Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 4712
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA. Elevar el monto de las siguientes indemnizaciones: a favor de Martín Rinaldi la suma de $ 1.500.000 en concepto de incapacidad sobreviniente, la suma de $ 210.000 en concepto de daño moral y de $ 90.000 en concepto de gastos/gastos futuros; a favor de Luciano Rinaldi la suma de $ 62.000 en concepto de gastos de reparación; a favor de Federico Nahuel Escudero la suma de $ 237.600 en concepto de incapacidad sobreviniente.
B. Dejar sin efecto la indemnización por "desvalorización de valor venal" otorgada a favor de Luciano Rinaldi, y de "lucro cesante" a favor de Federico Escudero.
Las costas correspondientes al rubro "desvalorización del valor venal" deben ser impuestas el orden causado, en atención a las particulares circunstancias que motivaron su rechazo; mientas que las correspondientes al "lucro cesante" se imponen al accionante perdidoso -doctrina legal de nuestro Superior Tribunal a partir de la causa "Carquen S.A.", Ac. 78451, 29/10/2003-.
C. Las costas de primera instancia correspondientes al rechazo de las pretensiones deducidas contra los responsables del automotor Volkswagen Gol deben ser impuestas en el orden causado (art. 68 y ss. del C.P.C.C.). D. (Por Mayoría: Dres. Volta y Castro Durán) Confirmar la tasa de interés fijada en la sentencia en revisión (doctr. arts. 163 inc. 6, 266 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
E. Las costas de alzada deben distribuirse del mismo modo que las de primera instancia.
Expte. n°: JU-4712-2011 RINALDI MARTIN ANTONIO Y OTRO C/ SUCESORES DE NITTO FRANCISCO S/DAÑOS Y PERJ. ESTADO (USO AUTOM.C/LES. O MUERTE)
N° Orden: 18 Libro de Sentencia nº: 59 En la ciudad de Junín, a los 27 días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores GASTON MARIO VOLTA, JUAN JOSE GUARDIOLA y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, en causa nº JU-4712-2011 caratulada: "RINALDI MARTIN ANTONIO Y OTRO C/ SUCESORES DE NITTO FRANCISCO S/DAÑOS Y PERJ. ESTADO (USO AUTOM.C/LES. O MUERTE)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Volta y Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola dijo:
I. En la sentencia única dictada a fs. 319/330 la Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar a las pretensiones acumuladas de daños y perjuicios -tramitadas bajo los nros. 4712-2011 y 1102/2012- promovidas a raíz de un accidente ocurrido el 14-6-2011 sobre la ruta 65, en el tramo que recorre Junín-Agustina, protagonizado por un automotor Volkswagen Gol, conducido por Martín Rinaldi y un Ford Falcon, conducido por el demandado Francisco Nitto, que transportaba como acompañante al actor Federico Nahuel Escudero.
La Dra. Laura Josefina Panizza reputó como responsable al demandado Nitto e hizo extensiva la condena a la citada en garantía "Agrosalta Cooperativa de Seguros LTDA."
Por esa razón, también rechazó la pretensión deducida por Escudero contra Rinaldi, así como la interpuesta contra Lidia D. Savigliano, titular registral del automotor Volkswagen, ambas con costas al accionante. Inició su sentencia señalando que la causa penal en la que se investigó el siniestro fue archivada, por lo que no genera cosa juzgada que obste meritar la responsabilidad civil, y sin perjuicio de la valoración de los elementos probatorios allí colectados.
Sentado, y para atribuir la responsabilidad, luego de encuadrar el hecho en las previsiones del art. 1113 del Cód. Civil, consideró que el accidente se produjo exclusivamente por una maniobra peligrosa que realizó el demandado Nitto, al invadir en una ruta el carril contrario de marcha. Para llegar a esa conclusión, luego de señalar que pericialmente no se pudo determinar la mecánica del accidente, valoró que el acta de procedimiento policial da cuenta que el accidente se produjo en la mano de circulación del automotor Volkswagen, y las declaraciones prestadas en sede penal, por el coactor Escudero y los testigos Cabral y Belossi, que presenciaron el hecho, viendo la maniobra invasiva del demandado. Consecuentemente, y en lo que al recurso interesa, condeno a los accionados a abonar las siguientes indemnizaciones:
-A favor de Martín Rinaldi las sumas de $ 400.000 en concepto de incapacidad sobreviniente, de $ 60.000 por gastos médicos y terapéuticos, y de $ 120.000 en concepto de daño moral.
Para fijar la indemnización por el daño patrimonial la sentenciante tuvo en cuenta la edad de la víctima al momento del hecho -36 años-, la actividad laboral desempeñaba en relación de dependencia y sus ingresos - de $ 4519 a julio de 2012-, como así también la gravedad de las lesiones padecidas -fractura expuesta distal de tibia y peroné derecho, fractura cerrada de femur derecho, fractura de metatarso pie izquierdo-, que le reputan una incapacidad parcial del 60,65%.
-A favor de Luciano Hernan Rinaldi las sumas de $25.000 en concepto de gastos de reparación del rodado, de $ 3.000 por privación de uso, y de $ 3.500 en concepto de desvalorización venal.
- A favor de Federico Nahuel Escudero las sumas de $ 120.000 en concepto de incapacidad sobreviniente, de $100.000 por daño moral, de $20.000 por lucro cesante, de $ 25.000 por valor chance, y de $25.000 en concepto de gastos futuros.
Para la determinación de la incapacidad sobreviniente valoró el grado de las lesiones sufridas -visión disminuida y secuelas estéticas en el rostro- , la edad al momento del hecho -19 años- y la realización de tareas de mecánico.
Todos los montos con más la tasa pasiva del Bco. Pcia. de Bs. As. desde la data del accidente hasta la aparición de la Tasa Pasiva BIP y desde ahí en más con dicha tasa y hasta el efectivo pago.
II. Este pronunciamiento fue apelado por todas las partes, recursos que, concedidos libremente, motivaron la elevación de las actuaciones. Radicados los expedientes en esta instancia, los actores Martín y Luciano Rinaldi presentaron las expresiones de agravios a fs. 387/396, el actor Escudero a fs. 397/401, la citada en garantía a fs. 402/408; y finalmente, la Defensora Oficial Dra. Guibelalde, en representación de los sucesores del demandado fallecido Nitto hizo lo propio a fs. 834/863. Agravios de los coactores Martín y Luciano Rinaldi Martín Rinaldi sostuvo que la indemnización fijada por el rubro incapacidad sobreviniente no guarda relación con la plataforma fáctica probatoria, en particular, que se tomó el valor del salario que percibía hace más de cinco años, no se computó la incapacidad del 10.8% estimado por la perito odontóloga, y tampoco se tuvo en cuenta el resto de los extremos personales -edad, lesiones, etc-, por lo que postuló que como mínimo el monto debe representar un salario mínimo vital y móvil durante el resto de la vida laboral restante.
Del mismo modo, se desconformó del monto fijado por gastos terapéuticos. Luego de listar todas las operaciones e internaciones que padeció, afirmó que la ART y la mutual OSECAC no cubren el 100% de los gastos, y que solo el costo del reemplazo de las piezas dentarias, según la pericia, ascendía a $41.900 a marzo de 2.012, suma que resultó desajustada por el tiempo transcurrido, afectando el derecho a una reparación integral. También se agravió del monto dado por daño moral, y luego de pasar revista por todas las lesiones, operaciones, internaciones y tratamientos realizados, concluye que no han sido valoradas razonablemente.
Luciano Hernán Rinaldi expuso que el monto por gastos de reparación del rodado es sumamente bajo y no guarda relación con los presupuestos ofrecidos como prueba. Además, señaló que los valores han quedado absolutamente desajustados por el tiempo transcurrido desde la pericia. En el mismo sentido, consideró bajos los montos otorgados en concepto de privación de uso y desvalorización venal.
Por último, ambos accionantes criticaron la tasa de interés ordenada en la sentencia, solicitando en su reemplazo que se fijen los rubros indemnizatorias conforme a parámetros actuales, y que se aplique una tasa de interés pura del 6% anual desde la fecha del hecho.
Agravios del coactor Federico Nahuel Escudero Expuso que el monto fijado por incapacidad sobreviniente resulta escaso, por no contemplar la perdida de la visibilidad del ojo izquierdo padecida ni las cicatrices que presentó como consecuencia del accidente, agregando que la actividad de mecánico no pudo ser realizada con la misma intensidad y asiduidad, y que por su problema de vista casi no trabaja. En el mismo sentido, criticó el rechazo del rubro daño psicológico, argumentando que pese a lo dictaminado por la perito, resulta impensable que las consecuencias y magnitud del accidente no lo hayan afectado psicológicamente, y que, eventualmente, debieron ser computados para indemnizar el daño moral, monto de éste rubro que consideró bajo, al igual que el del valor chance y de gastos futuros.
Por otro lado, se agravió de la imposición de costas por el rechazo de la demanda promovida contra Lidia Savigliano, Luciano y Martín Rinaldi. Dijo que luego del accidente, tanto Francisco Nitto como su aseguradora, que a la postre resultaron condenados, se negaron a reconocer su responsabilidad, circunstancia que lo obligó a reclamar en la forma que lo hizo; destacando que pericialmente no se pudo determinar la causa de la colisión.
Además, respecto a la titularidad del vehículo Volkswagen, recién tomo conocimiento de que la Sra. Savigliano lo vendió en oportunidad de la contestación de la demanda, no estando acreditado que se desprendió de la guarda con anterioridad al hecho.
En conclusión, postuló que se impongan las costas al condenado vencido, o en su defecto, por su orden.
Agravios de la citada en garantía.
Afirmó que no resulta aplicable el régimen de responsabilidad objetiva, por tratarse de una colisión entre automotores, donde los riesgos se neutralizan.
