Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala 3
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y confirmar la sentencia apelada en todas sus partes.
2Imponer las costas de la alzada a la actora recurrente vencida, conforme considerando respectivo.
3Regular los honorarios profesionales por las labores ante la alzada para el Dr. , en el veinticinco por ciento (25%) y los del Dr. , en el treinta por ciento (30%), en ambos casos a calcular sobre los correspondientes a la instancia de grado, y con más el IVA de corresponder.
000251/2026 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne en acuerdo la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial nro. II con asiento en esta ciudad, con la presidencia de la Dra. Verónica Daniela Robert y la vicepresidencia del Dr. Manuel Horacio Pis Diez (Acuerdo Plenario nro. 5394/2025, arts. 1 a 5), para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: " c/ RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ de trabajo (sistémico)", expte. nro. 251/2026, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral N° 1 (expte. nro. 1345/2021), y atento al resultado del sorteo de fecha 14 de octubre de 2026 (art. 271 del Código Procesal Civil y Comercial), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Verónica Daniela Robert y Dr. Manuel Horacio Pis Diez.
Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la Sentencia nro. 10/2026 de fecha 2 de marzo de 2026? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión, la Dra. Robert dijo:
I.1. El fallo apelado:
Mediante SD N°10/26, del 02/03/26, el magistrado de grado hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad respecto de los arts. 6, 8 inc. 3, 21, 22 y 46 de la Ley 24557, así como de cualquier otra norma que implique la obligatoriedad de actuaciones del actor ante órganos distintos a los pertenecientes al Poder Judicial de la Provincia del Chubut, y asimismo declaró la inconstitucionalidad del Decreto 669/19, conforme <PER_1> <TEXTO_ANONIMIZAR_1> los fundamentos vertidos en los Considerandos; rechazó la defensa de prescripción de la demandada; e hizo lugar parcialmente a la demanda por enfermedad profesional sufrida por el actor con manifestación invalidante en fecha 21/08/2017, condenando a , a abonar al Sr. , en el término de diez (10) días la suma de pesos cuatrocientos diecinueve mil seiscientos noventa y ocho con quince centavos ($419.698,15), a la que se le aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina desde el 21/08/2017 y hasta el efectivo pago, con capitalización desde la fecha de la notificación de la demanda (arts. 770 inc. b y 7 del CCCN). Impuso las costas a la demandada vencida, y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
I.2. Recursos:
Contra el fallo se alzó la demandada mediante ID 2252407 y la actora mediante ID 2254766, ambos recursos concedidos mediante resolución del 13/03/26. La actora expresa agravios mediante ID 2274985, que mereció réplica de la contraria en ID 2291838; mientras la demandada desiste del recurso interpuesto en Id 2273007.
I.3. Antecedentes:
En lo que aquí resulta atinente, se presenta el Sr. , mediante sus letrados apoderados, y promueve demanda por accidente profesional contra , a fin que se la condene al pago de la incapacidad laboral permanente parcial definitiva sufrida por el trabajador, por la suma de pesos un millón ciento setenta y un mil ciento <TEXTO_1> <PER_1> <PER_1> <TEXTO_ANONIMIZAR_1> ochenta y seis con treinta y tres centavos ($1.171.186,33), más la aplicación del RIPTE y de la tasa de interés más alta según lo prescribe el art. 552 del CCCN (ccdte. art. 11 Inc. 1 LRT), actualización monetaria, costos y costas del juicio, con aplicación del art. 770 inc. b) y c) del CCCN, y/o con más la tasa de interés más alta de plaza. Asimismo, reclama de corresponder, se condene a la demandada a otorgar al actor las prestaciones médicas o en especie que se determinen por los especialistas. Efectúa manifestaciones respecto de la competencia del juzgado para entender en los presentes autos. Relata los hechos en los que funda su pretensión, practica liquidación, solicita intereses, la aplicación del art. 770 inc. b), c) y d) del CCCN. y la aplicación de la tasa más alta en plaza local, peticiona el cumplimiento de las pautas mínimas de la recalificación profesional del trabajador, (art. 20 inc. d de la LRT y la Resolución N° 216/03 de la SRT modificada por la Res. 1300/04), funda en derecho, ofrece prueba, formula reserva del caso federal, solicita condena de temeridad y malicia respecto de la parte demandada y peticiona.
