Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2541/23
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE589246-2022, y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE618474-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2541/23 Interlocutorio N°: 3750 Actor: RIFFO JUAN CARLOS Demandada: OXIGENO CALETA Y OTRO Objeto: ACCIDENTE DE TRABAJO Fecha: 30-05-2023 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3750 FOLIO Nº 6730/6733 PROT. ELECT. TSS1 021 I.231
Río Gallegos, 30 de mayo de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “RIFFO JUAN CARLOS c/ OXIGENO CALETA Y OTRO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO", Expte. Nº R-5068/96 (R-2541/23-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Paulo Luis Schmidt (cfr. PE589246-2022), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE563168-2022. Esta última confirmó el pronunciamiento dictado en Primera Instancia obrante a fs. 1053/1063 vta..- El Juez de Primera Instancia admitió la demanda interpuesta por el Sr. Juan Carlos Riffo contra el Sr. Raúl Esequiel Mayorga, en su carácter de titular del emprendimiento comercial denominado “Oxigeno Caleta”, condenando a pagar al actor sumas de dinero en concepto de daño patrimonial y extrapatrimonial; y a la cobertura de las intervenciones quirúrgicas que resulten necesarias para la rehabilitación dental, prótesis y/o implantes del Sr. Riffo (para el caso en que el mismo opte por llevar adelante dichos tratamientos), y en caso de negativa del actor a someterse a tales operaciones, el demandado deberá abonarle las sumas de dinero fijadas por tal concepto, con más intereses (cfr. fs. 1062 y vta.).-
II. Que en su recurso de casación, la demandada plantea que ha existido violación de la ley y arbitrariedad, en dos ejes centrales. Siendo uno de ellos la existencia de culpa de la víctima en el acaecimiento del evento dañoso, conforme lo dispuesto en los artículos 512 y 1111 del Código Civil. También sostiene que se ha trastocado el artículo 34, inciso 4° del CPCyC al resolver el Juez de Primera Instancia en una forma no peticionada por el accionante en su escrito de demanda, a punto tal de excederse y extralimitarse, al condenar dos veces por el mismo rubro, todo lo cual precipita en la incongruencia (cfr. PE589246-2022, págs. 15/16).- Rememora que en el hecho que da origen a la presente causa, acaecido el 19 de mayo de 1995, conforme lo que surge de la causa penal, el Sr.
Riffo sufre un accidente al momento de encontrarse totalmente sólo, cargando un matafuego en las instalaciones de Oxigeno Caleta. Anuda que el actor hizo uso de la vía civil a la hora de efectuar su reclamo conforme lo autorizaba la Ley Nº 24.028, vigente en aquel momento, por lo cual, en la presente causa debe resolverse haciendo aplicación de los principios y fundamentos de la responsabilidad civil (cfr. PE cit., pág. 16).- Afirma que: “...el primer votante Dr. Humberto Eduardo Monelos, en sus considerandos, concluye: 'No existe una culpa o una auto responsabilidad como pretende la esforzada defensa de la parte demandada. No veo acreditada una culpa del trabajador que llevara al accidente.
Hubo culpa de la patronal que organizó un sistema de trabajo sin apego a las mínimas normas de seguridad para evitar accidentes, que dio las pautas para que el trabajador ejerciera su labor exponiéndolo al riesgo. No alegó haber dispuesto de válvulas para descomprimir o trasladar el gas a un compresor que lo derivara a los extinguidores a la presión adecuada dentro de las capacidades. El trabajo sin riesgo dependía de los manómetros de los extinguidores que no los eliminan como un sistema más seguro.' Esta conclusión V.E. resulta arbitraria y contraria a derecho, a la luz de las constancias de la causa, que han determinado que el actor produjo lamentablemente el accidente a partir de la sobrecarga del matafuego ya que no fue el equipo utilizado quien determinó la explosión, sino por el contrario la mala operatoria del equipo por parte del actor Riffo, quien también señala tener experiencia en el desarrollo y ejecución de la misma.” (cfr.
PE cit., págs. 16/17).- Argumenta que es el obrar desplegado por Riffo el que determina inexorablemente la aplicación del artículo 1111 del Código Civil y radica en la acción de sobrecarga del matafuego o del exceso de carga, lo cual nos deja en presencia de una conducta culposa. Agrega que no puede dejar de señalar que si bien el Juez de Cámara, al momento de resolver tal agravio, echa mano al informe pericial 04-PER-US5TA/95 obrante en las actuaciones prevencionales (efectuado por el Subcomisario Raúl A. Muñoz) omite considerar detenidamente y contrastar lo dicho por el actor en la audiencia confesional en su integralidad con lo allí informado, pues, el Subcomisario dice: “...'...el estallido del extintor, se ha producido por haber comunicado el nitrogeno (sic) comprimido a 250 kg/cm2 con el interior del matafuegos que solo soporta un máximo de 50 kg/cm2, de esta manera la violenta compresión aplicada al extintor, provocó que la estructura no soporte tan elevada presión y así se produjo el estallido, que ha provocado las severas lesiones al operario y la destrucción del extintor y del banco de trabajo'...”.
