Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala 3
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la SA y en consecuencia, revocar la sentencia definitiva nro. 54/26 en todas sus partes, rechazando la demanda promovida por el Sr. .
2Imponer las costas de ambas instancias por su orden, conforme considerando respectivo.
3Regular los honorarios profesionales de los letrados actuantes en primera instancia, por la parte <ANONIMIZAR_1> actora, Dr. , en el once por ciento (11%) y por la parte demandada, Dr. , en el quince por ciento (15%), en ambos casos, del monto reclamado en el proceso, con más el IVA de corresponder.
4Revocar los honorarios regulados en la instancia grado al perito Dr. , sin nueva regulación por resultar su actuación inoficiosa, conforme considerando respectivo.
5Regular los honorarios por la actuación en la Alzada, para el letrado de la parte actora, Dr. en el veinticinco por ciento (25%) y para los de la parte demandada, Dr. , en el treinta por ciento (30%), de los fijados en primera instancia con más el IVA de corresponder.
6Tener a la parte actora por efectuada la reserva del caso federal.
000265/2026 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne en acuerdo la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial nro. II con asiento en esta ciudad, con la presidencia de la Dra. Verónica Daniela Robert y la vicepresidencia del Dr. Manuel Horacio Pis Diez (Acuerdo Plenario nro. 5394/2025, arts. 1 a 5), para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: " c/ RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ de trabajo (sistémico)", expte. nro. 265/2026, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral N° 3 (expte. nro. 133/2024), y atento al resultado del sorteo de fecha 14 de octubre de 2026 (art. 271 del Código Procesal Civil y Comercial), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Verónica Daniela Robert y Dr. Manuel Horacio Pis Diez.
Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la Sentencia nro. 54/2026 de fecha 10 de marzo de 2026? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión, la Dra. Robert dijo:
I.1. El fallo apelado:
Mediante SD N° 54/26, del 10/03/26, el magistrado de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por y en consecuencia condenó a para que en plazo de 10 (diez) días proceda abonar la suma de pesos un millón noventa y tres mil doscientos ochenta y seis con sesenta y seis centavos ($1.093.286,66) con más los intereses desde la fecha de la primera manifestación invalidante, es decir desde el <PER_1> <PER_2> <PER_1> <ANONIMIZAR> 26 de mayo de 2022 y hasta el momento de la liquidación de la indemnización, equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, con capitalización conforme el art. 770 inc. b del CCCN, a la fecha de notificación de la demanda. Dispuso que a partir de la mora en el cumplimiento de la presente sentencia; se acumularán los intereses al capital y el producido devengará, un interés moratorio equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta la efectiva cancelación (ap. 3 del art. 11 de la ley 27348). Rechaza el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley 24557, arts. 6, 8 inc. 3, 12, 17, 21, 22, art. 46, Decretos N° 1278/00, 410/00, 658/96, 659/96, 49/14 y 472/14, “como así también toda norma que se oponga al principio protectorio y al principio “alterum non laedere”, principio del derecho natural del trabajador”; ley 26.773 arts. 9 y 17; ley 27348. Declara la inconstitucionalidad del Decreto 669/2019. Rechaza la “excepción de falta acción - falta de legitimación pasiva” opuesta por la ART demandada, así como el pedido formulado por la misma, de aplicación del art. 277 LCT. Impone las costas a la demandada vencida, y reguló los honorarios de los profesionales actuantes.
I.2. Recursos:
Contra el fallo se alzó la parte demandada mediante Id 2270145, concedido mediante resolución del 18/03/26, expresándose agravios mediante ID 2277458, que mereció réplica de la contraria en ID 2285559.
