Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 de Bahía Blanca · Causa E-114766
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEsta causa caratulada "RINNE, CELIA ROSANNA C/ SUCESORAS DE SCALESI, JORGE SALVADOR (SCALESI, ALDANA KATERINE, SCALESI, SILVANA MARIA, SCALESI, CECILIA EVANGELINA Y SCALESI, YESICA MADELEN) S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO" Expediente Nº: E-114766 -COMPENSACION ECONOMICA-: 1°) Rechazar la pretensión de compensación económica deducida por Celia Rosanna Rinne, por los fundamentos expuestos en el considerando tercero. 2°) Declarar abstracta la pretensión de atribución del uso de la vivienda familiar, por las razones expuestas en el considerando cuarto. 3°) Imponer las costas conforme lo dispuesto en el considerando quinto (art. 68 C.P.C.). 4°) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad en que quede firme o ejecutoriada la presente y exista base cierta para ello (arg. art. 23 de la ley 14.967).
Expediente N°: E-114766
RINNE, CELIA ROSANNA C/ SUCESORAS DE SCALESI, JORGE SALVADOR (SCALESI, ALDANA KATERINE, SCALESI, SILVANA MARIA, SCALESI, CECILIA EVANGELINA Y SCALESI, YESICA MADELEN) S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO
Objeto: Sentencia definitiva.-
Bahía Blanca,
Para dictar sentencia, en estos autos caratulados: " RINNE, CELIA ROSANNA C/ SUCESORAS DE SCALESI, JORGE SALVADOR (SCALESI, ALDANA KATERINE, SCALESI, SILVANA MARIA, SCALESI, CECILIA EVANGELINA Y SCALESI, YESICA MADELEN) S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO " , de los que RESULTA :
PRIMERO: Con fecha 6 de diciembre de 2021 se presenta Celia Rosanna Rinne, por derecho propio, con el patrocinio letrado de la Dra. Ana Laura Peretto, promoviendo demanda de compensación económica por fallecimiento de su conviviente contra Aldana Katerine Scalesi, Yesica Madelen Scalesi, Cecilia Evangelina Scalesi y Silvana María Scalesi, en su carácter de herederas de Jorge Salvador Scalesi. Solicita la atribución provisoria del uso de la vivienda que fuera sede del hogar convivencial, ubicada en calle Santa Fe Nº 329 de Carmen de Patagones. Expone que con fecha 8 de julio de 2021 se inició ante el Juzgado de Paz Letrado de Patagones la sucesión ab intestato de Jorge Salvador Scalesi, como consecuencia de su fallecimiento ocurrido el 3 de junio de ese año.
Señala que se presentó en dicho proceso junto con las cuatro herederas del causante y que posteriormente, durante el mes de septiembre de 2021, las demandadas desconocieron los intentos de acuerdo y conciliación que habían mantenido, dividieron su patrocinio letrado y promovieron la designación de nuevas administradoras del acervo hereditario, dejándola en una situación que califica de extrema vulnerabilidad y desequilibrio. Relata que desde el 2 de enero de 2015 hasta el 3 de junio de 2021 convivió con Scalesi de manera pública y pacífica, prodigándose amor y cuidados mutuos hasta su fallecimiento. Expresa que desde el comienzo de la relación supieron construir una vida juntos, llena de proyectos y sueños, con miras a fortalecer la familia que habían formado durante más de seis años.
Refiere que compartieron viajes, encuentros familiares, proyectos personales y de pareja que fortalecieron su unión. Acompaña fotografías de distintos momentos vividos en común y una carta ológrafa escrita por Scalesi, en la que este expresaba el amor que sentía por ella y su reconocimiento por el acompañamiento recibido y los proyectos que habían logrado concretar juntos. Manifiesta que debió viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de julio de 2016 por motivos laborales, oportunidad en la que solicitó a Scalesi que la acompañara para compartir tiempo juntos y realizar una consulta con el Dr. Gabriel Fabián Brau, especialista en dermatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, por una herida que aquel presentaba en el dedo meñique y que no cicatrizaba.
Explica que el profesional solicitó estudios y realizó una extracción de piel para su análisis, confirmándose posteriormente la presencia de células malignas. Señala que a partir de allí comenzó a transitar un arduo camino con la finalidad de lograr un tratamiento acorde con la patología y las necesidades de su conviviente. Manifiesta que realizó personalmente las gestiones necesarias para garantizar su atención médica, hasta que logró incorporarlo a su obra social IPROSS en carácter de conviviente de la titular del beneficio, obteniendo su afiliación el 16 de diciembre de 2020. Aclara que Scalesi no contaba con cobertura médica propia y que ella se desempeñaba como empleada administrativa de la Administración Pública provincial.
Agrega que desde el año 2017 había contratado a su favor un seguro de accidentes personales a través de La Caja, con la finalidad de atender cualquier imprevisto que pudiera surgir de la actividad agropecuaria que desarrollaban y de la enfermedad que cursaba su conviviente. Afirma que el importe correspondiente era debitado automáticamente de su recibo de sueldo. Expresa que también contrató a su costo y exclusivamente para Scalesi el servicio de Vittal Viedma, que comprendía ambulancia y atención médica durante las veinticuatro horas, procurando de ese modo garantizarle una asistencia integral y personalizada. Señala que el 23 de febrero de 2021 el Instituto Multidisciplinario de Oncología dispuso de manera urgente la realización de sesiones de radioterapia en establecimientos médicos de Cipolletti y Neuquén, razón por la cual debieron permanecer aproximadamente un mes y medio en aquella región, donde alquilaron temporariamente una vivienda, dado que las aplicaciones debían efectuarse diariamente.
Refiere que Scalesi recibió radioterapia en la Clínica Radiológica del Sur, perteneciente a Leben Salud, y estudios oncológicos en el Centro Oncológico Integral de Neuquén. Agrega que a su regreso continuó con el tratamiento de quimioterapia y recibió cuidados paliativos en el domicilio familiar, con intervención de médicos, enfermeras, psicóloga y terapista del instituto mencionado. Explica que también necesitó un equipo de oxígeno facilitado por IPROSS, para cuya provisión debió suscribir un pagaré. Afirma que estuvo al lado de Scalesi desde siempre y hasta el final, acompañando su dolor, atendiendo sus necesidades y postergando su propia vida para brindarle los cuidados que requería. Señala que la historia clínica expedida por la Dra.
