Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 42.820
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1°)
Rechazar el pedido de deserción del recurso de apelación interpuesto por la demandada. 2°) modificar la SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: Imponer por SU ORDEN las costas suscitadas por la falta de legitimación pasiva del Sr. Brisuela (art. 68 2° párr. CPCC). 3°) CONFIMAR el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios por los argumentos expuestos en la presente. 4°) imponer las costas generadas en esta instancia recursiva a la parte demandada, en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 del C.P.C.C.), con excepción de las costas generadas por la revisión del rechazo de la falta de legitimación pasiva del Sr. Brisuela, las que se soportan por su orden. 5°) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "RICO CARLOS ALBERTO (67) C/ BUILDINGS INTELLIGENTS SA Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES”
JUZ. CIV. Y COM. N°5
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “RICO CARLOS ALBERTO (67) C/ BUILDINGS INTELLIGENTS SA Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES”
LM-42820-2021 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI - PEREZ CATELLA – POSCA resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. Cuestión: ¿Corresponde declarar la deserción del recurso de apelación de la parte demandada?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ
DOCTOR JOSE NICOLAS TARABORRELLI dijo:
I. Los antecedentes del caso Con fecha 17/09/2024, el Magistrado de origen resolvió: “1.
Declarar resuelto el contrato signado con fecha 15 de junio de 2.021 entre el actor Carlos Alberto Rico y la demandada Buildings Intelligents SA. 2. Condenar a Buildings Intelligents SA a restituir al accionante Carlos Alberto Rico la suma de nueve millones trescientos ochenta y ocho mil ciento sesenta y nueve Pesos con ochenta y cuatro centavos -$9.388.169,84- con más los intereses establecidos precedentemente, dentro del plazo de diez días de quedar firme la liquidación que al efecto deberá practicarse una vez que este pronunciamiento pase en autoridad de cosa juzgada, bajo apercibimiento de ejecución. 3. Declarar inaplicable al presente caso el artículo 7 de la Ley N°23.928, según Ley N° 25.561. 4. Rechazar, de conformidad con los fundamentos expuestos en el Considerando Quinto, el reclamo indemnizatorio de daños y perjuicios promovido por el demandante Carlos Alberto Rico. 5. Imponer las costas del juicio a la sociedad demandada vencida -Buildings Intelligents SA-, conforme el principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 77 del CPCC). 6. Rechazar la demanda incoada por Carlos Alberto Rico contra Pablo Matías Brizuela; con costas a la parte actora conforme lo dispuesto en el Apartado “b” del Considerando Cuarto y en el Considerando Séptimo (art. 68 del CPCC). 7. Diferir la regulación de honorarios de los letrados y demás profesionales intervinientes para el momento procesal oportuno; así como, en su caso y de así corresponder, la liquidación de la tasa de justicia (art. 51 de la Ley N° 14.967; art. 337 del Código Fiscal)…”
Contra dicha forma de resolver, interpusieron recurso de apelación la parte actora en fecha 17/09/2024 y la parte demandada en fecha 24/09/2024; remedios concedidos libremente en fecha 23/09/2024 y 2/10/2024 respectivamente.
Elevadas las actuaciones, fueron radicadas ante esta Sala Primera. El día 13/11/2024 se llamó a expresar a agravios. Con fecha 14/11/2024 presentó sus fundamentos la parte actora y con fecha 25/11/2024 la demandada.
Con fecha 4/12/2024 se corrió traslado de las expresiones de agravios presentadas, resultando contestado únicamente por la accionante en fecha 6/12/2024, dándose a la contraria por decaído el derecho que dejó de utilizar en fecha 27/12/2024.
Así las cosas, se llamaron autos para sentencia el día 14/02/2025, practicándose posteriormente el sorteo de orden de estudio (31/03/2025).
Con fecha 6/05/2025 se suspendió el plazo para dictar sentencia, ordenándose como medida para mejor proveer la intimación a la parte actora para acompañar en formato papel la documentación adjunta al escrito de demanda. Habiéndose dado cumplimiento con dicho requerimiento en fecha 8/05/2025, se reanudó el plazo para dictar sentencia mediante interlocutoria de fecha 3/06/2025.
II.a. Los agravios de la parte actora En primer lugar, el actor se agravió en torno al rechazo del rubro pérdida de chance y señal.
Respecto al rechazo de la devolución del doble de la seña, el apelante sostuvo: “…resulta al menos llamativo que V.S. entienda que el incumplimiento contractual, per se, no resulta dentro del concepto Señal en los términos del art. 1059 del CCCN habida cuenta que, para el Magistrado, no hubo arrepentimiento sino ‘incumplimiento´, lo cual es incorrecto. En esa hipótesis, bastaría que nadie más se arrepienta de no cumplir con la seña en un contrato para que sea interpretado como un incumplimiento contractual, convirtiendo el Art. 1059 del CCCN en letra muerte de manera literal”. A lo cual agregó: “Se denota de autos que el Sr. Rico entregó una seña debidamente individualizada, a los efectos de la entrega de una cosa y que esa cosa no fue entregada en los plazos estipulados por el demandado. De allí que se observa que los requisitos normativos y doctrinarios de la Seña se cumplen pues la entrega de sumas de dinero son expresamente la promesa de una obligación a futuro. En caso de incumplimiento (expresado mediante cancelación del contrato o bien de manera tácita con el propio incumplimiento de la obligación), se merece hacer lugar al rubro señal: Esto es, resulta impropio y arbitrario que V.S. no lo haya incluido conforme fuera reclamado en demanda inicial, más si finalmente en el mismo cuerpo de sentencia declara el contrato dejado sin efecto en su parte dispositiva”. Además, postuló: “En la práctica de la sentencia de Primera Instancia, es decir, sin la aceptación de los rubros de Señal o de perdida de chance reclamados en demanda inicial (ambos reclamados de manera independiente), el demandado se ve obligado a devolver únicamente la suma entregada por el actor, más sus simples intereses; es decir, sin sanción alguna a su ilegal conducta, lo que provoca que su no inclusión no conlleve sanción pecuniaria alguna en favor de quien incumplió con el contrato durante 3 años desde su reserva de adquisición de bienes”. Concluyendo el apelante: “Así, siendo que el los codemandados aceptaron la suma de dinero aportada por el actor, de manera confirmatoria del acto y sin que el bien haya sido entregado, no quedan dudas que la suma señala responde a su seña, debiendo los obligados a restituir su doble”.
Por su parte, en cuanto al rechazo del rubro pérdida de chance, específicamente el recurrente mencionó: “De manera probada, a nuestro entender, mientras los demandados especulaban con el plazo de entrega de la cosa contratada, el actor se encontraba imposibilitado de explotar el terreno para el cual había encargado el módulo habitacional. En efecto, ese tiempo perdido conllevó a una pérdida patrimonial que sin dudas, debe ser indemnizada. Vea V.E. que los conteiners debieron ser entregados en el mes de septiembre y/o octubre del año 2021, siendo que, con las obras ya avanzadas conforme han expuesto los testigos (quienes ayudaban en la obra), las viviendas estarían disponibles para los meses de enero y febrero de 2022, pudiendo ganar no solo la temporada de verano “21/22”, sino los primeros alquileres de los trabajadores y estudiantes que realizan tareas en la ciudad de Choele Choel anualmente. Al no recibir los conteiner en tiempo y forma, el Sr. Rico se vio obligado no solo a abonar unos nuevos en otra empresa sino en demorar notoriamente la obra y sus ganancias, la cual recién pudo ser concluida casi a mediados del año 2022, perdiendo por lo menos 7 meses de ganancias (en el mejor de los casos, sin perjuicio que debió comprar otras viviendas)”.
En tal sentido, adicionó: “El grado del daño y la pérdida real que sufrió el actor determinarán el monto de la indemnización final por dicho concepto que consideramos con una base de Pesos Setecientos ochenta mil ($780.000.-), que corresponden a un simple valor estimativo del dinero que perdió el Sr. Rico entre los meses de agosto de 2021 a abril de 2022 ante la falta de cumplimiento”.
En segundo lugar, el accionante se agravió respecto a la falta de legitimación pasiva resuelta en torno al codemandado Brizuela. Expresó: “…la empresa y Brizuela, en su carácter de socio gerente de la propia empresa de su propiedad (sin perjuicio que todos los recibos están a su nombre y no de la empresa) representan, en efecto, un litisconsorcio pasivo necesario […] no se advierte la imposibilidad de justipreciar en forma independiente las obligaciones que cada una de las codemandadas tenían en la operatoria financiera descripta en la demanda, y su eventual incumplimiento, sin que resulte necesario el dictado de una sentencia única que involucre a ambas pues resultan ambos codemandados una única unidad solidaria y mancomunada…”
Asimismo, manifestó: “De hecho, no es menor resaltar que en todos los documentos y pagos que las partes invocaban como motivo de sus diferencias fueron partícipes de una u otra manera los liquidadores presentes y/o se encontraban certificados notarialmente. Incluso para esta época se encontraba certificada la firma del Sr. Brizuela como único adquirente del dinero, no así la propia empresa que él mismo resulta dueño titular mayoritario y socio gerente”.