A su turno se presenta mediante letrado apoderado y con patrocinio letrado y contesta demanda, solicitando su rechazo, con costas. Reconoce que su parte emitió un contrato de afiliación a favor de la empleadora del actor por los riesgos de accidente del trabajo, instrumentado bajo el Nº 126625, vigente desde el 01/02/2010 hasta el 31/01/2022. Opone excepción de prescripción, formula negativas respecto de los hechos narrados en la demanda, y desconoce la autenticidad de la documentación adjuntada por el actor. Expone su versión <PER_2> <ANONIMIZAR_2> de los hechos, funda su defensa, e impugna la liquidación practicada. Contesta los planteos de inconstitucionalidad formulados, acompaña documental, ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y peticiona.
Los demás antecedentes de autos han sido debidamente reseñados en la sentencia de grado, por lo que a los mismos me remito y tengo presentes para resolver.
II.1. Agravios de la actora.
En su primer agravio, la actora cuestiona la tasa de interés fijada en la sentencia, consistente en el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con capitalización desde la notificación de la demanda conforme al art. 770 inc. b) del CCCN. Sostiene que dicho mecanismo resulta insuficiente para preservar el valor adquisitivo de la indemnización reconocida, atento al proceso inflacionario transcurrido desde la primera manifestación invalidante, ocurrida el 21/08/2017.
Afirma que mientras la aplicación de la tasa dispuesta en primera instancia arrojaría al 19/03/2026 un monto aproximado de $4.681.941,60, la variación del IPC para la región patagónica habría alcanzado el 9.326 %, lo que evidencia a su entender, una significativa pérdida del valor real del crédito, de naturaleza alimentaria, y un enriquecimiento sin causa de la aseguradora por el transcurso del tiempo.
En ese marco, cuestiona la constitucionalidad de la tasa legal aplicada, por considerarla confiscatoria e insuficiente para garantizar una reparación adecuada. Solicita que se adopte un mecanismo que permita recomponer el crédito y compensar efectivamente la mora, ya sea mediante la aplicación de una tasa superior, su duplicación o triplicación, o la actualización monetaria, con sustento en los arts. 552, 768 y 770 del CCCN y en los principios de protección del trabajador y progresividad de los derechos sociales.
Invoca asimismo precedentes de esta Cámara que entiende aplicables al caso —SD CR N.º 33/2025/L y SD CR N.º 41/2025/L—, así como el art. 55 de la Ley 27802, cuya aplicación solicita por considerar que comprende los procesos pendientes de sentencia definitiva, incluidos los relativos a contingencias del sistema de riesgos del trabajo.
Cita otra jurisprudencia en pos de abonar su posición, y finalmente solicita que se modifique el pronunciamiento en materia de intereses y se establezca un mecanismo que preserve la suficiencia económica de la prestación reconocida.
En su segundo agravio, la recurrente cuestiona que la sentencia haya omitido expedirse sobre el rubro correspondiente a gastos médicos y farmacéuticos reclamados por el actor.
Sostiene que, acreditada la existencia de una patología laboral indemnizable y la responsabilidad de la aseguradora, corresponde reconocer los gastos que aquel presumiblemente debió afrontar como consecuencia de las lesiones y de la falta de cobertura oportuna, incluidos medicamentos, tratamientos, consultas, traslados y demás desembolsos vinculados con su atención.
Invoca el art. 1746 del CCCN y la aplicación supletoria del derecho común al sistema de riesgos del 5 Documento anonimizado por AymurAI trabajo, con sustento en la doctrina que admite recurrir a las normas civiles para integrar los vacíos de la legislación especial, siempre que ello resulte compatible con los principios laborales.
Agrega que la demandada no habría producido prueba destinada a desvirtuar la presunción relativa a la existencia de tales gastos.