Gabriela Guaygua Loayza, integrante del Instituto Multidisciplinario de Oncología, deja expresamente determinado que durante todo el proceso de atención y tratamiento fue la única persona que acompañó a su conviviente. Expresa que Scalesi falleció en la vivienda que compartían y que se ocupó personalmente de contratar el servicio fúnebre y arbitrar los medios necesarios para acondicionar la bóveda del cementerio local donde fueron inhumados sus restos. Relata que producido el fallecimiento, se inició el proceso sucesorio ante el Juzgado de Paz Letrado de Patagones, en cuya apertura se presentó conjuntamente con las cuatro hijas del causante. Explica que desde entonces y hasta septiembre de 2021 mantuvo con ellas un trato cordial y familiar, habiendo convenido inicialmente algunas pautas relativas a la continuidad de la actividad comercial que desarrollaba junto a Scalesi, con la finalidad de afrontar las obligaciones asumidas y proseguir con los requerimientos propios de la actividad ganadera.
Sostiene que era conocedora de todas las operaciones y particularidades de la actividad rural que desempeñaban juntos, siendo parte necesaria en cada una de ellas, puesto que su conviviente la había hecho partícipe y protagonista de los emprendimientos y proyectos que llevaban adelante. Indica que ese acuerdo inicial quedó reflejado en el escrito de presentación en el sucesorio, en cuyo apartado V las herederas propusieron designarla administradora de la sucesión, reconociendo expresamente su condición de pareja del causante hasta el momento de su fallecimiento y otorgándole amplias facultades para realizar los actos de administración correspondientes a los bienes del acervo hereditario. Agrega que en el apartado VI del mismo escrito las herederas denunciaron haber arribado a un acuerdo en virtud del cual procederían a cederle, mediante escritura pública, el veinte por ciento de los derechos y acciones hereditarios que les correspondían, comprometiéndose ella, como contrapartida, a no realizar reclamos por los bienes que pudiera haber adquirido mediante aportes en común durante la convivencia con Scalesi.
Aclara que dicha cesión nunca se hizo efectiva y considera que lo manifestado por las herederas en aquella oportunidad demuestra que reconocían su participación en la construcción y sostenimiento del patrimonio que actualmente integra el acervo hereditario. Refiere que esa misma voluntad quedó reflejada en el convenio privado para la venta de hacienda y distribución del monto dinerario, celebrado el 13 de octubre de 2021 entre las cuatro herederas, en el cual se contempló la comercialización de entre ciento treinta y ciento cuarenta animales bovinos y se estableció, en su cláusula sexta, que negociarían individualmente un eventual acuerdo con ella respecto de los derechos que le correspondieran por ley.
Sostiene que durante los seis años de convivencia acompañó a Scalesi en su enfermedad y riguroso tratamiento, respetando sus procesos, indicaciones médicas y limitaciones. Expresa que a pesar de las dificultades que debieron afrontar desde el diagnóstico recibido en 2016, continuaron desarrollando una vida de pareja, realizando viajes y trabajando juntos en el negocio agropecuario, siempre en procura de su proyecto de vida en común. En cuanto a la procedencia de la compensación económica, señala que la convivencia y su posterior cese, producido por el fallecimiento de Scalesi, le ocasionaron un desequilibrio manifiesto y un empeoramiento de su situación patrimonial. Explica que ese desequilibrio encuentra su causa en el esfuerzo aportado a la vida en común, en detrimento de su desarrollo e independencia individual, particularmente por haber relegado su crecimiento laboral y profesional para priorizar las necesidades de su conviviente.
Solicita asimismo la atribución provisoria del uso de la vivienda que fuera sede del hogar convivencial. Aduce que de verse frustrada esa atribución, le resultaría imposible procurarse inmediatamente otro lugar donde vivir, por cuanto no cuenta con vivienda propia ni recursos económicos suficientes para afrontar el pago de un alquiler. Manifiesta que todos sus ahorros y capital fueron invertidos en la actividad económica desarrollada junto a Scalesi y que el detrimento económico sufrido en el plano laboral, sumado a la imposibilidad de lograr ascensos o reconocimientos, la colocó en una situación de indefensión y vulnerabilidad. Expresa que desde el comienzo de la unión convivencial se abocó al proyecto de vida familiar, realizando renunciamientos personales y profesionales para procurar lo necesario para esa vida en común.
Afirma que decidió trasladar su puesto laboral a otra área de la Administración provincial, lo que significó una disminución considerable de sus ingresos mensuales, debido a que Scalesi requería mayor presencia y acompañamiento constante. Señala que ello determinó la necesidad de reducir sus compromisos laborales, renunciar a una coordinación de área y a las capacitaciones que su función exigía, con la consiguiente disminución de sus ingresos y la resignación de posibilidades de ascenso y reconocimiento. Añade que durante la convivencia, más precisamente en el año 2018, vendió un automóvil Volkswagen Gol Trend 1.6, modelo 2011, dominio KMQ300, de su propiedad, que fue entregado como parte de pago para adquirir una camioneta Chevrolet S10, modelo 2018, dominio AC383UU.
Agrega que el 26 de abril de 2021 vendió un tractor de su propiedad, marca Zanello, modelo 4200, a Ricardo Llancufil, destinando el producido de dicha operación al pago de diversas obligaciones surgidas luego del fallecimiento de Scalesi, conforme a las planillas de rendición de administración que acompaña. En relación con el desequilibrio económico que invoca, sostiene que durante los seis años de convivencia se dedicó de modo casi exclusivo al trabajo en el campo junto a Scalesi y a la atención de su salud, especialmente desde que fue diagnosticado en septiembre de 2016. Explica que desde entonces abocó su vida al cuidado y acompañamiento de su conviviente, ocupándose de consultas e intervenciones quirúrgicas, controles médicos, viajes y estadías prolongadas por razones de salud, acondicionamiento del hogar para su atención, tratamientos domiciliarios y gestiones para obtener cobertura médica.
En cuanto a su situación laboral, manifiesta que posee una antigüedad de treinta y dos años como dependiente de la Administración Pública provincial y que hasta enero de 2021 se desempeñó en el Ministerio de Turismo y Deporte de Río Negro, categoría 14, ejerciendo funciones de coordinadora de área, identificadas en su recibo de haberes como jefa de división. Expresa que su labor requería viajes y capacitaciones que importaban ausentarse durante períodos prolongados de su hogar y que ante el agravamiento de la enfermedad de Scalesi, decidió tramitar su traslado al área de Gobierno, lo cual implicaba una menor carga horaria de trabajo, pero también una pérdida significativa de sus haberes y el renunciamiento a la carrera que había construido.