Además, destacó que la colisión fue frontal y que pericialmente no pudo constatarse la mecánica del accidente, por lo que el apartamiento de ese dictamen en base a declaraciones testimoniales resultaba inadmisible. Agregó que la absolución del actor Escudero, deviene incomputable por el evidente interés, y además, por la contradicción con las declaraciones prestadas en sede penal. En cuanto al testigo Cabral, sostuvo que la ratificación del testimonio prestado en la causa penal fue irregular, y que lo declarado es una apreciación subjetiva.
También criticó la relevancia asignada al archivo de la causa penal, argumentando que en las circunstancias del caso, descartada la aplicación de la responsabilidad objetiva, deviene una resolución trascendente. Por último, se agravió del monto de las indemnizaciones otorgadas. Agravios de los sucesores de Nitto Cuestionaron la responsabilidad atribuida recordando que no pudo determinarse pericialmente la mecánica del accidente, y poniendo de resalto que Escudero declaró en la causa penal que no podía precisar los hechos por cuanto el mismo también estaba distraído, y que el resto de las personas que declararon como testigos se encontraban a 600 metros del lugar del accidente, circunstancia que llama la atención y disminuye su valor probatorio.
Seguidamente, se desconformaron del monto de las indemnizaciones fijadas.
En relación a la incapacidad sobreviniente del actor Martín Rinaldi, expusieron que la sentencia no especifica como llegó al resultado, por lo que postula la aplicación de una fórmula matemática, con cita de precedentes de este Tribunal. Asimismo, solicitaron la disminución de los montos otorgados en concepto de gastos terapéuticos, daño moral; privación de uso y desvalorización venal -estos últimos fijados a favor de Luciano Rinaldi-. Respecto del actor Escudero, criticaron la indemnización de la incapacidad sobreviniente, resaltando que las lesiones no presentan consecuencias de notoria gravedad, habiendo concluido la perito que no se afectaron las actividades laborales, domésticas y deportivas, y que con alternativas médicas se puede corregir. Finalmente, solicitaron la disminución del rubro daño moral y gastos a futuro, y el rechazo de los rubros lucro cesante y valor chance, por falta de prueba sobre su procedencia.
Corrido el correspondiente traslado de las reseñadas fundamentaciones, fueron replicadas a fs. 419/421, 422/424, 425/430 y fs. 431/433, por el actor Escudero, los sucesores de Nitto, Martín y Luciano Rinaldi y por la demandada Lilia D. Savigliano, respectivamente; luego de lo cual se dictó a fs. 435 el llamado de autos para sentencia, cuya firmeza dejó los presentes en condición de ser resueltos (art. 263 del C.P.C.C.).
III. En esa tarea y recordando que la CSJN ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.) y que tampoco tiene el deber de ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (Fallos 274:113; 280:3201; 144:611), paso a ocuparme de las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto, inclinándome por los medios probatorios que produzcan mayor convicción. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama "jurídicamente relevantes" (su obra "Proceso y derecho procesal", Ed. Aguilar, Madrid, 1960, p. 971, párr. 1527), o "singularmente trascendentes" como los denomina Calamandrei ("La génesis lógica de la sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", ps. 369 y ss.).
Comenzando por la pretensión tramitada bajo el nro. 4712/2011, se impone aclarar que el archivo de la Investigación Penal Preparatoria no produce ningún efecto en esta sede civil -arts. 1102 y 1103 del C.C., 1776 y 1777 del C.C.y C.-
En este sentido, tiene resuelto el Superior Tribunal que: "La alzada no incurre en un razonamiento viciado por el absurdo cuando reconoce que la decisión del Agente Fiscal por la que dispuso el archivo de las actuaciones de la Instrucción Penal Preparatoria no tiene efectos en los términos de los arts. 1102 y 1103 del Código Civil -actualmente, en su nueva redacción, arts. 1776 y 1777 del Código Civil y Comercial- a la vez que atribuye plena fuerza probatoria a los dictámenes accidentológicos y toxicológico cuestionados, sin que ello se traduzca en un otorgamiento de efecto propio de cosa juzgada sino que importa el reconocimiento pleno de una prueba. Efectúa, así, una prudente tarea de integración de la misma." (SCBA LP C 119479 S 06/04/2016, Carátula: García, Marta Susana y otro contra Agüero, Enrique de Jesús y otros. Daños y Perjuicios" y "Agüero, Enrique de Jesús contra García, Marta Susana y otro. Daños y Perjuicios", Sumario Juba B4201679) Sentado ello, debo señalar que el reclamo ha sido subsumido correctamente en la previsión de la segunda parte del segundo párrafo del art. 1113 del C.Civil -vigente al momento de producirse el evento dañoso, conf. art. 7 C.C. y C.-, siendo el factor de atribución de responsabilidad objetivo, en base al riesgo creado por la cosa que ha intervenido en la producción de los daños.
Es decir que el damnificado debe probar la existencia del daño, el riesgo o vicio de la cosa, que el daño obedece a ese riesgo o vicio y que el accionado es dueño o guardián de la misma (Conf. Aída Kemelmajer de Carlucci, Cód. Civil Belluscio-Zannoni Comentado, Anotado y Concordado, Tomo 5° pág. 460).
Acreditados tales extremos, incumbe al dueño y/o al guardián la prueba de la culpa de la víctima o del tercero por quien no deban responder, o la existencia del otro factor excluyente de responsabilidad no enumerado en la norma pero aceptado por la doctrina, el caso fortuito o fuerza mayor. Conforme lo tiene reiteradamente resuelto este Tribunal (vgr. Expte. Nº 42369 Albarello Emilio y otros C/ Amhed Mario y otros s/ Daños y Perjuicios, L.S. 49, nro. de orden 193, del 14-8-2008): "...En nada cambia esta perspectiva, la circunstancia de que la colisión se haya producido entre dos vehículos generadores de riesgo, ya que carece de sustento normativo la tesis que, argumentando la neutralización de las presunciones resultantes del riesgo de cada uno, propicia la inclusión de estos supuestos en el campo de la responsabilidad subjetiva. Es que no existe, respecto del principio general establecido en el art. 1113 del Código Civil, ninguna excepción legal basada en la intervención de dos o más cosas riesgosas.
Como dijo ya hace tiempo Isidoro H Goldenberg ("El problema de los riesgos recíprocos...." JA 1994-IV-491): ".. en caso de concurrencia de riesgos recíprocos cada interviniente debe soportar los daños causados al otro, salvo que se acredite la existencia de circunstancias interruptivas del nexo causal. Existe por lo tanto una doble pretensión indemnizatoria pues los riesgos de ambas partes no se neutralizan ni compensan; no media razón jurídica alguna para descartar en esos casos la aplicabilidad del factor objetivo de atribución y juzgar el caso en base al concepto clásico de culpa. La incisiva frase de Tunc es concluyente al expresar -en materia de colisión de automotores- que el choque ha podido destruir los vehículos pero no las presunciones.
"Cuando existe concurrencia de culpas probadas no se recurre a un factor de atribución distinto a la culpa subjetiva para resolver la cuestión ¿Por qué abandonar el factor objetivo de atribución sólo porque concurren riesgos?" interroga Kemelmajer de Carlucci, concluyendo que el criterio de la neutralización priva a la teoría del riesgo de su auténtico valor. En igual sentido se expide Alterini, quien expresa que la teoría de la neutralización conduce a esterilizar la designación legal del dueño o guardián que formula el art. 1113.
Luego de una serie de vicisitudes, la jurisprudencia, a partir del pronunciamiento de la Corte Sup. de Just. recaída en los autos "Empresa Nacional de Telecomunicaciones v. Prov. de Buenos Aires y otro" -competencia originaria- 22/12/87 revisando su anterior criterio se inclinó por la teoría que en materia de daños causados recíprocamente por vehículos en movimiento rige la presunción de responsabilidad establecida por el art. 1113 parte 2 párr. 2 CC. En efecto, la norma citada no decreta que tales situaciones estén excluidas de su ámbito y, en consecuencia, la pretendida "compensación" o "neutralización" carece de sustento normativo"
La Suprema Corte de Justicia bonaerense se alineó en esta postura, afirmando que: "El riesgo creado regula la atribución de la responsabilidad civil al dueño o guardián de las cosas cuando estas intervienen activamente en la producción del daño, resultando inadmisible la supresión de esta teoría cuando se ha producido un encuentro entre dos o más vehículos, porque el choque que los puede dañar no destruye los factores de atribución de la responsabilidad; la neutralización de riesgos, basada en una suerte de compensación, carece de todo fundamento legal; si ambas cosas presentan riesgo cada dueño o cada guardián debe afrontar los daños causados al otro"( Ac 38641 S 8-3-1988; Ac 43803 S 30-4-1991; Ac. 47.302 del 22-12-92; Ac 86940 S 15-12-2004 y Ac 88446 S 2-11-2005).
En el sub-lite, coincido con la jueza de grado en que ha quedado acreditado que el accidente se produjo como consecuencia de la invasión de la mano contraria por parte del demandado, hecho que tratándose de un choque entre vehículos que circulaban en sentido opuesto, desde una perspectiva objetiva retrospectiva, aparece como suficiente e idóneo para ser erigido en causa determinante de la colisión.
Es que "la marcha en sentido contrario al indicado para la circulación constituye, tal vez, la más grave de las infracciones que puede cometer un automovilista y que, cuando provoca un accidente de tránsito, debe ser juzgada esa conducta desaprensiva con el máximo de severidad (...)La gravedad de la maniobra se incentiva cuando ocurre en una ruta y sobre todo, si es de noche.(...) Durante el tránsito en una ruta, constituye un comportamiento de máxima reprochabilidad, en los términos de los arts. 512,902 y conc. del Cód. Civil y de extrema peligrosidad, invadir la mano por la que deben circular los rodados en sentido contrario. No sólo uno se interpone en la línea de marcha del otro, sino que el riesgo se agudiza en razón de la velocidad que normalmente se desarrolla en las rutas, que reglamentariamente puede ser superior a los topes legales para conducción en zonas urbanas" (Areán Beatriz A " Juicio por accidentes de tránsito" 2 Hammurabi p. 309/310).