En cuanto a su cuantificación, solicita que el rubro sea fijado a valores actuales, atendiendo a la depreciación monetaria. Propone que, si se determina el importe actualizado, se aplique una tasa de interés pasiva hasta su cuantificación y, desde entonces, una tasa activa; subsidiariamente, peticiona la aplicación de una tasa que permita preservar el valor del crédito, con intereses desde el evento dañoso.
En consecuencia, solicita que se subsane la omisión señalada y se admita la indemnización por gastos médicos y farmacéuticos reclamada.
Mantiene reserva de caso federal.
II.2. Réplica de los agravios:
La demandada solicita la deserción del recurso, y subsidiariamente, peticiona la desestimación de la expresión de agravios de su contraria. Da respuesta a los mismos, contraponiendo los fundamentos y solicitando se rechace en su totalidad el recurso interpuesto por su oponente.
III. Tratamiento de los agravios:
Ingresando en el tratamiento de la cuestión traída a análisis, bien vale recordar aquí y ante todo, que no es preciso que el tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, ni en el orden en que son propuestos, bastando que se lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como lo ha establecido el más alto tribunal federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solo aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso (CSJN, Fallos, 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros). En sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art.386, in fine, del CPCCN; CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611).
Por otro lado, estimo conveniente recordar que el obrar jurisdiccional del tribunal opera con sujeción al principio de congruencia, existiendo una serie de campos de actividad de los que no puede exceder el tribunal ad quem, limitación que –entre otros aspectos– resulta ser absoluta en tanto no puede conocer sino en la medida de los agravios planteados; ni respecto de las cuestiones que no fueron puestas a consideración del a quo; hallándose asimismo vedada la reforma de la resolución apelada en perjuicio del recurrente, salvo que medie recurso de la contraparte. Sentado ello, no cabe considerar por la Alzada cuestiones consentidas, entendiéndose por tales las que no fueron apeladas o que, apeladas dentro de un contexto mayor de impugnación, no fueron referidas en la expresión de agravios (Rivas, Adolfo A., Tratado de los recursos ordinarios, T° 2, p. 841/854, Abaco, 1991). En efecto, el Tribunal de Alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se encuentra más limitado que el de primera instancia, por cuanto de conformidad con lo dispuesto por los arts. 271 y 277 del Código Procesal debe 7 Documento anonimizado por AymurAI limitarse a decidir sobre aquellas cuestiones de hecho y derecho que hubieran sido sometidas a la decisión del magistrado interviniente, debido a que la segunda instancia es sólo un medio de revisión del pronunciamiento emitido en la primera y no una renovación plena del debate. Así, el principio de congruencia, que limitó la sentencia de primera instancia, limitará del mismo modo la de la segunda (CNCiv., Sala “F”, LL 35-858-S).
Sentado lo anterior y avocada al tratamiento del recurso, no se me escapa que la demandada plantea la deserción del recurso de su contraria.
En este sentido, corresponde precisar liminarmente, que los agravios satisfacen mínimamente las exigencias del art. 268 del C.Pr.; y toda vez que este cuerpo que conformo ha sostenido siempre un criterio amplio en favor de la apertura de la instancia en pro del derecho de defensa, con este propósito ingreso al análisis del recurso.
Sentado lo anterior, cabe señalar que la actora estructura su queja en dos agravios: tasa de interés, actualización del crédito e insuficiencia de la reparación; y omisión de tratamiento de los gastos médicos y farmacéuticos.
III.1. Intereses y actualización del crédito indemnizatorio:
La actora cuestiona la tasa de interés fijada en la sentencia, consistente en la determinada por la ley -promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina-, sosteniendo que su aplicación, aún con la capitalización prevista por el art. 770 inc. b) del CCCN, resulta insuficiente para preservar el valor del crédito frente al proceso inflacionario.
Sostiene que la evolución de los precios durante el período transcurrido desde la primera manifestación invalidante, evidencia una pérdida sustancial del poder adquisitivo del crédito, plantea la inconstitucionalidad de la tasa legal, y solicita que se adopte un mecanismo de recomposición adecuado, sea mediante el incremento de la tasa de interés –proponiendo, entre otras alternativas, su duplicación o triplicación-, la actualización monetaria o la aplicación de la Ley 27802.
