Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 5042
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 5042 Sentencia: 2959 Actor: RIFFO, Juan Carlos Demandada: Oxigeno Caleta/ Mayorga, Raul Ezequiel Objeto: Accidente de Trabajo Fecha: 11/07/2022 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los once días del mes de julio de dos mil veintidós se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “RIFFO, Juan Carlos c/ OXIGENO CALETA y otro s/ accidente de trabajo” Expte. N 5068 del año 1996 que tuvieran ingreso en esta instancia bajo el Nº 5042. A estos fines se determinó el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Jorge Omar Alonso y Mario A. Albarán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Debe aceptarse la excusación formulada por la Dra. Bard? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que por PE 324.329/2021 la Dra. Griselda I. Bard se excusa de intervenir en estos autos por actuar en los mismos su esposo el Dr. Eduardo Rubén González. El vínculo matrimonial que se invoca es de público conocimiento y configura la causal del art. 17 inc. 1 del CPCC por lo que corresponde admitir la excusación formulada por nuestra colega y apartarla del conocimiento y trámite de estos autos. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
II. Siendo público el vínculo invocado debe aceptarse la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard. Adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que en el lejano 1996 Juan Carlos Riffo representado por los Dres. Carlos Rubén Rearte y Eduardo Alejandro Quelín promueven demanda ordinaria, contra Oxigeno Caleta y contra su propieta-rio y contra Raúl Ezequiel Mayorga, por indemnización de las consecuencias de un accidente de traba-jo, ejerciendo la opción por la acción del derecho civil. Relata el inicio de la relación laboral el 24 de febrero de 1987 y el accidente sufrido el 29 de abril de 1995 al realizar su actividad habitual de recar-gar matafuegos detallando los pasos seguidos, el equipo de carga proporcionado por el empleador para esa tarea, oportunidad que una explosión que lo lesiona. Dice haber sido atendido por la esposa del demandado, personal municipal y de bomberos y de las lesiones en el Hospital Distrital y por la gra-vedad derivado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia donde lo intervienen por las lesiones en el maxilar y aplastamiento de cráneo. Señala como la cosa productora del daño un matafuego que explota por el riesgo o vicio de la cosa y que se encontraba bajo la guarda del demandado quien obte-nía un provecho por la actividad. Funda el derecho a la opción y la responsabilidad objetiva. Reclama el daño moral, daño psíquico, daño Estético, daño futuro y daño material. Funda en derecho y ofrece prueba. (fs. 2/10). Ya más cerca en el tiempo, en agosto de 2007 se presenta, a fs. 82/84, el Dr. José A. González Nora por el actor revocando el anterior poder y solicitando se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones final tercera y disposición adicional tercera de la ley 24.557 y art. 15 de la ley 24.028 y la inaplicabilidad al caso del decreto 84/96 en cuanto imponían como paso previo a cualquier acción judicial un procedimiento administrativo obligatorio. Recién allí por sentencia interlocutoria de fs. 86/87 se declara la inconstitucionalidad del art. 49 de la ley 24.557 y su disposición adicional tercera y se da trámite a la demanda y se le imprime el trámite del art. 104 de la ley 1444 corriendo traslado de la demanda a los 11 años de promovida. A fs. 43/44 el actor amplía prueba que amplía nuevamen-te a fs. 130/131.
IV. Que a fs. 138/140 se presenta el Dr. Paulo Luis Schmidt, con el patrocinio letrado de la Dra. Marta Soledad Quiroga como apoderado de Raúl Esequiel Mayorga apelando el proveído que corre traslado de la demanda y plantea la caducidad de la instancia.