Sostiene que adoptó esa decisión priorizando su proyecto de familia y la necesidad de acompañar a Scalesi, quien requería cada vez mayor atención y cuidado. Agrega que también debió hacerse cargo de la actividad económica que desarrollaban como pareja, asumiendo responsabilidades que su conviviente se encontraba impedido de realizar por las limitaciones derivadas de su enfermedad. Manifiesta que Scalesi compartió con ella sus conocimientos y experiencia en la actividad rural, permitiéndole asumir un rol protagónico en su crecimiento y desenvolvimiento. Afirma que mediante el trabajo mancomunado lograron duplicar la cantidad de cabezas de ganado correspondientes a la marca registrada del causante, adquirir aproximadamente doscientas cabezas de ganado sin marcar y comprar maquinarias agrícolas y vehículos durante la convivencia.
En definitiva, solicita la compensación prevista en los arts. 524 y 525 del Código Civil y Comercial, requiriendo que para su determinación se considere especialmente el estado patrimonial de los convivientes al inicio y al final de la relación, la dedicación brindada a la familia, la edad y el estado de salud, la atribución de la vivienda familiar, la capacitación laboral y las posibilidades de acceder a un empleo o mejorar el existente. Funda en derecho, ofrece prueba y solicita que se haga lugar a la demanda de compensación económica y se ordene en su favor la atribución provisoria del uso de la vivienda que fuera sede del hogar convivencial.
Con fecha 13 de junio de 2023, la actora presenta un escrito aclaratorio mediante el cual, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 330 del CPCC, denuncia que la pretensión económica asciende a la suma de $7.000.000, o lo que en más o en menos se estime, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en la demanda, la prueba acompañada y ofrecida y la declaración jurada patrimonial relativa al acervo hereditario denunciado en el sucesorio de Jorge Salvador Scalesi.
SEGUNDO: Con fecha 21 de octubre de 2023 se presentan Yesica Madelen Scalesi y Aldana Katerine Scalesi, ambas por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Pablo Omar Galatro, contestando la demanda y solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la actora. Efectúan una negativa general y particularizada de los hechos expuestos en el escrito de inicio. En especial, niegan que Rinne haya mantenido una unión convivencial con su padre desde el 2 de enero de 2015; que hubieran compartido proyectos económicos mancomunados; que la actora hubiera participado en la explotación agropecuaria, efectuado aportes patrimoniales propios o tenido intervención en la adquisición de bienes, maquinarias y hacienda; que hubiera administrado los negocios de Scalesi durante su vida o después de su fallecimiento; y que las herederas hubieran consentido esa administración o celebrado un acuerdo válido de cesión de derechos hereditarios a su favor.
Asimismo, desconocen que la actora hubiera sido la única persona que acompañó y asistió a su padre durante la enfermedad, que hubiera afrontado a su exclusivo costo los servicios médicos y gastos que menciona o que se hubiera ocupado personalmente de los gastos funerarios. Niegan igualmente que Rinne hubiera relegado su actividad laboral y profesional para dedicarse al cuidado de Scalesi, que hubiera resignado ascensos o mejoras salariales, o que experimentara un empeoramiento de su situación económica como consecuencia del cese de la convivencia. Controvierten la existencia de un desequilibrio económico manifiesto y de un nexo causal adecuado entre la relación convivencial, su extinción y el perjuicio patrimonial invocado.
Rechazan también la pretensión de atribución del uso de la vivienda familiar y desconocen la autenticidad, validez, contenido y procedencia de la documentación acompañada por la actora, particularmente la vinculada con su situación laboral, la adquisición de bienes, la administración de la explotación agropecuaria y los supuestos aportes efectuados durante la convivencia. Sostienen que Rinne mantuvo una relación sentimental de noviazgo con su padre desde el año 2015, que posteriormente se convirtió en una unión convivencial a partir de 2017, cuando comenzaron a convivir en la residencia de Scalesi, ubicada en calle Santa Fe N°329 de Carmen de Patagones. Explican que hasta ese momento la actora residía en calle Santa Lucía Nº 474 del barrio San Roque de Viedma y que fueron ellas, sus parejas y su padre quienes colaboraron con la mudanza de sus pertenencias al domicilio de Scalesi, donde también residía Yesica Madelen Scalesi, en el departamento anexo a la vivienda principal.
Relatan que Jorge Salvador Scalesi era productor agropecuario y se dedicaba a la ganadería desde hacía más de veinte años, habiendo arrendado durante distintos períodos diversos establecimientos rurales. Señalan que poseía libreta de marcas y señales expedida por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, identificada con el número inmutable 266314, y registro RENSPA expedido por SENASA. Expresan que durante esos años adquirió herramientas y maquinarias agrícolas, comprándolas y vendiéndolas conforme a las necesidades de su actividad, y que en el último período mantenía arrendados los establecimientos denominados "La Julia", de Julia Estanga, y "El Álamo", de Luis Prait.
Manifiestan que en dicha explotación su padre era asistido y ayudado por sus cuatro hijas, por distintas personas contratadas para tareas específicas y por trabajadores rurales, particularmente Aniceto Huircan, Martín Nicolás Dani y David Alberto Huinca, a quienes identifican como esposos de integrantes del grupo familiar. Sostienen que Rinne, desde el inicio de la relación y hasta el fallecimiento de Scalesi, se desempeñó como funcionaria o dependiente de la Provincia de Río Negro, prestando servicios en las áreas de Turismo y Gobierno, por lo que jamás se dedicó ni participó activamente en la actividad laboral y comercial de su padre, ni tuvo protagonismo o intervención en el manejo y administración de las ganancias y pérdidas de la explotación agropecuaria, más allá de visitas ocasionales y esporádicas vinculadas con momentos de ocio y recreación.
Aducen que la actora pretende, a partir de una unión convivencial de menos de cuatro años, colocarse en la situación jurídica prevista para el cónyuge y para el régimen patrimonial del matrimonio, pese a que ambos decidieron mantener una relación convivencial sin contraer matrimonio. Explican que la pareja no celebró pactos de convivencia destinados a regular sus relaciones patrimoniales y que la unión se caracterizó por la autonomía, separación y diferenciación de patrimonios y actividades lucrativas, conservando cada uno su independencia económica y sus obligaciones laborales y comerciales. Reconocen que la enfermedad de su padre constituyó un proceso doloroso que debió afrontar toda la familia, incluida la actora, pero sostienen que Scalesi mantuvo su fortaleza y capacidad de trabajo durante el transcurso de la enfermedad, sin modificar sustancialmente su rutina laboral.
