Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Pergamino · Causa 2205
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento, y por los fundamentos brindados, confirmar la sentencia de fs. 100/2 en cuanto ha sido materia de apelación.
Con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC).
Diferir la regulación de honorarios para cuando haya base firme para ello (art. 31 Ley 8904).
Fs. 126 Registro N° 130 /2014 Fojas 713/718 En la ciudad de Pergamino, el 30 de diciembre de 2014, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en los autos N° 2205- 14 caratulados "RIGHETTI, JUAN CARLOS C/ JUAREZ, JOSE TOMAS Y OTROS S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)", Expte. Nº 75.102 del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. Graciela SCARAFFIA y Roberto DEGLEUE, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.-
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A la PRIMERA CUESTION la señora Jueza Graciela SCARAFFIA dijo:
El magistrado de la anterior instancia hizo lugar a la demanda de desalojo promovida por Juan Carlos Righetti y condenó a José Tomás Juárez y/o cualquier habitante de la finca sita en la calle Lavalle 833 de Pergamino, a desalojar dentro de los diez días de notificado, bajo apercibimiento de desahucio. Aplicó las costas al demandado perdidoso, y difirió la regulación de los honorarios para cuando obre en autos, las pautas del art. 40 de la Ley 8904.-
Lo decidido originó el recurso de apelación del accionado (fs. 109), concedido libremente (fs. 110), fundado por intermedio de la pieza obrante a fs.118/20 vta., cuyo traslado fue respondido a fs. 12/4 vta. I) Al incoar la presente acción de desalojo, manifestó el actor que sobre el bien objeto de autos se había constituído un usufructo vitalicio a favor del abuelo del mismo y de la Sra. Josefina Gabriela Trigo, con derecho a acrecer entre sí, y que, habiendo muerto su abuelo con anterioridad, a la fecha de fallecimiento de esta última -el 5/4/2011- se extinguió dicho usufructo. Que entonces su parte trató de ingresar al inmueble y se encontró con que estaba ocupado por el Sr. José Tomás Juárez, y que el mismo expresó que la Sra. Trigo le había permitido el acceso al inmueble. Que resultaron fallidos todos los intentos de obtener la desocupación del inmueble -en forma verbal, por intercambio de misivas y por mediación-. Al contestar la demanda, el apelante se opuso a la procedencia de la misma, planteando excepción de defecto legal -alegando que no se había relatado con precisión la causal del desalojo, y su imposibilidad de conocer con certeza el sentido de la pretensión del actor-; e invocó hallarse en posesión animus dominio del inmueble desde hace más de 30 años, porque la Sra. Trigo se lo había cedido al inmueble a cambio de que el mismo cuidara de ella y la propiedad, habiendo ingresado entonces a vivir allí con ánimo de dueño, comportándose siempre como tal. Alegó la inidoneidad de la vía elegida, por aplicación el art. 2456 del CC, tildando de improcedente el desalojo por haber transcurrido más de un año desde la muerte de la Sra. Trigo (5/4/2011) hasta la intimación del actor el 25/12/2012. Y finalmente opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, afirmando que no se ha probado la obligación de restituir el inmueble de su parte, ni que haya penetrado en el mismo sin derecho, por la fuerza o por los hechos, consumándose el apoderamiento contra la voluntad del demandante.
El a quo consideró acreditado el carácter de propietario del actor, por haber demostrado el mismo ser heredero del titular de dominio, con la escritura pública en copia glosada a fs. 21 / 23 y las sucesivas declaratorias de herederos, destacando que entró en posesión de la herencia desde el día de la muerte de los causantes (arts. 3410 y 3417 del Código Civil). Trató entonces las defensas opuestas por el demandado -oscuro libelo, usucapión, inidoneidad de la vía elegida, falta de legitimación pasiva-, rechazando las mismas. En relación a la usucapión, consideró que el demandado no cumplió la carga de acreditar los "hechos extintivos" o afirmativos en que fundara su defensa ( art. 375 CPC.). Señaló el juzgador que al haber manifestado en su contestación de demanda que "... la Sra. Trigo me cede parte del inmueble en cuestión, a cambio de que cuide de ella y de la propiedad..." ( sic. fs. 82 ), la forma de la utilización del verbo "ceder", más la obligación a cargo que la cedente le impuso, importó un comodato ( art. 2255 y sgtes. C.C.), y que esa fue la causa del ingreso del mismo al inmueble objeto de estos autos, y de su permanencia en él. Y aclaró que esa fue la razón por la que a fs. 94 consideró carente de utilidad la prueba ofrecida por el mismo, desde que no invocó el hecho de mutar o de intervertir el título por el cual había ingresado a la vivienda. En relación a la vìa elegida, entendió que al haber ingresado a la vivienda el demandado tomó para sí la obligación de desalojarla, incluso a simple pedido del comodante, resultando entonces procedente la vía del desalojo. Por la misma causa rechazó la falta de legitimación pasiva opuesta.