Este hecho, invasión del carril contrario de circulación, ha sido suficientemente acreditado con las declaraciones testimoniales de Diego Alberto Cabral y Leonardo Alberto Belossi, testigos presenciales del accidente.
El primero, al prestar declaración en sede penal (ver fs. 81 de la IPP atraillada) manifestó que: "venía por Ruta 65 en dirección a Junín detrás del auto de Martín Rinaldi, al cual conozco porque trabajamos de vendedores en la zona pero en distintas empresas. Yo trabajo para Kraf y Rinaldi para Propan. Que venía unos 500 o 600 metros detrás y veo que se le cruza un auto que venía de frente que era un Ford Falcon. El Falcon se pasó a la mano contraria... Preguntado por la mecánica del choque declara que el mismo iba a unos 90 o 100 km por hora y delante mío a la distancia que manifesté venía Rinaldi, que en ese tramo de la ruta es todo recta y a unos 1000 metros delante mio está la rotonda de la carcel, pero este tramo es todo recto. Que lo que yo pude ver es que el auto que venía de frente invadió completamente la mano de circulación contraria y colisionó de frente a Rinaldi, no le dió tiempo a realizar ninguna maniobra para frenar o esquivar, fue totalmente sorpresiva la invasión de mano y sin distancia para poder realizar ninguna maniobra."
Sin perjuicio de que esta declaración fuera ratificada en sede civil (v. fs. 273/275), oportunidad en que las partes pudieron interrogar nuevamente y libremente al testigo ofrecido, no existe ningún impedimento para la valoración de este testimonio prestado en sede penal.
Recordemos en cuanto a la admisibilidad y eficacia probatoria de los distintos medios incorporados el proceso penal que "Como bien explica el Dr. Jorge Mario Galdós, quien ha sido el que más se ha ocupado del tema de la prueba trasladada, específicamente del valor probatorio del expediente penal en sede civil ( ver sus enjundiosos trabajos " El valor probatorio del expediente penal en sede civil" La Ley 1992-A-1037 y ss., 1992-E- 918 y ss, l993-B-1019; "Otra vez sobre el valor probatorio del expediente penal en sede civil (en la Suprema Corte de Buenos Aires)" LLBA 1997-515 y ss.; "Prueba trasladada. El expediente penal como prueba (en la Suprema Corte de Buenos Aires)" en Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Pcia. de Bs. As. nº 1 p. 101 y ss y el mismo título Actualización Lexis Nexis Buenos Aires fac. 10 octubre 2006- 1097 y ss), la Casación local a partir de las causas "Girardi" (Ac. 79216) y "Porrez" (Ac. 87968) ha ido flexibilizando su criterio sobre el valor probatorio del expediente penal superando limitaciones formalistas, de manera tal que "por el principio de adquisición procesal, una vez producida la prueba, la misma es asumida por el proceso y sirve a la convicción o certeza del magistrado con prescindencia de los sujetos que la ofrecieron o produjeron. Las partes no pueden pretender que el juzgador al dictar su fallo, prescinda de alguna de las pruebas si consintieron su agregación en el juicio". Así el fundamento de cualquier limitación a su admisión amplia, se centra en garantizar la fiscalización de la recepción probatoria y por ende el derecho de defensa y contradicción; de modo que habrá de valorarse la conducta procesal de los litigantes y la posibilidad efectiva o implícita de contradecir un resultado probatorio adverso ya producido e incorporado regularmente al expediente penal. Lo contrario como dijo el Dr. Mercader importaría "admitir que el proceso no deja de ofrecer a los escépticos del derecho y de la justicia la tentadora posibilidad de emprender especulaciones afortunadas sin otro capital que el de la astucia o el de alardes retóricos". " (de mi voto en expte 43703 LS 51 nº 15).
También el testigo Leonardo Alberto Belossi declaró en forma concordante que: " iba para Ascención saliendo de la carcel por ruta 65. Venía detras a 600m del falcon, fue el accidente entre el gauchito gil y la rotonda de la carcel. Circulaba detras del Falcon color antióxido, ladrillo, para Ascensión, ve que el falcon se cruza de mano y choca de frente un gol oscuro. Se cruzó de mano, no vió si pisó banquina o algo. El chico del gol era Rinaldi, que es conocido del dicente. Rinaldi venía en el auto de su hermano, por lo que inicialmente no lo conoció. LLamó a la policia. El auto de Rinaldi tuvo que cortarse para sacarlo. En la tapa del diario Democriacia del día 15/06/2011, el dicente dice que salió en las fotos. El falcon, no hizo ninguna señal que iba a doblar, no se le cruzó nada para que se cruce de carril (ver fs. 277).
Si bien este testigo, que no fue mencionado ni prestó declaración en el expediente penal y luego lo hace en la causa civil sobre un hecho ocurrido mucho tiempo antes, debe ser apreciado con mayor rigor probatorio; lo cierto es que la concordancia de sus declaraciones con el testimonio de Cabral, me persuaden de la existencia de una maniobra de invasión de carril por parte de Nitto, en forma previa al accidente (art. 456 del C.P.C.C.). Tampoco se ve atenuada la fuerza probatoria de esta prueba por la distancia en que se encontraban los testigos del lugar donde ocurrió el accidente, de unos 500 o 600 metros. Tratándose de un tramo recto de la ruta, con escaso tránsito (ver acta de procedimiento policial de fs. 1 de la causa penal atraillada), a las 12.30 horas, y sin que se hayan invocado problemas de visibilidad, es absolutamente razonable que los testigos hayan visto la maniobra, máxime si se tiene en cuenta que también venían conduciendo, con la atención lógicamente dirigida a los vehículos que circulan por delante (art. 456 del C.P.C.C.).
Ello sin entrar en el debate en torno a la valoración de la declaración testimonial prestada por Escudero es sede penal (ver fs. 23), y luego ampliada al absolver posiciones (fs. 769 del proceso 1102/2012), que da cuenta de una distracción por parte de Nitto al acomodar el parasol, que bien podría encajar en la versión actoral de los hechos.
En conclusión, corresponde tener por acreditada la maniobra riesgosa del demandado, y en consecuencia, confirmar en este tramo del pronunciamiento la sentencia apelada, en cuanto hace lugar a la pretensión indemnizatoria deducida por Martín y Luciano Rinaldi.
Por la misma razón, y sin que haga falta en este aspecto desarrollar las aristas del tema transporte benévolo, cuyo encuadre normativo no ha sido motivo de agravio, también debe ser confirmada el acogimiento de la pretensión deducido por Federico Nahuel Escudero en el expte. 1102-2012 contra Francisco Nitto y su aseguradora (arg. art. 1113 del C.C., vigente al momento del hecho, art. 7 del C.C. y C.).
IV. Pasaré ahora al tratamiento de los distintos rubros indemnizatorios, comenzando por la incapacidad sobreviniente del coactor Martín Rinaldi, que fuera fijada en la suma de $ 400.000; importe que como expresé viene cuestionado, obviamente en sentido contrario, por el actor y los demandados.
"El derecho a una reparación integral -cuyo reconocimiento busca obtener el actor- como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral y el derecho a la vida que enlaza a los dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo constitucional incorporado al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (conf. arts. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 4°,5° y 21° del Pacto de San José de Costa Rica y 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Fallos 335:2333)" ( CJN 85/2014 10/8/2017 RH Ontiveros Stella Maris C/ Prevención ART y ot. s/ accidente)
En ella queda comprendida no sólo la laboral o profesional (aún cuando es la primera que aparece en este aspecto) sino toda incapacidad vital, tanto en lo individual como en lo social, en cuanto con verdadero sentido amplio en la abarcación del concepto posea connotación patrimonial Reiteradamente se ha dicho que esta última abarca a la primera pero la desborda ( Ricardo Lorenzetti " La lesión física a la persona. El Cuerpo y la salud. El daño emergente y el lucro cesante" RDPyC n° 1 p. 114 ; Alejandra Abrevaya" El daño y su cuantificación judicial" p. 53 y ss)
Es que "El daño económico que deriva de la incapacidad (en este caso permanente) tiene que ser valorado cualitativamente y cuantificado ponderando no sólo la incapacidad productiva, sino también la llamada incapacidad vital; por lo tanto debe comprender todas las implicancias económicas disvaliosas que dimanan de la incapacidad que no esten reflejadas o enjugadas por la actividad productiva que no se ha visto resentida ....Y debe hacerlo con base en valoraciones concretas, respetuosas del principio de especialidad del daño, que no se satisfacen con meras alegaciones genéricas, muchas veces edificadas en derredor de la voluntad exclusiva del juzgador. Ellas no satisfacen la exigencia constitucional de motivación de las sentencias" (Pizarro Daniel D. " El derecho a la reparación integral desde la perspectiva constitucional" comentado el fallo citado en diario La Ley del 23 de agosto de este año)
En el mismo sentido "Tiene dicho la Casación local mediante voto del Dr. de Lázzari- en consideraciones que entiendo aplicables al tema en tratamiento- que 'en la determinación del quantum indemnizatorio, los jueces deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que sirven de base a su decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad de los resuelto" (SCBA Ac. 94556 07/04/2010, " Schmidt José Alberto c/S.A.E.S. Linea 5 s/ Enfermedad Profesional; SCBA Ac. C106323 19/09/12 " V.N.B c/ Durisotti Rodolfo. Daños y Perjuicios" conf. esta Sala causa n° 57.090, 27/03/2013, "Perez...") En otro pronunciamiento el Dr. de Lázzari argumentó que "sólo la experiencia vital, el mantener la congruencia con anteriores pronunciamientos, el conocimiento concreto de la situación general de nuestra sociedad, las particulares circunstancias acreditadas en la causa y una buena dosis de sentido común, pueden resultar una guía en este momento" ( Cfme. SCBA causa C 188085, esta Sala causa n° 60.631, 17/09/16 " Mutuberría..." cit)" (CCiv. y Com. Azul Sala II 21/2/2016 causa n° 2-61.029-2016 "O. F.R. por si y en re. de sus hijos menores de edad y otros c/ Aseguradora Federal Argentina SA s/ Daños y Perj." en sitio web de la SCBA)
Al respecto la norma que trae el CCCN en su art. 1746 tiene marcada relevancia teórica y práctica al incorporar una novedad - al menos desde lo legal- : la utilización de las fórmulas matemáticas para ponderarlo. Se trata entre otras de las denominadas fórmulas "Vuoto", ""Marshall", "Méndez", "Acciarri" o la fórmula simple propiciada por Zavala de Gonzalez. "Estas técnicas tiene una estructura de matemática financiera estable, constante y predeterminada a la que se le adicionan en cada caso las variables particulares ( en general y principalmente: la edad de la víctima, sus ingresos probados o estimados, el tiempo restante o edad máxima para realizar actividades productivas o económicamente valorables) que permitan arribar al resultado numérico final. De este modo se determina un capital que, puesto a interés se amortice en un período calculado como probable de vida productiva (útil) de la persona mediante la percepción de una suma mensual similar a la que hubiera recibido de no haber mediado el evento dañoso" (Galdós Jorge M. " Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad (el art. 1746 CCCN)" en RCyS diciembre de 2016 columna de opinión AR/DOC/3677/2016)
Por supuesto que en la ecuación necesaria para obtener el valor presente de esa renta constante no perpetua, seguirá teniendo importancia la discrecionalidad del sentenciante en cuanto a la elección del guarismo correspondiente a cada una de las variables, cuyo margen podrá verse reducido en la medida que de las constancias de la causa surjan datos objetivos relacionados (en lo esencial) con la dimensión productiva o de contenido económico del damnificado y en la confiabilidad de los porcentajes de incapacidad que se asignan a las secuelas. En caso contrario, los mismos deberán ser reemplazados por la estimación que el juez haga según máximas de la experiencia, avaladas si es posible por referencias estadísticas. Ciertamente este problema se agudiza, como en el caso de autos, cuando por la franja etaria de la víctima no es posible saber que oficio o profesión tendrá ( o en que rubro o actividad se desempeñará ) para establecer al menos en su faz laboral las chances perdidas. No obstante, de lo que fundamentalmente se trata, como insistentemente viene pregonando Hugo A. Aciarri (¿Deben emplearse fórmulas para cuantificar incapacidades?" en RCyS mayo 2007 p. 9 a 24 y "La cuantificación de indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código. Su lógica jurídico-económica RCCyC 2015 (julio), 291 entre otras publicaciones), es que los pasos que llevaron a la conclusión puedan ser conocidos y analizados por las partes.
