Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138954
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.954, "Espíndola, Héctor y Romero, María —Part. Damnificados— s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 103.391 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a Oviedo Betancourt, Nahuel y Brizuela Cáceres, Ever A." y su acumulada, causa P. 139.335, "Oviedo Betancourt, Nahuel y Brizuela Cáceres, Ever Augusto s/ Queja en causa n° 103.391 y sus acum. n° 103.748 y n° 113.662 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Bouchoux, Carral, Violini.
Del expediente digital se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón, el día 27 de febrero de 2020, condenó a Nahuel Oviedo Betancourt como autor del delito de homicidio, a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, mientras que a Ever Augusto Brizuela Cáceres, lo condenó como partícipe necesario del mismo delito, a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas.
Contra esta condena interpusieron recursos de casación tanto el representante de los particulares damnificados, como las defensas de los imputados. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante la sentencia dictada el día 10 de noviembre de 2022, luego de tratar los agravios de sendos recursos, los rechazó y confirmó la sentencia en todos sus términos.
Frente a lo así decidido, por un lado, los particulares damnificados Héctor Omar Espíndola y María Rosa Romero, con el patrocinio de la doctora Fabiana Elena Perticaro y del doctor Eduardo D. Mosquera, presentaron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue declarado admisible por el Tribunal de Alzada en lo que respecta a las denuncias de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal (resol. de 15-V-2023).
Por su parte, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de ambos imputados que fue desestimado por inadmisible, lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código de rito.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 6 de septiembre de 2023, declaró procedente la queja y admitió el carril extraordinario por contener cuestiones federales planteadas con la suficiencia y carga técnica necesarias (conf. CSJN causas "Strada", "Di Mascio" y "Christou").
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los particulares damnificados?
2ª) ¿Lo es la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley articulada por la defensa oficial?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los particulares damnificados Héctor Omar Espíndola y María Rosa Romero, con el patrocinio letrado de la doctora Fabiana Elena Perticaro y del doctor Eduardo Mosquera, cuestionaron el monto de pena impuesto a los imputados (conf. arts. 40 y 41, Cód. Penal).
Manifestaron que, al alegar en el juicio, solicitaron la aplicación de la pena máxima contenida en el art. 79 del Código Penal con sustento en las particularidades del caso. A su vez, recordaron que el Ministerio Público Fiscal requirió que se tuvieran en cuenta como agravantes "...la pluralidad de intervinientes, la expectativa de vida de la víctima y la futilidad de lo que motivó su muerte", planteo al que adhirieron.
De seguido, sostuvieron que el tribunal de primera instancia únicamente ponderó la pluralidad de intervinientes y la futilidad de motivos descartando "...la expectativa de vida" por considerar que ello formaba parte del propio tipo penal.
Cuestionaron que no se haya tomado en consideración la extensión del daño causado fundamentando que era necesario ponderar que Espíndola al momento del hecho tenía veintiséis años, un proyecto de vida y una profesión como futbolista.
Respecto de los medios utilizados para cometer el homicidio, resaltaron que debió ponderarse la dimensión del cuchillo (de 25 cm de largo) utilizado.
Luego, en cuanto a la intervención de los imputados sostuvieron que, dado que el art. 45 del Código Penal prevé la misma pena para el partícipe primario y para el autor, la pena para ambos imputados debió ser la misma pues, consideraron que no existieron razones para determinar una pena menor para el partícipe necesario.
Agregaron que nada en las "biografías" de los imputados permitía atenuar el reproche por lo que finalmente concluyeron en solicitar la pena de veinticinco años.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación; coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
De acuerdo con el relato de antecedentes, lo atinente a la determinación de los hechos bajo la calificación de homicidio simple —art. 79 del Código Penal—, el grado de participación —art. 45 del Código citado— y la determinación de la pena —art. 40 y 41 del Código citado— adquirió la doble conformidad exigida por la regla convencional del art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Frente a esa limitación, el planteo que pretende que esta Corte ingrese al análisis de la correcta o incorrecta aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, con la consecuencia de que se determine una pena de veinticinco años de prisión para ambos imputados, no puede ser atendido ya que no resulta procesalmente idóneo efectuar una agravación en esta instancia extraordinaria provincial de la calificación legal y de la pena (conf. causa P. 117.199, "Colman", resol. de 21-V-2020).