El apelante se queja de lo decidido, afirmando que la sentencia carece de fundamentación razonable. Critica que se haya considerado que los hechos descriptos por su parte configuran un comodato. Afirma que la cesión no fue gratuita, sino que hubo compensación: la Sra. Trigo le impuso al demandado la obligación de cuidar de ella y de la propiedad a cambio de habitar en una porción de la propiedad animus domini, y afirmando que por ello ejerció su posesión de manera pública pacífica e ininterrumpida. Dice que en el juicio de desalojo basta la acreditación "prima facie" de la posesión invocada, es decir sólo la verosimilitud del derecho, extendiéndose en argumentaciones sobre la procedencia de la prueba ofrecida por su parte, tildando de arbitraria la sentencia por haber "parcializado la apreciación de las pruebas".
En forma preliminar, debo señalar que el proceso de desalojo es aquél que tiene por objeto una prestación tendiente a recuperar el uso y goce de un bien inmueble que está ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de simple intruso, aunque sin pretensiones a la posesión. Se pretende recuperar la tenencia perdida; de ahí que la acción procede contra aquél que la detenta sin derecho (conf. Ramírez, Jorge Orlando, "El Juicio de Desalojo" , Ed. Depalma, Ed. 1997, pág. 28/9).-
Tal como ha señalado el a quo en autos ha quedado acreditado el derecho de propiedad del actor, en su carácter de heredero del titular de dominio, con la escritura pública en copia glosada a fs. 21/23 y las sucesivas declaratorias de herederos del abuelo y padre del demandado. Y en ese carácter entró en posesión de la herencia desde el día del fallecimiento del causante.
El demandado no se limitó a negar la calidad que le fue atribuída por el accionante, sino que afirmó tener otra, introduciendo entonces en autos un hecho controvertido: posesión animus domini del bien por parte del mismo, según el cual invoca su derecho a ocupar el inmueble cuyo desalojo se pretende, siendo el fundamento que sustenta el fallo atacado la ausencia de prueba sobre el hecho invocado por el accionado. Entonces el dilema a resolver si el demandado ha acreditado -aunque fuere sumariamente- la posesión animus dominis del bien, que invoca.
A este respecto he de señalar que deviene plenamente aplicable la premisa según la cual quien alega un hecho controvertido debe arrimar a autos las probanzas suficientes a ese respecto. En ello se asienta la regla establecida en el art. 375 del ritual en cuanto establece que incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o Tribunal no tenga el deber de conocer.-
El instituto aparece como una regla para el juzgador, indicándole cómo debe fallar cuando falta la prueba de los hechos. Es que "El juzgador necesita adquirir plena certeza, de ser ello posible, acerca de los hechos (o de la afirmación que sobre ellos hacen las partes), para formular su convicción sobre esa base y fallar razonablemente, es decir analizando críticamente el material probatorio. De mediar inexistencia o insuficiencia de la prueba conducente o eficaz sobre un punto litigioso, habrá de acudirse a las reglas de distribución de la carga probatoria que se encuentran condensadas en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, las que están dirigidas al juez quién deberá tenerlas en cuenta al sentenciar en los supuestos de orfandad probatoria."(SCBA, causa C 111739 del 19-12-2012, voto del Dr. Soria).-
"Quien opone un hecho distinto e incompatible tendiente a desvirtuar las aseveraciones del contrario asume la carga de demostrarlo" (arg. art. 375, C.P.C.C.)." (SCBA, causa B 62305 del 2-11-2011). Bien claro ha dicho la jurisprudencia: `lo que decide un pleito es la prueba y no las simples manifestaciones unilaterales de las partes’ (SCBA, 9/10/79, DJBA, 117-337)(conf. Fenochietto, Carlos Eduardo, CPCCBA, com., anot. y conc., 5º ed. pág. 449).-
Primeramente he de señalar en relación a la queja relativa acerca de la procedencia de la prueba que fuera rechazada por el juzgador a fs. 94, que tal argumentación resulta estéril a los fines pretendidos por el apelante, por no haber el mismo hecho uso de la facultad conferida por el art. 255 inc. 1º CPCC de replantear la prueba en esta sede, pues ello hizo que la cuestión fuese alcanzada por los efectos de la preclusión. Al haber devenido en cuestión precluída le es vedado al Tribunal expedirse cuando la preclusión opera como un impedimento: la facultad no usada, fatal e inexorablemente se extingue. (SCBA, Ac 75777 del 13-6-2001ent. ots.; Cám. Ap. Perg. causa Nº 1502 RSD 38/13), y "No pueden ser atendidos los agravios dirigidos a procedimientos que quedaron cerrados por la preclusión." (SCBA, C 100180 del 2-3-2011). La aclaración formulada por el juzgador en la sentencia sobre los motivos por los que oportunamente denegara la prueba en cuestión carece de virtualidad para reeditar la cuestión referida a su producción, precisamente por los efectos de la preclusión operada. Entonces no son causa de agravio para el quejoso, pues no existe un perjuicio concreto para el apelante que deba ser reparado (art.