"Este procedimiento - sobre cuya aplicación a daños provocados bajo el régimen del Código anterior lejos está de haber impedimento u obstáculo legal -, a diferencia de su rival, obliga a exponer y permite controlar con un grado adecuado de detalle el razonamiento que condujo al resultado. En cuanto a los valores que se adopten para cada una de las variables (ingresos y su variación- tasa de descuento aplicable a ingresos futuros, período de vida productiva) la nueva norma no fuerza a escoger una u otra cantidad, sino que obliga a expresar de modo transparente ( y por exigencias generales de fundamentación, justificado) qué valor se entiende acreditado o aplicable al caso. La capacidad productiva se considera indemnizable en si: el procedimiento de cuantificación computa el valor presente de ingresos futuros hipotéticos como un parámetro de valuación, pero eso no significa que se requiera probar que efectivamente tales ingresos se perdieron o se perderán a consecuencia de la incapacidad, para dar calidad de indemnizable a la incapacidad sufrida" ("Código Civil y Comercial. Comentado, anotado y concordado" de Garrido Cordobera- Borda y Alferillo Astrea To. 2 p. 1074/5)
Sobre esta base, cabe señalar 1) que el actor tenía 36 años al momento del accidente, es decir con una proyección, según promedio, de vida laboral hasta los 65 años de 29 períodos anuales y 10 años más de vida económicamente útil en los que independientemente de que cuente con una jubilación (la mínima actual según ANSES a septiembre del corriente año es de $ 7246,44) al menos corresponde se compute el "precio sombra" por tareas que con significación patrimonial se ve disminuido de realizar; 2) que al momento del hecho trabajaba en relación de dependencia en la empresa "10 de Octubre S.R.L.", siendo el último ingreso acreditado a julio de 2012 de $4519 -ver fs. 271- 3) que dicho importe que resultaba equivalente a un 196% del salario mínimo vital y móvil vigente que a esa fecha ascendía a la suma de $2.300 (conf.
Res. 2/2.011 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil); por lo que actualizando dicho valor en forma proporcional al salario mínimo vital y móvil vigente de $ 9.500, el salario del accionante rondaría la suma de $18.620 (conf. Res. 2/2016 y 3-E/2017 del Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social. Consejo Nacional del empleo, la productividad y el salario mínimo, vital y móvil). Si recurriésemos en cambio al índice de Coeficiente de Variación de Salarios (C.V.S. del Decreto 1242/2002) desde aquel momento a octubre de este año -último índice publicado en el sitio www.indec.gob.ar- tendríamos un incremento del 137,41 % lo que significa que estaría percibiendo una remuneración del orden de los $ 10.728,55.
Por lo que teniendo en cuenta ambos parámetros, considero lógico establecer un ingreso mensual actualizado de $ 15.000, o sea uno anual de $ 195.000; 4) que pericialmente se ha determinado una incapacidad del 60,65 % de incapacidad de la T.O de carácter parcial y permanente( ver pericia de fs. 201/204), dictamen que no ha sido impugnado por ninguna de las partes, por lo que no encuentro mérito para apartarme (art. 474 del C.P.C.C.), y que no debe incrementarse el porcentaje de incapacidad por la pérdida de piezas dentarias que indica la pericia odontológica (ver fs. 178/181) toda vez que en el rubro "gastos médicos" se indemnizarán los costos de la colocación de implantes, que la misma pericia da cuenta como tratamiento definitivo, sin que a la luz de sus probables resultados pueda inferirse merma en sus ingresos; y 5) que el sistema de renta capitalizada exige establecer una tasa de interés de descuento, consecuente con el hecho de que la víctima incrementa el propio patrimonio en una medida equivalente a ese valor, por haber percibido el capital íntegro en forma anticipada.
Aunque como interés puro su porcentaje varía según país (riesgo y rentabilidad según su economía) y el distinto criterio de los autores y tribunales (con oscilación entre el 3% y el 8%) considero apropiado establecerlo en un 6% anual que era el predominante jurisprudencialmente en los años de baja inflación por el sistema de convertibilidad monetaria.
Así las cosas y tomando simplemente como referencia la fórmula: C= a. (1+i)n-1 i.(1+i)n (Computando períodos anuales)
1. Ingreso total para el período 195.000,00 (1+i)n= 2) % Incapacidad 60,65 (1+i)n-1= 3) (a) = Ingreso para el período x % incapac. 118.267,50 i.(1+i)n= 4) (i) Tasa de interés para el período (decimalizada) 0,06 5) Edad al momento del hecho 36,00 (1+i)n-1= 6) Edad hasta la cual se computan ingresos 75,00 i.(1+i)n 7) (n) Períodos restantes (6-7) 39,00 8) (C) Capital (indemniz. por el rubro) 1.767.989,69 a. (1+i)n-1= i.(1+i)n Ahora bien, valorando las probabilidades (en general negativas aun computando los aspectos patrimoniales no provenientes de ingresos laborales reseñados) en que la variable (a) puede razonablemente ajustarse (chance) en su proyección a futuro a lo largo de todo el período a computar (n), conforme las pautas de las que me ocupé (a las que agrego la incertidumbre de la repercusión laboral específica de la secuela fracturaria), estimo en este caso prudente reducir el capital resultante en un 15%, fijando la indemnización por este rubro en la suma de $ 1.500.000 (arts. 1068, 1069 CCiv. de Vélez; 165, 384 CPCC)
En relación al daño moral que viene fijado en un importe total de $ 120.000, sobre el que media recurso de ambas partes, considero que dicho importe no se compadece con los graves padecimientos provocados por las lesiones (según la pericia médica de fs.201/204 se le practicaron cuatro intervenciones quirúrgicas, dos en Junín y dos en Buenos Aires, el 14/6/11 fue internado y dado de alta el 2/7/11 teniendo que permanecer en reposo y con rehabilitación kinésica por tres meses; sumado a la pérdida de importantes piezas dentarias que dan cuenta la pericia odontológica de fs. 178/181), y afecciones de índole espiritual que las secuelas dejan en la esfera individual y social. Por ello, soy de la opinión que debe ser elevado a la suma de $ 210.000 (art. 1078 CCivil de Vélez).
Continuando con la indemnización fijada por "gastos médicos, farmacológicos, de alojamiento, gastos médicos futuros ciertos por tratamiento de rehabilitación y futuras intervenciones quirúrgicas para el reemplazo de piezas dentarias" adelanto que el importe de $60.000 pesos fijados por la a-quo se avizora escaso para cubrir esa totalidad de items. En primer lugar, con relación a los gastos médicos, farmacológicos y de alojamiento, el C.C. y C. ha venido a consagrar respecto a ellos en su art. 1746 que presumidos en tanto aparezcan como razonables en función de la índole de las lesiones, lo que era un criterio doctrinario y jurisprudencial uniforme sin que la atención en nosocomio público o cobertura por obra social o prepaga posibilite descartar el daño - aunque incida en su valoración- ya que como es sabido de tales prestaciones quedan excluidas varías erogaciones a cargo de los pacientes, por lo que estimo -teniendo nuevamente en cuenta las cuatro intervenciones quirúrgicas realizadas, dos de ellas en Buenos Aires- estimo prudente fijar su monto en la suma de $ 20.000.
En segundo lugar, en relación a los gastos de rehabilitación, la pericia médica, sin precisar su costo, ha indicado un tratamiento de rehabilitación durante tres meses a tres sesiones por semana (ver fs. 204 vta.), que a valores actuales, y aún cuando en parte puedan ser cubiertos por la A.R.T., fijar su indemnización en la suma de $ 5.000.
En tercer lugar, la pericia odontológica da cuenta de las intervenciones que deben realizarse para el reemplazo de las piezas dentarias, estimando su costo en marzo del año 2.012 en la suma de $ 41.900 (ver fs. 179). Debiendo agregarse que, de un tiempo a esta parte, ese importe ha quedado totalmente desajustado por efecto del proceso inflacionario que sufre la economía del país, extremo éste que resulta público y notorio, por lo tanto, de acuerdo a la cantidad de piezas dentarias fracturadas y al valor generalizado de un implante según consulta realizada en Internet, debe estimarse prudencialmente en un valor de $ 65.000. En conclusión, teniendo en cuenta estas pautas, la índole de las lesiones que y fueran descriptas, terapéutica, independientemente de la cobertura que de la mutual que como se sabe no es del 100% sobre medicamentos ni solventa aranceles diferenciales en estudios o atención médica, y en miras de contemplar un costo actualizado del tratamiento odontológico, estimo prudente elevar el importe a la suma de $ 90.000 (arts. 1069, 1078 C. de Vélez, 165 del C.P.C.C.)
V. Me ocuparé ahora de las indemnizaciones fijadas a favor de Luciano Hernán Rinaldi, iniciando por la de gastos de reparación del rodado. Recordemos que el perito mecánico dictaminó que por los importantes daños sufridos por el automóvil, resultaba más conveniente el reemplazó de la unidad (ver fs. 210 vta).
Sin embargo, nuevamente nos encontramos aquí con el problema de la desactualización de los valores periciales, que datan de julio de 2012 (ver fs. 210/211); para solucionarlo, como he efectuado en otras oportunidades, computaré el valor que tendría un vehículo de similares características y antigüedad, al momento de la sentencia.
Consultando el listado de valuaciones oficiales que publica el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, obtenemos que un vehículo Volkswagen Gol 3 ptas., con 18 años de antigüedad, está valuado en la suma de $ 62.000 (conf. el sitio de internet http://www.dnrpa.gov.ar en la solapa correspondiente a "valuaciones" ), por lo que propondré la elevación del rubro a dicho importe (art. 165 del C.P.C.C.).
También existen agravios encontrados respecto de la indemnización otorgada por "privación de uso", que fuera tarifada en la suma de $3.000. En este punto, entiendo que debe ponerse de resalto que si bien el perito fija el tiempo de reparación en 45 días (ver fs. 210 vta), sin embargo, como dije precedentemente, el reemplazo del vehículo resulta más económico que su reparación, por lo que el resarcimiento del daño ocasionado por la indisponibilidad de un vehículo, debe estimarse en base a un lapso de tiempo razonable para su reemplazo (Conf. Expte. Nº 38679 "Banffi Mario Daniel c/ Parada Cristian J. y otros s/ Daños Y Perjuicios" sent. del 6/5/2004 LS 45 nº 202).
Y en este supuesto, encuentro que el monto fijado en la instancia de grado resulta una razonable adecuación temporal a la situación contemplada y las erogaciones diarias promedio necesarias para un medio sustituto, por lo que propondré su confirmación (arts. 1068, 1069 y 1095 CCivil y 165 in fine CPCC).
Distinta es la suerte del rubro "desvalorización del valor venal" que adelanto propondré su revocación, toda vez que "cuando la indemnización ha sido fijada en el concepto del valor equivalente a la destrucción total del vehículo, cabe descartar el rubro desvalorización del rodado, pues aquella reparación abarca todos los aspectos comprensivos del daño." (Expte. Nº 38895 "Balarino Leopoldo Luis c/ Romera Juan Eduardo s/ Daños y Perjuicios" L.S. Nº 45. Nº de Orden 163 del 22-4-04, entre muchos otros).
VI. Pasando a la indemnizaciones fijadas a favor de Federico Nahuel Escudero (pretensión tramitada en el expte. 1102/2012), y tomando los lineamientos señalados en el considerando IV. en relación a la incapacitad sobreviniente, debo destacar los siguientes parámetros: 1) que el actor tenía 19 años al momento del accidente, es decir con una proyección, según promedio, de vida laboral hasta los 65 años de 46 períodos anuales y 10 años más de vida económicamente útil en los que independientemente de que cuente con una jubilación (la mínima actual según ANSES a septiembre del corriente año es de $ 7246,44) al menos corresponde se compute el "precio sombra" por tareas que con significación patrimonial se ve disminuido de realizar; 2) que al momento del hecho era estudiante de la carrera "Operador de informática de oficina" y de "Operador de PC Bajo Entorno Gráfico Nivel I y II", en el Centro de Formación Profesional N° 401, habiendo a la postre culminado esos estudios (ver informe de fs. 706); y que si bien obran declaraciones de dos testigos -ver fs. 756/757- en el sentido de que realizaría trabajos de mecánica de motos, dicha probanza no se ve respaldada por documentación (fiscal, contable, recibos, etc) que permita tenerla por cierta, toda vez que de aquellas no resultan especificaciones mínimas sobre su desempeño, vgr. lugar de trabajo, ingresos generados, horas afectadas al mismo, etc (art. 375 y 384 del C.P.C.C.); 3) que el salario mínimo vital y móvil en la actualidad es de $ 9.500 ( Resolución 3-E/2017 del Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social.
Consejo Nacional del empleo, la productividad y el salario mínimo, vital y móvil), siendo no obstante de señalar que estadísticamente "la mitad de los jefes de hogar gana en promedio por debajo del salario mínimo vital y móvil", especial y generalizadamente en los primeros años de vida laboral (ver http//www.infobae.com./economía/2017/05/16; Informes Técnicos vol 1 n° 114 Trabajo e Ingresos vol1 n° 5 Evolución de la distribución del ingreso (EPH) primer Trimestre de 2017 INDEC); a diferencia de lo expresado con Rinaldi, no hago referencia a la pauta del C.V.S. por no tratarse de un empleado en relación de dependencia 4) que pericialmente no se ha determinado el porcentaje de incapacidad que generaría la corroborada pérdida de agudeza visual en el ojo izquierdo, que corregido con anteojos aéreos, da como resultado 4 décimas ( ver pericia de fs. 502/503 y fs. 518), aunque el "Baremo general para el Fuero Civil" de Altube-Rinaldi determina para ese supuesto una incapacidad parcial permanente del 13% (ed.
García Alonso, año 2.007, pág.146; ) y 5) computar una tasa de interés de descuento de un 6% anual.
Así las cosas y tomando simplemente como referencia la fórmula: C= a. (1+i)n-1 i.(1+i)n (Computando períodos anuales)
1. Ingreso total para el período 114.000,00 (1+i)n= 2) % Incapacidad 13,00 (1+i)n-1= 3) (a) = Ingreso para el período x % incapac. 14.820,00 i.(1+i)n= 4) (i) Tasa de interés para el período (decimalizada) 0,06 5) Edad al momento del hecho 19,00 (1+i)n-1= 6) Edad hasta la cual se computan ingresos 75,00 i.(1+i)n 7) (n) Períodos restantes (6-7) 56,00 8) (C) Capital (indemniz. por el rubro) 237.547,03 a.(1+i)n-1= i.(1+i)n A diferencia de lo expresado en relación a Rinaldi, estimo que la implicancia de los estudios de capacitación en informática que cursó Escudero y su corta edad hacen presumir una probable mejora en sus ingresos, que viene a compensar las probabilidades negativas de su disminución, por lo que propondré elevar el monto de la indemnización otorgada en concepto de incapacidad sobreviniente a la suma de $ 237.600 (arts. 1068, 1069 CCiv. de Vélez; 165, 384 CPCC).
En cambio, debe dejarse sin efecto la tarifación independiente del "valor chance".
Recordemos que para la procedencia del rubro el accionante alegó el hecho de haberse frustrado, como consecuencia de la disminución de su visión, el ingreso al Ejército Argentino (ver fs. 238/239), circunstancia que no ha podido acreditarse (ver informe de fs. 636).
Descartada esta situación, la perdida de chance genérica derivada de las lesiones padecidas, y los detrimientos patrimoniales que en consecuencia puedan producirse en un futuro han sido valorados al fijarse la indemnización por incapacidad sobreviniente.
Respecto al daño moral, indemnización que fuera fijada en la suma de $100.000, y que llega recurrida por el actor y por los demandados, debo poner de resalto que como consecuencia del hecho Escudero sufrió lesiones en su ojo izquierdo, debió ser internado y sometido a una intervención quirúrgica para retirarle fragmentos de vidrio (ver dictamen de la perito Claro a fs. 502/503), por lo que postularé la confirmación del monto (art. 1078 CCivil de Vélez).
También debe ser confirmado el rechazo del rubro "daño psicológico". Si bien en el plano de las ideas no se puede dudar de la autonomía conceptual que poseen las lesiones a la psiquis -el llamado daño psíquico o psicológico- (al igual que el denominado daño estético), cabe desechar en principio -y por inconveniente- que a los fines indemnizatorios estos daños constituyen un "tertium genus", que deban resarcirse en forma autónoma, particularizada e independiente del daño patrimonial y del daño moral. Porque tal práctica puede llevar a una injusta e inadmisible doble indemnización (SCBA C 108063 S 09/05/2012; C 100299 S 11/03/2009; Ac 90471 S 24/05/2006 entre otros; mi voto en Expte. 40.546 "Porfiri c/ Aguirre de Iriondo s/ Daños y Perjuicios" L.S.46 Nº355). Por ello, los detrimentos a intereses espirituales han sido computados al fijar la indemnización por daño moral.
Debe receptarse, en cambio, el agravio que la parte demandada dirige contra la indemnización del lucro cesante (arts. 375 C.P.C. y 1086 C. Civil de Vélez).
En este punto, debo remarcar que el accionante en la demanda afirmó que, además de ser estudiante, trabajaba como mecánico de motos (ver fs. 74 y 80), más como adelanté, las declaraciones de los testigos Pérez y Torales (fs. 756/757), por su imprecisión y falta de otra prueba corroborante respecto a su desempeño, no resultan suficiente para considerarla acreditada.
Así, explica Matilde Zavala de González que debe acreditarse: "...no sólo la "aptitud" productiva, sino su efectivo despliegue con anterioridad al hecho (la "actividad" rentable) y que la suspensión a raíz de las lesiones ha sido el germen eficiente de la pérdida de ingresos" ("Resarcimiento de daños" vol. 2a. "Daños a las personas" Ed. Hammurabi, año 1.991, pág. 267) En el mismo sentido, se ha dicho que: "El lucro cesante es la ganancia o utilidad de que se vio privado el acreedor a raíz del hecho ilícito o el incumplimiento de la obligación. En casos como el que aquí nos ocupa, encuentra su fundamento en las ganancias concretas y efectivas que el damnificado se vio impedido de obtener durante el lapso que duró su convalecencia o su imposibilidad de trabajar. Su reclamo debe formularse sobre una base real y cierta y no sobre una pérdida probable o hipotética. De tal modo este perjuicio no se presume, corriendo a cargo de quien lo solicita aportar pruebas suficientes de su existencia y magnitud." (sumario Juba B B5025417, CC0102 MP 161973 297-S S 29/11/2016).
Reitero, en este caso la actora no dio cumplimiento a la carga probatoria que sobre ella pesaba, por lo que debe dejarse sin efecto su recepción (art.375 C.P.C.C.).
Además, he de agregar que en este caso, la indemnización por incapacidad sobreviniente que se computó desde el momento del hecho cubriría la eventual merma parcial de ingresos no acreditados.
Los "gastos y gastos futuros", que también vienen cuestionados por ambas partes, han sido fijados en la suma $ 25.000.
En relación a los gastos farmacéuticos y de alojamiento, corresponde reiterar aquí que la cobertura de la mutual o la atención en un Hospital público no cubre la totalidad de esos gastos.
En cuanto a los futuros, la pericia oftalmológica ha dado cuenta de la necesidad de su erogación, explicando que debe someterse a una cirugía refractiva, colocación de lentes de contacto o usar anteojos aéreos. En consecuencia, no habiéndose acreditado su costo, considero que han sido correctamente estimados en uso de las facultades que confiere el art. 165 del C.P.C.C., por lo que deben ser confirmados.
VII. Resta abordar el agravio que el actor Escudero dirige contra la imposición de las costas por el rechazo de las pretensiones que promoviera Escudero contra Martín y Luciano Rinaldi y Liliana D. Savigliano. Conocidas son las distintas posturas jurisprudenciales para el caso de rechazo de demanda contra uno de los litisconsortes, que van desde la aplicación inflexible del principio objetivo de la "socombenza" haciéndolas recaer en el actor, a la imposición en lo que hace también a la pretensión rechazada por el responsable que debe indemnizar con fundamento en la teoría del resarcimiento o en la distribución por el orden causado ante el hecho de imposibilidad de individualizarlo a priori que opera como un supuesto de excepción admitido por la segunda parte del art. 68 de nuestro código ritual (para una reseña de las mismas remito a Loutayf Ranea " Condena en costas en el proceso civil" n° 190 p. 410 y ss)
Este tribunal tradicionalmente ha adscripto a la segunda de las tesis (ver entre otros mi voto en Expte. Nº 41114 LS 47 n° 286 sent. del 29/8/2006), al considerar que el no reconocimiento espontáneo de la responsabilidad que le correspondía al que resultó condenado y consiguiente asunción de su obligación resarcitaria ha justificado el reclamo judicial como fuera intentado y debe hacerse cargo de las consecuencias - también las accesorias- derivadas de su proceder y porque sustancialmente en particular en el caso de accidentes de tránsito con acciones enmarcadas en un régimen objetivo de responsabilidad, ha resultado vencido en el conflicto suscitado con aquel o aquellos litisconsortes que fueron liberados, en cuanto a la causación del suceso o fracturación total del nexo por el obrar de un tercero ajeno.
Sin embargo, no se puede desconocer la doctrina legal de nuestro superior, que emerge de la causa causa C. 92.544, "Polizza, Leonilda Rosa c/ Empresa de Transporte Línea 7. Daños y perjuicios" sent. del 6 de mayo de 2009, en la cual el Dr. Hitters se ocupó de esta problemática adoptando la postura final, esto es la de las costas por su orden.
La importancia de sus argumentos hace conveniente la transcripción parcial de su voto: ".... tratándose de un litisconsorcio facultativo, en el que el sentido de la decisión puede ser diversa para cada uno de sus integrantes (como sucede en el sub lite), cuando la sentencia es favorable a alguno de ellos y contraria a otro u otros, la condena al pago de los gastos causídicos deben ser analizada de modo independiente de acuerdo con el resultado del litigio para cada sujeto (art. 68, C.P.C.C.; Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, t. III, p. 389).
3. Por aplicación de tales premisas, en los supuestos de pluralidad subjetiva pasiva (caso de autos), el acogimiento de la acción respecto de uno de sus componentes no obsta a la adjudicación de las costas al actor por la desestimación de la demanda respecto de los restantes accionados. Es que en definitiva, generándose en estos casos una acumulación subjetiva de pretensiones por razones de conexidad, la suerte de cada una puede diferir, no sólo en cuanto al fondo del asunto, sino también en lo que respecta a la aludida condenación "accesoria".
4. Cierto es que en determinadas circunstancias se ha permitido la eximición de las costas al accionante que no pudo precisar con anticipación la suerte de su reclamo por la particular mecánica de los acontecimientos. Así, se ha señalado que si el legitimado activo al demandar lo hizo contra las cabezas visibles de un acto ilícito, ya que no estaba en condiciones de individualizar a priori al responsable de aquél o de establecer la medida de tal responsabilidad, las circunstancias de que la acción haya prosperado contra uno solo de los codemandados, no coloca al primero en situación de vencido y por ende no corresponde imponerle la erogación de los gastos del pleito (conf. Ac. 34.408, sent. del 11 XII1986; Ac. 49.270, sent. del 4V1993; Ac. 52.049, sent. del 17X1995; Ac. 52.609, sent. del 12IX1995; Ac. 58.853, sent. del 20 V1997; en similar sentido, v C.S.J.N., causa C.50.XXXV, "Cherra, Patricia c/ Jouan, Luis Alberto y otros", sent. del 4V2000, Fallos 323:1006). Pero dicha doctrina, si bien como dije permite excluir al demandante de los gastos del proceso, no impone colocar las mismas en cabeza del litisconsorte perdidoso, ya que en verdad éste no resulta vencido en la pretensión que contra el codemandado victorioso inició el primero.
5. De lo expresado puede concluirse que:
a) en supuestos de litisconsorcio pasivo facultativo, no corresponde por regla imponer al litigante condenado (sobre el fondo), las costas procesales por el rechazo de la acción contra los restantes codemandados, ya que se trata de pretensiones respecto de las que el primero no resulta vencido en los términos del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial.
b) sin embargo, ello no implica que la adjudicación automática de los gastos causídicos corresponda en tales hipótesis al actor, ya que de acuerdo con la doctrina de esta Corte reseñada supra (ap. "4"), corresponde eximir de tal suerte a quien insta al proceso cuando no estaba en condiciones de individualizar a priori al responsable del evento o de establecer la medida de tal responsabilidad.
c) por lo que la única posibilidad de resolver el tópico de marras en hipótesis como las aludidas, es aplicar respecto del accionante y con relación las costas por las pretensiones rechazadas contra los codemandados victoriosos, la eximición prevista en el art. 68, 2° parte, del ordenamiento adjetivo, sin más.
6. No se me escapa que esta interpretación conlleva a que el copartícipe del polo pasivo del proceso que triunfó frente al actor deba cargar con los gastos de su defensa, pero esta situación es la que se presenta en todos los casos en que se exceptúa al vencido de dichas obligaciones "accesorias".
7. En suma, la impugnación encuentra asidero respecto de la improcedencia de imponer las costas del proceso a quien no resulta vencido en las pretensiones articuladas contra los litisconsortes pasivos victoriosos (art. 68, C.P.C.C.), por lo que dicha parcela del decisorio debe ser revisada. Sin embargo, ello no conlleva en el caso a colocar dichas erogaciones a cargo del accionante perdidoso, que de acuerdo al criterio aludido supra (ap. "5.b") debe ser eximido de las mismas (art. 68, 2° parte, ord. cit.)." Es por ello que con el alcance indicado debe prosperar la impugnación, distribuyendo las costas de la instancia anterior en lo referido a las acciones dirigidas contra los responsables del Volkswagen Gol por su orden (art. 68 segunda parte C.P.C.C.).