Señalan que solamente durante los últimos sesenta días anteriores al fallecimiento, a partir de mayo de 2021, debieron organizarse familiarmente para asumir mayor protagonismo y presencia en las actividades agropecuarias que desde siempre realizaban junto a su progenitor. Por ello, rechazan que Rinne hubiera desempeñado un papel relevante en la explotación o que hubiera destinado trabajo, recursos financieros o bienes propios a su desarrollo, a la adquisición de capital y herramientas o al pago de obligaciones. Afirman que su participación se limitó al rol de compañera y pareja, compartiendo el hogar y los momentos de ocio y disfrute. Expresan que las fotografías y cartas acompañadas por la actora reflejan viajes, momentos compartidos y sentimientos de afecto, pero no acreditan actividades laborales o comerciales conjuntas ni su intervención en los establecimientos rurales arrendados por Scalesi.
Agregan que la actividad laboral permanente que Rinne desarrollaba en la Administración Pública provincial, con exigencias de asistencia y puntualidad, resultaba incompatible con el protagonismo que pretende atribuirse en las tareas rurales, que demandaban tiempos y horarios extraordinarios. Cuestionan asimismo que la demandante no hubiera explicado ni aportado elementos que permitieran establecer su capacidad económica y financiera para efectuar contribuciones propias al emprendimiento agropecuario. En cuanto a su presentación conjunta en el proceso sucesorio, explican que después del fallecimiento de su padre, en el marco del dolor y la vulnerabilidad generados por esa circunstancia, la actora manifestó interés en asociarse con las herederas para continuar desarrollando la actividad agropecuaria del causante.
Refieren que Rinne les propuso participar en los negocios, procurar financiación y colaborar con la administración de la explotación, aprovechando la buena relación que mantenían y con la intención de dar continuidad a una actividad desarrollada por su progenitor durante muchos años. Explican que esa situación las llevó a dejar constancia, en el escrito inicial del expediente sucesorio, de una voluntad proyectada de ceder derechos y acciones hereditarias, que posteriormente debería concretarse mediante escritura pública de cesión a título oneroso, en la cual se establecerían las condiciones correspondientes. Afirman que la cesión proyectada nunca se concretó debido a diferencias surgidas entre las partes y que la manifestación incorporada al sucesorio carece de eficacia como contrato de cesión de derechos hereditarios por no haberse formalizado mediante escritura pública, conforme a lo dispuesto por el art. 1618, inc. a, del Código Civil y Comercial.
Agregan que después del fallecimiento de Scalesi, mantuvieron vigentes los contratos de arrendamiento de los establecimientos "El Álamo" y "La Julia" hasta su vencimiento o rescisión, continuando con las tareas propias de la explotación las cuatro herederas junto con sus esposos Martín Dani y David Huinca. Señalan que posteriormente procedieron a liquidar las existencias de hacienda y los bienes conforme a las constancias del expediente sucesorio. Se explayan acerca de la improcedencia de la compensación económica pretendida. Afirman que el proyecto de vida que mantuvieron la actora y su padre durante aproximadamente cuatro años de convivencia no tuvo incidencia patrimonial negativa para Rinne, quien no abandonó su trabajo, no quedó a cargo de hijos comunes, no contrajo deudas derivadas de la unión ni sufrió una disminución de sus potencialidades económicas o laborales.
Señalan que la actora conservó antes, durante y después de la convivencia su condición de empleada de la Administración Pública de Río Negro, sin que se hubiera demostrado una modificación perjudicial de sus ingresos, horarios, categoría o posibilidades de progreso profesional. Agregan que tampoco existen elementos que acrediten la situación patrimonial de Rinne antes de comenzar la convivencia ni los recursos propios que afirma haber destinado a la actividad agropecuaria, por lo que consideran que su situación personal y económica se mantuvo sustancialmente inalterada. Insisten en que todos los bienes denunciados en la demanda como adquiridos durante la convivencia pertenecían exclusivamente a Scalesi y que integran el acervo hereditario, sin que la actora tuviera participación jurídica o económica en su adquisición.
Aducen que la actora no sufrió un empeoramiento patrimonial con causa adecuada en la unión convivencial, desde que mantuvo su actividad laboral, independencia económica y posibilidades de desarrollo, sin que existieran cargas familiares derivadas de la relación ni obligaciones patrimoniales comunes pendientes. Sostienen que tampoco corresponde atribuir a la actora participación alguna en el crecimiento patrimonial de Scalesi, cuya actividad ganadera se desarrollaba desde muchos años antes del comienzo de la convivencia, con una organización productiva, herramientas, maquinaria y relaciones comerciales propias. En cuanto a la pretensión de atribución de la vivienda, explican que Rinne permaneció ocupando el inmueble de calle Santa Fe n.º 329 de Carmen de Patagones después del fallecimiento, superando el plazo máximo de dos años contemplado por el art. 527 del Código Civil y Comercial para el derecho real de habitación del conviviente supérstite.
Refieren que el 14 de septiembre de 2022 remitieron una carta documento a la actora y que esta respondió mediante otra comunicación del 20 de septiembre siguiente. Señalan que ante la falta de restitución del inmueble y habiendo transcurrido el plazo legal, promovieron una acción reivindicatoria ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Bahía Blanca, iniciada el 5 de septiembre de 2023, encontrándose en trámite la instancia de mediación prejudicial obligatoria. Impugnan asimismo el monto de $7.000.000 reclamado en concepto de compensación económica, por considerar que carece de fundamentación suficiente y no se encuentra respaldado por elementos que permitan establecer la existencia o entidad del desequilibrio invocado.
Ofrecen prueba y solicitan que oportunamente se dicte sentencia rechazando íntegramente la demanda, con expresa imposición de costas.
TERCERO: Con fecha 11 de diciembre de 2023 se presentan Cecilia Evangelina Scalesi y Silvana María Scalesi, por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Pablo Omar Galatro, contestando la demanda y solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la actora. De manera preliminar, ratifican íntegramente la contestación de demanda formulada por sus hermanas Yesica Madelen Scalesi y Aldana Katerine Scalesi, reproduciendo sustancialmente las negativas, el relato de los hechos y los fundamentos jurídicos allí expuestos. Rechazan igualmente la pretensión de atribución del uso de la vivienda familiar, por considerar que la actora había permanecido en el inmueble durante un período superior al legalmente previsto. En cuanto a los antecedentes relacionados con la vivienda, agregan documentación correspondiente al proceso de reivindicación promovido para obtener la restitución del inmueble ubicado en calle Santa Fe n.º 329 de Carmen de Patagones, incluyendo el acta de cierre de mediación con acuerdo. Finalmente, ratifican y hacen propia la prueba ofrecida por sus hermanas, acompañan documentación adicional, ofrecen la restante prueba y solicitan que oportunamente se rechace íntegramente la demanda, con costas.