242 CC).
He de destacar que la única prueba producida por el demandado es la documental agregada a fs. 52/79, que solo tiende a "demostrar ese es el domicilio que figura en mi DNI, allí recibo toda la correspondencia, y es el domicilio que tengo registrado por ejemplo ante ANSES" (fs. 82 último párrafo). Sin embargo, la acreditación de tales circunstancias sólo prueba que el Sr. Juárez vive en ese lugar pero no el ánimus dómini que invoca. Así, pese a que alegó haber realizado "infinidad de actos posesorios como mejoras, ampliaciones y modificaciones en el mismo, comportándose como verdadero propietario" (ver fs. 82, penúltimo párrafo), no ha producido ninguna prueba sobre tales hechos, no habiendo ni siquiera acreditado el pago de algún impuesto o servicio correspondiente al bien referido. En consecuencia sólo obran en autos simples manifestaciones del demandado sobre el punto.
Aún cuando considero que no puede interpretarse que los hechos descriptos por el demandado en su contestación al manifestar que ingresó en el inmueble "cuando la Sra. Trigo me cede parte del inmueble en cuestión, a cambio de que cuide de ella y de la propiedad..." (sic. fs. 82)", configuren un comodato como ha considerado el a quo, lo cierto es que carece de relevancia determinar aquí la naturaleza del contrato celebrado entre la Sra. Trigo y el demandado, en atención a que no existe prueba alguna que permita tener prima facie demostrada con el mínimo grado de certeza exigible en este procedimiento la verosimilitud del derecho que invoca.
En tales condiciones, reiterando lo dicho sobre la carga de la prueba (art. 375 CPCC), "El juez ha de apelar a ella, de existir insuficiencia o ausencia de prueba respecto de los hechos esenciales y contradictorios de la causa, y dictará sentencia responsabilizando a la parte que, según su posición en el pleito, debió justificar sus afirmaciones. Bien claro lo tiene dicho la jurisprudencia: `lo que decide un pleito es la prueba y no las simples manifestaciones unilaterales de las partes’ (SCBA, 9/10/79, DJBA, 117- 337)(conf. Fenochietto, Carlos Eduardo, CPCCBA, com., anot. y conc., 5º ed. pág. 449).
Es pacífico criterio jurisprudencial que "No puede un ocupante, correctamente demandado por desalojo, negarse simplemente a reconocer su obligación de restituir; debe probar qué derecho tiene a permanecer en la ocupación, de lo contrario debe desalojar. En consecuencia, pesa sobre el demandado acreditar, conforme las reglas del onus probandi, qué derecho le asiste para seguir ocupando (art. 375 del CPCC). "(Cám. Civ. y Com. DO causa 75923 RSD 210/01). Y sobre el punto reiteradamente ha dicho el Alto Tribunal provincial que "No es suficiente que el demandado por desalojo manifieste que es poseedor para que, por esa sola circunstancia, quede relevado de la carga de probar la verosimilitud de su afirmación, obligando al actor a recurrir a las acciones reales o posesorias para recuperar el inmueble" (SCBA LP Causas C 109072 S 12/12/2012, C 102403 S 25/02/2009, AC 83492 S 29/10/2003 Ac 56967 S 07/03/1995 JUBA B23277).
En conclusión, como el accionado aquí no ha probado legitimación para ocupar el inmueble, su permanencia en el mismo cobra el carácter de intrusión. Intruso no sólo es quien se introduce sin derecho o usurpa un inmueble, sino también quien continúa detentándolo sin acreditar el derecho en base al cual afirma obtuvo esa tenencia. "Lo que aquí importa, más allá de la terminología que se utilice, es la retención del bien sin título alguno que la legitime, de modo que la obligación de restituir o entregar sea exigible (art. 676 Cód. Proc.)" (CC0002 SM 49176 RSD-434-1 S 11/12/2001 JUBA B2001990).-
En atención a lo expuesto, propicio el rechazo del recurso interpuesto, y por los fundamentos aquí brindados confirmar el decisorio que se pretendía impugnar en cuanto hizo lugar a la demanda de desalojo interpuesta por Juan Carlos Righetti y condenó al demandado y/o cualquier otro ocupante de la finca a desalojarla dentro del término de diez días, bajo apercibimiento de ordenar el desahucio con la fuerza pública (arts. 676 y ccs.; 375 y ccs. del CPCC).
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión el Dr. Roberto DEGLEUE por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la SEGUNDA CUESTION la señora Jueza Graciela SCARAFFIA dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es: No hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento, y por los fundamentos brindados confirmar la sentencia de fs. 100/2 en cuanto ha sido materia de apelación.
Con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC).
Diferir la regulación de honorarios para cuando haya base firme para ello (art. 31 Ley 8904).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión el Dr. Roberto DEGLEUE por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
No hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento, y por los fundamentos brindados, confirmar la sentencia de fs. 100/2 en cuanto ha sido materia de apelación.
Con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC).
Diferir la regulación de honorarios para cuando haya base firme para ello (art. 31 Ley 8904).
Regístrese. Notífiquese. Devuélvase.-
-Graciela SCARAFFIA - Presidenta de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Dpto. Judicial Pergamino Roberto Manuel DEGLEUE Juez Stella Maris ALBANI Secretaria
Fin de la sentencia