Efectúa los cálculos del monto de condena, conforme las pautas de la sentencia y los confronta con los índices inflacionarios y la depreciación del dinero, cita antecedentes de esta Cámara en la que se receptaron quejas aplicando las tasas en consonancia con el art. 552 CCCN y el carácter alimentario de su crédito, el cual precisa, se vio afectado por la variación porcentual del nivel general del IPC en el período de tiempo atinente a su crédito, en el orden del 9326%, dato que compara con el porcentaje del 1015% que apenas cubriría la aplicación de la tasa aplicada por el sentenciante y que a su criterio, no refleja el daño que la inflación argentina le ha generado al crédito del actor.
Cabe mencionar, que la queja parte de confrontar la tasa de interés aplicada con la inflación acumulada del período que corresponde considerar y concluye en que existiría una pérdida sustancial del valor del crédito del orden del 90%. En este sentido, la apelante efectúa una comparación entre índices, reconstruyendo el valor real del crédito reconocido efectivamente en la sentencia, demostrando de manera concreta a cuánto 9 Documento anonimizado por AymurAI ascendería en este caso, la pérdida patrimonial para la actora, derivada de la tasa aplicada por el juez de grado.
Así planteada, en resumida síntesis la cuestión, adelanto que el agravio relativo a los intereses, no puede prosperar. Doy mis razones.
Como ya reseñara, es extensa la crítica que efectúa en ésta instancia el quejoso respecto a la insuficiencia de la tasa aplicada. Sin embargo, si bien el propio accionante cita antecedentes jurisprudenciales en los que la suscripta se ha inclinado por la aplicación del art. 552 CCCN, e incluso cuestiona la tasa de interés, dicho cuestionamiento no se traduce en una impugnación concreta de la validez constitucional del régimen legal aplicable, antes bien, se limita a objetar el resultado económico de su aplicación. En éste sentido, no puede soslayarse en el subexamine, que la tasa aplicable por el juzgador de grado, ha sido la establecida legalmente, conforme la fecha del siniestro indemnizable, disponiendo en el caso la aplicación de los arts. 12, 14 y cctes. de la LRT, según modificaciones de la ley 27348. Y es que esta norma, precisamente, establece una pauta legal expresa en materia de intereses, la cual no reviste carácter supletorio sino obligatorio dentro del sistema especial en el que se inscribe el reclamo del actor. Entonces, desde ésta perspectiva, la crítica que realiza el recurrente, aun cuando pone de manifiesto una problemática económica real, no habilita a este Tribunal a sustituir sin más el criterio legal expreso por otro que estime más adecuado, ya que tal posición implicaría a mi entender, desplazar una disposición normativa vigente sin que medie un planteo de inconstitucionalidad suficientemente fundado que lo sustente.
Cabe destacar que, en su escrito de demanda, la actora se limitó a solicitar que se aplique “… la tasa de interés más alta según lo prescribe el art. 552 del CCCN (ccdte. Art. 11 inc. 1 LRT), debido al carácter alimentario que poseen los créditos laborales, actualización monetaria, costos y costas del juicio, con aplicación del art. 770 inc. b) y c) del CCCN, y/o con más la tasa de interés más alta de plaza….”. Es decir, esboza alguna previsión respecto a la aplicación de tasas de interés adecuadas a su reclamo, sin ahondar en mayores precisiones -que pretende introducir en esta segunda instancia-, ni planteo procesal debidamente fundado para enervar su aplicación.
Dicho de otro modo, la eventual insuficiencia de la tasa legal frente al fenómeno inflacionario, no justifica por sí sola el apartamiento judicial, ya que límites estrictos de congruencia procesal así lo determinan, tanto más cuando especialmente en esta materia, las soluciones que propone en esta instancia el quejoso -tal como la aplicación de tasas superiores, o dobles, o mecanismos que sigan la evolución del índice de precios- importan en los hechos, nada más y nada menos que introducir criterios de actualización ajenos al sistema tarifado de la LRT, cuya modificación excede la tarea jurisdiccional e incluso, el control constitucional.