CUARTO: A fs.70 se abre el proceso a prueba, certificando sobre su vencimiento y resultado la Actuaria a fs.166. A fs.200 se llaman autos para dictar sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida.
Y
PRIMERO: El presente proceso debe analizarse conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto es el ordenamiento jurídico vigente al momento del cese de la convivencia (arg. art. 7 del CCyC).
El objeto principal de la pretensión deducida es la solicitud de compensación económica promovida por Celia Rosanna Rinne contra Aldana Katerine, Yesica Madelen, Cecilia Evangelina y Silvana María Scalesi, en su carácter de herederas de Jorge Salvador Scalesi, quien fuera conviviente de la accionante hasta su fallecimiento, ocurrido el 3 de junio de 2021. La demanda, posteriormente cuantificada en la suma de $7.000.000, encuentra sustento en las disposiciones de los arts. 523, 524 y concordantes del Código Civil y Comercial.
La accionante estriba su petición en que durante la unión convivencial dedicó una parte sustancial de su tiempo y esfuerzo al cuidado de Scalesi, quien padeció una grave enfermedad oncológica, y a la colaboración en la explotación agropecuaria desarrollada por aquel, asumiendo responsabilidades que se acrecentaron a medida que su estado de salud se deterioraba. Afirma que dicha dedicación la llevó a relegar su crecimiento profesional, solicitar un traslado de funciones dentro de la Administración Pública de la Provincia de Río Negro, resignar posibilidades de ascenso y sufrir una disminución de sus ingresos. Sostiene asimismo que aportó bienes y recursos propios a la actividad agropecuaria y que mediante el esfuerzo y trabajo conjunto de ambos convivientes, lograron incrementar la cantidad de ganado y adquirir maquinarias agrícolas, vehículos y otros bienes durante la relación. Concluye que el fallecimiento de su conviviente y la posterior exclusión de la actividad económica que desarrollaban la colocaron en una situación de desequilibrio manifiesto y empeoramiento patrimonial que debe ser compensada.
Las demandadas controvierten la existencia de los presupuestos que habilitan la compensación pretendida. Sostienen que la explotación agropecuaria era desarrollada por su progenitor como una actividad económica propia, quien la desarrollaba desde muchos años antes de comenzar la relación con Rinne, contando para ello con la colaboración de sus hijas, yernos y trabajadores rurales. Niegan que la actora hubiera efectuado aportes patrimoniales propios o desempeñado un papel relevante en la administración de la actividad. Destacan además que mantuvo durante toda la convivencia su empleo público, conservando su independencia económica, negando que hubiera experimentado una disminución de sus ingresos o la frustración de oportunidades profesionales por causa de la organización familiar. En razón de tales elementos, postulan el rechazo de la pretensión.
A los efectos de resolver la controversia es preciso aclarar el concepto de unión convivencial, debiendo entenderse que la misma es la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo (art. 509 del CCyC). La unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en el Registro de uniones convivenciales es prueba suficiente de su existencia (art. 512 del CCyC).
Ello así, a tenor de las posturas expresadas por las partes en sus escritos constitutivos del proceso, es factible tener por acreditada la relación convivencial entre Rinne y Scalesi, puesto que las propias demandadas reconocen su existencia, aunque discrepan respecto de la fecha en que comenzó. Así, mientras la actora sitúa su inicio el 2 de enero de 2015, las accionadas sostienen que durante los primeros años existió una relación de noviazgo y que la convivencia recién se inició en el año 2017, cuando Rinne se trasladó al domicilio de Scalesi, sito en calle Santa Fe 329 de Carmen de Patagones. La mentada discrepancia temporal no obsta a la configuración de la unión convivencial, desde que aun tomando como punto de partida el año 2017 se encuentra cumplido el período mínimo exigido por el art. 510, inc. e, del Código Civil y Comercial. Tampoco se encuentra controvertido que la relación subsistió hasta el fallecimiento de Scalesi, ocurrido el 3 de junio de 2021, extremo corroborado por el certificado de defunción acompañado y las restantes constancias del proceso.
En consecuencia, establecida la existencia de la unión convivencial y su cese por fallecimiento de uno de sus integrantes, corresponde abordar los presupuestos sustanciales de la compensación económica solicitada, materia que será objeto de análisis en el considerando siguiente.
SEGUNDO: El Código Civil y Comercial de la Nación dispone que el conviviente a quien el cese de la convivencia le produzca un empeoramiento de su situación económica, con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Ésta puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o, en su defecto, decida el juez (art. 524 del CCyC).
La referida disposición rige para los casos en los cuales uno de los convivientes posterga su realización profesional o laboral en favor del proyecto familiar y, al tener que reinsertarse en la sociedad para ganar su sustento, ve afectadas las chances para rehacer su vida e iniciar o retomar su carrera profesional, comercial o universitaria. Su ámbito de aplicación comprende también otras situaciones en las cuales la distribución de funciones y responsabilidades durante la convivencia provoca, al producirse su cese, una desventaja económica manifiesta para alguno de sus integrantes.
En el mensaje contenido en la elevación del anteproyecto, se sostuvo básicamente que "si al momento de contraer nupcias se optó por llevar adelante una familia en la cual uno solo de los cónyuges era el proveedor económico y el otro cumplía sus funciones en el seno del hogar y apoyó a la profesión del otro, no sería justo que al quiebre de esa elección se deje desamparado a aquel de los cónyuges que invirtió su tiempo en tareas que no se traducen en réditos económicos". La norma receptó una figura que tiene aceptación en varias legislaciones del derecho comparado, y que es coherente con el régimen incausado de divorcio; en efecto, con fundamento en el principio de solidaridad familiar y en que el matrimonio no sea causa fuente de enriquecimiento o empobrecimiento económico de un cónyuge a costa del otro, fue prevista la posibilidad de que, para aminorar un desequilibrio manifiesto los cónyuges concuerden o el juez establezca compensaciones económicas. Tales compensaciones pueden consistir en: prestación dineraria única; renta por un tiempo determinado o, de manera excepcional, por plazo indeterminado (Zannoni, Mariani de Vidal, Zunnino y otros autores, "Código Civil y Comercial, Exégesis de los fundamentos de la comisión redactora y las modificaciones del PEN", ed. Astrea, 2015, pág. 154).