Por último, el apelante sostuvo: “…el actor se vio imposibilitado de reclamar el monto adeudado a una sola persona jurídica atento que sus socios gerentes (Brizuela), tampoco le contestaban los emails o las cartas documentos remitidas a dirección falsas que la empresa social informó en la IGJ y que resulta inexistente, dejando entrever la insolvencia o seriedad de la empresa en todo momento, por lo que la solidaridad y este litisconsorcio resulta en extremo importante pues, muy posiblemente, la sociedad no posee absolutamente nada a su nombre (pues siquiera tiene un domicilio verdadero), siendo solo una fantochada para que Brizuela, estafe gente, como hizo con el actor…”
En tercer lugar, por los mismos fundamentos antes enunciados, el apelante se agravió en torno a la imposición de costas que le fueran cargadas por la falta de legitimación del codemandado resulta en la instancia liminar. Señaló: “…debió eximir al actor de tener que abonarle costas profesionales del proceso pues es citada a la demanda como obligado tercero en litisconsorcio en su carácter de socio gerente de la misma empresa en que resulta socio mayoritario, es decir, como litisconsorcio necesario pasivo. Esto es, vencido que fuera el Demandado principal no puede darse como resultado que el tercero obligado (Brizuela), en su carácter de socio gerente y recibidor de las sumas de dinero, quede indemne en todo sentido, debiéndole abonar cargas a su letrado que, además, resultó ser el mismo que el de la empresa, ambas declaradas rebeldes”.
II.b. Los agravios de la parte demandada En primer lugar, la accionada se agravió respecto al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva. Sostuvo: “…La excepción encuentra fundamento en el documento que invoca el actor como fuente del incumplimiento contractual. El actor RICO Carlos Alberto celebró contrato con CONSTRUCCIONES INTELLIGENTES S.A, al momento de demandar lo ha hecho a BUILDINGS INTELLIGENTS S.A. Advierta VS que las partes en el contrato resultan RICO CARLOS ALBERTO y CONSTRUCCIONES INTELIGENTES S.A, en tanto el demandado en autos es BUILDINGS INTELLIGENTS S.A.” Con lo cual, la parte accionada solicitó el rechazo de la presente demanda.
En subsidio, la parte demandada planteó el incumplimiento del contrato por el actor por falta de pago. Mencionó: “Conforme el contrato y la cotización agregado en autos, las operaciones se celebraron el 15-6-2021, en ambas se determinó que la entrega de los módulos operaba en el término de 30 días, sujeta a una condición, cual era, el pago total del precio determinado, lo que debía ocurrir el 15-7-2021, habiendo transcurrido en exceso el término, el actor no cumplió con su obligación de pago (art 1257 inciso a del CCyCN). El incumplimiento del pago total de los módulos, lo determina la inexistencia de recibo, transferencia bancaria o factura que documente la entrega de $1.358.000. (Pesos un millón trescientos cincuenta y ocho mil), que faltaron para cancelar el precio de la cosa”.
A lo cual agregó: “El actor ha incumplido su obligación que es el pago total de la cosa (art 1257 inciso a) CCyCN), por lo cual la sentencia debe ser revocada y la demanda rechazada con costa. El a-quo en su sentencia sólo se remite a la obligación del demandado, evitando arbitrariamente a referirse a las obligaciones del actor; soslaya, niega o no observa que el actor ha incumplido con su obligación y que ese incumplimiento determina la imposibilidad de la entrega de los módulos”. Por otra parte, la parte accionada se agravió por el mecanismo de actualización dispuesto en la instancia de origen. Esgrimió: “Debo enfatizar que el actor, reclamó la actualización aplicándose tasa activa del banco de la Provincia de Buenos Aires y el juez en su sentencia aplicó una actualización, desconocida legal procesal, ya que ninguna ley, decreto o reglamente lo prevé”. A la vez, sostuvo que se encontraría prohibida la actualización monetaria en nuestro ordenamiento legal. Solicitando se revoque dicha parcela de la sentencia en crisis dado que la menciona actualización no fuera peticionada por el actor en el escrito de demanda. A la par, la parte accionada sostuvo que la haberse fijado intereses (6%) sobre el monto actualizado se estaría produciendo un anatocismo. Por lo cual, se dejó peticionado el rechazo de la fijación de los accesorios.
Por último, si bien no fueron concedidas en la instancia inaugural partidas indemnizatorias en concepto de daños y perjuicios ni pérdida de chance, la parte demandada dejó plasmado que, a su entender, correspondería en el caso su rechazo. Finalmente, efectuó planteo por temeridad y malicia como también por abuso del derecho de la parte actora, peticionando se la condene en consecuencia.
LA SOLUCION
III. El pedido de deserción del recurso de apelación interpuesto por la demandada Previamente, por una cuestión metodológica, corresponde resolver el planteo que formuló la parte actora al contestar los agravios, solicitando la deserción del recurso de apelación interpuesto por la contraria, toda vez que –en su opinión- los fundamentos expresados no se ajustarían a las prescripciones legales del artículo 260 y 261 del Cód. Proc. Corresponde al respecto recordar que en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 CN), la facultad que acuerda el art. 266 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación (arts. 260 y 261 del CPCC de la provincia de Buenos Aires) debe ser utilizada con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una trasgresión a la citada preceptiva legal. En este sentido, en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica del fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación, según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho con la mentada carga procesal (conf. CNCiv. Sala B, in re “Hinckelmann c. Gutiérrez Guido Spano s/liq. de sociedad conyugal”, del 28/10/2005; íd., en autos “Menéndez v. Alberto Sargo S.R.L s/daños y perjuicios”, del 23/11/2005; id. CNCiv. Sala H, del 15/06/2005; esta Sala expte. N° 78.929/05).
En efecto, de la atenta lectura de la pieza de agravios que fuera presentada electrónicamente con fecha 25/11/2024 surge a todas luces y prima facie, desde la óptica puramente formal que dicho escrito que impugna el pronunciamiento de Primera Instancia, constituye una crítica de las partes del fallo que la apelante –desde su ángulo de visión subjetivoconsidera equivocado. Por lo tanto, corresponde decretar el rechazo del pedido de deserción del recurso, por ajustarse la pieza cuestionada, desde la óptica técnico-formal y “prima facie” a las prescripciones legales del art. 260 y 261 del C.P.C.C. Máxime, el criterio en el que se encuentra enrolado esta Sala Primera del mínimo agravio.
Por las consideraciones legales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA. – Por análogos fundamentos, el Doctor Pérez Catella y el Doctor Posca también VOTAN POR LA NEGATIVA. – A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI, dijo:
Centrado los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
IV. Los efectos de la declaración de rebeldía La declaración de rebeldía en una contienda judicial, significa que una parte no se ha presentado o ha abandonado el proceso, luego de haber sido citada, lo que puede generar una serie de consecuencias procesales y/o sustanciales. Uno de los efectos más comunes, es la presunción de que los hechos lícitos denunciados y desarrollados por la parte contraria, son ciertos y verdaderos, sin embargo el Magistrado no está obligado a aceptarlos como tales, quién debe considerar y valorar las pruebas y/o elementos de juicio producidos e incorporados al proceso (arts. 263 del C. C. y C., y 59, 60, 354 inc.1° del Cód. Proc.).
En tal sentido, la declaración de rebeldía produce los siguientes efectos jurídicos, a saber: a) La presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por la parte contraria. b) Respecto a sus efectos sustanciales o de fondo, entre otros, tener por constituido en mora al deudor c) El silencio producido como consecuencia de la no contestación de la demanda, podrá estimarse como reconocimiento de los documentos y pruebas escritas agregadas por la parte demandante.
La demandada Buildings Intelligents S.A., fue declarada rebelde por no haber contestado la demanda ni presentarse en autos, a pesar de estar debidamente notificada del traslado de la demanda. Luego cesó su estado de rebeldía.