Posteriormente con el escrito de fs. 148/152 opone la excepción de prescripción por abandono de la acción, contesta la demanda y ofrece prueba. Al contestar la demanda desconoce la documental que se dice acompañada en la cédula y formula una serie de negativas que se tienen presente. En su versión de los hechos afirma que el actor concurría al comercio de su conferente con intenciones de comenzar su vida laboral. Afirma que nunca pudo haber iniciado el actor la relación laboral en 1987 pues a esa fecha contaba con apenas 14 años, ni el señor Mayorga había abierto su comercio y que hubo de ayudar al demandado y su esposa en la atención del comercio, pero nunca en la recarga de matafuego. Afirma que el 25 de abril de 1995 aprovechando que la esposa de Mayorga había salido, de motus propio con falta de previsión del peligro, sin autorización ni supervisión intentó realizar la carga de un matafuego lo que desencadenó en una explosión por sobrecarga por lo que considera que es el único y exclusivo responsable con invocación del art. 1111 y del art. 512 del Código Civil. Indi-ca que la única causa de la explosión fue el exceso de carga y que habiendo optado por la acción de daños y perjuicios asumió el riesgo de la prueba de los extremos que exige la responsabilidad civil. (acá aclaro que la fs. 151 está mal compaginada y debe voltearse). Funda en derecho y ofrece la prue-ba. Tras una serie de contingencias procesales la causa de eleva a Cámara que a fs. 202/303 exige se integre la litis con Oxigeno Caleta y su propietario o se desista de los mismos. A fs. 243 se presenta el Dr. Paulo Luis Schmidt como apoderado de Raúl Esquivel Mayorga quien resulta titular y propietario de OXIGENO CALETA y reitera los términos de la contestación. El actor contesta la excepción de prescripción con la pieza de fs. 253/255. Elevados los autos nuevamen-te a Cámara a fs. 268/269 y se declara mal concedido el recurso.
Vueltos los autos al Juzgado de origen se da trámite a la excepción de prescripción y la cadu-cidad de la instancia escuchando al Sr. Agente Fiscal que se pronuncia a fs. 218 y luego se da traslado al actor de la misma, quien contesta con la pieza de fs. 285/287 y por interlocutoria de fs. 290/292 se rechaza tanto la caducidad como la excepción de prescripción. Recién a fs. 298 en febrero de 2010 se abre la causa a prueba y se provee la considerada pertinente. Con paso cansino se reciben las pruebas hasta que el 10 de septiembre de 2020 (fs. 1042) se fija la audiencia del art. 70 de la ley 1444. No obstante lo expresado a fs. 1048, solamente hace uso de ese derecho la parte demandada con el escrito de fs. 1049/1050 y a fs. 1052 vta. se ponen los autos a despacho. La sentencia obra a fs. 1053/1063, dictada ya por la actuación del Sr. Conjuez Dr. Franco Matías Villalón Lescano, quien admite la demanda promovida por Juan Carlos Riffo en contra de Raúl Esequiel Mayorga en su carácter de titular del emprendimiento comercial denominado OXIGENO CALETA y lo condena a pagar al actor, en el término de diez días de notificada y liquidada la presente en concepto de dañó patrimonial la suma de $275.000 y en concepto de daño extrapatrimonial la su-ma de $150.000 debiendo estas sumas debidamente recompuestas desde las fechas indicadas al dar tratamiento a cada rubro y hasta el efectivo pago conforme las pautas dadas a en el título respectivo. También condena al Sr. Raúl Esequiel Mayorga a la cobertura de las intervenciones quirúrgicas que resulten necesarias para llevar a cabo la rehabilitación dental con prótesis y/o implantes del Sr. Riffo y para el caso que éste opte por llevar adelante dichos tratamientos; en caso de negativa del actor el de-mandado deberá abonar al Sr. Riffo la suma de $500.000 por ese concepto, la que será debidamente actualizada desde la fecha de la pericia (2/11/2015). Impone las costas a cargo del demandado en su calidad de vencido por el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC). Regula los honorarios de los profesionales y determina la tasa de justicia a abonar por la condenada en costas.
V. Que disconforme con lo resuelto el apoderado de la parte demandada, ya dentro del SI-PED, con la presentación PE 147896/2021 interpone y funda recurso de apelación, que es concedido libremente y con efecto suspensivo por PE 119674/2021que corre traslado de los agravios. La parte actora contesta los agravios mediante PE154000/2021. Los autos se elevan con el certificado de estilo PE 312.852 y recibidos los autos se excusa de entender en ellos la Dra. Griselda y Bard con la presen-tación de PE 324.329/2021. Por ese motivo se integra Cámara con los Dres. Alonso y Albarrán en PE 324.342/2021. Se llama autos a sentencia y se fija el orden de estudio con PE.334.044/2021. Se agravia el recurrente en un primer cause de impugnación por considerar que se ha violenta-do abiertamente el principio de congruencia (art. 34 inc. 4º CPCC) y no resultar una derivación lógica y razonada de las constancias de la causa y del derecho aplicable y haber omitido los términos de los escritos de responde, sin consideraciones respecto del planteo de auto responsabilidad omitiendo el accionar de actor en la producción del evento dañoso.