De allí entonces, que el art. 552 CCCN que, reitero, no resulta ajeno a la aplicación por la suscripta en materia laboral, para evitar la desvalorización de los créditos de tal naturaleza, no puede operar en forma irrestricta cuando existe un 11 Documento anonimizado por AymurAI régimen legal especial que establece pautas específicas y concretas en la materia, como lo es el texto del art. 12 de la LRT, desplazándolo o neutralizándolo y mucho menos supliendo la cuestión que no ha sido planteada en tales términos, en forma concreta y debidamente fundada en la instancia pertinente, extremo que no encuentro verificado en autos.
En definitiva, la crítica del recurrente se dirige a la insuficiencia económica del resultado, derivado de la aplicación de la norma, pero no a su validez jurídica, aspecto que entiendo, sella la suerte del agravio, ya que la eventual pérdida del poder adquisitivo no resulta suficiente a mi criterio, para desplazar el régimen legal vigente sin un planteo de inconstitucionalidad suficientemente fundado que así lo justifique y que debió efectuar el interesado en la instancia pertinente, si así lo estimaba corresponder. En definitiva, propongo rechazar el agravio y confirmar la sentencia de grado en éste aspecto. Así lo voto.
III. 2. Gastos médicos y farmacéuticos:
El recurrente se agravia de la omisión de tratamiento del reclamo formulado en concepto de gastos médicos y farmacéuticos, por el que solicitó la suma de $50.000. Sostiene que, acreditadas la existencia de la enfermedad profesional y la incapacidad laboral derivada de ella, corresponde reconocer los desembolsos que debió afrontar para atender sus consecuencias, con más los intereses correspondientes.
Este planteo tampoco prosperará.
En primer término, corresponde señalar que, si bien el actor introdujo oportunamente el reclamo en su escrito de demanda, la sentencia de grado omitió expedirse sobre dicha pretensión. En consecuencia, corresponde abordar la cuestión en esta instancia, a fin de brindar una respuesta jurisdiccional al planteo sometido a consideración de la Alzada.
Ahora bien, cabe tener en cuenta que la presente acción se sustenta en el régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que la procedencia del rubro debe examinarse de conformidad con las disposiciones que regulan las prestaciones derivadas de las contingencias laborales.
La ley 26773 en su art. 2 es clara, existe una prohibición expresa de la norma “...Las prestaciones médico asistenciales, farmacéuticas y de rehabilitación deberán otorgarse en función de la índole de la lesión o la incapacidad determinada. Dichas prestaciones no podrán ser sustituidas en dinero, con excepción de la obligación del traslado del paciente...”, que no puede ser desoída en los procesos judiciales, en su caso la parte si pretendía su admisión debería haber formulado un real planteo de su inaplicabilidad o su inconstitucionalidad, cuestión que no ha ocurrido en la causa.
En su escrito inicial, el accionante no ha brindado fundamentos para sostener los gastos médicos farmacéuticos y de transporte, solamente consignó un monto dinerario con basamento en el art. 1746 e invocación de pacífica jurisprudencia que no ha sido citada.
En consecuencia, se rechaza el agravio.
IV. Solución del caso:
Por todo lo expuesto, propondré al acuerdo, rechazar los agravios formulados por la actora y confirmar la sentencia de grado en todas sus partes. 13 Documento anonimizado por AymurAI Así lo propongo.
IV.1. Costas y honorarios:
Conforme se resuelven los agravios planteados, las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (art. 69 C.Pr.).
Los honorarios de segunda instancia deben ser fijados de conformidad con las pautas generales del artículo 5 de la ley arancelaria y por aplicación de las escalas específicas del artículo 13 del mismo ordenamiento. En función de lo expuesto, propongo su determinación en el 25% de los fijados en la primera instancia, para el letrado de la parte actora y del 30% para el letrado de la demandada.