VIII. Por último respecto a la tasa de interés fijada, lo resuelto se adecua al criterio sentado por este tribunal desde el caso Remy c/ Viora LS 55 n° 213, y que fuera admitido por nuestro Superior a partir del fallo Rl 118615 I 11/03/2015 "Zocaro, Tomas Alberto contra Provincia A.R.T. S.A. y otro/a. Daños y perjuicios"; cfme reseña en JUBA B3550772, e incluso convalidado con mayores alcances en las causas B 62488 "Ubertalli Carbonino Silvia c/ Municipalidad de Esteban Echeverría. Demanda Contencioso administrativa" el 18/5/2016 y C 119.176 "Cabrera " y L 118.587 "Trofe" (ambas del 15/6/2016) en las cuales se resolvió que los intereses deben calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (conf. arts. 622 y 623 CC de Vélez Sarsfield 7 y 768 inc. c CCCN , 7 y 10 ley 23928). Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de una deuda de valor (art. 772 CCCN) que se tradujo a montos indemnizatorios al momento de este pronunciamiento conforme a parámetros actuales, y existiendo agravio al respecto, de imponerse esa tasa de interés desde que se produjeron los daños y el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital que aquí se establece, configurando un enriquecimiento indebido en favor del acreedor ya que ello importaría computar dos veces en ese lapso la depreciación de la moneda operada (una en oportunidad de cristalizarlos dinerariamente y otra a través de la aplicación de aquella tasa que ya registra un componente en su misma formulación), he de propiciar - en la misma línea de otros tribunales (CNCiv. Sala A 24/8/2015 AR/JUR/28309/2015, CNCiv. Sala I 28/3/2016 AR/JUR/8120/2016;
CApel Civil, Comercial y Minería de General Roca 6/12/2016 AR/JUR/98193/2016; Cam.Apel. Contencisoadministrativo y Tributario CABA Sala I 2/9/2015 AR/JUR/36492/2015; Cam. 2a Apel. en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario San Rafael 26/8/2015 AR/JUR/29565/2015; Cam. Apelaciones de Esquel 30/11/2015 AR/JUR 72528/2015 entre otros) y modificando el criterio que éste venía sosteniendo- que aquella rija a partir del decisorio recurrido hasta el efectivo pago y desde el hecho dañoso hasta la fecha de su dictado a la tasa pura del 6% anual (que fue también la utilizada para determinar la rentabilidad a futuro conforme fórmulas matemáticas) cfme. doctr. arts. 771, 1746 y 1748 CCCN.
Mantengo de esta forma el criterio que adoptara este tribunal con mi primer voto en Expte n° 422-2014 "Buffoni Enzo Fernando c/ Peralta Leonardo s/ Daños y Perj." sent. del 21/09/17 LS 58 n° 210, no obstante el cambio de postura de mis colegas que resulta del fallo del 6/2/2018 dictado en Expte. JU-312-2014 "Gutierrez Gregorio Jose C/ Lanciotti Carlos y ot. s/Daños y Perj.".
Es ésta la primera oportunidad que tengo para pronunciarse sobre los alcances del fallo dictado por la SCBA el 15 de junio de 2016 en la causa C 119.176 " Cabrera Pablo David c/ Ferrari Adrian Ruben s/ Daños y Perj", entendiendo, por las razones que expondré, que al formular esta propuesta al acuerdo no me siento compelido por el principio "stare deciosis, et no quieta movere" dimanante de la obligatoriedad de la doctrina legal que indirectamente consagra el art. 279 del CPCC para los tribunales inferiores (ver Carlos Camps " Jurisprudencia obligatoria y doctrina legal en la Corte bonaerense" JA 2004-II-1164)
a) En primer lugar, de la reseña de los antecedentes del caso no sabemos con certeza si la fijación de la condena en la instancia anterior se hizo a valores actualizados al momento de la sentencia (dictada la providencia de autos por nuestro Superior entró en vigencia en CCyCN cuyos arts. 772 -en relación a la deuda de valor- y 1746 - fórmulas matemáticas- tienen directa vinculación con la cuantificación de los daños) b) Aun dando por sentado que ese fue el proceder de la Cámara de Bahía Blanca, en los votos de los Sres. Ministros se hace alusión a lo dispuesto por el art. 768 inc. c del CCyCN. en cuanto a "las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central". Voy a dejar de lado que el ámbito de aplicación de dicho precepto es el de las obligaciones dinerarias, que como tal rigen para las de valor recién cuando son cuantificadas ( parte final del art. 772). Me referiré exclusivamente a la incidencia que tuvo el dictado de la ley 27271 (del 15/9/2016) en las tasas de interés para los operaciones pasivas vinculadas a capital actualizado por CER o UVIs ( art. 2 de la mencionada normativa y comunicación A 6069 del BCRA del 16/9/2016). Conforme a este nuevo mecanismo ( ver "El BCRA reglamenta la ampliación de instrumentos para crédito y ahorro de largo plazo" en http//www-bcra.gob.ar/Noticias/BCRA) los distintos bancos han implementado una tasa de interés puro que se adiciona al capital actualizado ( ver La Nación del 15/1/2018 " Plazo fijo en UVAs: que tasa de interés ofrece cada banco"). En otras palabras la realidad económicabancaria demuestra que por capital actualizado se abona una tasa de interés puro despojado del componente inflacionario que tienen las diferentes tasas pasivas sobre capital nominal.
c) Si como ha sentado la CSJN ( "Bedino Mónica Noemí c/ Telecom Argentina SA" La LeyOnline AR/JUR/2365/2017) "el interés moratorio encuentra justificación en la mora del deudor que retiene en forma indebida una suma de dinero que corresponde al acreedor; no tiene como función compensar la depreciación económica, la inflación ni la devaluación de la moneda" se desnaturalizaría claramente su función si es calculado a una tasa que comprende ese deterioro cuando el mismo es inexistente, en razón de haberse establecido un capital que ya enjuga ese daño. Esto fue lo que precisamente tuvo en cuenta el plenario de la Cámara Nacional en lo Civil del 20/4/2009 recaido en los autos " Samudio de Martinez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta Sa s/ Daños y Perjuicios" al establecer en su punto 4 "la tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido".
d) Esto último se visualiza notoriamente además si consideramos en cuanto a la indemnización por incapacidad física (art. 1746 CCyCN) que se computa en su proyección a futuro, las rentas que obtendría el capital un interés puro. En otras palabras por el lapso computable de daño indemnizable, se detrae la ganancia que lograría únicamente con una inversión a interés puro, mientras que por el transcurrido desde su producción hasta la sentencia se le adicionaría al capital accesorios a una tasa muy superior.
Recordaba en la causa "Gutierrez..." lo expresado en innumerables fallos de la SCBA sobre la materia por los Dres. Hitters y de Lázzari en el sentido de que "para su delimitación los tribunales de grado cuentan con un margen razonable de apreciación, siempre -por supuesto- que no se configure un caso excepcional de absurdo" o que "Es conocido que los intereses moratorios que habrá de producir un capital, si no hubieren sido pactados por las partes ni estuvieran legalmente establecidos, deben ser determinados por los jueces (art. 622 del Código Civil). El cumplimiento de este deber permite (a la vez que exige) el ejercicio de una prudente y razonada discrecionalidad judicial al momento de fijar la tasa (razón) que ha de utilizarse. En otras palabras: la ley otorga a los magistrados la facultad de fijar los intereses (o la tasa según la cual se han de calcular); tal facultad, empero, no es omnímoda, ni excluye la consideración de una serie de advertencias y limitaciones a la hora de concretarse tal determinación." Por su innegable interrelación económica con la forma de calcular el capital indemnizatorio, hasta la adopción de la nueva herramienta para fundamentar razonablemente el íter seguido para su determinación, el tiempo transcurrido desde el hecho y el componente de actualización por depreciación monetaria que la tasa pasiva tiene por encima del interés moratorio puro implícitamente se computaba, con el margen de discrecionalidad adecuada, para establecer una prudente y actual cuantificación del capital. Con el nuevo sistema, la exposición y compaginación de lo principal y lo accesorio exige - de una forma más beneficiosa para su contralor- la readecuación de varios de esos aspectos. Uno de ellos es precisamente éste, debiendo efectuarse en instancia recursiva dentro de los límites de competencia de la Alzada.
e) Que si bien la indemnización en materia de expropiación inversa se encuentra sometida a reglas específicas ( ley nacional 21499 y provincial 5708), en el fallo - y su aclaratoria -de la SCBA causa C 102963 "Sabalette..." de septiembre de 2016, planteado el problema de los intereses (prescindiendo de la postura del Dr. de Lázzari que propuso una tasa de interés puro desde la desposesión hasta el momento en que actualizó el valor del bien en momento temporal más cercano al fallo definitivo " pues de aplicarse la tasa pasiva que contiene este efecto estabilizador por la pérdida del signo monetario, se estaría computando en parte dos veces el mismo factor") se resolvió que la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia se calcularía sobre el capital determinado al momento de la desposesión (que no es el actualizado indemnizable). Es decir que en un asunto que según la propia Corte no excepciona a la fijación judicial del interés moratorio (causa C 100.816) se evitó recurrir a la tasa pasiva digital sobre un capital actualizado, al establecer para su cálculo el histórico. En base a lo expuesto, y tal como la SCBA ha señalado en relación a la fuerza vinculante de la jurisprudencia de la CSJN, cabe apartarse de los precedentes cuando aparecen nuevos argumentos no tenidos en cuenta en ese momento, es que interpreto ( arts. 1 a 3 del CCyCN; 161 inc. 3 Const. Pcial.) corresponde mantener la distinción apuntada en cuanto a la forma de cálculo de los intereses.
IX. En conclusión, propondré al acuerdo confirmar la sentencia en lo que hace a la atribución de responsabilidad, y modificarla en los siguientes aspectos:
A. Elevar el monto de las siguientes indemnizaciones: a favor de Martín Rinaldi la suma de $ 1.500.000 en concepto de incapacidad sobreviniente, la suma de $ 210.000 en concepto de daño moral y de $ 90.000 en concepto de gastos/gastos futuros; a favor de Luciano Rinaldi la suma de $ 62.000 en concepto de gastos de reparación; a favor de Federico Nahuel Escudero la suma de $ 237.600 en concepto de incapacidad sobreviniente.
B. Dejar sin efecto la indemnización por "desvalorización de valor venal" otorgada a favor de Luciano Rinaldi, y de "lucro cesante" a favor de Federico Escudero.
Las costas correspondientes al rubro "desvalorización del valor venal" deben ser impuestas el orden causado, en atención a las particulares circunstancias que motivaron su rechazo; mientas que las correspondientes al "lucro cesante" se imponen al accionante perdidoso -doctrina legal de nuestro Superior Tribunal a partir de la causa "Carquen S.A.", Ac. 78451, 29/10/2003-.
