapa del expediente. Que en la copia de carta documento obrante a fs. 16, textualmente se verifica que se intima al demandado para que dentro del plazo de 48 hs. haga entrega de los inmuebles adquiridos habiendo abonado los compradores la totalidad del precio convenido. Y también se los intima a que cumplan con la cláusula séptima del contrato, abonando la multa diaria de $500 por la demora en la entrega de los departamentos. Además se le previene que de persistir su incumplimiento se iniciaran las acciones legales pertinentes.
Que del escrito de inicio de demanda, surge en el objeto del juico textualmente que: “Venimos a promover juicio ordinario por incumplimiento contractual, daños y perjuicios por la suma…” (sic.).
Que al relatar los hechos a fs. 17 vta. afirman que el demandado fue intimado mediante una carta documento para que en el plazo de 48 hs. haga entrega efectiva de dichos inmuebles y abone la cláusula penal de $5000 diarios, establecida en el contrato, hasta el efectivo cumplimiento, empero su resultado fue negativo. A su vez a fs. 18 dicen: “que de acuerdo a lo manifestado, inicio demanda por incumplimiento contractual e indemnización de daños y perjuicios correspondientes”.
Asimismo en el pliego de posiciones que corre agregado a fs. 63 y que debía absolver el demandado, en la posición cuarta propuesta por los actores, afirmativamente le formulan la siguiente posición: “Para que jure como es cierto que Ud. ante los reiterados reclamos verbales de la actora y sin obtener respuesta afirmativa por el demandado, se le envió una carta documento en el mes de febrero de 2.018 intimando al Sr. Medina a que en el plazo improrrogable de 48 hs. haga entrega efectiva de ambos inmuebles y abone la cláusula penal de $500 diarios establecida en el punto siete del contrario firmado hasta el efectivo cumplimiento, pero el resultado fue negativo”. De este modo según prescripción legal del art. 409 del Cód. Proc., cada posición importará para el ponente, el reconocimiento del hecho a que se refiere. De todo lo expuesto y desarrollado en el presente acápite, deduzco y llego a la conclusión, con aplicación “analógica” de los métodos de estudio e interpretación del escrito de libelo de demanda, y demás elementos probatorios citados “ut-supra”, denominados “gramatical y exegético”, asistido por una valoración axiológica integral, y las reglas de la lógica, que la parte actora promovió una acción de cumplimiento de contrato acumulada objetivamente con otra acción de daños y perjuicios tarifada contractualmente, todo ello teniendo en mira el culto al texto de la demanda y los otros medios probatorios descriptos y la intención de la parte accionante, con el objeto de desentrañar el pensamiento de la misma, como integrante de la voluntad desplegada por ella en su propuesta de demanda. (Así dispone el art. 3 del C. C. y C. que el juez debe resolver los asuntos que son sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada).
En suma juzgo, que en la sentencia recurrida se ha omitido considerar y resolver una primera cuestión esencial, como es la acción de cumplimiento de contrato.
Tampoco se consideró otra cuestión esencial y conducente, como es la legitimación para obrar, toda vez que -a mi modo de juzgar- estimo que el Magistrado debe abocarse de oficio con relación a este tema, por cuanto es una cuestión de orden público, es decir imperativa legalmente.
No se exponen –endicho fallo en crisis- las razones, los motivos y los fundamentos por los cuales se hace lugar parcialmente a la demanda, constando ello en la parte resolutiva de dicho pronunciamiento judicial. En los considerandos de su sentencia la Sra. Jueza hace referencia a la acumulación de la pretensión de cumplimento de contrato con la clausula penal, empero nada resuelve con respecto a la acción de cumplimiento de contrato respecto del demandado. En tal sentido jurídico vale recordar que la acción de daños y perjuicios (en este caso pactados en una cláusula penal), es accesoria de la acción principal de cumplimiento de contrato.
En el tópico de los considerandos dice S. S. que los actores solicitan como monto de los daños la suma de U$D 115.000, pero no resuelve esta cuestión propuesta en la demanda, ni le da tratamiento.
Finalmente, debe estimarse que en modo y forma alguna el presente voto implica e importa adelanto de opinión y pre-juzgamiento alguno referido a las cuestiones de fondo propuestas a esta jurisdicción judicial.
En su consecuencia, teniendo en consideración que los tratados internacionales sobre Derechos Humanos han introducido el requisito de la doble instancia en el art. 8. 2 Inc. h del Pacto de San José de Costa Rica, que establece el derecho de recurrir del fallo ante el Juez o Tribunal Superior y a su vez, que el Pacto de Las Naciones Unidas (art. 14 pto. 5) determina que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometido a un Tribunal Superior conforme a los prescripto por la ley”, y habida cuenta lo dispuesto por el art. 253 del Cód. Proc. y su Conc. Int. art. 169 del mismo ordenamiento legal, que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia, propongo a mis distinguidos colegas por esta vía recursiva–por estar comprometido el orden público jurisdiccional- decretar la nulidad de la sentencia pronunciada en Primera Instancia y glosada, debiendo a tal fin remitirse las presentes actuaciones al Juzgado de origen a los fines de que la Sentenciante de grado –previo a dar de baja las presentes actuaciones de sus libros de secretaria y sistema informático- remita sin más a la Receptoría General de Expedientes Departamental, para desinsacular un nuevo Juez que deberá dictar una nueva sentencia.
5. Las costas de Alzada Propongo no imponer costas de Alzada en atención al modo y forma en que se da solución al caso en esta Instancia (art. 68 del Cód. Proc.). Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA AFIRMATIVA Por análogos fundamentos los Dres. Posca y Pérez Catella también VOTAN POR LA AFIRMATIVA Con lo que se dio por finalizado el presente Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE 1°) DECLARAR LA NULIDAD de oficio de la sentencia de Primera Instancia dictada con fecha 04/04/2022 2°) DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento de los agravios incoados por la parte actora 3°) REMITIR los actuados al Juzgado de origen, a fin que, previo dar de baja los obrados de los Libros de Secretaría y sistema informático, se reenvíen los mismos a la Receptoría General de Expedientes Departamental para proceder al sorteo de un nuevo Juez que por turno corresponda 4º) NO IMPONER costas de Alzada en atención al modo y forma en que se da solución al caso en esta Instancia, (art. 68 del Cód. Proc.).NOTIFIQUESE la presente resolución por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia