Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada N° 90/13, con costas.
2Regular los honorarios de los siguientes profesionales del fisco:
-Por el desistimiento resuelto a fs. 728/729: Al Dr. Carlos Muzzio en la suma de $ 304.706.- (pesos trescientos cuatro mil setecientos seis), por su actuación en el carácter de patrocinante del fisco nacional y los de la Dra. Marcela Victoria Caparrós Vázquez en la suma de $ 88.365.- (pesos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco), los de la Dra. Agostina Carla García en la suma de $ 6.094.- (pesos seis mil noventa y cuatro) y los del Dr. Ezequiel Silvio Katz en la suma de $ 27.424.- (pesos veintisiete mil cuatrocientos veinticuatro), por sus actuaciones en el carácter de co-apoderados del fisco. - Por el fondo del asunto: Al Dr. Carlos Muzzio en la suma de $ 186.359.- (pesos ciento ochenta y seis mil trescientos cincuenta y nueve), por su actuación en el carácter de patrocinante del fisco nacional y los de la Dra. Marcela Victoria Caparrós Vázquez en la suma de $ 67.089.- (pesos sesenta y siete mil ochenta y nueve), los de la Dra. Agostina Carla García en la suma de $ 3.727.- (pesos tres mil setecientos veintisiete) y los de la Dra. Luciana P. Maradei en la suma de $ 3.727.- (pesos tres mil setecientos veintisiete), por sus actuaciones en el carácter de co-apoderadas del fisco.
3Regular los emolumentos del Dr. Jorge Guida en la suma de $ 96.952.- (pesos noventa y seis mil novecientos cincuenta y dos) por el desistimiento y $ 95.043.- …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-71817360-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 23 de Junio de 2023 En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación), Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la 9° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expediente 37.937-I, caratulado: “RIEL S.R.L. s/ apelación”.
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 110/155vta. se interpuso recurso de apelación contra las Res. 89/2013 y 90/2013. Por la primera, se determinó de oficio el impuesto a las ganancias (IG) por los períodos fiscales 2008 y 2009 y el impuesto especial a las salidas no documentadas (ISND) por los períodos 06 a 12/2009, y se intimó su pago con más los intereses resarcitorios. Asimismo, se aplicó una multa de 3 veces el IG por el período 2008 -cfme. art. 46 y 47 incs. a) y b), ley 11.683- y se difirió la eventual aplicación de sanciones respecto de los restantes conceptos (cfme. art. 20, ley 24.769). Por la segunda, se determinó el IVA relativo a los períodos 03/2008 a 02/2010, y se intimó su pago con más intereses resarcitorios y se difirió la aplicación de sanciones (cfme. art. 20, ley 24.769).
En primer lugar, solicitó la nulidad de la resolución 90/2013 atento a que la misma carece de la firma y sello del funcionario que emitió el acto administrativo. Sostuvo que tal deficiencia afecta su derecho de defensa al no poder ejercerlo debidamente.
Con relación al fondo del asunto, explicó que para los períodos impugnados su actividad era la construcción de obras públicas, siendo sus principales clientes: Electricidad de Misiones SA (EMSA), la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) y el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA). Indicó que las obras adjudicadas se encontraban localizadas en distintos puntos, en su mayoría distantes del domicilio legal de la firma y que contrataba prestaciones y/o locaciones cuyos domicilios estaban ubicados en cercanías de las obras pero, por lo general, distantes del domicilio comercial y legal de la empresa. Destacó que dichas contrataciones se fueron dando en el tiempo de forma continua a esporádica, ya que en algunos casos se siguió contratando con determinados proveedores y/o locadores y en algunos casos se dejó de hacerlo, por razones varias (inexistencia o menor demanda de bienes o prestaciones, mejor precio para contratar la compra o locación con otro proveedor, etc.). Puso de relieve que en algunos casos resultó imposible demostrar cómo se concretaron determinadas compras y/o locaciones cuando pasó un tiempo prolongado y, en algunos casos, se perdió contacto con el proveedor y/o locador y las contrataciones fueron realizadas de variadas formas, de acuerdo con las condiciones del lugar de obra o del proveedor/locador. Consideró que la empresa tomó todos los recaudos legales, fiscales y comerciales exigidos por la normativa específica, los cuales se encuentran avalados por los “usos y costumbres” propios de la actividad de una empresa constructora y que en realidad se trata de imputaciones respecto de hechos y situaciones vinculadas directamente a los proveedores cuestionados.
Detalló en forma pormenorizada la posición de la firma sobre las imputaciones realizadas por el fisco respecto a los proveedores Ramón Alejandro Báez, Coop. Agropecuaria Colonia Alegría Limitada, Molino La Jangada SRL, Jorge Aníbal Sapper y Riego y Piscinas SRL.
Planteó que no puede ignorarse arbitrariamente la obligación cumplida tanto por Riel SRL como por sus proveedores cuestionados en materia de facturación como un elemento esencial que hace a la veracidad de las operaciones.
Con relación al rechazo de la prueba ofrecida en sede administrativa, recordó que el valor probatorio de las actas de comprobación puede ser desvirtuado por cualquier medio de prueba sin necesidad de recurrir a la redargución de falsedad, para de este modo cuestionar el hecho de que el fisco haya desestimado la declaración del Sr. Pedrozo, presidente Cooperativa Colonia Alegría realizada mediante instrumento público del 23/12/2010. Cuestionó el arbitrario desistimiento de la prueba informativa a la AFIP, puesto que su resultado hubiera permitido conocer cuál fue el criterio del organismo para autorizar una nueva impresión de comprobantes a un contribuyente que previamente a esa autorización y según el propio fisco, afirmó haberlo incorporado a la base E-Apoc. Reconoció que la prueba pericial contable no implica por sí sola la veracidad de las operaciones pero sí la necesaria constatación documental y contable, por lo que su rechazo en sede fiscal, le resultó arbitrario. Respecto de la prueba informativa rechazada dirigida a la Cooperativa Colonia Alegría, a la Dirección General de Rentas y a la Secretaría de Estado Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la Provincia de Misiones, puntualizó que, si bien por sí sola tampoco puede dar fe de la veracidad de las operaciones, sí hubiese permitido despejar dudas o sospechas acerca de que la Cooperativa sea una corporación de asociados fundada para evadir impuestos. Opinó que, si bien las pruebas ofrecidas y producidas, por sí solas y aisladas, no permiten dilucidar la controversia, deben valorarse en su conjunto y debieron ser tratadas razonablemente por el fisco. Planteó que si el fisco interpretó que existió connivencia con los proveedores, debió efectuar la denuncia penal correspondiente, pues de lo contrario, todo ello es una mera afirmación dogmática carente de contenido.
Hizo hincapié en que las operaciones (por ejemplo con la Cooperativa Colonia Alegría, Aserradero Sapper, Riegos y Piscinas, etc.) fueron respaldadas no sólo con las facturas, sino que también fueron acompañadas con los respectivos remitos y recibos de pago. Destacó que en la documental también consta el detalle de los bienes entregados, su correspondencia con el número de factura del proveedor y el nombre de los transportistas de los bienes.
Resumió que la conclusión a que arribó el fisco, en todos los casos, se resume en la premisa de falta de capacidad, lo que no hace más que poner en evidencia que el organismo no recolectó indicios graves, precisos y concordantes que permitan sostener en forma razonable y unívoca que las operaciones no se han concretado.
Con relación a los medios de pago utilizados en las operaciones con la Cooperativa Colonia Alegría, manifestó que el relevamiento de cobro de los cheques cobrados por ventanilla por su presidente (Sr. Pedrozo) y su apoderado (Sr. González) fue respecto a un número limitado de valores, dejando de analizar justamente aquellos que fueron depositados en las cuentas corrientes de la Cooperativa. Respecto de Riego y Piscinas SRL, agregó que mediante acta notarial el Contador del proveedor confirmó que los fondos fueron percibidos por la firma.
Para culminar, solicitó que se deje sin efecto la sanción impuesta por el incorrecto encuadre de la presunción que surge de los considerandos, destacando que tampoco quedó acreditada la conducta prevista en el art. 46 de la ley 11.683.
Por las razones de hecho y de derecho que alegó, peticionó que se dejen sin efecto las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 196/217vta. el fisco contestó el traslado del recurso y por los fundamentos que desarrolló, solicitó que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que a fs.728/729 este Tribunal tuvo a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición (cfme. ley 27.541 y su modif.), respecto de las resoluciones relativas al IG y a SND, sentencia que se encuentra firme.
IV. Que ello así, corresponde me expida sólo respecto de la Res. 90/2013, referida al IVA por los períodos 03/2008 a 02/2010.
V. Que primeramente corresponde recordar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
VI. Que corresponde en primer lugar tratar los agravios de la actora relativos a la falta de firma del funcionario que dictó el acto administrativo y al rechazo de la producción de la prueba ofrecida en la instancia anterior.
En cuanto a la falta de firma en el acto administrativo, cabe destacar que a fs. 559/588 del cuerpo IVA de las actuaciones administrativas (a.a.) obra la resolución original con la firma del juez administrativo, Abogado Miguel Bertolotti. En este sentido a fs. 590 de dichas actuaciones, consta que el acto administrativo -con la firma correspondiente-, junto con la Res. 89/2013, fueron notificadas en el domicilio fiscal de la sociedad. A su vez, debe ponerse de relieve que el día 30/07/2013 -v. Cpo. Alcance 11148-81- 2013/17, última foja, aa-, el Contador Jorge Guida -autorizado por la recurrente- se presentó a fin de tomar vista de las actuaciones, dejándose constancia de su actuación en el Acta que se labró en la que consta que se le exhibió la totalidad de las actuaciones, entre las cuales se encontraba la resolución 90/2013, por lo que el argumento relativo a que no pudo constatar la competencia del firmante de la resolución apelada, carece de todo fundamento.
Cabe agregar que claramente dicho hecho no impidió que la actora ejerza su derecho de defensa, tal como lo acredita la presentación del recurso bajo análisis ante este Tribunal. Con relación al agravio de la actora relativo a que el fisco le denegó la producción de la prueba ofrecida en la instancia anterior de manera arbitraria, debe destacarse que es doctrina pacífica de este Tribunal que la prueba no admitida durante el trámite de determinación, puede ser nuevamente ofrecida ante esta instancia, lo que ocurrió en la presente causa donde la recurrente tuvo ocasión de proponer, y efectivamente propuso, las medidas que estimó conducentes para esclarecer los hechos controvertidos, sin que se advierta en qué medida se vió afectada su garantía al debido proceso adjetivo, puesto que para ello es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso, en atención a que tal como surge del propio acto apelado, el fisco valoró prueba ofrecida y producida en dicha instancia (v. fs. 74 y 75).
Conforme lo tiene dicho reiteradamente nuestro más Alto Tribunal “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52, 267:393, entre otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249, entre otros).
Del análisis del acto apelado como de las actuaciones seguidas por el fisco no se vislumbra que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada, ni que haya existido agravio fundado alguno al derecho de la defensa de la apelante, resultando que su planteo sólo se basa en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver. Por ello, corresponde rechazar el planteo de la actora. Finalmente, corresponde señalar que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (v. petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma.
VII. Que en lo atinente al fondo de la cuestión, según surge de las actuaciones administrativas acompañadas (v. informe final de inspección obrante a fs. 455/474, Cpo. IVA), y de la resolución apelada, la actividad principal de la recurrente es la “Venta al por menor de artefactos para el hogar eléctricos”, “Servicios agrícolas NCP”, “Transporte automotor de cargas NCP” y “Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios”. El ajuste practicado por el fisco nacional surge como consecuencia de la fiscalización por la que se verificó la real situación de la recurrente frente a diversos tributos -entre ellos el IVA-, detectándose facturas correspondientes a proveedores que se encuentran en las bases E-Apoc de la AFIP, como así también otros que, en opinión de la fiscalización, no contaron con capacidad operativa para efectuar los servicios y proveer los insumos facturados.
Así, en virtud de los procedimientos de auditoría practicados por el ente fiscal se detectaron diversas irregularidades respecto de los sujetos que seguidamente se indican, con quienes la recurrente dice haber operado:
1.Ramón Alejandro Báez: Declaró como actividad “Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas” en tanto que el concepto que consigna la factura es “Servicios de limpieza”; se encuentra cargado en la base apoc desde 09/2007; no pudo ser localizado en los domicilios declarados; no posee vehículos, propiedades ni movimientos de cuentas bancarias; presentó sólo ddjj en IVA y no registra pagos; no declaró empleados en relación de dependencia; no se observaron retenciones practicadas en el IG; la DGR de la Provincia de Misiones informó que Baez no realizó presentaciones en los períodos impugnados. De acuerdo a las actuaciones que se acompañaron, se sostuvo que no posee capacidad económica para prestar el servicio (Cpo. IVA, fs. 8/25; Cpo. Alcance 11148-81-2013/3, fs. 5, 19, 22, aa-). 2.Coop. Agropecuaria Colonia Alegría Limitada: Las facturas consignan como concepto “Excavaciones y movimiento de suelo, ejecución y limpieza de caminos” y “venta de postes” cuando su estatuto detalla como objeto “...producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios...”; se encuentra cargado en la base apoc desde 03/2010; no registra vehículos, propiedades ni maquinarias a su nombre; en los EECC del ejercicio 2009 expone como bien de uso una impresora laser por un valor de $ 3.250; en los meses de 11 y 12/2009 declaró 3 empleados en relación de dependencia y 4 en 01/2010, mientras que en los períodos anteriores no declaró empleados; no declaró domicilio comercial y el fiscal resulta ser un precario galpón que funciona como salón comunitario; el presidente de la Cooperativa, Sr. Pedrozo, declaró mediante acta 032 Nro. 0025823/4 del 19/10/2009 que ejerce el cargo desde el año 1999, que la cooperativa agrupa a pequeños productores de la zona, que no posee galpones, que únicamente posee un local que funciona como salón comunitario, que otorgaron un poder al Sr. Daniel González para realizar trámites ante los organismos públicos para la cooperativa, que la cooperativa aún no comenzó a facturar o vender; circularizados sus principales proveedores, ellos se encuentran cargados en la base apoc. El monto neto de las facturas impugnadas entre los meses de 05 a 12/2009 arroja $3.309.850,57. (Cpo. IVA, fs. 30/48; Cpo. Alcance 11148-81-2013/14, fs. 8/22, 97/98, 103, 111/116; Cpo. Alcance 11148-81- 2013/12, fs. 111/117, aa-).
3.Molino La Jangada S.R.L.: Las facturas cuestionadas consignan como concepto “colocación de membranas para protección de estanques” y “provisión de equipos y mano de obra para limpieza de traza de electrificación”, en tanto la actividad declarada resulta ser “servicios agropecuarios no clasificados” y “preparación de hojas de té”; se encuentra cargado en la base apoc desde 09/2009; no pudo ser localizada en los domicilios declarados como así tampoco los integrantes de la sociedad; la DGR de la Provincia de Misiones informó que no realizó presentaciones en los períodos impugnados; la Municipalidad de Oberá informó que no se encuentra inscripta como contribuyente; no registró pagos en IG ni IVA; no cuenta con vehículos ni maquinarias agrícolas; no posee acreditaciones bancarias; no se observaron retenciones practicadas en el IG. En el marco de la fiscalización preventiva realizada, se reunieron elementos que permiten sostener que funciona como “usina de única actividad venta de facturas” -Cpo. IVA, fs. 88/112, 265/281; Cpo. Actuación 11136-556-2009/2, fs. 34, 36, 38, 48/51, 62, aa-.
4.Jorge Aníbal Sapper: Presentó ddjj de IVA con pagos ínfimos; no declaró personal en relación de dependencia; se encuentra cargado en la base apoc desde 08/2010; no posee bienes registrables con características necesarias para la ejecución de los fletes y la producción de los bienes que figuran en las facturas, tampoco posee maquinarias agrícolas ni otros bienes de uso; no posee acreditaciones bancarias; la DGR de la Provincia de Misiones informó que no realizó presentaciones en los períodos impugnados; si bien informó haber realizado operaciones con Riel SRL, no presentó documentación que lo avale. En el marco de la fiscalización preventiva realizada, se reunieron elementos que permiten sostener que funciona como “usina de única actividad venta de facturas” -Cpo. IVA, fs. 153/168, 341/349; Cpo. Actuación 11136-1136-2010/5, fs. 1/22, 19/20, 43/45; Cpo. Alcance 11148-81-2013/6, fs. 50/55, 86/89, aa-. 5.Riego y Piscinas SRL: Las facturas cuestionadas consignan como concepto “Excavaciones y transporte de materiales”, “reparación de desagues” y “materiales y mano de obra para ejecución de piletas”; declaró un solo empleado en relación de dependencia; no posee propiedades ni vehículos; el socio de la firma, Sr. Bancalari, declaró que los trabajos consistieron en provisión de mano de obra y equipos subcontratados en la localidad de Candelaria y otros lugares que no pudo precisar, que los valores que recibía los vendía antes de su fecha de vencimiento y que extravió sus libros como así también la documentación de ventas y compras. Asimismo, manifestó que no recuerda a quién subcontrató para realizar los trabajos, que no cuenta ni contó con maquinarias para realizar movimiento de suelo o maquinarias viales; la DGR de la Provincia de Misiones informó que no realizó presentaciones en los períodos impugnados. -Cpo. IVA, fs. 134/135, 336/339, aa-.
Así, a efectos de controlar los medios de pago utilizados, el área fiscalizadora solicitó copia del frente y dorso de los cheques a los Bancos Macro Bansud SA, de la Nación Argentina y de Galicia SA. De allí se obtuvo que de los 54 cheques relevados, 43 fueron presentados al cobro por Hugo César Stickel, Gustavo Gabriel González, Teresa Martins de Almiron, María Evanir Martins de Almiron, María Juana López Ferreyra, Natalia Soledad Romero, Carlos Alberto Gutiérrez, Luis Antonio Báez y Pedro Roberto Osorio, quienes no presentan vinculación con los proveedores cuestionados. -AA cuerpo IG fs. 28/114- En esta misma línea, detalló que: a) los cheque emitidos a favor de Riegos y Piscinas SRL, fueron cobrados por Carlos Alberto Gutiérrez , Luis Antonio Báez, Nicolás Martín Vázquez, Pedro Roberto Osorio, quienes además guardan relación entre sí, ya que consignan en distintos cheques el mismo domicilio; b) Hugo Stickel presentó al cobro cheques emitidos a favor de Cooperativa Agropecuaria Colonia Alegría Limitada y de Jorge Aníbal Sapper, es co-titular de cuentas bancarias, administrador de relaciones de clave fiscal y presidente del consejo de administración de la Coop.
Agrícola de Productores de Santa Ana Ltda., entidad catalogada como “usina única de actividad venta de facturas”; c) Gustavo Gabriel González presentó al cobro cheques emitidos a favor de Jorge Aníbal Sapper. Declaró no haber realizado operaciones con dicha firma, además se encuentra vinculado a cuentas bancarias con Teresa Martins de Almiron -co-titular de cuentas bancarias y presidente del consejo de administración de la Coop. Agropecuaria Forestal de Industrialización y Comercialización Agroinfor Ltda., catalogada como “usina única actividad venta de facturas”-; d) Teresa Evanilda Martins de Almiron presentó al cobro cheques emitidos a favor de Cooperativa Agropecuaria Colonia Alegría Limitada, Molino La Jangada SRL y Ramón Alejandro Báez.
No se encuentra inscripta en AFIP y se encuentra vinculada a cuentas bancarias con Gustavo González; e) Maria Evanir Martins de Almiron presentó al cobro cheques emitidos a favor de la Cooperativa Agropecuaria Colonia Alegría Limitada y Jorge Aníbal Sapper. No se encuentra inscripta en AFIP y es socia de Coop. Agrícola de Productores de Santa Ana Ltda., entidad catalogada como “usina única de actividad venta de facturas”, cumple funciones directivas en la “Asociación Civil Estrella de Belén” catalogada también como “usina única actividad venta de facturas”; f) Maria Juana López Ferreyra presentó al cobro cheques emitidos a favor de Molino La Jangada SRL y de Ramón Alejandro Báez. Desconoció la firma inserta en los cheques que le fueron exhibidos ni recordó haber cobrado cheques en ningún banco.
Es socia y posee cargos en la Coop. Agropecuaria Forestal de Industrialización y Comercialización Agroinfor Ltda., catalogada como “usina única actividad venta de facturas”; g) Natalia Soledad Romero presentó al cobro cheques emitidos a favor de Cooperativa Agropecuaria Colonia Alegría Limitada, Molino La Jangada SRL y de Ramón Alejandro Báez. Declaró no reconocer la firma de los cheques que le fueron exhibidos ni percibir importe alguno. Es representante del consejo de administración de la Coop. Agropecuaria Forestal de Industrialización y Comercialización Agroinfor Ltda., catalogada como “usina única actividad venta de facturas”; h) Carlos Alberto Gutiérrez reconoció ser asesor contable de Riego y Piscinas SRL y percibir valores como apoderado del Sr.
Bancalari, socio gerente de dicha empresa; i) Luis Antonio Báez presentó al cobro cheques emitidos a favor de Riesgo y Piscinas SRL. No pudo ser localizado siendo su domicilio coincidente con el del Sr. Gutiérrez, asesor contable de la empresa; j) Pedro Roberto Osorio presentó al cobro cheques emitidos a favor de Riesgo y Piscinas SRL, no pudo ser localizado; k) Isabel Villalba presentó al cobro un cheque de Cooperativa Agropecuaria Colonia Alegría Limitada, resulta ser socia de Coop. Agrícola de Productores de Santa Ana Ltda., entidad catalogada como “usina única de actividad venta de facturas”; l) Carlos Milciades Ibañez presentó cheques al cobro emitidos a favor de Molino La Jangada SRL, pero al cobrarlos informó el mismo domicilio que la firma Riel SRL - Cpo.
IG, fs. 202/249, 252/257, 265/271; Cpo. endosantes de cheques fs. 1/5, 11/56, aa-.
En razón de lo expuesto en los párrafos precedentes, el fisco sostuvo “Que los indicios graves, precisos y concordantes que se presentan en el caso en trato, generan serios reparos respecto de la validez de las facturas y permite sostener la inexistencia de las operaciones realizadas con los sujetos supra citados...” Agregando en lo referido al IG “Que no obstante, la fiscalización admitió el cómputo de los bienes e insumos utilizados por Riel S.R.L. en las actividades que declara, dado que se trata de elementos necesarios para la ejecución de los servicios prestados.” En lo referido a las SND detalló “Que en autos, la efectiva salida de fondos se materializó con la emisión de cheques y su presentación al cobro” culminando “Que constatadas las salidas de fondos, resulta de aplicación el instituto del Impuesto a las Salidas No Documentadas...” y respecto al IVA “...por lo que la inspección impugnó el crédito fiscal computado por la contribuyente en sus declaraciones juradas...” (v. fs. 14/16 y 54, resolución apelada). Finalmente, impugnó facturas por conceptos no relacionados con la actividad desarrollada -bolsas de hielo, regalos empresariales, vinos, champagnes, servicios de turismo, bebidas, materiales casa particular, mobiliario uso particular, lentes, artículos uso personal-. En función de ello, se detrajo el crédito fiscal vinculado con dichos conceptos -v. Cpo. IG, fs. 654/655 y Cpo. IVA, fs. 424/425, aa-.
VIII. Que entrando en el análisis efectuado por el fisco respecto del IVA computado por la recurrente en las operaciones concertadas con los proveedores impugnados, no puede olvidarse que el último párrafo del art. 12 de la Ley del IVA (t.o. en 1997 y sus modif.), establece que: "en todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Al respecto, la CSJN tiene dicho que: “Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto –en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquel les adjudicó” (Fallos 338:169, considerando 9°). Vale puntualizar que de la lectura de la resolución apelada, se observa que el fisco cuestionó la validez de las facturas emitidas lo que permitió sostener la inexistencia de las operaciones realizadas con los proveedores cuestionados, impugnándose el crédito fiscal computado procedente de dichos documentos (v. fs. 54).
Como es sabido, las resoluciones de la AFIP, como todo acto administrativo, gozan de presunción de legitimidad (cfme. art. 12 de la ley 19.549), incluso las determinativas de oficio (Fallos 328:3720), por lo que en la etapa de revisión del acto, la carga impugnatoria se desplaza al contribuyente o responsable. En efecto, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente –cfme. art. 377 del CPCCN- que fue con los proveedores Ramón Alejandro Báez, Coop. Agropecuaria Colonia Alegría Limitada, Molino La Jangada S.R.L., Jorge Aníbal Sapper y Riego y Piscinas S.R.L con quienes operó y no con terceros desconocidos, circunstancia ésta que, cabe adelantar, no logró demostrar en autos mediante prueba indubitable, por lo que mal podría dicha parte computar el crédito fiscal proveniente de las mismas (cfme. doctrina de la CSJN en Fallos 338:169, “Feretti, Félix Eduardo”, del 10/3/2015).
Adentrándome en el análisis de la documental arrimada tanto en sede administrativa como ante este Tribunal, obrante en las actuaciones administrativas (detallado en el Considerando VIII), cabe destacar que la inscripción de los proveedores cuestionados y la existencia de facturas formalmente válidas no demuestran que la operatoria se haya desarrollado entre la recurrente y los mencionados proveedores. En esta línea, tampoco lo evidencia la prueba pericial contable producida a fs. 500/514 en la que se acredita el registro de las operaciones reputadas como concertadas con dichos proveedores, cuando lo que se cuestiona en autos es si los servicios y prestación de insumos existió respecto del sujeto que indican los documentos observados, hecho que al haber desistido la recurrente de la determinación efectuada en el ISND dejó firme el criterio fiscal en este sentido.
A idéntica conclusión puede arribarse tras el análisis de las pruebas periciales en ingeniería mecánica (v. fs. 475/482) y en ingeniería civil (v. fs. 564/623vta.), cuando los peritos detallan las obras en las que participó Riel SRL y los materiales que pudieron haberse empleado, más no aportan documentación ni información que permita corroborar quienes fueron los reales proveedores de la firma.
En esta misma línea, de las pruebas testimoniales ofrecidas en autos (v. fs. 404, 406, etc.) se desprende que si bien Riel SRL fue quien efectuó trabajos en la zona, ninguno de los testigos citados aportó información alguna que permita vincular esos trabajos con los proveedores impugnados o por ejemplo, en el caso de los cobros efectuados por el Sr. Hugo César Stickel, que hayan sido efectivamente entregados al Sr. González (v. fs. 400).
En tal sentido, la declaración testimonial del Sr. Pedrozo (v. fs. 772/772vta., Cpo. IG, aa), presidente de la Cooperativa Agropecuaria Colonia Alegría Limitada, resulta cuanto menos contradictoria al confirmar las operaciones realizadas por esa entidad, cuando a fs. 97/98 del Cpo. Alcance 11148-81-2013/14 de los a.a., había declarado que la Cooperativa no posee galpones, que únicamente posee un local que funciona como salón comunitario y que a 10/2009 aún no había comenzado a facturar o vender, cuando las operaciones impugnadas datan de ese año.
En cuanto a las respuestas de los entes oficiados, se desprende que el Banco Galicia informa que el cheque 17767199 ha sido cobrado en el Banco Francés (v. fs. 306/307); la Cámara Argentina de la Construcción informó que la empresa EMSA SA ha licitado obras de electrificación rural (v. fs. 310); el Banco de la Nación Argentina informó que los cheques 4863612 y 4863613 han sido depositados en el Banco Francés (v. fs. 329/331); Electricidad de Misiones SA reconoció a la firma Riel SRL como contratista de EMSA S.A. para realizar obras de electrificación rural y también a los beneficiarios de las mencionadas obras (v. fs. 333/339); Banco Macro informó que los cheques 67022580 y 69623754 fueron depositados en el Banco Francés (v. fs. 347/351); Entidad Binacional Yacyreta confirmó que Riel SRL fue contratista de EBY para la construcción de 2 obras en la Provincia de Misiones (v. fs. 354/355), e IPRODHA informó que Riel SRL ejecutó 3 obras en la ciudad de Posadas-Misiones (v. fs. 414/418).
En este sentido, de la prueba informativa producida y reseñada en el párrafo anterior se llega a similares conclusiones, por cuanto la actora intentó acreditar la existencia de contrataciones por parte de Riel SRL, mas de este hecho no se infiere necesariamente que los datos contenidos en las facturas cuestionadas sean veraces, máxime cuando tampoco logró la recurrente desvirtuar las afirmaciones del ente fiscal relatadas en la última parte del Considerando VII relativas a los sujetos que cobraron los cartulares emitidos para cancelar las operaciones.
A idéntica conclusión se arriba al analizar las pruebas informativas a los Bancos oficiados, referidas todas ellas al proveedor Cooperativa Agropecuaria Colonia Alegría Limitada, pues de ellas se infiere que los cheques fueron depositados por su apoderado, Sr. Daniel González, en una cuenta en el Banco Francés, cuando se reitera que el Sr. Pedrozo, presidente de la Cooperativa, declaró que la entidad no había realizado actividad alguna a ese momento y que el Sr. González sólo poseía un poder para realizar trámites ante organismos públicos (v. acta de fs. 97/98, Cpo. Alcance 11148-81-2013/14, aa).
En suma, las probanzas producidas en autos no logran demostrar de manera incontrastable que las operaciones hayan sido realizadas por los sujetos que informan las facturas impugnadas, careciendo las mismas de fuerza convictiva.
Todo lo expuesto me lleva a confirmar, con costas, el ajuste practicado respecto de la impugnación del crédito fiscal del IVA originado en los proveedores Ramón Alejandro Báez, Coop. Agropecuaria Colonia Alegría Limitada, Molino La Jangada SRL, Jorge Anibal Sapper y Riego y Piscinas SRL.
Finalmente, en lo referido a los conceptos impugnados no relacionados con su actividad (compra de bolsas de hielo, regalos empresariales, vinos, champagnes, servicios de turismo, bebidas, materiales casa particular, mobiliario uso particular, lentes, artículos uso personal), sobre los cuales no se aportó prueba, corresponde también confirmar, con costas, la impugnación del crédito fiscal en el IVA correspondiente.
IX. Que con relación a los intereses resarcitorios intimados, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que incurrió el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. En tal sentido cabe recordar que la Corte con fecha 01/06/2000 en la causa “Citibank NA c/DGI” expuso que: “si bien en el precedente de Fallos: 304:203 el tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del artículo 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos: 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la Corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas.”
Ello así, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios calculados, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley 11.683, con costas.
X. Que a fs. 737 la Dra. Agostina Carla García solicitó que se regulen los honorarios de los profesionales que actuaron por el fisco.
Cabe precisar que con relación a los honorarios de todos los profesionales intervinientes en autos, corresponde regularlos aplicando las pautas de la ley 21.839 y sus modificaciones, toda vez que los trabajos efectuados fueron realizados casi en su totalidad con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.423.
En esta línea, nuestro más Alto Tribunal reiteradamente ha sostenido que ..“ es necesario en cada caso indagar el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esta circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable. En el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación. Es a partir de ahí que nace una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida, o modificada, por ley posterior..”. (cfme. Fallos 329:1066, 319:1915, entre tantos otros).
Sin perjuicio de ello, respecto de los conceptos por los que la actora desistió (IG y SND) se aplicará la doctrina establecida por la CACAF el 16/12/2020 en el fallo “Alpargatas SAIC” al sentenciar: “No corresponde incluir dentro del pago de las costas y gastos causídicos que se asume, a los intereses y/o multas alcanzadas por el beneficio de exención o condonación establecido en el régimen de regularización de obligaciones tributarias previsto en el Título II de la ley 27.260 (art. 55)”.
XI. Que por ello corresponde regular los emolumentos de los profesionales del fisco del siguiente modo: -Por el desistimiento resuelto a fs. 728/729: Al Dr. Carlos Muzzio en la suma de $ 304.706.- (pesos trescientos cuatro mil setecientos seis), por su actuación en el carácter de patrocinante del fisco nacional y los de la Dra. Marcela Victoria Caparrós Vázquez en la suma de $ 88.365.- (pesos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco), los de la Dra. Agostina Carla García en la suma de $ 6.094.- (pesos seis mil noventa y cuatro) y los del Dr. Ezequiel Silvio Katz en la suma de $ 27.424.- (pesos veintisiete mil cuatrocientos veinticuatro), por sus actuaciones en el carácter de co-apoderados del fisco, teniendo en cuenta la labor desarrollada, las etapas procesales cumplidas, lo dispuesto en el segundo párrafo del Considerando anterior y las demás pautas de la ley 21.839, sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art. 13 de la RG 4816/20.
-Por el fondo del asunto: Al Dr. Carlos Muzzio en la suma de $ 186.359.- (pesos ciento ochenta y seis mil trescientos cincuenta y nueve), por su actuación en el carácter de patrocinante del fisco nacional y los de la Dra. Marcela Victoria Caparrós Vázquez en la suma de $ 67.089.- (pesos sesenta y siete mil ochenta y nueve), los de la Dra. Agostina Carla García en la suma de $ 3.727.- (pesos tres mil setecientos veintisiete) y los de la Dra. Luciana P. Maradei en la suma de $ 3.727.- (pesos tres mil setecientos veintisiete), por sus actuaciones en el carácter de co-apoderadas del fisco, teniendo en cuenta la labor desarrollada, las etapas procesales cumplidas, lo dispuesto en el segundo párrafo del Considerando anterior y las demás pautas de la ley 21.839.
XII. Que asimismo, corresponde regular los honorarios del Dr. Jorge Guida en la suma de $ 96.952.- (pesos noventa y seis mil novecientos cincuenta y dos) por el desistimiento y $ 95.043.- (pesos noventa y cinco mil cuarenta y tres) por el fondo, los del Dr. Enrique Alberto Diehl en la suma de $ 96.952.- (pesos noventa y seis mil novecientos cincuenta y dos) por el desistimiento y $ 63.362.- (pesos sesenta y tres mil trescientos sesenta y dos) por el fondo y finalmente los del Dr. José Manuel Guida en la suma de $ 77.562 (pesos setenta y siete mil quinientos sesenta y dos) por el desistimiento y $ 63.362 (pesos sesenta y tres mil trescientos sesenta y dos) por el fondo, por la porción no condonada en los importes correspondientes al desistimiento formulado, por sus actuaciones en el carácter de co-patrocinantes y co-apoderados por la actora, teniendo en cuenta especialmente la extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, las etapas procesales cumplidas y las demás pautas de la ley 21.839.
XIII. Que corresponde regular los honorarios de los Cdores. Pablo Fabián Staciuk en la suma de $ 111.055.- (pesos ciento once mil cincuenta y cinco), por su actuación como perito de la actora y los del Cdor. Miguel Ángel Tregob en la suma de $ 111.055.- (pesos ciento once mil cincuenta y cinco), por su actuación como perito del fisco, teniendo en cuenta la labor desarrollada y las demás pautas fijadas por el decreto ley 16.638.
XIV. Que corresponde regular los honorarios de los peritos mecánicos, Ing. Justo Germán Lenguaza en la suma de $ 65.523.- (pesos sesenta y cinco mil quinientos veintitrés), por su actuación como perito de la actora e Ing. Julio Luis Torretta en la suma de $ 65.523.- (pesos sesenta y cinco mil quinientos veintitrés), por su actuación como perito propuesto por el fisco, teniendo en cuenta la labor desarrollada y las demás pautas fijadas por el decreto ley 7887/55.