Ello, sin perjuicio de que por supremacía constitucional (art. 31, Const. nac.) esta Corte, como "...superior tribunal de la causa" tenga el deber de analizar las cuestiones federales que esa parte haya oportunamente desarrollado (art. 14, ley 48, conf. lo establecido en CSJN causas "Strada" y "Di Mascio"). Sin embargo, los representantes de los particulares damnificados —como se dijo— únicamente cuestionaron la mensuración de la pena desde la perspectiva de la ley sustantiva y, aunque en un segmento del recurso expresaron el término "arbitrariamente" (parte final del pto. IV), en referencia a los fundamentos del fallo (que, dicho sea de paso, en rigor dirigieron contra los razonamientos del veredicto de primera instancia y no contra el fallo revisor que es aquí objeto de examen) no hubo un desarrollo consecuente con dicho concepto en términos de la doctrina pretoriana de la Corte federal que permita considerarlo un agravio autónomo de tal tenor.
Por lo expuesto, voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Coincido con la doctora Kogan en la insuficiencia impugnativa (conf. art. 495, CPP).
De acuerdo con el relato de antecedentes, la Casación convalidó lo actuado en cuanto a la situación de hecho que se tuvo por intimada, bajo la calificación de homicidio simple (art. 79, Cód. Penal) el grado de participación que le cupo a cada uno de los imputados (autor y partícipe primario, art. 45, Cód. Penal), y la determinación de la pena conforme a esos roles (arts. 40 y 41, Cód. Penal).
El representante de los particulares damnificados pretende que se asigne mayor entidad a las agravantes valoradas, y se queja de que el distinto rol del partícipe primario hubiera justificado una pena menor.
La pena objetada, según viene conformada, ha sido establecida dentro de los límites previstos en la escala penal del delito de que se trata y, a mérito de las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal y su doctrina.
Como se señala en el dictamen de la Procuración General, teniendo en cuenta la expectativa de pena del delito en cuestión —homicidio simple con un máximo de veinticinco años de prisión— no se explica por qué las penas de doce y catorce años de prisión determinadas para el partícipe y el autor, respectivamente, resultan desproporcionadas, en función de la culpabilidad por el hecho y las demás pautas de mensura consideradas.
En lo que respecta al grado de autor y partícipe necesario del delito de homicidio que les cupo a los imputados, si bien para ambos supuestos en abstracto (cfr. art. 45, Cód. Penal) les rige la misma escala penal del delito de que se trate, nada obsta a que el juzgador justiprecie adecuadamente en el caso concreto el grado específico de intervención y culpabilidad en el hecho correspondiente a cada cual, a la hora de discernir la pena a aplicar. De allí que, bajo la misma escala penal, cada imputado pueda ser pasible de una pena mayor o menor, de acuerdo a las particularidades del hecho y a las agravantes y atenuantes que se valoraron en la causa, según su aporte al hecho y características personales.
En el caso concreto de autos se le dio un trato más severo al ejecutor del apuñalamiento por mano propia que al partícipe necesario lo cual, como remarcó el tribunal revisor (v. acápite VII.1. de la sentencia en cuestión antes citada) no revela infracción legal alguna.
Tanto la queja sobre la entidad dada a ciertas agravantes, como la procuración de que entren en consideración aspectos severizantes que no fueron oportunamente reclamados, decaen.
Es doctrina de esta Corte que "[e]l criterio divergente de la parte respecto de la incidencia que las pautas atenuantes y agravantes meritadas por el Tribunal habrían tenido sobre el quantum de la pena, no implica ni significa violación legal alguna" (cfr. doctr. causas P. 135.688, sent. de 13-XI-2023; P. 133.919, sent. de 13-IV-2022; P. 133.247, sent. de 23-VI-2021; e.o.).
Por lo demás, como señala la señora Jueza ponente, tampoco el recurso abastece un reclamo de pretenso cariz federal que deba ser atendido por esta Corte. Pues, la mera referencia al término "arbitrariamente" (v. parte final del pto. IV), en alusión a los fundamentos del fallo (incluso obviando que ataca al de grado y no al del revisor) carece de un desarrollo consistente y robusto para traslucir la invocada arbitrariedad.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión también por la negativa.
El señor Juez doctor Bouchoux, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa.
Los señores Jueces doctores Carral y Violini, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Nahuel Oviedo Betancourt y de Ever Augusto Brizuela Cáceres.