I.3. Antecedentes:
En lo que aquí resulta atinente, se presenta el Sr. Daniel Ricardo Quij mediante su letrado apoderado, solicitando de el pago de una suma de $1.252.650,90, “o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse o lo que con mejor criterio fije V.S., con más intereses legales desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento de su efectivo pago. Señala que procura “la determinación de la incapacidad laboral definitiva, consecuencia del accidente laboral sufrido con fecha 26/05/2022, y el consecuente pago de las prestaciones dinerarias en los términos de los artículos 9, 14 y 15 de la Ley 24557, y sus modificaciones como así también las prestaciones en especie, si correspondieren, conforme el artículo 20 apartado 1 incisos a), b) y c) y apartado 3 de la LRT y su reglamentario. Asimismo, lleva consigo la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 6, 8 inciso 3, 12, 17, 21, 22 y 46 de la LRT y el Decreto N° 472/2014 y de los Baremos de Ley Decretos 658/96, 659/96 y 49/14 como así también toda norma que se oponga al principio protectorio y al principio “alterum non laedere”, principio del derecho natural del trabajador”. Relata los hechos en los que funda su pretensión, plantea inconstitucionalidades, practica liquidación provisoria, ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.
A su turno se presenta , por medio de su letrado apoderado y contesta demanda, solicitando su rechazo, con costas. Reconoce que oportunamente celebró contrato de afiliación con la empleadora del actor, vigente al momento del infortunio en los términos de la LRT. Opone falta de legitimación pasiva/falta de acción, formula negativas respecto de los hechos relatados por el accionante, niega el <PER> <TEXTO_ANONIMIZAR_1> <TEXTO_ANONIMIZAR_1> accidente, el ingreso apto y la incapacidad, funda su defensa. Ofrece prueba, y peticiona.
Los demás antecedentes de autos han sido debidamente reseñados en la sentencia de grado, por lo que a los mismos remito y tengo presentes para resolver.
II. Agravios de la demandada:
En su primer agravio, cuestiona la valoración de la prueba pericial médica, que califica como arbitraria.
La recurrente reprocha que la sentencia haya otorgado eficacia decisiva al dictamen pericial por el solo hecho de no haber sido impugnado, sin efectuar una valoración conforme a las reglas de la sana crítica. Señala que el informe presenta inconsistencias, pues se habría basado en un relato fáctico diferente del expuesto en la demanda y omitido analizar la incidencia de la patología degenerativa preexistente, discriminar su eventual contribución a la incapacidad determinada y fundamentar adecuadamente el porcentaje asignado y su vinculación con el hecho denunciado. Sostiene que la falta de impugnación no exime al juzgador de examinar la solidez y fundamentación de la prueba.
En su segundo agravio, cuestiona que se haya tenido por acreditada la relación causal entre la dolencia lumbar y el hecho denunciado, al considerar que no existe prueba técnica suficiente que permita atribuir la incapacidad al trabajo.
Afirma que la patología degenerativa preexistente podría explicar el cuadro por su evolución natural y que no se demostró que el evento invocado hubiera provocado una lesión nueva o agravado la condición anterior.
En su tercer agravio, sostiene que el hecho relatado por el actor, consistente en la aparición de dolor al levantarse de una silla, no reúne las condiciones necesarias para ser considerado un accidente laboral.
Aduce que no se acreditó un acontecimiento dañoso identificable que permita distinguirlo de la manifestación de una patología degenerativa y que la sentencia habría ampliado indebidamente el concepto legal de accidente de trabajo.
En su cuarto agravio, la apelante cuestiona la responsabilidad que se le atribuye, y argumenta que su actuación se ajustó al régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo, habiendo brindado las prestaciones médicas correspondientes.
Sostiene que no puede ser responsabilizada por contingencias que no se encuentren comprendidas en los supuestos previstos por la normativa aplicable. Peticiona en definitiva, que se revoque la sentencia y se rechace íntegramente la demanda, con costas.
Mantiene la reserva del caso federal.