La finalidad de esta figura es morigerar desequilibrios económicos entre los cónyuges o convivientes, inmediatamente después de finalizada la relación, y que tengan su origen en el cese de la vida común. El desequilibrio se evidencia con la capacidad económica o posibilidades de acceso a ingresos que tendrán uno y otro luego de la separación, buscándose que la brecha existente no sea injustificadamente amplia (Revsin, Moira, "La compensación económica familiar en el nuevo régimen civil", RDF n.° 69, 2015). El presupuesto esencial para otorgar la prestación compensatoria radica en la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura (Medina, Graciela, "Compensación económica en el Proyecto de Código", DFyP 2013).
Conforme lo dispone el art. 524 del CCyC, para la procedencia de la compensación, la ley exige los siguientes requisitos o elementos, a) la existencia de un desequilibrio manifiesto, que implique una desigualdad en las posibilidades económicas y de inserción en la vida laboral de uno de los convivientes y que debe ser apreciado al momento del cese de la convivencia; b) que ese desequilibrio signifique un empeoramiento de su situación económica, con independencia de la situación de necesidad del acreedor; y c) que ello tenga causa adecuada en la convivencia y su ruptura, lo que entraña que la organización familiar haya restado posibilidades de desarrollo económico a uno de los miembros de la pareja a raíz de la distribución de roles y funciones durante la unión y que, además, en razón de su finalización haya sufrido el desequilibrio que requiere la norma en análisis.
El artículo 525 del CCyC prevé, de forma enunciativa, una serie de pautas a tener en cuenta para determinar la procedencia y monto de la compensación económica: a) el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión; b) la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese; c) la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos; d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica; e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente; f) la atribución de la vivienda familiar. Asimismo, al referir al estado patrimonial de los ex convivientes la norma no alude a un aspecto cuantitativo sino a un estudio cualitativo de su situación personal. No se ciñe a determinar cuál es el activo y el pasivo con el que contaban al iniciar la unión y con posterioridad al cese, sino que la investigación debe ser más amplia e incluir la capacitación laboral que posee cada uno de ellos, con la consecuente potencialidad para generar recursos y conservarlos (Herrera, Marisa, "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", dir. por Lorenzetti, Ricardo Luis, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, Tomo 2, pág. 768).
No se busca equilibrar los patrimonios y la situación de quienes integraron la unión, sino de valorar los roles y circunstancias acaecidas durante la vida en común, con las respectivas adquisiciones y capacitaciones desarrolladas por ambos, a los fines de determinar si la ruptura provocó o no un notorio desequilibrio de uno a costa del otro. Lo equitativo y razonable no es la búsqueda de una nivelación o igualación de patrimonios entre las partes, sino la recomposición del correspondiente a uno de ellos por el empobrecimiento -por la frustración o postergación del crecimiento propio, pérdida de chances u oportunidades- relacionado con el enriquecimiento del otro durante la convivencia. No se trata de algo abstracto, sino de un análisis concreto, consistente en la evolución y roles de cada uno de ellos durante la vigencia del vínculo (Solari, Néstor, "Algunas cuestiones sobre la compensación económica", Rev. Cód. Civ. y Com., 3-III-2017, pág. 57).
En esa inteligencia, corresponde distinguir la compensación económica de otras instituciones con las cuales presenta ciertas afinidades, pero que responden a finalidades diferentes. No reviste naturaleza alimentaria, desde que su reconocimiento no depende de una situación de necesidad ni se determina exclusivamente en función de los recursos indispensables para la subsistencia. Tampoco constituye una indemnización de daños, pues no exige la acreditación de una conducta antijurídica o culpable del otro conviviente. Se trata de un derecho patrimonial de fuente legal, destinado a corregir las consecuencias económicas desfavorables que la organización de la vida familiar y su posterior disolución ocasionaron a uno de sus integrantes.
De allí que la compensación económica no procede necesariamente en todos los supuestos en que se produce el cese de una unión convivencial. Su reconocimiento exige la concurrencia de tres presupuestos sustanciales, consistentes en la existencia de un desequilibrio económico manifiesto entre los convivientes, que dicho desequilibrio importe un empeoramiento de la situación económica de quien reclama y que tenga causa adecuada en la convivencia y su ruptura.
Tampoco basta con demostrar una diferencia entre los patrimonios de ambos integrantes de la pareja, pues esa disparidad puede responder a circunstancias anteriores a la relación, a la distinta capacidad productiva de cada uno o a factores ajenos a la organización familiar. Lo que debe determinarse es si durante la convivencia alguno de ellos sacrificó oportunidades de desarrollo, disminuyó sus posibilidades económicas o subordinó su actividad productiva en beneficio del proyecto común, de modo que la finalización de la relación exteriorizara una desventaja patrimonial que resulte relevante.
La apreciación del desequilibrio requiere una doble comparación. Por un lado, corresponde confrontar la situación económica de ambos convivientes y, por el otro, examinar su evolución patrimonial antes, durante y después de la unión. Esta valoración no debe limitarse a las titularidades registrales ni a las diferencias de ingresos, sino comprender las posibilidades reales de desenvolvimiento económico, las oportunidades laborales y profesionales, la distribución de responsabilidades familiares y su proyección hacia el futuro.
Por último, no puede soslayarse que el régimen jurídico de las uniones convivenciales difiere del establecido para el matrimonio en materia patrimonial y sucesoria. A falta de pacto en contrario, cada conviviente ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con las restricciones legalmente previstas (art. 518 del CCyC). De allí que la compensación económica no pueda convertirse en un mecanismo indirecto de distribución de los bienes adquiridos durante la convivencia ni de atribución de derechos hereditarios sobre el patrimonio del conviviente fallecido.
TERCERO: Sentado lo expuesto, comienzo con el análisis de la plataforma fáctica que han postulado antagónicamente las partes.
Se encuentra controvertido en autos el grado de participación que tuvo Rinne en la explotación agropecuaria desarrollada por Scalesi, toda vez que la actora afirma que ambos trabajaban conjuntamente, compartiendo responsabilidades, inversiones y decisiones económicas, mientras que las demandadas sostienen que la actividad pertenecía exclusivamente a su progenitor y que era desarrollada con la colaboración de las mismas, yernos y trabajadores rurales.