Se refiere a los fundamentos de la responsabilidad del actor apartándose de lo pedido en la demanda y eludiendo sus planteos en el responde y no valorar las pruebas conforme las reglas de la sana crítica. Afirma que se distribuyeron los rubros de condena en forma contraria a lo oportunamente solicitado en el petitorio por el accionante. Recuerda que al demandar regía la ley 24.028 que otorgaba la opción de reclamar por acción del derecho civil y que el actor optó por formular dicha opción. Por ello entiende que se debió aplicar con rigurosidad las normas del Código Civil y señalando que el ma-gistrado ignoró arbitrariamente el principio del art. 1111 de ese código. Cita doctrina. Califica de erra-do uno de los datos: el referente a su ingreso en el año 1987 lo que equivale a que ingresó a los 13 años.
La califica como no sincera. Y que los propios testigos del actor (que declaran ser amigos) lo sitúan en el año 1995 o en la década de los 90. Afirma que aunque no cuestionó los dichos, el magis-trado debió analizar su testimonio con mayor rigor aplicando las reglas de la lógica. Analiza otros as-pectos de los hechos alegados y sostiene que ello potencia su relato. Se refiere a su versión de los he-chos respecto del aprovechamiento de la salida de la esposa del demandado y que actuando sin auto-rización ni supervisión intentó la tarea de cargar un matafuego en forma imprudente que provocó la explosión por sobrecarga y por ello lo considera único responsable y se queja por la falta de pondera-ción de la prueba.
Entiende que el a quo omite, al transcribir el informe del jefe de Bomberos cuando señala que la explosión se produjo por exceso de carga y la transcribe en mayúsculas. Por ello entien-de que se realizó una valoración totalmente segmentada, parcial y arbitraria sin realizar un estudio crítico de la prueba reunida que, a su criterio determina la culpa del actor por la que su mandante no debe responder. Se queja por haberse omitido el informe del ingeniero Javier Lescano que transcribe en lo que considera pertinente. Por ello entiende que la atribución de responsabilidad a su parte úni-camente encuentra fundamento en la propia voluntad y apreciación subjetiva al apartarse de estos informes técnicos agregados a la causa.
Le agravia que el magistrado haya considerado que su parte no probó sus afirmaciones contraponiéndolo con los dichos del subcomisario Muñoz relativos a haber sobrecargado con nitrógeno comprimido a 250KG/cm2. Remarca que el equipo de carga de cilindros utilizado en Oxigeno Caleta funcionaba perfec-tamente tal como señaló el actor en el inicio y cita la respuesta a una de las posiciones. Se refiere al art. 512 del Código Civil y cita jurisprudencia que entiende favorece su posición e insiste en la culpa de la víctima. Sostiene que lo condenado no se ajusta a lo peticionado en la demanda por lo que pide se revoque la sentencia. En otro agravio se queja por la tasa de interés establecida y pide la aplicación de la tasa pasiva con cita de jurisprudencia.
Pide se haga lugar a sus agravios y se revoque in totum la sentencia con costas.
Reserva el caso federal. Ello en su escrito de agravios número de escrito PE.147.896/2021.
VI. Que el actor contesta los agravios por medio de la pluma de la Dra. María Elena Jauregui-berry y del Dr. Eduardo Rubén González en el escrito PE 154000/2021.
Defienden la sentencia sosteniendo que el magistrado no violentó las reglas de la sana crítica y refiere que en la sentencia se destaca que ambas partes reconocen la relación laboral, las circunstan-cias del accidente, los elementos demostrativos del daño, su relación con el hecho y considera proba-dos los presupuestos de hecho de la norma o normas que invocan como fundamento de su pretensión.