C. Las costas de primera instancia correspondientes al rechazo de las pretensiones deducidas contra los responsables del automotor Volkswagen Gol deben ser impuestas en el orden causado (art. 68 y ss. del C.P.C.C.). D. Confirmar la tasa de interés fijada pero estableciendo que la misma rige desde la fecha de la sentencia apelada y hasta el efectivo pago; en tanto que desde el hecho hasta ese momento se aplicarán intereses a la tasa pura del 6% anual.
E. Las costas de alzada deben distribuirse del mismo modo que las de primera instancia.
ASÍ LO VOTO.-
TAMBIEN A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Dr. Volta dijo:
I. Que si bien coincido plenamente con mi colega preopinante en lo atinente al encuadre normativo efectuado, la forma en que se atribuye la responsabilidad, extensión de los daños constatados, y la manera en que habrán de soportarse las costas; habré de disentir con el mismo en lo atinente a la tasa de interés al 6% anual establecida en el apartado VIII, desde la fecha del hecho y hasta el dictado de la sentencia apelada, por cuanto considero que debe confirmarse la tasa pasiva fijada en la sentencia en revisión, desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago.- Ello así, en primer término, por resultar el criterio propuesto en el primer voto, contrario al sentado por el Superior Provincial in re "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén s/ Daños y perjuicios" (C. 119.178, del 15-6-2016), en el que ante la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, por mayoría se resolviera mantener la doctrina legal sentada durante la vigencia del Cód. Civ., ordenando aplicar la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, desde la fecha del hecho dañoso hasta la del efectivo pago.- Dicha solución ha sido recientemente adoptada por la mayoría de éste Tribual in re "Gutierrez, Gregorio José c/ Lanzotti, Carlos y otro s/ daños y perjuicios" (L.S. n° 59, Nro de orden 6, del 6/02/18), en el que siguiendo el criterio adoptado por el cimero provincial, abandonamos el criterio transitoriamente adoptado en el precendente "Buffoni", tomando en consideración que: "...el máximo tribunal jurisdiccional provincial abordó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual, el accionante, entre otros puntos, cuestionó los intereses moratorios fijados para adicionar al monto indemnizatorio correspondiente a la incapacidad física sobreviniente.
La decisión impugnada fijó una tasa de interés del 4% anual desde la fecha en que ocurrió el accidente hasta el dictado de la sentencia, y desde este momento hasta el del efectivo pago, a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
La mayoría, conformada por los Dres. Kogan, Soria, Negri y Genoud, decidió revocar la tasa de interés fijada, disponiendo su reemplazo por la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, desde la fecha del hecho dañoso hasta la del efectivo pago.
La Dra. Kogan, en su voto, al que adhirieron los Dres. Soria, Negri y Genoud, expuso que "…En cuanto a la tasa de interés moratorio judicial, esta Suprema Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia, fijando una doctrina legal (arg. arts. 161, inc. 3, ap. "a", Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 279 C.P.C.C.), toda vez que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del Tribunal (v, entre una mirada de precedentes, la causa C. 101.774. "Ponce", sent. del 21-X-2009). En ese marco, bajo el régimen normativo del derogado Código Civil, estableció que, en ausencia de convención y de ley especial, los intereses moratorios debían ser liquidados exclusivamente sobre el capital, con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debía ser diario con igual tasa (arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561, y 622, abrogado C.C.; conf. Causas C. 104.327, sent. 25-VIII-2010; C. 101.286, sent. del 2-III-2011; C 99.196, sent. del 4-V-2011; C. 107.517, sent. del 2-XI-2011; entre otras). Por otra parte, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, dispone en su art. 768, inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. En ese contexto, entiendo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768, inc. "c", Cód. cit.), impone precisar el criterio que este Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal, en pos de la referida finalidad uniformadora de la jurisprudencia. Por tal razón, considero que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debía ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago…" (el entrecomillado encierra copia textual y el resaltado me pertenece).
Vale acotar al respecto, que el acatamiento de los tribunales de grado a la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia provincial responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que es mantener la unidad de la jurisprudencia, propósito que se frustraría si aquellos, apartándose del criterio sentado por ésta, insistieran en adoptar decisiones que irremediablemente habrían de ser casadas (art. 161 inc. 3º ap. a Const. Pcial.; conf. Cámara 2ª Sala 1ª de La Plata, sent. del 13-5-1997, Sumario Juba B151967; S.C.B.A., Ac. 92695, sent. del 8-3-2007)..." (voto del Dr. Castro Durán).-
En segundo término, debo destacar la ausencia de recurso alguno que amerite la modificación de la tasa de interés dispuesta en la sentencia en revisión, no sólo respecto del accionante Escudero, sino también respecto de los co accionantes Rinaldi (doctr. arts. 163 inc. 6, 266 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
Respecto de éstos último es dable aclarar que si bien los mismos dedican el apartado V de su expresión de agravios (ob. a fs. 345 y vta.) a la tasa de interés; lo cierto es que en el mismo los accionantes solicitan la cuantificación de los rubros resarcitorios en base a valores actuales, tal como lo resolviera ésta Cámara en el precedente "Buffoni", dejando sentada a todo evento, su conformidad con la aplicación de la tasa del 6% anual desde el acaecimiento del hecho dañoso y hasta el dictado de la sentencia establecida en dicho precedente.-
Que dicho argumento de modo alguno conlleva un agravio concreto sobre la tasa de interés fijada en primer instancia (tasa pasiva "BIP" del Banco de la Provincia de Buenos Aires), la cual resulta evidentemente superior a la del 6% anual, y que por tanto carece de entidad para ocasionar un perjuicio o interés en los accionantes que pueda ser subsanado por la vía recursiva; más aún, tomando en consideración que la doctrina legal del superior ya referenciada, en ningún momento efectúa distingo alguno respecto a si la indemnización se fijó en base a valores históricos o actuales (doctr. art. 242 del C.P.C.C.).-
No debe perderse de vista que: "...Constituye un presupuesto subjetivo de admisibilidad del recurso de apelación, que el legitimado que lo interponga sufra un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario les faltaría un requisito genérico a los actos procesales de la parte, cual es el interés...". (Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación comentados y anotados. T III, pág. 120), Morello, Sosa, Berizonce).-
Es por lo hasta aquí expuesto que habré de propiciar la confirmación de la tasa de interés fijada en la sentencia en revisión (doctr. arts. 163 inc. 6, 266 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
TAL ES MI VOTO.-
TAMBIEN A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Castro Durán dijo:
Que se adhiere y hace suyos todos los fundamentos y conceptos doctrinarios y legales dados por el Sr. Juez preopinante en segundo término, Dr. Volta, votando en consecuencia en el mismo sentido.
ASÍ LO VOTO.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
A. Elevar el monto de las siguientes indemnizaciones: a favor de Martín Rinaldi la suma de $ 1.500.000 en concepto de incapacidad sobreviniente, la suma de $ 210.000 en concepto de daño moral y de $ 90.000 en concepto de gastos/gastos futuros; a favor de Luciano Rinaldi la suma de $ 62.000 en concepto de gastos de reparación; a favor de Federico Nahuel Escudero la suma de $ 237.600 en concepto de incapacidad sobreviniente.
B. Dejar sin efecto la indemnización por "desvalorización de valor venal" otorgada a favor de Luciano Rinaldi, y de "lucro cesante" a favor de Federico Escudero.
Las costas correspondientes al rubro "desvalorización del valor venal" deben ser impuestas el orden causado, en atención a las particulares circunstancias que motivaron su rechazo; mientas que las correspondientes al "lucro cesante" se imponen al accionante perdidoso -doctrina legal de nuestro Superior Tribunal a partir de la causa "Carquen S.A.", Ac. 78451, 29/10/2003-.
C. Las costas de primera instancia correspondientes al rechazo de las pretensiones deducidas contra los responsables del automotor Volkswagen Gol deben ser impuestas en el orden causado (art. 68 y ss. del C.P.C.C.). D. (Por Mayoría: Dres. Volta y Castro Durán) Confirmar la tasa de interés fijada en la sentencia en revisión (doctr. arts. 163 inc. 6, 266 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
E. Las costas de alzada deben distribuirse del mismo modo que las de primera instancia.
ASÍ LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, GASTON MARIO VOLTA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, (DRA. MARIA V. ZUZA), Secretaria.-
//NIN, (Bs. As.), 27 de Febrero de 2018.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve: A. Elevar el monto de las siguientes indemnizaciones: a favor de Martín Rinaldi la suma de $ 1.500.000 en concepto de incapacidad sobreviniente, la suma de $ 210.000 en concepto de daño moral y de $ 90.000 en concepto de gastos/gastos futuros; a favor de Luciano Rinaldi la suma de $ 62.000 en concepto de gastos de reparación; a favor de Federico Nahuel Escudero la suma de $ 237.600 en concepto de incapacidad sobreviniente.
B. Dejar sin efecto la indemnización por "desvalorización de valor venal" otorgada a favor de Luciano Rinaldi, y de "lucro cesante" a favor de Federico Escudero.
Las costas correspondientes al rubro "desvalorización del valor venal" deben ser impuestas el orden causado, en atención a las particulares circunstancias que motivaron su rechazo; mientas que las correspondientes al "lucro cesante" se imponen al accionante perdidoso -doctrina legal de nuestro Superior Tribunal a partir de la causa "Carquen S.A.", Ac. 78451, 29/10/2003-.
C. Las costas de primera instancia correspondientes al rechazo de las pretensiones deducidas contra los responsables del automotor Volkswagen Gol deben ser impuestas en el orden causado (art. 68 y ss. del C.P.C.C.). D. (Por Mayoría: Dres. Volta y Castro Durán) Confirmar la tasa de interés fijada en la sentencia en revisión (doctr. arts. 163 inc. 6, 266 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
E. Las costas de alzada deben distribuirse del mismo modo que las de primera instancia.
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, GASTON MARIO VOLTA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, (DRA. MARIA V. ZUZA), Secretaria.
Fin de la sentencia