Otro de los puntos en disputa reside en las consecuencias económicas que la enfermedad de Scalesi habría provocado en la situación personal de Rinne. Esta última sostiene que debió relegar su crecimiento profesional, modificar sus funciones dentro de la Administración Pública y disminuir sus ingresos para dedicarse al cuidado de su conviviente. En contraposición, las accionadas expresan que conservó durante toda la relación su empleo público y su independencia económica, sin que la enfermedad del causante hubiera ocasionado una alteración de sus posibilidades laborales. Asimismo, la actora atribuye parte del crecimiento patrimonial de Scalesi a los aportes que habría efectuado mediante la entrega de bienes propios y su participación en la adquisición de maquinarias, vehículos y hacienda. Las demandadas controvierten dichas contribuciones y destacan que el causante poseía una explotación agropecuaria consolidada desde muchos años antes de comenzar la convivencia.
Iniciando el estudio de los hechos referidos desde el punto de vista cronológico, es preciso señalar que la actividad económica desarrollada por Scalesi era preexistente a su relación con Rinne. Ello surge de la prueba informativa remitida por SENASA que fuera agregada a fs.123, de la cual se desprende que el causante registraba actividad ganadera en distintos establecimientos rurales desde varios años antes del comienzo de la unión convivencial. El organismo informó la existencia de nueve unidades productivas vinculadas con Scalesi, entre ellas los establecimientos denominados "El Olivo", "San Pedro", "La Silvia", "Don Domingo", "La Julia María" y "El Álamo", acompañando los correspondientes registros históricos de movimientos y existencias ganaderas. Asimismo, el titular de la estación de servicio -Sr.Angel C.Rodriguez- informó que el causante había sido cliente durante quince años, manteniendo una cuenta corriente para la adquisición de insumos. En sentido concordante, la firma "Stribing" indicó que Scalesi era cliente desde hacía más de treinta años, y tenía crédito y plazo para el pago de los productos que adquiría. Por su parte, el representante de "Los Cachitos Repuestos" hizo referencia a una vinculación comercial de veinticinco años -ver prueba informativa agregada a fs.109- .
Estas respuestas permiten tener por acreditado que la explotación agropecuaria constituía una actividad económica propia del causante, desarrollada desde mucho antes de la relación con Rinne. Ello no excluye, naturalmente, que durante la convivencia la actora hubiera colaborado en determinadas tareas o contribuido a su desenvolvimiento, pero impide atribuir con certeza el desarrollo de la actividad o su eventual crecimiento patrimonial a la sola circunstancia de haberse conformado un proyecto de vida en común.
En cuanto a la participación de Rinne en dicha explotación, las declaraciones testimoniales aportan encontrados elementos que merecen ser debidamente ponderados. En tal sentido, Luis Alberto Prait -acta de fs.145- , propietario de uno de los establecimientos rurales arrendados por Scalesi, manifestó que Rinne colaboraba en las actividades vinculadas con el campo, efectuaba pagos, trasladaba trabajadores y realizaba gestiones relacionadas con las necesidades de la explotación. También Sebastián Matías Leyes -acta de fs.100- hizo referencia a la intervención de Rinne en determinadas operaciones comerciales vinculadas con vehículos y maquinarias, mientras que Omar Darío Linares -acta de fs.98- manifestó que la pareja compartía proyectos económicos y adquisiciones, aclarando que parte de su conocimiento provenía de conversaciones mantenidas con el causante.
Ahora bien, existen ciertos testimonios que presentan una versión diferente respecto de la organización y administración de la explotación. Ángel Carlos Rodríguez -acta de fs.97- , vinculado comercialmente con Scalesi a través de una estación de servicio, manifestó que era este último quien habitualmente retiraba y abonaba los combustibles, habiendo autorizado durante su enfermedad a sus yernos para efectuar determinados retiros. También los testigos Aldo Ricardo Martínez -acta de fs.103- , Luis Alberto Hernández -acta fs.107- y Carlos Rafael Presa -acta fs.108- , con las diferencias propias de sus respectivos conocimientos, hicieron referencia a la participación de las hijas y los yernos del causante en las tareas agropecuarias, atribuyéndoles responsabilidades en el desenvolvimiento de la actividad. Cabe aclarar al respecto, que no corresponde valorar las declaraciones testimoniales de David Alberto Huinca y Martín Nicolás Dani, toda vez que las propias demandadas los identificaron en sus escritos constitutivos como sus esposos, circunstancia que determina su exclusión conforme a lo dispuesto por el art. 425 del CPCC.
Nuevamente recurro a la prueba informativa para echar luz sobre el particular controvertido. Tanto la estación de servicio como la firma "Stribing" informaron que Rinne no figuraba como cliente ni contaba con autorización de Scalesi para efectuar operaciones comerciales en su nombre. Del mismo modo, SENASA expresó que no existía autorización otorgada por el causante a favor de la actora para realizar trámites ante dicho organismo.
No escapa al presente análisis que la inexistencia de una autorización formal no permite descartar que Rinne hubiera colaborado materialmente con la explotación, realizando gestiones o tareas que no requirieran una representación administrativa o comercial específica. Por consiguiente, los informes reseñados no alcanzan para desvirtuar íntegramente las declaraciones que describen intervenciones concretas de la accionante. Un análisis conjunto de todos estos elementos conduce a considerar acreditada cierta colaboración de Rinne en la actividad económica del causante, sin que pueda establecerse con suficiente certeza la extensión temporal y entidad de esa intervención, ni mucho menos que hubiera asumido de manera exclusiva o predominante la administración de la explotación durante la enfermedad de Scalesi.
Sin perjuicio de lo expuesto, aun cuando se tuviera por demostrada una participación más amplia de la actora en las tareas agropecuarias, ello no resultaría suficiente para acreditar el desequilibrio económico manifiesto que constituye el presupuesto esencial de la compensación reclamada. Reitero que lo que debe establecerse no es únicamente la existencia de una colaboración, sino si esta importó una postergación de su desarrollo laboral o patrimonial que la colocara en una situación de desventaja económica al producirse el cese de la convivencia.
La actora también sostiene que contribuyó con bienes propios a la adquisición de vehículos y maquinarias agrícolas, mencionando particularmente la entrega de un automóvil Volkswagen Gol Trend y la venta de un tractor Zanello modelo 4200. En relación con el automóvil, las declaraciones de los testigos Leyes y Linares contienen referencias a la participación de Rinne en operaciones vinculadas con la adquisición de una camioneta. Sin embargo, aun cuando se admitiera la existencia de una contribución patrimonial en esa operación, resultaría necesario establecer su alcance económico y las consecuencias que produjo sobre la situación patrimonial de la accionante, extremos que no surgen suficientemente esclarecidos de las constancias probatorias examinadas. En similar sentido, en relación al tractor Zanello modelo 4200, del instrumento de ratificación de compraventa celebrado con Ricardo Carlos Llancufil -que cuenta con firmas certificadas- surge que este último reconoció haber adquirido el tractor de Jorge Salvador Scalesi en febrero de 2021, por la suma de $2.300.000, habiendo entregado posteriormente a Rinne dos pagos de $600.000 cada uno. En estos términos, la percepción de determinadas sumas por parte de la actora no resulta suficiente para acreditar que el tractor hubiera pertenecido a su patrimonio personal, desde que la documentación mencionada atribuye la operación de venta al causante y solo reconoce a Rinne como receptora de dos pagos efectuados con posterioridad.