II.1. Réplica de los agravios:
Los agravios merecieron la contestación del actor, quien solicitó la confirmación del fallo, invocando la ausencia de impugnación oportuna y defendiendo la suficiencia técnica del informe. En resumida síntesis, sostuvo que la discordancia del mecanismo lesivo, no altera la existencia de una lesión lumbar de origen laboral. Añadió que la ART aceptó inicialmente la contingencia e invocó la aplicabilidad de la doctrina de los actos propios.
5 Documento anonimizado por AymurAI
III. Tratamiento de los agravios:
Ingresando en el tratamiento de la cuestión traída a análisis, bien vale recordar aquí y ante todo, que no es preciso que el tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, ni en el orden en que son propuestos, bastando que se lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como lo ha establecido el más alto tribunal federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solo aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso (CSJN, Fallos, 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros). En sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art.386, in fine, del CPCCN; CSJN, «Fallos»: 274:113; 280:3201; 144:611).
Por otro lado, estimo conveniente recordar que el obrar jurisdiccional del tribunal opera con sujeción al principio de congruencia, existiendo una serie de campos de actividad de los que no puede exceder el tribunal ad quem, limitación que –entre otros aspectos– resulta ser absoluta en tanto no puede conocer sino en la medida de los agravios planteados; ni respecto de las cuestiones que no fueron puestas a consideración del a quo; hallándose asimismo vedada la reforma de la resolución apelada en perjuicio del recurrente, salvo que medie recurso de la contraparte. Sentado ello, no cabe considerar por la Alzada cuestiones consentidas, entendiéndose por tales las que no fueron apeladas o que, apeladas dentro de un contexto mayor de impugnación, no fueron referidas en la expresión de agravios (Rivas, Adolfo A., Tratado de los recursos ordinarios, T° 2, p. 841/854, Abaco, 1991). En efecto, el Tribunal de Alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se encuentra más limitado que el de primera instancia, por cuanto de conformidad con lo dispuesto por los arts. 271 y 277 del Código Procesal debe limitarse a decidir sobre aquellas cuestiones de hecho y derecho que hubieran sido sometidas a la decisión del magistrado interviniente, debido a que la segunda instancia es sólo un medio de revisión del pronunciamiento emitido en la primera y no una renovación plena del debate. Así, el principio de congruencia, que limitó la sentencia de primera instancia, limitará del mismo modo la de la segunda (CNCiv., Sala “F”, LL 35-858-S).
Sentado lo anterior, y avocada al tratamiento del recurso planteado, cabe señalar que , estructura su queja en cuatro agravios: valoración arbitraria de la prueba pericial médica, errónea acreditación del nexo causal, inexistencia de accidente de trabajo en los términos de la LRT, y errónea atribución de responsabilidad a la ART. Trataré los dos primeros agravios conjuntamente dada su estrecha relación para resolver el objeto recursivo.
Así entonces, conforme surge de los antecedentes reseñados, el Sr. promovió demanda fundada en el régimen de riesgos del trabajo, relató que se desempeñaba como sereno para y que, al levantarse de una silla durante la jornada laboral, sintió un intenso dolor lumbar. Refirió también, haber recibido atención y tratamiento por medio de la ART <TEXTO_ANONIMIZAR_1> <ANONIMIZAR_2> demandada y que, pese al alta médica del 10 de junio de 2022, sus dolencias y limitaciones persistieron. Estimó su incapacidad en el 12% y solicitó su determinación mediante la prueba a producirse.
A su turno, la ART reconoció el contrato de afiliación, la denuncia y prestaciones iniciales. Sin embargo, controvirtió la configuración de un accidente de trabajo, así como la existencia de una incapacidad indemnizable y su vinculación con el episodio. Por el contrario, sostuvo que los estudios revelaron una patología degenerativa de columna lumbosacra de carácter inculpable y alegó haber rechazado el siniestro, al tiempo que opuso las defensas reseñadas en la sentencia.