A la segunda cuestión, la Dra. Robert dijo:
Por lo expuesto, y de ser compartido mi voto, propongo al acuerdo la siguiente fórmula:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y confirmar la sentencia apelada en todas sus partes.
2. Imponer las costas de la alzada a la actora recurrente vencida, conforme considerando respectivo.
3. Regular los honorarios profesionales por las labores ante la alzada para el Dr. , en el 25% y los del Dr. , en el 30%, en ambos casos a calcular sobre los correspondientes a la instancia de grado, y con más el IVA de corresponder.
A la primera cuestión, el Dr. Pis Diez dijo:
I. Análisis de los agravios. Solución.
Así, y adentrándome en el tratamiento de la cuestión traída a mi estudio, destaco ante todo que tiene dicho nuestro máximo tribunal que “los jueces no están obligados a ponderar una por una y <PER_3> <PER_4> exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos, 311:571) y para la correcta solución del litigio (311:836), y tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (301:970 y 311:1191). Pongo de manifiesto asimismo que, atendiendo a la letra de la Ley V N° 203 DJP, la que reglamenta los alcances de la fundamentación individual de las resoluciones judiciales dictadas por órganos colegiados, conforme lo establecido por el art. 169 de la Constitución provincial; concuerdo con el detalle de antecedentes de la causa que efectuó la Dra. Robert en los apartados I.1, I.2, I.3, II.1 y II.2, motivo por el cual remito a la reseña allí introducida (artículo 2 ley V-203).
Luego, a fin de expedirme sobre las cuestiones materia de agravio, dejo expresa constancia que comparto los fundamentos de la solución dada a los agravios de la actora desarrollada en III, III.1, III.2 que hago propias (art. 3 ley V-203), por la colega preopinante, Dra. Verónica Daniela Robert.
Con respecto a la solución dada por la colega preopinante a los agravios de la actora en el apartado IV, la hago propia.
En lo referido al primer agravio, debe recordarse que el juez de primera instancia estableció los intereses conforme los artículos 12, 14 y concordantes de la LCT, según modificaciones de la ley 27348. De modo que los precedentes judiciales que cita el recurrente en su expresión de agravios, no son aplicables al presente caso.
15 Documento anonimizado por AymurAI Máxime que en la demanda la actora solicitó que se aplique la tasa de interés más alta según lo prescribe el artículo 522 del CCCN y en la expresión de agravios, en forma tardía peticiona que se actualice por el INDEC, menoscabando la congruencia procesal (art. 34 del CPCCCh y art. 18 CN).
Pero es claro que en este caso, la LRT en su art. 12, fija claramente cuál es el interés aplicable y dicha norma no fue tachada de inconstitucional por la actora, en forma suficientemente fundada.
Se rechaza el agravio de la actora.
Con respecto al segundo agravio, comparto los fundamentos dado por la colega preopinante para desestimar los mismos.
Finalmente, con respecto a las costas y honorarios regulados comparto los fundamentos y la solución propuesta por la colega preopinante en el capítulo IV.1. de su voto, la que resulta acorde con lo planteado y lo resuelto en el curso del proceso. A la segunda cuestión, el Dr. Pis Diez dijo:
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo, la siguiente formula postulatoria:
1. Rechazar el recurso de apelación de la actora.
2. Costas de esta instancia a la parte actora.
3. Regular los honorarios del abogado de la actora, en un 25% y los del abogado de la demandada en un 30%, en ambos casos de lo regulado en primera instancia, más la alícuota del IVA si correspondiere (artículo 13 ley XIII 4).
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente,
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y confirmar la sentencia apelada en todas sus partes.
2. Imponer las costas de la alzada a la actora recurrente vencida, conforme considerando respectivo.
3. Regular los honorarios profesionales por las labores ante la alzada para el Dr. , en el veinticinco por ciento (25%) y los del Dr. , en el treinta por ciento (30%), en ambos casos a calcular sobre los correspondientes a la instancia de grado, y con más el IVA de corresponder.
4. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
REGISTRADA BAJO EL nro 147 DEL AÑO 2026 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L"
<PER_3> <PER_4>
Fin de la sentencia