Argumentan que estando acreditado que el accidente ocurre mientras Riffo se encontraba tra-bajando sin los instrumentos de seguridad los agravios respecto de la culpa de éste deben rechazarse. Explican que el patrón es quien da las instrucciones sobre como desarrollar la labor y que el deber de seguridad se encuentra en su cabeza. Se refieren al informe del Comisario Muñoz jefe de la Unidad 5ª de Bomberos y el desprecio por el demandado de las normas de Seguridad e Higiene ley 19.587y de-cretos reglamentarios. Propugnan la confirmación de la sentencia en este aspecto. Rechazan las críticas contra la condena al pago del daño patrimonial y extrapatrimonial y la condena a pagar las sumas que demanden las cirugías para rehabilitación de Juan Carlos Riffo. Consi-deran acertado la división de los daños y que se sabe los costos que se manejan en el ámbito de la salud y honorarios médicos y que el total de la condena no alcanza a cubrir mínimamente el enorme daño a la salud del actor que describe.
Rechaza la pretensión de fijar la tasa pasiva que se solicita y da sus razones que tengo presente en este acto. Funda en derecho.
VII. Que antes de comenzar el análisis de esta causa no puedo menos que lamentar que una causa por un accidente de trabajo, aunque se tramite como una acción del derecho común haya reque-rido más de veinte años. Ello quita sentido reparatorio a la eventual condena toda vez que el actor ha perdido muchos años en que sus lesiones hubieran podido repararse o atenuarse. Es de esperar que esta causa quede como un antecedente de lo que debe evitarse en aras del principio de celeridad. Hecho este descargo por una demora obscena que me duele como integrante del Poder Judi-cial, e ingresando al examen de los agravios respecto del planteo preliminar en que se imputa a un dato falso tal el comienzo de la relación laboral en 1987 con apenas 13 años que afecta la sinceridad del actor no lo considero atendible.
Se trata de un elemento sin trascendencia en esta litis, donde se reclama los daños y perjuicios fruto de un accidente de trabajo. Ello es, a mi entender, fruto de un error al confeccionar la demanda, (ese viejo virus informático denominado “copiar y pegar”) toda vez de la presentación de fs. 53 en la Subsecretaria de Trabajo se indicó el comienzo de la relación en febrero de 1995. Y al prestar declara-ción testimonial en la causa penal (fs. 41 vta.) indica que hacía unos cinco meses que estaba trabajan-do para Mayorga.
Por ello, si de falta de sinceridad se trata, no lo ha sido menos el demandado, quien en la con-testación de demanda se refiere a la insistencia de la necesidad de trabajar del actor “cuando concurría al comercio hubo de ayudar a mi conferente y su esposa en la atención al público, sólo en la atención del mismo, pero nunca en la carga de matafuegos” (fs. 151). Y se agrega que el 25 de abril de 1995 el actor aprovechando que la esposa del Sr. Mayorga había salido … sin autorización y supervisión… hubo de intentar realizar la carga de un matafuegos…”. Pero si vamos a la causa penal, a fs. 12, como resalta el magistrado en la sentencia, al declarar la Sra. Josefa Magdalena Díaz Pizarro, quien dice ser esposa del demandado identifica al actor como “ayudante” lo desmiente y señala que se retiró del local para buscar a su nuera Verónica Cárdenas “mientras que Juan estaba cargando un Matafuegos, al darme vuelta sentí una fuerte explosión que venía del lugar en donde se encontraba Juan Carlos…”. Y como también se destaca en la sentencia (fs. 10578) Verónica Mariela Cárdenas al declarar a fs. 18 señala que pasó a saludar a la Sra. Magda-lena Díaz al local de Oxigeno Caleta del que es propietaria, dado que se hallaba limpiando el galpón que se halla en la parte posterior … y “salió de allí a saludarme, entonces fue cuando escuchamos una explosión que provenía del galpón … por lo que la Sra. Díaz corrió hacia ese lugar para sacar a su empleado de apellido Riffo…. Y preguntada a fs. 18 vta. sobre las tareas que cumplía el accidentado Juan Carlos Riffo dentro de la empresa contesta: “Cuando salía la Sra. Díaz atendía al público, se de-dicaba a cargar los matafuegos…” El actor a su turno da su versión ante la autoridad judicial a fs. 41/42 indica su ingreso en relación de dependencia laboral explicando toda la maniobra y lo realizado en esa ocasión. Entiendo que la falta de sinceridad que se imputa es sólo un error grosero en la fecha de ingre-so que el propio actor puso en su lugar en sede administrativa en una pieza agregada por su parte o aclaró en sede penal al declarar como testigo.