XV. Que finalmente, corresponde regular los honorarios de los peritos civiles, Ing. Pablo Alfredo Lezcano en la suma de $ 65.523.- (pesos sesenta y cinco mil quinientos veintitrés), por su actuación como perito de la actora y fijar los honorarios del Ing. Eduardo Altare en la suma de $ 65.523.- (pesos sesenta y cinco mil quinientos veintitrés), por su actuación como perito de oficio, teniendo en cuenta la labor desarrollada y las demás pautas fijadas por el decreto ley 7887/55.
XVI. Que los emolumentos regulados precedentemente se realizaron conforme la sentencia de este Tribunal del 18/11/2021 y lo resuelto en los Considerandos I a IX de la presente, se encuentran a cargo de la actora y no incluyen el IVA.
XVII. Que corresponde tener al fisco por desistido del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en autos el 18/11/2021 de acuerdo con la autorización acompañada en su presentación del 08/03/2022.
El Dr. Vicchi y la Dra. Marmillon dijeron:
Que adhieren al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE
1. Confirmar la resolución apelada N° 90/13, con costas.
2. Regular los honorarios de los siguientes profesionales del fisco:
-Por el desistimiento resuelto a fs. 728/729: Al Dr. Carlos Muzzio en la suma de $ 304.706.- (pesos trescientos cuatro mil setecientos seis), por su actuación en el carácter de patrocinante del fisco nacional y los de la Dra. Marcela Victoria Caparrós Vázquez en la suma de $ 88.365.- (pesos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco), los de la Dra. Agostina Carla García en la suma de $ 6.094.- (pesos seis mil noventa y cuatro) y los del Dr. Ezequiel Silvio Katz en la suma de $ 27.424.- (pesos veintisiete mil cuatrocientos veinticuatro), por sus actuaciones en el carácter de co-apoderados del fisco. - Por el fondo del asunto: Al Dr. Carlos Muzzio en la suma de $ 186.359.- (pesos ciento ochenta y seis mil trescientos cincuenta y nueve), por su actuación en el carácter de patrocinante del fisco nacional y los de la Dra. Marcela Victoria Caparrós Vázquez en la suma de $ 67.089.- (pesos sesenta y siete mil ochenta y nueve), los de la Dra. Agostina Carla García en la suma de $ 3.727.- (pesos tres mil setecientos veintisiete) y los de la Dra. Luciana P. Maradei en la suma de $ 3.727.- (pesos tres mil setecientos veintisiete), por sus actuaciones en el carácter de co-apoderadas del fisco.
3. Regular los emolumentos del Dr. Jorge Guida en la suma de $ 96.952.- (pesos noventa y seis mil novecientos cincuenta y dos) por el desistimiento y $ 95.043.- (pesos noventa y cinco mil cuarenta y tres) por el fondo, los del Dr. Enrique Alberto Diehl en la suma de $ 96.952.- (pesos noventa y seis mil novecientos cincuenta y dos) por el desistimiento y $ 63.362.- (pesos sesenta y tres mil trescientos sesenta y dos) por el fondo y los del Dr. José Manuel Guida en la suma de $ 77.562 (pesos setenta y siete mil quinientos sesenta y dos) por el desistimiento y $ 63.362 (pesos sesenta y tres mil trescientos sesenta y dos) por el fondo, por la porción no condonada en los importes correspondientes al desistimiento formulado, por sus actuaciones en el carácter de co-patrocinantes y co-apoderados por la actora.
4. Regular los honorarios de los peritos, Cdor. Pablo Fabián Staciuk en la suma de $ 111.055.- (pesos ciento once mil cincuenta y cinco), por su actuación como perito de la actora, y Cdor. Miguel Ángel Tregob en la suma de $ 111.055.- (pesos ciento once mil cincuenta y cinco), por su actuación como perito del fisco.
5. Regular los honorarios de los peritos mecánicos, Ing. Justo Germán Lenguaza en la suma de $ 65.523.- (pesos sesenta y cinco mil quinientos veintitrés), por su actuación como perito de la actora e Ing. Julio Luis Torretta en la suma de $ 65.523.- (pesos sesenta y cinco mil quinientos veintitrés), por su actuación como perito propuesto por el fisco.
6. Regular los honorarios de los peritos civiles, Ing. Pablo Alfredo Lezcano en la suma de $ 65.523.- (pesos sesenta y cinco mil quinientos veintitrés), por su actuación como perito de la actora y fijar los honorarios del Ing. Eduardo Altare en la suma de $ 65.523.- (pesos sesenta y cinco mil quinientos veintitrés), por su actuación como perito de oficio.
7. Los emolumentos regulados precedentemente se encuentran a cargo de la actora y no incluyen el IVA.
8. Tener al fisco por desistido del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en autos el 18/11/2021 de acuerdo con la autorización acompañada en su presentación del 08/03/2022.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos de la causa y oportunamente archívese.- Date: 2023.06.16 09:53:38 -03:00 Date: 2023.06.16 12:40:30 -03:00 Juan Carlos Vicchi Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.23 11:22:04 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.23 11:22:05 -03:00
Fin de la sentencia