Finalmente, para admitir la pretensión, el juez a quo tuvo por aceptada la contingencia y le atribuyó eficacia plena al dictamen pericial del Dr. , del cual tomó el porcentaje de incapacidad allí determinado por el galeno y la conclusión causal. Destacó también la falta de impugnación del informe pericial y consideró que no existían razones para apartarse de sus conclusiones.
Así planteada la cuestión, y conforme los agravios antes reseñados, comienzo por adelantar que el recurso resulta a mi criterio, atendible, en lo relativo a la eficacia de la prueba pericial médica y a la acreditación de la incapacidad permanente reclamada por el actor.
Al respecto, corresponde precisar liminarmente, el alcance de la comunicación cursada por la ART el 2 de junio de 2022 (ID 846136) mediante la cual se informa que, durante el tratamiento de la contingencia denunciada y aceptada, se detectó una patología degenerativa de columna lumbosacra que se consideró inculpable o preexistente y no relacionada con el hecho, aclarando además, que dicho hallazgo no afectaba el tratamiento de la contingencia aceptada, consistente en lumbago no especificado.
Este documento, no expresa por tanto y como sostuviera la demandada, el rechazo íntegro del episodio. Debe distinguirse, la aceptación de la contingencia y la exclusión de la patología degenerativa allí individualizada.
Ahora bien, la aceptación no importa reconocer que el episodio que motiva el presente, haya dejado necesariamente una incapacidad permanente, ni mucho menos determina su magnitud. Y señalo esto, porque la indemnización pretendida por el actor, exige acreditar esa consecuencia y su vinculación con la contingencia. Sobre estos extremos entonces, corresponde examinar la prueba rendida en la causa.
En este sentido, advierto en la pericia médica acompañada a estos actuados, elaborada por el Médico Legista , serias discordancias que comprometen irremediablemente su aptitud para acreditar aquéllos presupuestos. Me explico.
De la lectura de la carátula y nombre consignados en la pericia, puede advertirse que tales datos, si bien corresponden al actor de autos, no es posible tal afirmación del resto de su contenido. En efecto, el informe individualiza a una persona de 35 años, con DNI , nacida el 15 de septiembre de 1987, mientras que el actor Sr. , posee DNI y nació el 12 de septiembre de 1962. A su vez, describe a un trabajador petrolero, boca de pozo, que manipula herramientas y caños y realiza viajes por caminos de <DNI_1> <PER_1> <DNI_2> ripio, actividad ésta que contrasta con la de sereno invocada en estos actuados.
Tampoco coincide el hecho que se relata en la demanda con el considerado en la pericia: en ésta refiere que el 3 de julio de 2022 al descargar bolsas de sal de 25 kg, una de ellas se resbaló y el trabajador intentó sostenerla, realizando una contracción del tronco que produjo dolor lumbar. Individualiza atención en Clínica del Valle y alta el 26 de julio de 2022, la realización de una resonancia el 13 de julio y dictamen de la Comisión Médica el 9 de agosto de ese año, con una incapacidad preexistente del 11,40%.
Nada de ello puede trasladarse sin explicación, al episodio descripto en la demanda –levantarse de la silla- ni a la atención documentada en la Clínica La Española, ni coincide con el alta el 10 de junio de 2022. Así también pueden proyectarse las diferencias sobre la cuantificación: el experto aplica el porcentaje funcional sobre la capacidad restante del 88,60% y utiliza en el factor edad, la de 34 años, obteniendo el 10,35% que luego confirma el juez a quo. Claramente no se trata de una simple discrepancia de criterio médico, ni un error aislado de transcripción, que pueda subsanarse con los restantes elementos de la causa y reputarse inocuo: por el contrario, la acumulación de discordancias impide establecer con el grado de certeza suficiente, que el examen físico, los estudios y antecedentes, correspondan al Sr. .