En su consecuencia, corresponde tener por ciertos y acreditada debidamente: a) La legitimación tanto activa como pasiva, que surge de la relación jurídica (contrato de obra) existente entre el actor Carlos Alberto Rico y la demandada Buildings Intelligents. S.A.; b) La suscripción por parte del actor y de la demandada de un contrato de obra (denominado contrato de construcción y servicio), y anexos, denominados cotización proyecto Carlos Rico 45m2, módulo habitacional B y planos; c) La recepción y autenticidad de todas las cartas documentos emitidas y enviadas por la parte actora; d) La autenticidad, como también la remisión, envío y recepción de todos los correos electrónicos intercambiados por las partes de autos, que se adjuntaron en la cantidad de catorce (14) instrumentos que obran en el anexo “E”. e) El recibo de fecha 25/6/21, de pago emitido por la parte demandada, con el cual se prueba que el actor cumplió su obligación de abonar una suma de dinero; f) El incumplimiento contractual absoluto de la demandada y su estado de mora y por ende estimo que se presume la culpa imputable a la demandada, cuyo estado de mora fue considerado por S.S. en su pronunciamiento judicial. Además, dichos institutos fueron consumados oportunamente; g) La resolución “ipso-facto” del contrato por el incumplimiento contractual de la demandada, sin perjuicio de que el Sr. Juez de Primera Instancia declaró la resolución juridicial del contrato de marras, que es objeto de confirmación según se demuestra “ut-infra” en este voto, basada en la causal de incumplimiento contractual imputable a la demandada.
Que sin perjuicio de lo resuelto “ut supra” respecto a la autenticidad y recepción de dichas cartas documentos, de las mismas surge que el empleado de Correo, dejó constancia en el acto de la diligencia: “cerrado, ausente, se dejó aviso de visita”. “Plazo vencido. No reclamado”. Según la reglamentación y práctica en vigencia, cuando se da esta situación, el empleado deja constancia del aviso de visita. Luego el destinatario cuenta con cinco días para que él mismo retire de la Oficina de Correos la pieza postal. No habiendo el mismo cumplido con dicha carga u obligación se lo tiene por notificado del contenido de las mentadas cartas documento.
Dentro del mismo orden de ideas y a mayor abundamiento u “obiter dicta”, considero que se tienen por reconocidas y por recibidas dichas cartas documento, precisamente por la falta de colaboración de la accionada.
V. Legitimación activa y pasiva La legitimación activa es la capacidad o aptitud legal de una persona para demandar, accionar y/o recurrir en un pleito judicial. Es un requisito esencial para iniciar un proceso o contienda y para que se integre la litis. El actor debe ser titular de un derecho subjetivo o tener un interés legítimo frente a la parte demandada. Es un presupuesto importante e indispensable para la correcta integración del juicio.
La legitimación pasiva en derecho se refiere a la capacidad de una persona para ser accionada y ser demandada en un proceso judicial, es decir, la aptitud de ser el destinatario de una acción jurídica. Es lo contrario u opuesto a la legitimación activa, que se refiere a la capacidad para promover una demanda. En otras palabras, la legitimación pasiva establece y determina quién debe responder civilmente a una acción legal. Ello implica que la persona contra la que se entabla y dirige la acción, tenga la capacidad y aptitud suficiente de ser demandada y de responder civilmente por las consecuencias legales que la misma comprende. Esta legitimación está directamente relacionada con la persona que es la responsable de la situación o relación jurídica que genera la demanda. En la responsabilidad civil contractual es la persona que no ha cumplido con sus obligaciones. La legitimación pasiva sustancial o “ad-causam” es un elemento esencial en cualquier relación jurídica y proceso judicial, ya que garantiza que la persona correcta sea demandada y responda por las consecuencias o efectos legales de sus acciones, omisiones e incumplimientos contractuales. La legitimación activa se relaciona con la existencia de una relación entre la persona que reclama y la situación que supuestamente le afecta. Por ejemplo, en un proceso constitucional, la legitimación activa puede ser la capacidad de poner en marcha un proceso constitucional. La legitimación activa se diferencia de la legitimación pasiva, que se relaciona con la identidad entre la persona demandada y el sujeto pasivo. La legitimación activa puede ser comprobada oficiosamente por los tribunales en cualquier instancia.
De toda la prueba documental acompañada en autos, se acredita debidamente tanto la legitimación activa como la legitimación pasiva y que seguidamente paso a enumerar de este modo, a saber: a) El contrato que une a las partes fue reconocido por el Sr. Brizuela en representación de la accionada, al igual que el acta notarial que certificó la firma y el carácter en que suscribió –como Presidente de la accionada- dicho acto jurídico celebrado en fecha 15 de junio de 2021, b) El recibo del pago de una parte del precio convenido, firmado por Brizuela en representación de Buildings Intelligents S.A. en fecha 25 de junio de 2021, en el cual obra en su membrete dicha razón social demandada, c) La certificación notarial adjuntada a dicho contrato que certificó que la mencionada firma fue estampada en la calidad de Presidente de la accionada Sociedad Anónima, d) Las cartas documentos enviadas por la actora a la demandada, se acredita debidamente tanto la legitimación activa como la legitimación pasiva, sin perjuicio de los sólidos fundamentos considerados por S.S. en su pronunciamiento de Primera Instancia con referencia a este tópico. De modo tal, se encuentra acreditada la relación jurídica existente entre la persona física del actor y la persona jurídica demandada (arts. 724, 725, 726m, 727, 957, 961, 964, 965, 1.003, 1.012, 1.013, 1.019, 1.21, 1.251, 1.256 y 1.257, del C. C. y C.), surgiendo de dicho contrato los derechos personales y los subjetivos originados en la ley por parte de la parte actora (como legitimado activo o “ad-causam” para demandar), al igual que la legitimación pasiva o “ad-causam” en cabeza de la sociedad anónima accionada, como responsable contractual frente a la persona del accionante. Para finalizar, a mayor abundamiento y como adición a lo hasta aquí expuesto, atento al agravio esgrimido por la parte accionada relativo a la identificación de la sociedad contratista, se destaca que en forma alguna las meras enunciaciones formuladas por la apelante, logran rebatir puntual y concretamente los argumentos expuestos a lo largo de la presente y volcados asimismo en el pronunciamiento apelado, por el sentenciante de origen, en el considerando Cuarto “b”: “De la legitimación activa y pasiva para intervenir en los presentes obrados”, por lo que dejo propuesto su rechazo.
VI. Contrato de Obra: su resolución judicial En el Código Civil y Comercial en su (art. 1251) se prescribe que el contrato de obra se define como aquel por el cual una persona (el contratista) se obliga a realizar una obra material o intelectual para otra (el comitente), quien a su vez se obliga a pagar un precio determinado. Este contrato puede ser de construcción, pero también incluye la realización de otros trabajos o servicios.
El contratista se obliga a realizar la obra en las condiciones acordadas, dentro del plazo establecido y con la calidad esperada. El comitente se obliga a pagar el precio acordado por la obra y a colaborar para su correcta ejecución. En síntesis, el contrato de obra es un acuerdo de partes fundamental en el ámbito civil y comercial, que regula la realización de trabajos u obras y servicios a cambio –como contraprestación- de un precio cierto, con obligaciones específicas para ambas partes involucradas. La relación jurídica contractual (contrato de obra) ha sido debidamente encuadrada en la sentencia de Primera Instancia, resta ahora escudriñar y analizar la conducta antijurídica causada por el incumplimiento contractual y absoluto de la parte demandada y los efectos que ello ha producido.
En tal sentido, previamente, corresponde por una cuestión de orden metodológico, resolver los agravios de la accionada, identificados como VI. 2 y VI. 3, planteando e imputando incumplimiento al actor por falta de pago del precio. Desde ya adelanto que estas quejas no deben prosperar, sobre la base de los siguientes fundamentos legales, a saber: a) Que el contrato fue suscripto en fecha 15 de junio del 2021; b) Que el plazo estimado de entrega del módulo habitacional (a cargo del demandado) era el 15 de julio del año 2021; c) Se destaca que en la cláusula séptima del contrato de autos, referente al plazo de entrega: “deberá comenzar fabricación después de firmado el presente contrato”. Era carga de la prueba en cabeza del accionado acreditar que inició la ejecución de la obra; d) Que de la interpretación del contrato de marras y cotización del proyecto Carlos Rico 45m2, surge que el módulo container se instalará en la Pcia. de Río Negro; e) Que en cuanto a la forma y modo de pago del precio se convino que los pagos se realizarían, así: el 50% de adelanto, y pagos semanales conforme avance, plazo de entrega 30 días; toda vez que se pactó expresamente que: “forma de pago”. Adelanto 50% y pagos semanales conforme avance, saldo 25% restante abonar antes de la entrega, plazo 30 días”. f) Que el actor abonó el 50% de adelanto.