También dice que omite considerar o meritar “...lo relatado por el actor en su demanda, respecto al test[e]o previo del equipo, como del acto confesional del actor, quien puntualmente al contestar la posición N° 10, reconoce que el día 25 de abril de 1995 recargo (sic) el matafuego sin la presencia del Sr. Mayorga...luego a la posición N° 12 contesta: 'No es cierto. Yo lo cargue (sic) al matafuego normalmente, miraba el manómetro que viene a ser el relojito del matafuego, yo ya había terminado el trabajo', y finalmente respecto al funcionamiento del equipo de carga y descarga del matafuego, contesta: 'si el equipo funcionaba bien lo que falló fue el matafuego'.” (cfr. PE cit., págs. 17/18).- Señala que el Juez de Cámara tozudamente impone exclusivamente la responsabilidad en cabeza del demandado, sin analizar que el estallido se produce como consecuencia de la operación deficiente realizada por el actor y no como consecuencia de una falla en el equipo utilizado.
Por lo que estima que la culpa pesa sobre el actor y exime de responsabilidad a la demandada (cfr. PE cit., pág. 18).-
Añade que: “Otra cuestión medular, es el hecho que el primer votante, Dr. Humberto Monelos, en sus fundamentos, toma como verdad revelada, que la falla se habría producido en el [e]quipo utilizado para la carga, al afirmar: 'Por ello si fallaba el manómetro, no hay forma de controlar la presión inyectada', cuando la misma se rebate con el informe realizado por el Subcomisario Muñoz, quien descartó que el accidente se haya producido por falla en el manómetro, todo lo cual fue ratificado por el propio actor al momento de la audiencia confesional obrante a fs. 400/401 y vta, quedando descartada la conclusión realizada por el primer votante, a la cual adhiere el Dr. Jorge O. Alonso, pudiendo señalarse que el pronunciamiento se contrapone a la prueba colectada en la causa y se sostiene en la sola subjetividad y voluntad de los integrantes de la Cámara A quo.” (cfr. PE cit., pág. 19).- Plantea que lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones se opone abiertamente con lo señalado por el actor en la demanda, quien reconoció que la existencia y buen funcionamiento del manómetro y la válvula (cfr. PE y pág. cits.).-
Sostiene que la sentencia de Cámara, al confirmar el fallo de Primera Instancia, viola a los artículos 34, inciso 4° del CPCyC; y 18 y 19 de la Constitución Nacional. Esto, sigue diciendo, en tanto y en cuanto se extralimita claramente en la condena, por cuanto resuelve de una manera no peticionada por el actor en el libelo de inicio; pero además condenando por el mismo rubro al demandado Mayorga, precipitando de este modo, la configuración de un caso de incongruencia por exceso y/o extralimitación (cfr. PE cit., pág. 21).- Sobre lo antedicho amplia: “...la incongruencia y violación de la garantía constitucional en cuestión, también se configura al resolver de una manera no peticionada por el actor, toda vez que en ningún momento solicito (sic) que se abonen las cirugías necesarias para rehabilitación dental con prótesis y/o implantes y si este se negara, a que se abonara la suma de $500.000, pero además cuando el propio Juez de Primera Instancia claramente expone que fundamenta tal condena en lo dicho por los peritos intervinientes pero nunca por el reclamo del actor y como si ello fuera poco, cuando previamente ya lo había condenado por el mismo rubro a abonar la suma de $275.000 con más intereses y costas, todo lo cual, además violenta flagrantemente el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y de propiedad en su más amplia acepción (art. 17 y 18 de la Constitución Nacional).” (cfr. PE cit., pág. 23).- Aduce que: “...también debe concluirse la existencia de incongruencia y extralimitación por cuanto, además de condenarse doblemente por el mismo concepto definido en la demanda como daño patrimonial futuro, se produce la superposición de rubros o conceptos, en tanto si se condena al pago del daño estético, por un lado, y por el otro a realizar las cirugías reparadoras, no resultaría admisible el primero.” (cfr. PE cit., pág. 24).-
Hace reserva del caso federal atendiendo a la violación por parte de la sentencia impugnada de expresos derechos y garantías constitucionales tales como la igualdad ante la ley, derecho de propiedad, defensa en juicio, debido proceso legal, debida fundabilidad de las sentencia judiciales, principio de legalidad y razonabilidad contenidos en los artículos 16, 17, 18, 19, 28 y 32 de la Constitución Nacional (cfr. PE cit., pág. 25).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE618474-2022).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE531765-2023.-
III. Que, en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
IV. A la luz de estas premisas, resulta dable afirmar que la pieza recursiva obrante en PE-589246-2022 no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
Los argumentos allí delineados pretenden recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021).-
Sus afirmaciones pretenden discurrir libremente, por un lado, sobre porqué se debió considerar que existió culpa de la víctima en la causación del siniestro y, por el otro, si existió violación del principio de congruencia. Empero sobre estas dos cuestiones omitió desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado.-