En otras palabras, no es necesario identificar a un eventual tercero, portador del DNI allí identificado, para advertir que la pericia no permite atribuir fundadamente sus conclusiones al trabajador en este proceso. Es claro que la pericia no corresponde al actor, e inexplicablemente, ninguna de las partes como tampoco el sentenciante, han reparado en ello, al menos hasta esta instancia, en que motivó el recurso en tratamiento.
La respuesta afirmativa al punto sobre la causalidad, con remisión a los considerandos, no supera en modo alguno ese defecto. El relato del galeno se refiere a otro mecanismo y las consideraciones generales sobre hernia lumbar, no desarrollan una explicación individualizada del vínculo entre los hallazgos y el episodio objeto de la pretensión. Sabido es que los arts. 390 y 481 CPCCCh exigen valorar la experticia, conforme las reglas de la sana crítica, su fundamento y los restantes elementos de convicción de los que se disponga en el expediente. A su vez, la falta de impugnación o pedido de explicaciones, no convierte por sí solo, el dictamen, en prueba vinculante ni permite tener por demostrada la correspondencia entre sus hallazgos y el actor, máxime cuando el propio texto la compromete de este modo. Por estas razones, entiendo asiste razón al quejoso en cuanto plantea esta discordancia fáctica y cuestiona la eficacia del informe, ya que el examen de los datos de identidad y de los antecedentes que contiene, integra la respuesta a esa crítica. En suma, considero corresponde prescindir del informe pericial elaborado por el Dr. , por resultar ineficiente para acreditar la incapacidad del actor y su relación causal con la contingencia denunciada y así lo propondré al acuerdo.
Ahora bien, la resolución del caso y en la especie, del recurso, requiere valorar si los restantes elementos permiten acreditar los presupuestos de la pretensión. Veamos.
La historia clínica aportada por la demandada, da cuenta de un dolor lumbar al incorporarse, limitación de la flexoextensión lumbar, tratamiento farmacológico y kinesiológico y persistencia de molestias al momento del alta. Así también, de la resonancia realizada el 28 de mayo de 2022, surgen signos degenerativos, deshidratación discal, protusiones varias, con conclusión de discopatías múltiples. Si bien tales constancias acreditan una afección y también la atención recibida por el paciente, no proporcionan por sí mismas, una determinación fundada de secuelas permanentes, atribuibles al episodio de autos. Por su parte, el historial remitido por la SRT registra el episodio de autos, su diagnóstico, el alta médica y dieciocho días de incapacidad laboral temporaria, pero no contiene una determinación de incapacidad permanente atribuible a esa contingencia.
Por ello, tampoco permite acreditar este último extremo ni su vinculación causal con el episodio.
En cuanto al informe elaborado por el Dr. Juan Orlando Juarez, del 27 de julio de 2022 (ID 801391), si bien no adolece de las falencias apuntadas respecto a la pericia médica del Dr. , en cuanto a los datos personales del periciado, el mismo no identifica con precisión el episodio ni desarrolla por qué el movimiento denunciado por el actor, explica las limitaciones encontradas. Adviértase que no individualiza ni analiza los hallazgos de la resonancia incorporada a la causa, ni su relación con el cuadro que atribuye al hecho. Menciona la artrosis de cadera, pero no examina su eventual incidencia en la valoración funcional.
En relación a este último aspecto, corresponde señalar que, a mi entender, no corresponde a este Tribunal, establecer esa incidencia por sus propios conocimientos, es decir, lo relevante es la ausencia de una explicación técnica que permita valorar fundadamente el cuadro de salud que se presenta. A mayor abundamiento, adviértase que el carácter permanente de las limitaciones, se enuncia sin desarrollar las razones que permiten distinguir entre una secuela consolidada de la sintomatología observada durante su evolución. La conclusión causal y la estimación porcentual, no sustituyen la fundamentación de esos presupuestos.