Ahora bien, el accionado asumió la obligación de avanzar en la realización de la obra dentro del plazo de 30 días, a computarse a partir de la suscripción del contrato. Sin embargo, era su obligación hacerle saber a la actora mediante notificación al efecto, cómo avanzaba la obra, para así de ese modo y forma la obligación de abonar el precio por parte del deudor, se tornara exigible. O sea, que de acuerdo a cómo avanzaba la obra, era una condición de exigibilidad de la deuda a cargo del actor. En síntesis, la parte demandada se encuentra en estado de mora, en primer término, por no hacerle saber a la actora como avanzaba la obra y tornarse exigible el pago del precio parcial y en segundo lugar por no haber cumplido con la entrega de la obra. (Se aplica como doctrina la nota al art. 509 del Código Civil de Vélez Sarsfield, de la cual surge el deber de colaboración del acreedor a los efectos de que el deudor pueda cumplir su obligación, siendo su omisión culpable, al hacer imposible el pago por parte del deudor, quedando constituido en mora el acreedor).
Queda en evidencia que la demandada, guardó silencio absoluto tanto en la etapa extrajudicial de ejecución del contrato como también dentro de este proceso judicial, pues no colaboró en la búsqueda de la verdad objetiva, aportando medios probatorios a ese efecto, toda vez que a ella le incumbía la carga de la prueba, aplicando el principio de la distribución dinámica de la carga probatoria.
La parte demandada no demostró su voluntad de cumplir y/o de cumplimiento de sus obligaciones en la etapa de ejecución del contrato. No tuvo una participación activa en el proceso para colaborar con la búsqueda de la verdad objetiva. La conducta observada por la demandada durante la sustanciación del proceso constituye un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las pretensiones del actor (arg. art. 163 inc. 5°, segundo apartado del CPCCN, aplicado analógicamente como doctrina. El fundamento del precepto debe encontrarse en el deber de colaboración que han de prestar los justiciables, al dictado de una sentencia justa. En el proceso judicial no solo tiene eficacia o validez la manifestación de la voluntad, sino también el silencio guardado, la falta de ofrecimiento de pruebas y en general las actitudes emisivas, de conformidad con lo denominado: “autorresponsabilidad”, al asumir la demandada –en este caso- su responsabilidad procesal, por su comportamiento en el desarrollo de esta litis, y los efectos que ello produce, que se atribuye a quien actúa de ese modo en un juicio. El actor no fue constituido en mora por la demandada, resultando inaplicable al presente “sub-judice” la excepción de incumplimiento o denominada “exceptio non adimpleti contractus”, articulada, sin éxito por la accionada en su escrito de agravios, toda vez que es la demandada la que se encuentra en estado de mora.
La demandada no notificó ni hizo saber al actor en qué cuenta y banco debía realizar la transferencia bancaria (como forma y medio de pago convenido del saldo de precio (véase cláusula sexta del contrato, y art. 375 del Cód. Proc.), de lo cual se infiere que no colaboró con el actor para que el mismo pueda cumplir, por lo tanto, la obligación de este último no es exigible.
Está probado que la demandada se obligó a hacer entrega de un conteiner dentro del plazo de 30 días y no lo hizo.
El plazo dentro de cual debía la demandada cumplir con su obligación se encuentra vencido. Se destaca además que la obligación a cargo de la accionada de hacer entrega de la obra en las condiciones pactadas, la califico como una obligación de resultado, es decir, que no producido el resultado a su cargo, se presume “pro-homine” su culpa al consumarse su incumplimiento contractual absoluto.
De este modo y forma frente a dicho incumplimiento, el Sr. Juez de la instancia de origen, declaró fundadamente resuelto el contrato de obra. En tal sentido consideramos que aplicó la cláusula resolutoria implícita, por culpa imputable a la accionada, atendiendo a las circunstancias de los sujetos, del lugar y del tiempo, sobre la base de razones fácticas (hechos debidamente probados), aplicando correctamente “al caso de autos” los derechos subjetivos de la parte actora, condenando a la demandada (art 886, 1.083, 1.084, 1.087, 1.088, 1.089, 1721, 1724 y 1725 ss. y cc. del C. C. y C.).
A mayor abundamiento jurídico u “obiter dicta”, no es necesario –desde el punto de vista jurídico- que el acreedor (en nuestro caso el actor) ofrezca cumplir su obligación, al intimar al deudor que debe entregar una cosa o ejecutar una obra, toda vez que ello importa una manifestación tácita e implícita de cumplir con la obligación u obligaciones a su cargo, a los efectos de resolver el contrato por incumplimiento del deudor. Por lo que el sólo hecho de no haber ofrecido expresamente su cumplimiento no enerva la presente acción. La resolución del contrato se basa en la falta de cumplimiento por parte del deudor, y el acreedor tiene el derecho de optar por la resolución, siempre y cuando el incumplimiento sea esencial. El incumplimiento es esencial, porque afecta la esencia y el fin económico-social del contrato y la causa por la que el acreedor de la cosa lo celebró, que era recibir de parte del deudor la entrega del conteiner, pues dicho incumplimiento priva sustancialmente a la expectativa de una parte de lo que tenía el derecho subjetivo a esperar que la otra parte cumpla. Es decir que priva a una parte de la esencia de lo que esperaba –como finalidad- del contrato. Además, el incumplimiento –consistente en la no entrega de la obra por parte del accionado, calificada como una obligación de resultado, debe ser previsible para la parte que no cumple, vale decir que debería haber previsto que el incumplimiento causaría un daño importante a la otra parte. De allí que se lo califica a ese incumplimiento como “grave” porque priva al acreedor de la obra o de la cosa que debía entregarse. El incumplimiento debe ser grave, es decir, afectar la esencia del contrato y la causa por la que el acreedor lo celebró.
El plazo asumido por el deudor accionado para hacer entrega de la obra o de la cosa en las condiciones pactadas, se lo considera esencial, por que se refiere a un plazo cuyo cumplimento es fundamentalmente para el acreedor, para satisfacer su interés primario, de modo y forma que el incumplimiento tardío o incumplimiento absoluto ya no le resulta útil o beneficioso. El tiempo es esencial y crucial y la obligación contractual se estima o considera incumplida, si la misma no se cumple dentro del plazo convenido en el contrato, como en nuestro caso la entrega de la obra finalizada.
La resolución del contrato libera a ambas partes de sus obligaciones y tiene efecto retroactivo, lo que significa que se deben restituir las prestaciones que se hayan realizado.
El concepto de incumplimiento grave, es incumplimiento esencial; tiene un impacto o efecto significativo, es decir que el incumplimiento debe ser grave, por afectar de modo y manera sustancial los intereses de la parte acreedora no incumplidora, frustrando el normal desarrollo de la relación contractual.
Por todo ello, no habiendo demostrado judicialmente la parte demandada, que ella había iniciado y avanzado con la ejecución de la obra encomendada contractualmente por el actor, mal puede imputarle incumplimiento contractual al accionante, cuando ella se encuentra en estado de mora, presumiéndose su culpa.
Asimismo, corresponde destacar que el instituto de la resolución judicial del contrato, aplicado como solución al presente “sub-judice”, ha sido correcto y acertado, y no fue objeto de agravios ni de críticas por parte de la accionada, pero discrepa con S.S. en cuanto a que la imputación del incumplimiento se lo atribuye al actor. En tal sentido quedó demostrado fundadamente en este voto que dicho embate y quejas, resultan desacertadas e improcedentes.
Además, cerrando el tratamiento y resolución de esta primera parte del presente acápite, a mayor abundamiento u “obiter dicta” y sin perjuicio de todo lo desarrollado “ut-supra”, estimo que la demandada no intimó el pago de la deuda al actor, para así constituirlo en mora y dar por resuelto el contrato que los unía. Por todo ello, mal puede plantear la resolución del mismo, basado en la causal de incumplimiento contractual que le imputa improcedentemente a la parte actora. De este modo y forma queda descalificado este agravio.
Ahora bien, continuando con la resolución de los agravios expuestos por el actor, resulta que en el presente “caso”, no le son aplicables las reglas jurídicas de la seña, pues el art. 1059 del C. C. y C. establece bajo el subtítulo: Disposiciones generales que: La entrega de señal o arras se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse; en tal caso, quien entregó la señal la pierde en beneficio de la otra, y quien la recibió, debe restituirla doblada.
A su vez prescribe el art. 1060 del mismo Código referente a su modalidad que: “Como señal o arras pueden entregarse dinero o cosas muebles. Si es de la misma especie que lo que debe darse por el contrato, la señal se tiene como parte de la prestación si el contrato se cumple; pero no si ella es de diferente especie o si la obligación es de hacer o no hacer. Se denomina seña, señal o arras a la entrega de una cosa mueble o de una suma de dinero que una de las partes contratantes realiza a favor de la otra u otras, con alguna de las siguientes finalidades: reforzar el cumplimiento o permitir el arrepentimiento de cualquiera de los contratantes”. (Herrera-Caramelo. Picasso, en la obra Código Civil y Comercial, comentado, Ed. Infojus, año 2.015, T° III, págs. 454 y ss.).