Efectivamente, ningún cuestionamiento sustancial y convincente ha allegado al debate respecto de la facultad de la Cámara, como juez del recurso de apelación, para revisar lo decidido sobre la atribución de responsabilidad ni sobre los rubros de condena.-
Los términos del recurso traslucen que en realidad lo cuestionado es -en esencia- la valoración que han efectuado los jueces de las instancias ordinarias respecto de los hechos y pruebas aportadas a la causa, cuestiones ajenas, por principio, al ámbito casatorio.-
De este modo, se observa que la enunciación de reproches del impugnante sólo trasunta su mera disconformidad acerca de lo decidido por el ad quem, invocación que por sí sola no basta en el ámbito casatorio, dada la limitación extraordinaria de la instancia, desentendiéndose de los fundamentos del fallo atacado en relación a la materia en discusión.-
En lo tocante a la determinación si hubo culpa de la víctima en la producción del daño, surge de autos que la materia en tratamiento comprende el análisis de cuestiones que escapan a esta instancia extraordinaria, por su indiscutible encuadramiento en circunstancias de hecho y prueba, salvo que mediare un supuesto de arbitrariedad manifiesta que invalide el acto jurisdiccional, el cual, sin embargo, contiene fundamentación suficiente como para quedar al abrigo de esa tacha. Al respecto este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “...para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'...” (cfr. Interlocutorio, Tomo IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788).- Recordemos que los jueces de grado son soberanos en la valoración de la prueba, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo o arbitrariedad (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984); y que la selección y valoración de la prueba constituyen facultades privativas de juez, que no puede ser reemplazada por el mero criterio divergente del recurrente, como aquí se pretende, salvo error o arbitrariedad manifiestos, los que no se avizoran en el caso bajo estudio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3541, Folio 6088/6092). Específicamente en el tema que nos compete es doctrina de este Alto Cuerpo que: “...'…las circunstancias que llevan a establecer la responsabilidad ante un siniestro, como determinar la relación entre un hecho y el daño, conforman típicas cuestiones de hecho cuya apreciación se encuentra reservada a los jueces de grado y excluida de la censura en casación, salvo el supuesto excepcional del absurdo en la apreciación de la prueba...'...” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 446, Folio 2431/2439). Asimismo, se ha postulado que: “...'...'Es de la competencia de la justicia de mérito determinar el grado de culpa que, de hecho, cada protagonista ha tenido en el acaecimiento del siniestro' (confr. SCBA, Ac 35095 S 22-10-1985. 'García, Julio César c/ Cantarella, José y otro s/ Indemnización daños y perjuicios')...'...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3403, Folio 5721/5725).-
IV. Que en cuanto a la violación del principio de congruencia, recordemos que se entiende por tal a “...la coherencia o correspondencia lógica que debe existir entre lo peticionado por las partes y la resolución (confr. Enderle, Guillermo J. 'La congruencia procesal', Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, pág. 57)...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2940, Folio 4704/4708). Pero sobre este punto, se constata que el casacionista en vez de realizar una crítica idónea que demuestre, aunque sea mínimamente, de qué manera se ha producido la violación a tal principio de congruencia, se encargó de efectuar planteos que remiten a cuestiones de hecho y prueba, materias propias de los jueces de la causa y ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia casatoria, salvo el caso de arbitrariedad o absurdo.- En razón de lo expuesto, se debe concluir que el demandado no realiza una argumentación adecuada respecto de la pretendida conculcación del principio de congruencia, ni tampoco se vislumbra en la sentencia atacada el apartamiento alegado, razón por la cual deviene inadmisible el pretendido agravio.-
Desde otro cuadrante, tampoco debe prosperar la denuncia respecto de la violación de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional; ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3573, Folio 6182/6185).-
Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas del recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que impide la viabilidad del recurso intentado.-
V. En mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado por la parte demandada en PE589246-2022, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE618474-2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE589246-2022, y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE618474-2022.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1021I.231 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3750 Folio N°: 6730/6733 Secretaría: 1
Fin de la sentencia