En otras palabras, la merituación del contenido de la prueba presentada por la actora, debe apreciarse junto con las demás pruebas y francamente, a mi criterio y por lo advertido supra, no ofrece fundamentos suficientes para acreditar permanencia y atribución causal de la incapacidad pretendida. Cabe destacar que la similitud de los porcentajes determinados por ambos galenos, tampoco permite corroboración alguna, desde que respecto al segundo de ellos – - y por las inconsistencias que he referido respecto a la pericia por él presentada, no es posible establecer con certeza, que evaluó al mismo trabajador y mismo siniestro.
En consecuencia, merituo que en el subexamine, no se ha satisfecho eficazmente en el subexamine, la carga de acreditar dichos presupuestos (art. 381 C.Pr. y arts. 44, 73 y cctes. Ley XIV nro.1). Aclaro que lo expresado, no equivale a afirmar que el actor carezca de dolencias, ni que éstas resulten degenerativas, sino que la conclusión a la que arribo expresa la insuficiencia de la prueba reunida para reconocer el daño permanente objeto de este proceso.
Finalmente, considero necesario detenerme en un aspecto, que a mi juicio, sella la suerte del recurso y con ello define el resultado del proceso. Me explico. Me refiero concretamente, frente al aspecto procesal que se planteara en esta instancia -dictado de una sentencia, en base a una pericia correspondiente a un sujeto que no es el actor-, y en este punto entiendo, no corresponde disponer una medida destinada a que el experto médico reconstruya en la Alzada, la fundamentación médica de la pretensión.
Merituo que el art. 61 de la ley especial, contempla medidas para mejor proveer en Cámara. La existencia de un pronunciamiento de grado, por si sola, no impide su ejercicio, sin embargo, la necesidad y alcance de una determinada medida probatoria, debe apreciarse en circunstancias concretas, con estricto resguardo de la defensa, igualdad procesal y fundamentalmente, los límites de la congruencia o revisión en esta Alzada.
Nótese que aquí, no se requiere aclarar una operación aislada, ni completar un razonamiento poco claro, sino que las discordancias en la pericia, alcanzan nada más y nada menos, que la identidad del periciado, pero también, la actividad, el hecho, los estudios, los antecedentes, la base de cálculo. En este caso, disponer de oficio como medida para mejor proveer, una nueva explicación sobre la incapacidad y causalidad, importa a mi criterio sustituir el sustento médico de la pretensión, antes que esclarecerlo. Advierto que la prueba fue ofrecida por ambas partes, y fue primeramente el perito quien incurrió en error. Sin embargo, el informe fue puesto en conocimiento de los litigantes, el actor solicitó la clausura del período probatorio y hasta alegó e invocó sus conclusiones en base a dicha pericia. Más aún, ante el señalamiento concreto que surge de los agravios de la demandada, volvió a defender la aptitud de dicho dictamen pericial sin aportar a este Tribunal, algún elemento de convicción que permitiera referir los antecedentes del trabajador Sr. .
Esta circunstancia, no dispensa al juez a quo del control que debió efectuar, sin embargo, permiten diferenciar el caso de una prueba cuya producción o examen hubiera sido impedido a las partes, de manera de evaluar la procedencia procesal de su replanteo (art. 263 C.pr.).
Tampoco es posible devolver las actuaciones al juez de grado, para que revise el fundamento de su decisión: dictada la sentencia, concluyó su competencia, con arreglo al art. 168 C.pr.
Reitero, ambas partes tuvieron oportunidad de controlar su contenido, y la controversia sobre su eficacia probatoria se encuentra en condiciones de ser resuelta precisamente en esta instancia, y en base a los agravios vertidos por la aseguradora.
En definitiva, el defecto señalado en el dictamen pericial, no impide el examen del agravio, sino que conduce a privarlo de su eficacia y valorar los restantes elementos incorporados a la causa, los cuales, por las razones expuestas, no acreditan suficientemente, la secuela permanente reclamada. Se admiten los agravios primero y segundo de la demandada, tornándose además innecesario el tratamiento de los restantes, tercero y cuarto, relacionados con el encuadre del siniestro y los alcances de la cobertura de la ART, ya que lo resuelto en cuanto a los primeros, respecto a la falta de acreditación del presupuesto de responsabilidad, resulta suficiente para decidir, sellando la suerte del recurso.