“Se trata de un elemento accidental de los contratos bilaterales y plurilaterales. Su estipulación no requiere de fórmulas sacramentales, sino de la entrega de una cosa, que puede realizarse en cualquier momento antes del cumplimiento; esto es, antes de la celebración, en forma contemporánea con ello o luego, para reforzar el compromiso asumido. Hasta ahora se distinguía entre nosotros la señal prevista en el art. 1202 CC, que daba lugar al arrepentimiento y era considerada penitencial, de la del art. 475 del Código de Comercio, de carácter confirmatorio; aunque nada impedía pactar una seña confirmatoria en materia civil o una penitencial en materia comercial. Este Código prevé ambas modalidades, con un régimen flexible. Se establece en el art. 1060 C. C. y C. que, como señal o arras, puede entregarse dinero o cosas muebles; entrega que, en razón de lo establecido en el art. 1059 C. C. y C., se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. Quien recibe la seña es depositario de lo entregado, calidad que se mantendrá hasta que se determine la suerte del vínculo contractual” (ops. y autores cits. Págs. 454 a 457).
“El carácter confirmatorio de la seña determina que ella constituya una señal de la conclusión de un acuerdo en firme, que robustece el vínculo jurídico establecido entre las partes. De acuerdo a lo establecido en el art. 1060 C. C. y C., si lo dado es de la misma especie de lo que luego deba darse por el contrato, la señal se tendrá como parte de la prestación; pero no si ella es de diferente especie o la obligación es de hacer o no hacer, en cuyo caso da cuenta de la celebración del contrato, pero deberá luego restituirse a quien la entregó” (Autores y obra cit. págs. 455 a 457). Con respecto a la seña que faculta el arrepentimiento, los autores citados adoctrinan que: “Si las partes determinan que las arras son entregadas con la facultad de arrepentirse, dicho arrepentimiento podrá tener lugar hasta que se dé principio de ejecución a las obligaciones establecidas en el contrato, por vía de la realización de actos que no tendrían lugar de no ser la intención de las partes avanzar en el cumplimiento —por ejemplo, designación del escribano que habrá de intervenir en el otorgamiento de una escritura; depósito del saldo de precio; envío de instrucciones especiales para la entrega, etc., conformadas por la contraria” (obra y autores cits.). “En cuanto a la forma de operarse, variará según cuál sea la parte que se arrepiente. Si es quien entregó las arras, el arrepentimiento generará la pérdida en beneficio de la contraria de lo entregado. Si es quien las recibió, deberá entregar al constituyente el doble de lo recibido. Nada obsta a que las partes convengan otro régimen para regular la posibilidad de arrepentimiento. La seña opera, en este caso, como una condición resolutoria y ello permite diferenciarla de la reserva, de uso habitual en la intermediación inmobiliaria, pues ella actúa como una condición suspensiva que sujeta la viabilidad de la operación a la conformidad de la contraparte con una determinada propuesta negocial (art. 999 C. C. y C.; autores y obra cits.).
Dentro del mismo orden de ideas jurídicas, establece el art. 1061 del C. C. y C. que: El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de la buena fe.
“La interpretación de los contratos es una actividad lógica, ejecutada según las pautas legales establecidas básicamente en este Capítulo, que tiene por finalidad la búsqueda y determinación del significado y alcance del contenido del contrato según lo querido por las partes en oportunidad de su celebración. En este tramo del Código se trata de la interpretación de los contratos negociados, paritarios, y no de la de los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas”. La adopción de compromisos contractuales por las personas importa para ellas el ejercicio de la libertad que nuestro sistema constitucional establece como garantía para los particulares, pero también una renuncia a emplear los medios afectados al cumplimiento de las obligaciones asumidas a otras actividades, un sacrificio en términos de libertad. En materia de contratos, se ven en juego los distintos perfiles que la libertad presenta en la sociedad; pero, cualquiera sea el que se aborde, es claro que se trata de un derecho fundamental, que debe ser especialmente protegido. Una de las vías para hacerlo es la de determinar, en caso de discrepancia entre las partes, el recto sentido del contenido del contrato, de aquello que buscaban y por lo que decidieron asumir obligaciones” (autores y obra cits., pág. 457/8). En efecto, de la atenta lectura del contrato de obra de marras, se infiere sin hesitación, que la seña entregada por el actor a la demandada, ha sido abonada en el carácter de arras confirmatoria, porque las partes no pactaron la facultad de arrepentirse (arts. 1.063, 1.064 y 1.065 del C. C. y C.).
En suma, la seña entregada no reviste el carácter de penitencial, de lo que se colige que ninguna de las partes contratantes se encuentra facultada para arrepentirse. Es decir, que al ser dicha seña confirmatoria, en el caso de incumplimiento contractual y absoluto se aplican las reglas jurídicas de la resolución del contrato.
Resulta injusto, desde el punto de vista jurídico-económico que la suma de dinero abonada por el deudor al acreedor demandado, permanezca en el patrimonio de éste último y en su poder, al producirse la resolución del contrato, porque ello crea un verdadero enriquecimiento sin causa (art. 1794 del C. C. y C.) y constituye al mismo tiempo un ejercicio abusivo del derecho por parte del accionado, de conformidad a los arts. 9, 10 y 1 del C. C. y C. al violarse en principio de buena fe, pues la ley no ampara ejercicio abusivo de los derechos, al contrariar los fines del ordenamiento jurídico o los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, abusando de una posición dominante.
VII. Aplicación del caso “Barrios” al presente sub-judice Desde ya adelanto en el presente voto, que resultan improcedentes los agravios articulados por al accionada y que giran en torno a la inaplicabilidad del caso “Barrios”, que decreta la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, a los efectos de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado. En tal sentido jurídico el Sr. Juez Colega de Primera Instancia dispuso acertadamente y por pedido del actor en su escrito de demanda acápite VI. Liquidación: solicitó reajustar a la fecha del fallo el monto de los créditos reclamados –criterio que compartoaplicar como mecanismo de actualización, el valor del JUS Provincial (art. 9 de la ley 14.967) a la fecha 25 junio 2021, según recibo adjuntado en anexo B. Luego sentencia S.S. que a la fecha de dicho pago parcial el JUS ascendía a la suma de $2.630, siendo el monto entregado por dicho concepto $809.865,60 y que equivalían a 307,93 JUS. Finalmente, dispuso que a la fecha de su pronunciamiento judicial, el JUS era de $30.488 y que representan la suma de $9.388.169,84.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el novedoso caso: “Barrios” ha resuelto que: “Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, por ende, corresponde: a) revocar el fallo impugnado en lo que hace a los daños psíquicos de ambos accionantes, los cuales deberán ser incluidos en la reparación de la incapacidad otorgada en este proceso, y b) declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado. Asimismo, deberá remitirse el expediente a la Cámara de Apelación para que: a) calculando el valor a la fecha del pronunciamiento que aquí se ordena, determine el monto correspondiente al agravio reclamado en el recurso que se estima en esta sentencia, conforme a los criterios o parámetros de valorización empleados en el caso; b) por cuanto concierne a los demás rubros indemnizatorios reconocidos en la causa, establezca el mecanismo de actualización que correspondiere aplicar y la tasa de los intereses puros; c) todo ello, con arreglo a lo establecido en el presente pronunciamiento (en particular en los apartados V.16.c., V.17.a., V.17.b., V.17.c., V.17.d, V.17.e. y V.17.f. del voto que abre el acuerdo). (Ac. SCBA 3971/20). (SORIA Daniel Fernando – JUEZ KOGAN Hilda JUEZA- GENOUD Luis Esteban – JUEZ - TORRES Sergio Gabriel JUEZ CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA). (el subrayado no es original).
Como vemos, la Corte provincial ha modificado el criterio sostenido en épocas anteriores respecto a la actualización monetaria, por entender que, en un contexto de acusada inestabilidad económica, la aplicabilidad a ultranza del artículo 7 de la ley 23.928 genera una perturbación severa para la justa composición de los conflictos. Circunstancia, que ha motivado la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928 con el fundamento de que desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz.
En su pronunciamiento el Sr. Juez de la instancia de origen, destacó que correspondía un reajuste equitativo de la deuda, y por esa razón aplicó de oficio, a mi juicio, con razonabilidad y prudencia un índice de reajuste por desvalorización monetaria que responde al principio de “equidad”, dar a cada uno lo suyo, de modo tal, que no provocó un exceso de jurisdicción. Y más teniendo en consideración que en el precedente “Barrios”, se declara la posibilidad de aplicar en estos casos cualquiera de los índices de ajuste que el fallo indica. Tampoco se violó el principio de congruencia procesal, pues el reajuste fue planteado en el escrito de demanda (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del C.P.C. y C.).