Denunció la violación del derecho a la doble instancia bajo el fundamento de que la Casación, en lugar de revisar el fallo de condena, se limitó a reiterar sus argumentos, a la vez que los tachó de arbitrarios por apartarse del principio in dubio pro reo (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 inc. 2 y 2 "h", CADH; 14 inc. 2 y 5, PIDCP).
Luego de reseñar lo decidido, afirmó que no se acreditó la existencia de un plan común que incluyera la decisión de matar, pues a su modo de ver, tanto de los testimonios como de la filmación se desprendía un quiebre fáctico, que se tradujo en dos incidentes separables, donde hubo un primer enfrentamiento y tras lo cual, una segunda secuencia donde se gestó el homicidio, aspecto que pondría en crisis la condena confirmada por Casación.
Reafirmó la idea de que fue en el marco del segundo incidente que los imputados, tras regresar al lugar de los hechos, tuvieron un nuevo enfrentamiento con Espíndola, en el que se produjo la herida fatal.
Según la tesis de la defensa, en el fallo se infirió de manera inválida que sus defendidos volvieron al lugar de los hechos para matar a Espíndola lo que —a su entender— no quedó demostrado.
Insistió en que —bajo la misma idea de dividir la secuencia fáctica en dos tramos— no era posible atribuir dolo homicida a la conducta de Brizuela de entregar el cuchillo a Oviedo, y afirmó que era plausible la hipótesis expuesta por este último en ejercicio de su defensa material.
Puntualizó que, a la luz del principio in dubio pro reo, era posible sostener la accidentalidad de la puñalada o la defensa frente a una agresión no provocada suficientemente.
Respecto a esto último afirmó que el primer incidente protagonizado por los imputados no podía interpretarse como una provocación suficiente para Espíndola, toda vez que ese incidente se vio luego interrumpido con la ida de los imputados y el altercado que aquel protagonizó con otras personas.
En función de ello, afirmó que existieron dos posibilidades: la accidentalidad de la herida mortal o un supuesto de legítima defensa o su exceso. Adunó, en subsidio, que la automaticidad de una defensa no legítima debería colocar a Oviedo en el mínimo de la escala penal aplicable al delito de homicidio. Por otra parte, alegó que Brizuela estuvo al margen de los hechos.
A continuación, en lo que respecta a la incorporación por lectura del testimonio de Jonathan Ezequiel Herrera, denunció la violación de los derechos de defensa en juicio, debido proceso y de interrogar o hacer interrogar a los testigos (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2 "f", CADH; 14.3 "e", PIDCP). En su apoyo, citó el fallo "Benítez" de la Corte nacional. Puntualizó que los dichos de Herrera no pudieron ser controlados por los acusados ni por la defensa en ninguna de las oportunidades que este declaró (la primera, el mismo día del hecho en sede policial y, la segunda, al día siguiente en sede judicial).
Frente a ello, insistió sobre la ideal del tránsito meramente aparente que implicó el tratamiento de la impugnación ante Casación, pues sostuvo que este tribunal se limitó a reiterar los fundamentos del órgano de mérito sin abordar los planteos llevados en el recurso ni sin analizar debidamente la prueba de descargo. En su apoyo, citó jurisprudencia de la Corte nacional.
Finalmente, alegó que tales déficits descalifican el fallo por arbitrario en tanto se apartó de las constancias del caso, afectando el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y la presunción de inocencia. Citó jurisprudencia de la Corte nacional y de la Interamericana de Derechos Humanos.
I.2. Como segundo agravio, tachó de arbitraria la sentencia en la graduación de la pena y denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Afirmó que la pena impuesta a Oviedo fue erróneamente revisada (arts. 40 y 41, Cód. Penal).
Manifestó que el fallo en crisis quebrantó las garantías de debido proceso y defensa en juicio al convalidar una pena arbitraria, teniendo en consideración las pautas de los arts. 40 y 41 valoradas respecto de Oviedo.
Sostuvo que en función de las pautas valoradas la pena impuesta no resultó proporcionada a la conducta reprochada por lo que careció de racionalidad (conf. art. 18, Const. nac. a contrario), por lo que solicitó el reenvío al Tribunal de Casación para que se dicte un nuevo fallo.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación. Una vez más, coincido con lo así dictaminado.
III. Previo a ingresar al fondo del reclamo, reseñaré los hechos que se tuvieron por probados en el juicio y confirmados en todos sus términos en la sentencia objeto de impugnación. Estos hechos dan cuenta de que el día 22 de julio de 2018, alrededor de las 06:45 hs., en la avenida Jauretche de la localidad y partido de Hurlingham, Ever Augusto Brizuela Cáceres le asestó a Facundo Julián Espíndola, una puñalada con un cuchillo de una hoja de aproximadamente veinticinco centímetros de largo, que ingresó en el tórax anterior derecho, sobre el quinto arco costal, que le produjo lesiones que le ocasionaron la muerte de forma inmediata, accionar posibilitado por la colaboración indispensable de Nahuel Oviedo Betancourt, quien momentos antes le había proporcionado el cuchillo.
En el control de la motivación del fallo, el Tribunal de Casación rechazó los agravios de las respectivas defensas sobre la intervención de Brizuela y Oviedo, descartando los planteos de variar la calificación legal en los términos de una legítima defensa, un exceso en la misma o un homicidio imprudente, en la medida en que no se correspondían con la prueba producida durante el juicio (testimoniales, video, entre otras).
También se rechazaron las críticas de la defensa relativas a que los testimonios de cargo estuvieron influenciados por la relación de amistad con la víctima Espíndola, en la medida en que se explicaron los aspectos que habrían estado contaminados siendo que, además, la información de los testigos había quedado reafirmada por los registros fílmicos obtenidos de cámaras de seguridad.
De esta manera el Tribunal de Casación, a partir del voto de la doctora Budiño (que concitó la adhesión simple del doctor Mancini) al ratificar la condena, expresamente tuvo por comprobada la secuencia fáctica que dio sustento a la sentencia de primera instancia. En ese sentido, de la narración de los hechos surge que el joven Espíndola tras salir de un local nocturno en compañía de sus amigos, se puso a cantar con estos en la vía pública a viva voz. Brizuela, desde el vehículo en el que se movilizaba —un Peugeot color blanco— al pasar, lo intimó a Espíndola a callarse. Afirmaron los testigos que ello generó una discusión que se precipitó cuando arribó Oviedo y directamente le aplicó un golpe en la cabeza a Espíndola, quien respondió a la agresión también mediante un golpe, por lo que los amigos de Facundo trataron de separarlos.
En forma convergente, otro testigo (Mendoza) puntualizó que, durante la discusión, Brizuela fue hasta el baúl de su auto y tomó un "objeto" que se colocó en la cintura. Ante ello, Facundo Espíndola le preguntó "si lo iba a matar", y es en ese momento en el cual se sumó Oviedo a la escena golpeando a Espíndola, comenzando así la pelea entre ambos ya descripta.
En el fallo del revisor se resalta que los testigos fueron coincidentes en señalar que en un determinado momento Brizuela proveyó al coimputado Oviedo del cuchillo que había tomado del baúl del auto, tras lo cual, el primero ascendió a su vehículo (el Peugeot blanco) y se alejó, por lo que Oviedo se quedó —armado— en el sitio. A su vez, indicaron que mientras tanto se generó un altercado entre Facundo y el ocupante de un automóvil Volkswagen Gol que pasaba por allí, incidente en el que intercedieron terceros para que cesara, momento en el que nuevamente arribó el automóvil Peugeot blanco conducido por Brizuela.
En lo que respecta al relato de Jonathan Ezequiel Herrera —incorporado al juicio por lectura—, cabe destacar que el Tribunal de Alzada (en lo jurídico-penalmente relevante de su declaración) recordó que el testigo declaró, que vio cómo el pibe "gordito" le pasaba un cuchillo al otro (al que describió como flaco y alto). Al igual que lo antes indicado, afirmó que, tras pasarle el arma, se subió al auto y se alejó, quedando el sujeto flaco del cuchillo, a quien rodearon y le dijeron que dejara el arma, que no querían problemas, agregando que Facundo no peleó más con el individuo armado.
Este último testigo detalló que el automóvil blanco "pegó la vuelta", regresó y, el segundo sujeto —que tenía el cuchillo— se subió al vehículo. Mientras tanto, Facundo caminaba hacia el "Mc Donald’s" ubicado en esa misma avenida, momento en el cual comenzó una discusión con el conductor
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