IV. Solución del caso:
Llegado este estadio, y por los argumentos expuestos, propondré al acuerdo, hacer lugar al recurso, revocando la sentencia de grado y en definitiva, rechazar la demanda.
IV.1. Costas y honorarios:
Conforme se resuelve la cuestión, propondré distribuirlas por su orden en ambas instancias (art.69, 2do párr.), atento que la contingencia fue expresamente aceptada por la aseguradora, el actor a su vez, contó con un informe médico que estimó una incapacidad y la prueba judicial central, presentó un defecto atribuible a un auxiliar judicial designado en el proceso, que no fue advertido por el juez a quo al sentenciar. Tales circunstancias ameritan a mi criterio, apartarse de la aplicación estricta del principio de la derrota, sin que ello importe reconocer acreditados los presupuestos de la pretensión del accionante.
La revocación de la sentencia impone también la readecuación de la regulación de honorarios de los profesionales actuantes, de conformidad lo dispone el art. 282 C.Pr., incluyendo la revocación por actuación inoficiosa de los regulados al perito Dr. (arts.1, 3, 5 a 9, 60 Ley XIII-Nro.4).
A la segunda cuestión la Dra. Robert dijo:
Propongo la siguiente fórmula postulatoria:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la , y en consecuencia, revocar la Sentencia Definitiva Nro.54/26 en todas sus partes, rechazando la demanda promovida por el Sr. .
2. Costas de ambas instancias por su orden, conforme considerando respectivo.
3. Regular los honorarios profesionales de los letrados actuantes en primera instancia, por la actora, Dr. , en el 11% y por la demandada, Dr. , en el 15%, en ambos casos, del monto reclamado en el proceso, con más el IVA de corresponder.
4. Revocar los honorarios regulados en grado al perito Dr. , sin nueva regulación por resultar su actuación inoficiosa, conforme considerando respectivo.
5. Regular los honorarios por la actuación en la Alzada, para el letrado de la actora en el 25% y para los de la demandada, en el 30%, de los fijados en primera instancia con más el IVA de corresponder. A la primera cuestión, el Dr. Pis Diez dijo:
I. Análisis de los agravios. Solución.
Así, y adentrándome en el tratamiento de la cuestión traída a mi estudio, destaco ante todo que tiene dicho nuestro máximo tribunal que “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos, 311:571) y para la correcta solución del litigio (311:836), y tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que a 17 <TEXTO_ANONIMIZAR> su juicio no sean decisivos (301:970 y 311:1191). Pongo de manifiesto asimismo que, atendiendo a la letra de la Ley V N° 203 DJP, la que reglamenta los alcances de la fundamentación individual de las resoluciones judiciales dictadas por órganos colegiados, conforme lo establecido por el art. 169 de la Constitución provincial; concuerdo con el detalle de antecedentes de la causa que efectuó la Dra. Robert en los apartados I.1, I.2, 1.3, II. II.1, motivo por el cual remito a la reseña allí introducida (artículo 2 ley V-203).
Luego, a fin de expedirme sobre las cuestiones materia de agravio, dejo expresa constancia que comparto los fundamentos de la solución dada a los agravios de la demandada desarrollada en el punto III que hago propias (art. 3 ley V-203), por la colega preopinante Dra. Verónica Robert.
En efecto, coincido con la colega que me precede en cuanto al tratamiento que da a los agravios de la demandada y con especial énfasis, a los dos primeros agravios, que dada su conexidad, los trata de manera conjunta.