Así las cosas, y toda vez que actualmente no puede desconocerse la existencia de un contexto inflacionario, dicha circunstancia me lleva a propiciar, al igual que fuera concluido por el sentenciante de origen, la inaplicabilidad al caso de la norma que prohíbe indexar, correspondiendo -de oficio- declarar su inconstitucionalidad. En consecuencia, dejo propuesto a mis colegas de Sala, la declaración de oficio de la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito adeudado.
VIII. Improcedencia del anatocismo planteado como agravio recursivo En esta parcela de los agravios yerra el quejoso apelante al sostener de modo improcedente, que constituye anatocismo la anexión o cúmulo del interés puro 6% al capital actualizado, sobre la base de que actualizar una deuda o crédito implica mantener actualizado el poder adquisitivo de la moneda o mantener actualizado el monto o una suma de dinero adeudada, con aplicación de la doctrina del “Valor de Cambio”, y su correspondiente adecuación o actualización monetaria, producido por el proceso inflacionario en nuestra economía; en cambio los intereses –calificados como moratorios- se deben en concepto de daños y perjuicios, causados por el estado de mora del deudor, al quedar privado del uso y disposición de capital adeudado.
La actualización monetaria o corrección monetaria, es un mecanismo económico-financiero que reajusta el valor nominal de una deuda de dinero, para compensar los efectos del proceso inflacionario. El objetivo o fin principal es mantener el poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo, asegurando que los valores monetarios reflejen de manera y modo más preciso, la realidad económica imperante en la oportunidad de cancelar o abonar la deuda. Y será el Magistrado, el que con razonabilidad, criterio, prudencia y equidad aplique el índice de reajuste corrector de la inflación.
La inflación produce como efecto económico, el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios, erosionando el poder de compra del dinero. La actualización monetaria tiene como finalidad contrarrestar ese efecto, evitando que las deudas se deprecien en términos reales.
Sus caracteres jurídicos-económicos son los siguientes: a)
Mantener el valor real de las deudas y créditos; b) Proteger el poder adquisitivo de los acreedores; c) Reflejar la realidad económica-financiera. La actualización monetaria, no agrega nada al capital que se actualiza, sino que únicamente concurre a reponer la capacidad adquisitiva perdida del dinero, por efecto del proceso inflacionario, manteniéndolo intangible y por dicha causa, no es un accesorio del capital.
Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, el instituto del anatocismo, regulado en el art. 770 del C. C. y C. es la acumulación de intereses vencidos y no pagados al capital principal, generando nuevos intereses sobre esa suma o crédito. Es decir, es la práctica de cobrar intereses sobre los intereses acumulados al capital, conceptualizado como capitalización de intereses. El interés se suma al capital original, incrementando la deuda o el crédito y sobre la cual se calculan nuevos intereses.
Como vemos, la actualización monetaria no es un accesorio, ni un interés del capital o del crédito adeudado, mientras que el interés, que puede ser moratorio, compensatorio y/o punitorio, –en sí mismo- es un accesorio de la deuda o del crédito o capital adeudado, calificado a este último como una obligación principal. En suma, dichos agravios quedan desestimados.
Siguiendo la misma línea de pensamiento judicial, tampoco constituye anatocismo, aplicar la tasa pasiva más alta del Bco. de la Pcia. de Bs. As. sobre el monto de la deuda cuantificada a la fecha del pronunciamiento judicial hasta el efectivo e íntegro pago.
IX. El rubro pérdida de chance Del texto legal de los arts. 1738 y 1739 del C. C. y C., surge y se interpreta que la Pérdida de chance, en derecho civil y comercial, se refiere a la pérdida de una probabilidad de obtener un beneficio o evitar una pérdida. Para que sea resarcible, la chance debe ser: probable, futura, cierta al momento del evento dañoso, y tener una relación causal adecuada con el hecho generador. Requisitos legales para la indemnización por pérdida de chance: 1.- Probabilidad razonable: La pérdida de chance no debe ser simplemente hipotética, sino que debe existir una probabilidad cierta y suficiente de que se concretara en el futuro. 2.- Relación de causalidad: Debe existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho o acto dañoso y la frustración de la chance, según el curso natural y ordinario de las cosas. 3.- Cierto y subsistente perjuicio: El perjuicio o al daño patrimonial resultante de la pérdida de chance, debe ser cierto, actual o futuro, y no debe haber sido previamente compensado. 4.- Probabilidad suficiente: La pérdida de chance debe tener una probabilidad considerable y de importancia y relevancia jurídica de concretarse o producirse, y no ser una mera expectativa vaga o remota.
La pérdida de chance se configura jurídicamente cuando se configuran los siguientes extremos legales, a saber: a) Se frustra una probabilidad de obtener un beneficio o evitar una pérdida. b) La chance tiene una probabilidad suficiente de concretarse. c) Se acredite debidamente la relación de causalidad entre el acto o hecho ilícito y la pérdida de chance. La pérdida de chance no es un lucro cesante, pues no se indemniza el beneficio que se hubiera obtenido, sino la probabilidad de obtenerlo. La cuantificación de la indemnización por pérdida de chance debe tener en cuenta la viabilidad, virtualidad o expectativa de que la chance se concretara y la magnitud y grado económico del beneficio esperado. “La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. La referencia a la contingencia razonable, es el equivalente a la probabilidad objetiva, que debe concurrir con la relación de causalidad. Se trata de dos requisitos: a) certeza de que, si no hubiera ocurrido el incumplimiento o el hecho dañoso, el legitimado habría mantenido la esperanza de obtener una ganancia o evitar una pérdida futura; b) la relación de causalidad adecuada entre el hecho y la pérdida de chances (Fuente: Fundamentos del Anteproyecto de C. C. y C. de la Nación, Ed. La Ley, año 2.012, pág. 573).
Decía Orgaz que: “Otro paso adelante es el camino de la probabilidad, es el supuesto de que el perjudicado habría obtenido la ganancia o evitado la pérdida de no mediar el acto del responsable (…) Es forzoso que el juez haga en concreto una apreciación de la medida en que la posibilidad perdida era realimente cierta” (Orgaz Alfredo, El daño resarcible, Ed. Lerner, año 1.992, pág. 67).
En efecto, sentadas las premisas legales aplicables a este tópico en tratamiento, pasaré a considerar los agravios esgrimidos en contra de la parcela del fallo que rechaza el rubro pérdida de chance, basado en la orfandad de pruebas.
En primer término, destaco que el actor no probó concretamente que el destino del conteiner era explotarlo económicamente, mediante contratos de locación o alquiler con terceras personas, sean estudiantes o empleados, redituándole un alquiler. Tampoco acreditó mediante prueba idónea al efecto, el importe del canon o alquiler mensual que se obtendría del alquiler de un módulo habitacional de las mismas características materiales del de marras y en la zona de la ciudad de Choele Choel. No se acreditó la suscripción de contrato de locación alguno, con terceras personas a la fecha anterior o contemporánea a la firma del contrato de autos que es objeto de resolución; sin perjuicio de que esta última situación produciría un daño denominado como “lucro cesante”.
Por otra parte, carece de base cierta y fundamentación seria, el monto estimado por el actor de $780.000 en concepto de pérdida de chance, al sostener infundada e improcedentemente, que dicho importe se compone de gastos irrogados, más otros en los que el actor incurrió por la compra de otro conteiner, no guardando dichos conceptos (gastos) la debida relación de causalidad adecuada entre el hipotético hecho o acto y el daño (pérdida de chance), según el curso natural y ordinario de las cosas y la experiencia de la vida diaria o las máximas de experiencia del Juez, toda vez que dichos conceptos ya sea: “gastos” o pérdida de chance son dos rubros distintos, dentro de la clasificación de los daños.
No escapa a este Juzgador lo destacado por el Sr. Juez de la Instancia de origen, que el actor adquirió otro conteiner de una tercera persona. Es decir que, a la fecha de resolución del contrato de autos, el actor ya había adquirido otro módulo.
Por todo lo expuesto, no se han acreditado debidamente los extremos o requisitos legales enunciados precedentemente para que quede configurado el rubro denominado “pérdida de chance”. En suma, no se ha probado que la inejecución o incumplimiento del contrato por parte de la demandada, fue la causa adecuada, idónea, apropiada y apta como para producir una pérdida de chance, según el curso natural y ordinario de las cosas y la experiencia de la vida diaria (arts. 1.726, m1.727 del C.C. y C.. y 375 del Cód. Proc,). Por todo ello debe confirmarse esta parcela del fallo recurrido.