Por lo expuesto no se conmovió la sentencia en cuanto considera acreditada la relación laboral y la tarea realizada. Cabe rechazarse los ataques que se realizan respecto de la valoración de los testi-gos Carlos Contreras y Guido Cárdenas, pues sus dichos son concordantes con lo que declaran la es-posa del demandado y de la nuera de ésta en la instrucción.
Rechazado ese agravio preliminar vemos que agravia al demandado que en la sentencia se haya considerado culpable al demandado no obstante haberse demandado ejerciendo la opción por la ley civil.
Le agravia que la sentencia haya valorado la inscripción del demandado como proveedor mu-nicipal y prestando servicios de venta de oxigeno industrial, acetileno, elementos de soldadura y mata-fuego, sin advertir que tal inscripción se corresponde al año 1998 es decir tres años posterior al acci-dente y por ello que no puede vincularse al hecho. Se trata de un agravio aparente habida cuenta que parte de una invocación parcial del informe toda vez que al atacar la sentencia no tiene en cuenta que a fs. 364 la Municipalidad informó en lo pertinente: “… a fin de informar desde la Dirección de Contrataciones, que Oxigeno Caleta y/o Mayorga Ezequiel, se inscribió como proveedor Municipal en el año 1998 con el Nº 100 y prestando servicios de venta de oxigeno industrial, acetileno, elementos de soldadura y matafuegos. En la fecha 29 de abril de 1995 si se encontraba inscripto pero esta Dirección en el año 2000 solicitó una inscripción de Datos y sin tener respuesta a lo solicitado se procedió a darlo de baja como proveedor.” Luego si tenemos en cuenta que cuando se provee esta prueba a fs. 298 vta. se la ordena “co-mo se pide a fs. 130” donde se requería si informara si los demandados se encontraban habilitados como comerciantes ante el Municipio Local tenemos que éstos (Mayorga y Oxigeno Caleta) se encon-traban inscriptos como comerciantes, aunque no fueran proveedores municipales.
Su intento de sostener en agravios que el actor no estaba preparado para la tarea en que se ac-cidentó está, como se señalara más arriba, dejada huérfana de sustento por los dichos de la esposa del demandado y de la nuera de ésta y la declaración de los testigos Carlos Contreras y Guido Cárdenas.
Que se tuviera al Sr. Riffo en la categoría de “ayudante” como declara la esposa de Mayorga, no quita ni pone rey. Lo concreto es que se le había asignado esa tarea, correspondiera o no a la cate-goría de ayudante.
No se sí se había enseñado el procedimiento correcto para la recarga de los matafuegos. Pero se le enseñó un procedimiento riesgoso que llevó al accidente tal el conectar el cilindro de gas a la garrafa directamente, de tal forma que sólo se controlaba la presión en el matafuego con el manómetro de éste (ver respuesta a la posición 12 fs. 400/401). Por ello, si fallaba el manómetro, no hay forma de controlar la presión inyectada. En el establecimiento Oxigeno Caleta no se seguían las normas seguras como indica el Subcomisario Muñoz, en su pericia, en las actuaciones de prevenciones, como sería utilizar una válvula descompresora que entregue el nitrógeno a 1 Kg. de presión y utilizar un compren-sor que entregue no supere los 25 Kg de presión para presurizar el extinguidor o la otra manera correc-ta y simple consiste en colocar a la salida del tubo de nitrógeno una válvula que entregue una presión de 25 Kg. para asegurar un ingreso adecuado. El Subcomisario señala como lo destaca la sentencia que en el lugar se pudo observar un tubo de nitrógeno comprimido con la manguera de alta presión “pero sin válvula reguladora de presión. Tampoco se observó el regulador a la entrada del extingui-dor.” Se lo señaló en la inspección ocular de la causa penal como tubo de oxígeno de color verde sin la manivela correspondiente (fs. 2). Lógicamente no se llenan los extinguidores con oxigeno pues fa-vorece cualquier incendio. Pero se encuentra aclarado a fs. 4 entre las referencias: “…04 tubo de ni-trógeno color verde …” e ilustrado en la fotografía de fs. 22. Me queda una duda referida a si los extinguidores se cargaban con nitrógeno o con anhidrido carbónico o dióxido de carbono(CO2)como dice el actor en su demanda, aunque el subcomisario Mu-ñoz se refiere a tanques de Nitrógeno y posiblemente sea indiferente pues extingue las llamas.