Cabe decir que la pericia medica presentada en autos por el Dr. , carece de la eficacia probatoria que indica el artículo 481 del CPCCCh, pues si uno lee la demanda de la actora, esta última cuando se refiere al accidente y la manera en que ocurrió, afirma que el 26/5/2022, prestando tareas para la empleadora al levantarse de la silla siente un profundo dolor en la zona de la cintura lo cual le imposibilitada caminar, como entraba de franco, prefirió hacer reposo en su casa y tomar calmantes. El perito médico sobre el accidente dice que el 3 de julio del 2022, el actor se encontraba desplegando palets de bolsas de sal (25 kg cada una), cuando una se le resbaló e intentó sostenerla, realizando una contracción isométrica del tronco y luego en flexión porque se le cayó, sintiendo un fuerte dolor lumbar. Se advierte claramente que se trata de dos accidentes diferentes.
A tales diferencias, se le deben agregar otras como la edad y demás, señaladas por la colega preopinante.
Como vemos no se trata de errores aislados en la pericia y además de la prueba restante agregada al proceso, no surge que la incapacidad a la que alude el juez de primera instancia esté probada y menos la causalidad entre el accidente y el daño, máxime que la pericia se refirió a otro siniestro.
De modo tal que se comparte la admisión de los dos primeros agravios de la demandada.
Asimismo, coincido con el tratamiento dado a los otros agravios, que considera abstractos.
Finalmente, con respecto a las costas y honorarios regulados comparto los fundamentos y la solución propuesta por la colega preopinante en el capítulo IV y IV.1, de su voto, la que resulta acorde con lo planteado y lo resuelto en el curso del proceso.
III. Costas y honorarios:
Conforme lo resuelto y a tenor del artículo 282 del CPCCCh, deben readecuarse las costas y honorarios. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 69, segunda parte, CPCCCh). Los honorarios de primera instancia, se readecuan conforme lo expuesto por la colega preopinante y los honorarios del perito médico, Dr. , se revocan pues su actuación fue inoficiosa.
A la segunda cuestión, el Dr. Pis Diez dijo:
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo, la siguiente formula postulatoria:
1. Hacer lugar a apelación de la demandada y revocar la sentencia de Primera Instancia, en todas sus partes y rechazar la demanda de la actora.
2. Costas de ambas instancias en el orden causado.
3. Regular los honorarios de primera instancia del abogado de la actora en un 11% y los de la demandada en un 15%, sobre el monto demandado, más la alícuota del IVA si correspondiere.
4. Revocar los honorarios regulados en la instancia grado al perito Dr. , sin nueva regulación por resultar su actuación inoficiosa, conforme considerando respectivo.
5. Regular los honorarios correspondientes a ésta Alzada del abogado de la actora, en un 25% y los del abogado de la demandada en un 30%, ambos de lo regulado en primera instancia, más la alícuota del IVA si correspondiere (artículo 13 ley XIII 4).
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente,
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la SA y en consecuencia, revocar la sentencia definitiva nro. 54/26 en todas sus partes, rechazando la demanda promovida por el Sr. .
2. Imponer las costas de ambas instancias por su orden, conforme considerando respectivo.
3. Regular los honorarios profesionales de los letrados actuantes en primera instancia, por la parte <ANONIMIZAR_1> actora, Dr. , en el once por ciento (11%) y por la parte demandada, Dr. , en el quince por ciento (15%), en ambos casos, del monto reclamado en el proceso, con más el IVA de corresponder.
4. Revocar los honorarios regulados en la instancia grado al perito Dr. , sin nueva regulación por resultar su actuación inoficiosa, conforme considerando respectivo.
5. Regular los honorarios por la actuación en la Alzada, para el letrado de la parte actora, Dr. en el veinticinco por ciento (25%) y para los de la parte demandada, Dr. , en el treinta por ciento (30%), de los fijados en primera instancia con más el IVA de corresponder.
6. Tener a la parte actora por efectuada la reserva del caso federal.
7. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
REGISTRADA BAJO EL nro 149 DEL AÑO 2026 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L"
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Fin de la sentencia