X. Improcedencia de la responsabilidad del presidente de la S.A.
Ahora bien, acto seguido paso a considerar, las quejas expuestas por el actor, en cuanto a que el Sr. Brizuela se encuentra legitimado pasivamente para responder contractualmente frente al nombrado en primer término.
Desde ya, adelanto que dicho embate no debe prosperar, sobre la base de los siguientes fundamentos que paso a desarrollar.
Dice Fernando Javier Marcos, sobre: “La responsabilidad de los administradores y representantes de las sociedades, que es necesario recordar que la ley 26.994 mantuvo vigentes las pautas y estándares previstos por los arts. 59 y 274, ambos de la ley 19.550, preceptos de los que se desprende que el factor de atribución que se debe aplicar para evaluar la actuación de los sujetos antes mencionados, es esencial y exclusivamente subjetivo. El referido art. 59 de la Ley General de Sociedades, "establece una pauta general a la cual debe adecuarse la conducta de los administradores sociales, sea cual fuere el tipo social". El paradigma que expresa esta norma, impone a los administradores o representantes de las sociedades, el deber y obligación —esta de fuente legal— de obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, responsabilizándolos en forma ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento a lo allí estatuido, pero "no responden personalmente frente a terceros por los actos realizados en forma regular en nombre de la sociedad" a la que, por otra parte, sí obligan (art. 58, ley 19.550).
En rigor de verdad, la aceptación del cargo de administrador y representante, activa para estos la obligación de desempeñar el cargo "persiguiendo los intereses de la sociedad, con debida diligencia y lealtad". Sin embargo, "no responden personalmente frente a terceros por los actos realizados en forma regular en nombre de la sociedad" a la que, por otra parte, sí obligan (art. 58, ley 19.550). Halperín señaló en su momento sobre el art. 59 de la ley 19.550 que, "con este criterio de apreciación la ley ha fijado un cartabón o estándar jurídico para apreciar la debida diligencia" de los administradores, para poder valorar adecuadamente su conducta y la previsibilidad de sus consecuencias. Pero se encargó también de aclarar que "este cartabón establece un criterio objetivo de comparación, pero no una responsabilidad objetiva”.
A su vez, Otaegui destacó que, "el administrador societario, al desempeñar las funciones no regladas de gestión operativa empresaria, deberá obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios (LS, art. 59), tomado como modelo, diligencia que deberá apreciarse según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (Cód. Civil, art. 902). La omisión de tal diligencia [...] hará responsable al administrador societario por los daños y perjuicios causados, lo que constituye la responsabilidad por la culpa leve in abstracto", además de responder por culpa grave y dolo. Este parámetro abstracto —en principio— del "buen hombre de negocios", a la hora de apreciar la responsabilidad del administrador, se impone como un criterio objetivo de valoración, cuyo significado no es otro que reconocer que tales sujetos "se desenvuelven dentro de un mercado de riesgo constante", circunstancia esta que no se puede se obviar a la hora de analizar la conducta de aquel.
De todo esto se puede colegir que, la norma societaria en este punto, no se apartan de lo que prevé el Código Civil y Comercial, que obliga a confrontar la diligencia debida por parte de ese administrador o representante societario, con la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar (art. 1724 del Cód. Civ. y Com.), como así también, con el deber jurídico genérico de obrar con prudencia, pleno conocimiento de las cosas y la diligencia agravada por su condición de tales (art. 1725 del Cód. Civ. y Com.). Es decir, que para poder apreciar en su justo término la conducta obrada por el agente que se considera responsable (administrador o representante) a través del criterio objetivo que como paradigma fija el art. 59 de la ley 19.550, es absolutamente indispensable determinar cuál era la conducta debida.
Esto inexorablemente lleva a tener que considerar la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar, tal como lo prescribía el art. 512 del Código de Vélez y hoy lo replica el art. 1724 del Cód. Civ. y Com. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y antes de la entrada en vigencia del nuevo Código, ya había señalado que, "la responsabilidad de los directores de una sociedad anónima se encuentra regulada en los arts. 59 y 274 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, es decir que no hay responsabilidad de los directores si no puede atribuírsele un incumplimiento de origen contractual o un acto ilícito con dolo o culpa en el desempeño de su actividad.
El factor de atribución es subjetivo". En resumen, como este parámetro sustancial de la responsabilidad subjetiva no ha variado —en lo que respecta a la responsabilidad de administradores y representantes de sociedades—, porque es evidente que se ajusta al marco contextual en el que estos sujetos se desempeñan y ejecutan el cúmulo de complejas e interrelacionadas obligaciones que integran el plan prestacional que tienen a su cargo, desplaza la aplicación del factor objetivo en esta materia, exclusión que comprende también al supuesto que prevé el art. 1723 del Cód. Civ. y Com. Todo lo expresado en los párrafos precedentes, muestra que las normas de la Ley General de Sociedades, particularmente los arts. 59 y 274 (que no fueron modificados por la ley 26.944), se complementan, en todo lo que no se encuentre previsto por la ley especial por las reglas del Código Civil y Comercial (arts. 150 y 1709, Cód.
Civ. y Com.). Para terminar con este punto, dado que el referido art. 59 menciona a administradores y representantes, vale recordar que en las sociedades anónimas —y también ahora en las sociedades por acciones simplificadas (SAS)— se diferencia la "administración" de la "representación" (arts. 255 y 268 de la ley 19.550), quedando la primera reservada exclusivamente al directorio, mientras que la representación, y la segunda al presidente de dicho órgano, de manera exclusiva, aunque permitiendo su reemplazo, en caso de ausencia o impedimento" (Marcos Fernando Javier, en Título: La inaplicabilidad del factor objetivo en las obligaciones de resultado a cargo de los administradores. Societarios.
Autor: Marcos, Fernando J. Publicado en: RDCO 301, 22/04/2020, 57 Cita Online: AR/DOC/519/2020).
La responsabilidad de un socio gerente o del presidente de una sociedad anónima frente a terceros, se basa en la obligación de actuar con lealtad y diligencia en la gestión de la empresa, evitando causar daños. Si dichos representantes actúan, con culpa, negligencia, dolo o abuso de facultades, podrían ser responsable por los daños y perjuicios causados a terceros.
Los presupuestos o extremos legales requeridos para configurar la responsabilidad civil, en este caso, del presidente de la empresa demandada, que actuó en representación de la misma en el contrato de marras, aplicables al presente “sub-judice” serían los siguientes: a) El factor subjetivo de responsabilidad civil que se le imputa al mismo a título de culpa, dolo o abuso de derecho; b) La relación de causalidad adecuada, idónea y apta, para producir como resultado un daño, existente entre el hecho o acto ilícito del representante de la sociedad, y el daño que produce según el curso ordinario y natural de las cosas y la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez; c) El daño causado; y d) La antijuridicidad. (art. 1717 del C. C. y C.).
Veamos seguidamente, cuál fue el desempeño del co-demandado Brizuela, en su carácter de representante de la empresa demandada. Dicha persona física, suscribió el contrato de obra en representación Buildings Intelligents S.A., y no como contratista titular de la relación o negocio jurídico. Que de conformidad a la prescripción legal del art. 143 del C. C. y C., la persona jurídica tiene una personalidad distinta de las de sus miembros que la integran y estos últimos no son responsables por las obligaciones da la persona jurídica. La sociedad anónima demandada es la única responsable de su incumplimiento contractual absoluto, que originó la resolución del contrato.
No se acreditó en autos, que el Sr. Brizuela, en su carácter de presidente representante de la Sociedad Anónima, haya incurrido en una acción u omisión culposa o dolosa o que no haya observado alguna de las obligaciones legales que se le imponen como presidente del directorio, frente a terceros contratantes (arts. 59, 274 de la L. S. y su c.c. externo el art. 160 del C. C. y C.). El demandado Pablo M. Brizuela no suscribió el contrato por derecho propio y como titular contratista, ni tampoco se acreditó que el mismo con su actuación como presidente representarte de la sociedad anónima, haya actuado con dolo, culpa o abuso de derecho, por lo tanto, no se le puede indilgar o imputar responsabilidad alguna (arts. 141, 143 del C. C. y C., arts. 59 y 274 de la L.G.S. y arts. 375 y384 del Cód. Proc.).
Por todo ello, corresponde confirmar la parcela del fallo recurrido, que hace lugar a la falta de legitimación pasiva en cabeza del Sr. Brizuela.
XI. Temeridad y malicia. Su improcedencia Para que una conducta o comportamiento humano se lo considere temeraria con malicia en un proceso judicial, es cuando se actúa de manera irresponsable, sin fundamento legal alguno que lo justifique y con intención de causar daño, cuando se entorpece el normal desarrollo del proceso. La temeridad implica actuar sin razonamiento lógico, sabiendo que no hay razón para la pretensión planteada. En cambio, la malicia, por otra parte, se manifiesta y materializa precisamente con la intención dolosa de obstruir el juicio y causar daño, mediante esa conducta disvaliosa y censurable (arts. 36 inc. 6°, 45, 163 inc. 8° del Cód. Proc.).