Y corrobora la utilización de una maniobra peligrosa el perito técnico Ingeniero Jorge Javier Lezcano en su pericia de fs. 1139 que en lo pertinente se transcribe en la sentencia en conclusiones que no fueron materia de agravios. No acreditó el demandado que se utilizara uno de los sistemas co-rrectos que indica el perito, sino que de las constancias de autos surge el empleo de una metodología peligrosa tal es la de observar el manómetro que tiene el extinguidor como explica el actor al respon-der a la posición 12 (ver fs. 400/401) pero directamente del tubo de nitrógeno a elevada presión y sin válvulas reductoras. Ergo, se debe calificar como cosa riesgosa el establecimiento incorrecta y peligrosamente dis-puesto para el llenado de extinguidores de polvo químico, entendiendo como establecimiento todo el precario sistema que se utilizaba. Y como propietario y guardador de la cosa riesgosa es responsable por imperio del art. 1113 del Código Civil vigente a la fecha de causarse el daño.
Estamos de acuerdo que el extinguidor estalló por exceso de carga. Pero se llegó a ese resulta-do extremo por no contar con válvulas descompresoras, compresores que no superen los 25Kg de presión, o válvulas que entreguen esa presión para proceder a la recarga. Como indicó el ingeniero Lezcano se debe tener las máquinas y herramientas adecuadas, materiales de recarga y repuestos para el ensayo hidrostático de los cilindros que presenten algún desvío (fs. 1020) y remite a la norma IRAM 3517-2 que transcribió el magistrado en su sentencia. En sus agravios el recurrente por medio de su apoderado invoca que el actor en su libelo de inicio señaló que controló debidamente el equipo encontrándose todo normal. Pero como el propio demandado señala y surge de autos (ver posición 9ª puesta al demandado que implica el reconoci-miento) el actor no tenía experiencia motivos por el cual entiendo que al indicar ello está señalando que estaba todo normal con la metodología y protocolos que le fueron indicando en el establecimiento para realizar la operación con los elementos que se ponían a disposición del trabajador para realizar la operación de recarga. Por ello esta queja no conmueve la sentencia. El equipo utilizado podría funcio-nar bien, de hecho, se señala que durante cinco años no habían tenido accidentes, pero el hecho que permitiera cumplir con la carga de los extinguidores, no quiere decir que fuera seguro y a prueba de fallas. Y tanto es así que se produjo una falla. Puede observarse que con un cilindro cargado con una presión de 250Kg se recargaba a través de una manguera de alta presión a extinguidores que se debían cargar a 25Kg y que estaban probados para soportar 50 kg. No es necesario ser demasiado experto para darse cuenta que, la operación, es de riesgo. Argumenta el quejoso que en posiciones el actor contestó a la décima que es cierto que al in-tentar recargar el matafuego lo hizo sin la presencia del señor Mayorga. Pero ese argumento parte de haber dividido la confesión. La respuesta completa del Sr. Riffo fue:
“Si es cierto. Pero muchas veces había recargado sin la presencia del Sr. Mayorga, casi siempre hacía mi trabajo sin que él esté presente porque él trabajaba en el petróleo, solo me ayudaba cuando tenía franco”
Es decir que interpretada la respuesta sin dividirla está indicando que no se trató de una deci-sión de Riffo sobre una situación que no era la normal, sino que esa una situación normal cuando Mayorga no estaba. Debemos tener en cuenta que si se hubiera tratado de una iniciativa sobre una actividad que le estaba vedado la esposa de Mayorga lo tomó como algo natural.
No existe una culpa o una auto responsabilidad como pretende la esforzada defensa de la parte demandada. No veo acreditada una culpa del trabajador que llevara al accidente. Hubo culpa de la patronal que organizó un sistema de trabajo sin apego a las mínimas normas de seguridad para evitar accidentes, que dio las pautas para que el trabajador ejerciera su labor exponiéndolo al riesgo. No ale-gó haber dispuesto de válvulas para descomprimir o trasladar el gas a un comprensor que lo derivara a los extinguidores a la presión adecuada dentro de las capacidades. El trabajo sin riesgos dependía de los manómetros de los extinguidores que no los eliminan como un sistema más seguro. La jurisprudencia que cita el recurrente no se ajusta a las circunstancias de hecho y son aplica-bles cuando se acredita la culpa de la víctima en una actividad de por si peligrosa y con una instala-ción precaria, sin medidas de seguridad, como se advierte en las fotografías del lugar de la explosión del matafuego obrantes en la causa penal.