En suma “la temeridad” se caracteriza por la falta de razonamiento y fundamento en la conducta procesal y “la malicia” se identifica o determina por la intención dolosa de causar daño o de obstruir el proceso. La declaración de temeridad o malicia es una facultad discrecional y privativa del Magistrado, quien debe valorar las circunstancias que rodean al caso, entre ellas: los sujetos del proceso, el objeto del mismo, su causa, el tiempo y el lugar.
Para aplicar sanciones deben acreditarse conductas dolosas e incumplimiento de los deberes de buena fe, lealtad y probidad en el proceso, que represente las características indicadas “ut-supra”.
Pasando revista a las conductas procesales asumidas en el proceso por la parte actora, no encuentro mérito suficiente como para calificarlas de temerarias y maliciosas, al no reunirse los extremos o requisitos legales requeridos necesariamente para su configuración jurídica.
Por ello, se rechaza este agravio articulado por la demandada.
XII. Abuso de derecho. Su improcedencia El abuso de derecho se configura cuando el titular de un derecho, ejerce ese derecho de forma contraria a télesis o finalidad de la norma o del ordenamiento jurídico, excediendo los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, causando un daño injustificado a terceros. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. El ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no pueden constituir como ilícito ningún acto (art. 10 del C. C. y C.).
Se configura el abuso de derecho cuando: a) Se ejerce un derecho de forma que contraría a la finalidad o la télesis para lo que fue reconocido por la ley. Se pretende hacer valer un derecho subjetivo, utilizándolo para un propósito diferente al que la ley entendió. b) Se excede más allá de lo que es razonable y necesario para ejercer el derecho. Se ejerce el derecho con un exceso que no es justificado. c) Se causa un daño injustificado a otro sujeto, aun cuando su ejercicio sea aparentemente legítimo. d) El ejercicio del derecho contraría la buena fe, la moral o las buenas costumbres, al no ajustarse a los principios de equidad, honestidad, justicia o moralidad social.
En síntesis, el abuso de derecho se refiere a la utilización de un derecho legítimo, de manera que se desvía de su finalidad y causa daño a otras personas, excediendo los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
La demandada en sus agravios, le imputa al actor una conducta dolosa con la intención deshonesta de ocultar para falsear la realidad, como medio de engaño, invocando el art. 271 del C. C. y C.
Ahora bien, el artículo 271 del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C. y C.), en el capítulo 3, bajo el título: “Dolo como vicio de la voluntad”, prescribe que toda acción dolosa es aseveración de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación, que se emplee para la celebración de un acto”. Mientras que una omisión dolosa es la que se basa en la reticencia o el ocultamiento de la verdad. Ambos causan los mismos efectos cuando el acto no se habría celebrado sin la acción u omisión dolosa.
Le incumbe la carga de la prueba del dolo, ya sea por acción u omisión, previsto en el artículo 271 del Código Civil y Comercial y debe necesariamente ser demostrada por quien lo invoca. Esto significa que quien alegue que una acción u omisión dolosa es con la intención deshonesta de ocultar, para falsear la realidad, como medio de engaño debe acreditarlo (art. 375 del Cód. Proc.). Es decir, debe probar la existencia de una maniobra engañosa.
A su vez le incumbe también la carga de la prueba, a la parte demandada, que le imputa a la parte actora un comportamiento o una conducta de mala fe, por cuanto la “buena fe”, se presume legalmente, como principio general del derecho. Y es el sujeto que invoca un actuar de mala fe de otro sujeto, el que debe acreditar esa mala fe, para destruir esa presunción “Iuris tantum” (art. 375 del Cód. Proc.).
Dentro del mismo orden de ideas jurídicas, el dolo debe causar o provocar un daño importante. La hipotética víctima tiene que haber experimentado un perjuicio de cierta magnitud. Me pregunto cómo Juzgador: ¿el quejoso agraviado probó debidamente el daño? La respuesta es que NO. Tampoco acreditó la relación de causalidad adecuada que debe existir entre la acción u omisión dolosa y el resultado dañoso, según el curso natural y ordinario de las cosas y la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez.
Finalmente, tampoco se encuentra acreditado en autos, que la parte actora asumiera una posición dominante en la relación jurídica contractual, ya sea en la etapa de celebración del contrato, de su ejecución como de la resolución del mismo y/o tampoco en este proceso.
Por todo ello, se rechaza este agravio por considerarlo totalmente improcedente.
XIII. Imposición de costas en primera y segunda instancia por el rechazo de la falta de legitimación del Sr. Brizuela La imposición de costas resuelta en la instancia liminar con motivo de la falta de legitimación pasiva del accionado Brizuela, llega cuestionada únicamente a esta Alzada por la parte actora, a quien se le cargaron la totalidad de las mismas.
El apelante solicitó la eximición de costas. Adelanto la recepción favorable de dicha parcela de agravios.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires al disponer en materia de costas que: “La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”. (art. 68) El principio de que la condena es requisito esencial para el pago de las costas permite, no obstante, un apartamiento de aquella pauta cuando el juez encontrare mérito para ello, debiendo expresar las razones que lo han llevado a resolver el punto de tal modo. (López Mesa, Marcelo J. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Ed. La Ley. T. I. art. 68, pág. 655). Es decir, el supuesto de excepción que habilita el art. 68 del C.P.C.C. hace referencia a cuestiones de mérito que hacen a la convicción del juzgador al concluir que el vencido ha tenido razonables motivos para litigar, vale decir, la existencia de circunstancias particulares de la causa que permitan inferir que el perdidoso actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado (CSJN, 9/12/93, LL, 1994-A-1250, Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de La Provincia de Buenos Aires, Comentado y Anotado, Editorial Astrea, año 2009, pág. 99).
Del mismo modo, se ha resuelto “Deben imponerse las costas al demandado (…) toda vez que fue su conducta la que dio lugar al proceso no pudiendo obligarse a cargar con los gastos necesarios para el reconocimiento de su derecho a quien se vio obligado a litigar para ello (CNCiv., Sala K, 2003/03/25, “Nayca S.A. c. Corral, Hernán”, DJ, 2003/06/18, 470 - DJ, 2003-2, 470).
En este orden de ideas, atento a los agravios esgrimidos por el actor contra tal parcela de la sentencia en crisis, concluyéndose que el mismo se pudo creer con derecho al citar a juicio al presidente de la Sociedad demandada -Sr. Brizuela-, las características del caso y por aplicación de la equidad, propongo revocar tal acápite del pronunciamiento bajo examen y, en su lugar, imponer las costas generadas por el tratamiento de dicha cuestión por su orden, tanto en primera como segunda instancia (art. 68 2° párr. CPCC).
XIV. Las costas de Alzada En cuanto a las restantes costas suscitadas en esta Instancia revisora, atendiendo al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial y por aplicación del principio objetivo de la derrota, estimo que las costas generadas en segunda instancia deben ser impuestas a la parte demandada (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos el Doctor Pérez Catella y el Dr. Posca también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA TERCERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas: 1°) SE RECHACE el pedido de deserción del recurso de apelación interpuesto por la demandada. 2°) SE MODIFIQUE LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: SE IMPONGAN POR SU ORDEN las costas suscitadas por la falta de legitimación pasiva del Sr. Brisuela (art. 68 2° párr. CPCC). 3°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios por los argumentos expuestos en la presente. 4°) SE IMPONGAN las costas generadas en esta instancia recursiva a la parte demandada, en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 del C.P.C.C.), con excepción de las costas generadas por la revisión del rechazo de la falta de legitimación pasiva del Sr. Brisuela, las que se soportan por su orden. 5°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO. –
Por análogos fundamentos, el Doctor Pérez Catella y el Doctor Posca adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO. – Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1°)
RECHAZAR el pedido de deserción del recurso de apelación interpuesto por la demandada. 2°) MODIFICAR LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: IMPONER POR SU ORDEN las costas suscitadas por la falta de legitimación pasiva del Sr. Brisuela (art. 68 2° párr. CPCC). 3°) CONFIMAR el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios por los argumentos expuestos en la presente. 4°) IMPONER las costas generadas en esta instancia recursiva a la parte demandada, en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 del C.P.C.C.), con excepción de las costas generadas por la revisión del rechazo de la falta de legitimación pasiva del Sr. Brisuela, las que se soportan por su orden. 5°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, respectivos, los que se consignan seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE. -
Fin de la sentencia