No fue el trabajador quien con su conducta agravó el riesgo, sino que en forma culpable el demandado colocó al trabajador (con solo unos meses en la actividad) en la situación de realizar una tarea peligrosa y en forma precaria. Por ello concuerdo con el examen que de la cuestión se realiza en la sentencia recurrida.
En otra vertiente impugnativa ataca los rubros concedidos en la sentencia por no guardar rela-ción con los términos de la demanda y que dice violenta en forma grave al principio de congruencia y afecta la garantía de la defensa.
Tampoco entiendo atendible este agravio. En la demanda se ha reclamado el daño moral y el daño psíquico, el daño estético por la pérdida del ojo con la consiguiente deformación del rostro, daño material y daño futuro moral y daño futuro patrimonial consistente este último en el derecho de la víctima de someterse a una intervención quirúrgica estética y todo esto por el monto que surja de la prueba a rendirse.
Se advierte que la condena se ajusta a lo pedido en la demanda (tal vez en forma no muy cla-ra), pero sin violar la sentencia el principio de congruencia. No indica el recurrente en que rubros o en que fundamentos la sentencia habría violado, a su entender, el principio de congruencia.
Respecto de la tasa de interés a la tasa activa dispuesta en la sentencia, como forma de actuali-zación, es un tema en que existen posiciones encontradas (respetables como toda opinión) entre el suscripto y los subrogantes que integran el Acuerdo.
Me pronuncié repetidas veces sobre el tema que ha sido materia de agravios y mi posición so-bre esta cuestión es conocida en el fuero. Ella coincidente con la doctrina del Excmo. Tribunal Supe-rior de Justicia en distintas causas: “Varas, Enriqueta María Margarita c/ Pardo Antonio Balois y otro s/ laboral” Prot. Elect221. TSS1 003 S entre otros Registrados como TSJ tomo XX reg. 676 fº 3922/3927; tomo XX reg. 674; tomo XIX reg. 644 entre otros que se pueden consultar en la página del Tribunal Superior de Justicia. Por ello voto por aceptar este agravio y modificar la tasa fijada y esta-blecer que se deberá utilizar la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República argentina. Las costas se deben imponer a la parte demandada en su condición de ven-cidos por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC, toda vez que en lo principal su re-curso no progresa.
VIII. Que por estas consideraciones y con el limitado alcance establecido precedentemente con relación a la tasa de interés aplicable respondo en forma negativa a la segunda cuestión y la con-sidero justa en lo demás que fuera materia de agravios. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
IX. Comparto parcialmente el voto que antecede respecto de los primeros agravios del recu-rrente y los argumentos desplegados. Discrepo con el primer votante en la admisión del último agravio relativo a la tasa de interés. A mi juicio se debe mantenerse la tasa de interés establecida en la senten-cia para recomponer el crédito del actor en forma adecuada. Es la posición que he mantenido reitera-damente en las ocasiones que fui llamado a dirimir una disidencia. Por ello la parte demandada deberá soportar las costas de la instancia. Respondo pues en forma afirmativa a la segunda cuestión propuesta al Acuerdo por considerar justa la sentencia venida en grado de apelación. Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
X. Que soy llamado a dirimir la disidencia de criterios, de los integrantes del Acuerdo que integro por subrogancia, relativa a la tasa de interés que se debe utilizar para reajustar los créditos del actor que fueron discutidos en este juicio dilatado por más de dos décadas. Sobre el particular recuer-do que en todas las ocasiones en las que fui convocado me pronuncié por la aplicación de la llamada tasa activa por ejemplo en “TICOTA ALI, Lidia Nelly y otra c/ BEBER, PABLO S/ laboral”. Mantengo mi posición compartiendo el voto del Dr. Alonso. Por ello adhiero al voto que antecede por considerar justa la sentencia y respondo en forma afirmativa a la segunda cuestión. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que por los argumentos y razones expuestas en mi voto al responder las anteriores cues-tiones, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard al estar en la situación configurada por el art. 17 inc. 1 del CPCC y apar-tarla del conocimiento y trámite de estos autos; 2º) Admitir sólo parcialmente el agravio relativo a la tasa de interés y rechazar los demás expuestos. Conforme a ello se establece que, sobre los créditos admitidos se aplicará la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina por los períodos establecidos en la sentencia y se confirma la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas se imponen al demandado vencido por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC); 3º) Estando consentidas las regulaciones de primera instancia se regula el honorario de la Dra. María Elena Jaureguiberry y Dr. Eduardo Rubén González como le-trados apoderados del actor, en conjunto y proporción de ley en la suma de Doscientos cuarenta mil pesos ($240.000.) y el correspondiente al Dr. Paulo Luis Schmidt como letrado apoderado de la parte demandada en la suma de ciento sesenta mil pesos ($160.000)de conformidad con la importancia y mérito de sus trabajos (arts. 13; 18; 19; 20; 24; 29 y concordantes de la ley 3330); 4º) Tener presenta la reserva del caso federal formulada por la parte demandada; 5º) Dejar constancia del pesar que cau-sa a los integrantes del Acuerdo que una causa civil por accidente de trabajo haya demorado veintiséis años y recomendar a los integrantes del poder judicial y los letrados se arbitren los medios y esfuerzos para evitar estas demoras; 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
XII. Que en función de la disidencia parcial formulada propongo al Acuerdo el siguiente pro-nunciamiento: 1º) Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard al estar en la situación configurada por el art. 17 inc. 1 del CPCC y apartarla del conocimiento y trámite de estos autos; 2º) Rechazar los agravios formulados por la parte demandada y en consecuencia se confirma la sentencia en todo lo que fuera materia de agravios. Las costas se imponen al demandado vencido por el princi-pio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC); 3º) Estando consentidas las regulaciones de primera ins-tancia se regula el honorario de la Dra. María Elena Jaureguiberry y Dr. Eduardo Rubén González co-mo letrados apoderados del actor, en conjunto y proporción de ley en la suma de Doscientos cuarenta mil pesos ($240.000.) y el correspondiente al Dr. Paulo Luis Schmidt como letrado apoderado de la parte demandada en la suma de ciento sesenta mil pesos ($160.000)de conformidad con la importan-cia y mérito de sus trabajos (arts. 13; 18; 19; 20; 24; 29 y concordantes de la ley 3330); 4º) Tener pre-senta la reserva del caso federal formulada por la parte demandada; 5º) Dejar constancia del pesar que causa a los integrantes del Acuerdo que una causa civil por accidente de trabajo haya demorado vein-tiséis años y recomendar a los integrantes del poder judicial y los letrados se arbitren los medios y es-fuerzos para evitar estas demoras; 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. Es mi voto. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XIII. Adhiero a la propuesta del Dr. Alonso que antecede por considerarla acorde con lo ra-zonado en el Acuerdo.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 11 de julio de dos mil veintidós
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard al estar en la situación confi-gurada por el art. 17 inc. 1 del CPCC y apartarla del conocimiento y trámite de estos autos;
2. Rechazar los agravios formulados por la parte demandada y en consecuencia se confirma la sentencia en todo lo que fuera materia de agravios. Las costas se imponen al demandado vencido por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC);
3. Estando consentidas las regulaciones de primera instancia se regula el honorario de la Dra. María Elena Jaureguiberry y Dr. Eduardo Rubén González como letrados apoderados del actor, en conjunto y proporción de ley en la suma de Doscientos cuarenta mil pesos ($240.000.) y el corres-pondiente al Dr. Paulo Luis Schmidt como letrado apoderado de la parte demandada en la suma de ciento sesenta mil pesos ($160.000)de conformidad con la importancia y mérito de sus trabajos (arts. 13; 18; 19; 20; 24; 29 y concordantes de la ley 3330);
4. Tener presente la reserva del caso federal formulada por la parte demandada;
5. Dejar constancia del pesar que causa a los integrantes del Acuerdo que una causa civil por accidente de trabajo haya demorado veintiséis años y recomendar a los integrantes del poder judicial y los letrados se arbitren los medios y esfuerzos para evitar estas demoras;
6. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. Fdo. Jorge O. Alonso –Juez de Cámara Subrogante- Mario A. Albarrán –Juez de Cámara Subrogante-; Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente- Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201141S.221 Tomo: XCVI Sentencia:2959 Folio Nº: 186/295 Secretaria: 1
Fin de la sentencia