Asimismo, las planillas de administración acompañadas con la demanda contienen una relación de pagos y gastos vinculados con la actividad agropecuaria, efectuados en buena medida con posterioridad al fallecimiento de Scalesi. Tales constancias permiten advertir que Rinne intervino en determinadas gestiones económicas durante ese período, circunstancia corroborada por algunos testimonios. Sin embargo, la realización de pagos correspondientes a obligaciones de la explotación no demuestra necesariamente que hubieran sido solventados mediante recursos personales de la actora. A tales efectos resulta indispensable diferenciar las sumas provenientes de operaciones comerciales del causante, los fondos administrados por cuenta de la explotación y aquellos que efectivamente hubieran sido aportados desde el patrimonio propio de Rinne.
En consecuencia, no advierto prueba suficiente que permita establecer que la accionante hubiera efectuado aportes patrimoniales personales de la entidad alegada, ni que tales contribuciones hubieran ocasionado un empobrecimiento susceptible de ser considerado a los fines de la compensación económica en estudio.
Otro aspecto relevante de la controversia reside en la dedicación que Rinne brindó al cuidado de Scalesi durante su enfermedad. Sobre el particular, entiendo que se encuentra suficientemente acreditado que el causante padeció una grave afección oncológica, cuyo tratamiento se extendió durante varios años y requirió intervenciones quirúrgicas, consultas médicas, tratamientos especializados y desplazamientos a distintos centros asistenciales. Ello surge claramente de la documentación hospitalaria incorporada con la demanda y de los informes remitidos por el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital Dr. Pedro Ecay y el Instituto Multidisciplinario de Oncología. Asimismo, la prueba testimonial resulta concordante en cuanto al acompañamiento brindado por Rinne durante el proceso de enfermedad. Diversos declarantes hicieron referencia a su presencia junto al causante, su participación en los traslados y la asistencia prestada durante los tratamientos. También se encuentra corroborado que la actora gestionó la incorporación de Scalesi a la obra social IPROSS, habiéndose informado que fue dado de alta el 16 de diciembre de 2020 en calidad de conviviente de la titular -ver informativa agregada a fs.125- .
Estas circunstancias permiten reconocer la importancia de los cuidados y gestiones personales asumidos por Rinne, sin que corresponda desconocer el valor económico y emocional de las tareas de asistencia. No obstante, la cuestión no se agota en determinar si tales cuidados existieron. Es necesario establecer si la dedicación a esas tareas ocasionó una modificación desfavorable de la situación económica o de las posibilidades de desarrollo personal de la actora, extremo que constituye uno de los fundamentos centrales de su pretensión. En tal sentido, Rinne afirma que la necesidad de acompañar al causante la llevó a solicitar un traslado laboral dentro de la Administración Pública de Río Negro, abandonar funciones de coordinación, disminuir sus ingresos y resignar oportunidades de ascenso y capacitación.
Este es el aspecto central de la disputa y no advierto prueba suficiente que permita acreditar las afirmaciones que al respecto fueran postuladas en la demanda.
La nota administrativa de fecha 9 de febrero de 2021, acompañada por la propia accionante, contiene una solicitud de adscripción a la Secretaría General, fundada expresamente en la experiencia laboral de Rinne y en la necesidad de contar con sus servicios. No surge de dicho instrumento que el traslado hubiera obedecido a una petición de la actora motivada en la enfermedad de su conviviente, ni que implicara necesariamente una reducción de funciones o remuneraciones. Por otra parte, Rinne mantuvo durante toda la convivencia su relación de dependencia con la Administración Pública de Río Negro, sin que se haya incorporado prueba idónea que permita demostrar una disminución de ingresos vinculada causalmente con los cuidados prodigados a Scalesi.
En particular, no se cuenta con una comparación completa de sus remuneraciones anteriores y posteriores al traslado, ni con información que permita establecer cuáles fueron los adicionales salariales que habría dejado de percibir, las funciones jerárquicas efectivamente resignadas o las oportunidades concretas de progreso profesional que se hubieran frustrado. Tampoco se ha demostrado que la actora hubiera debido abandonar su empleo, reducir su jornada laboral o permanecer apartada del mercado de trabajo como consecuencia de la organización familiar.
Entiéndase bien. No desconozco que la asistencia de una persona afectada por una enfermedad grave puede demandar un considerable esfuerzo físico y emocional, así como importantes renunciamientos personales. Sin embargo, en el presente ámbito de análisis y atento a la naturaleza de la acción impetrada, para que tales circunstancias justifiquen una compensación económica resulta necesario acreditar que dichos cuidados se tradujeron en una desventaja patrimonial o en una pérdida efectiva de posibilidades de desarrollo económico. La carencia de elementos probatorios sobre la evolución de sus ingresos y posibilidades profesionales impide determinar si el traslado administrativo invocado implicó una verdadera postergación laboral o si respondió a circunstancias ajenas a la organización de la convivencia. A ello se suma que la actora conservó su empleo público durante la convivencia y después del fallecimiento del causante, circunstancia que tampoco constituye por sí sola un impedimento para reconocer la compensación económica, pero que adquiere relevancia ante la ausencia de prueba sobre una disminución de sus posibilidades productivas.
En rigor, no se advierten elementos de entidad que permitan considerar acreditada una limitación concreta al crecimiento profesional o laboral de Rinne en beneficio del proyecto familiar, cuya frustración o subordinación al desarrollo económico de su pareja hubiera culminado en una disparidad injusta como consecuencia del cese de la unión.
Por último, cabe mencionar que así como no se ha demostrado adecuadamente la disminución de ingresos y oportunidades laborales alegada por la actora, tampoco resulta factible realizar una comparación exhaustiva entre su situación patrimonial antes, durante y después de la convivencia. Es decir, la pretensión sub examine no puede ser ponderada sino luego del cotejo del patrimonio de los convivientes, debiendo analizarse en particular la incidencia patrimonial que ha tenido la ruptura de la unión convivencial, a fin de posibilitar -a todo evento- el restablecimiento del supuesto equilibrio perdido. Aun cuando se admitiera que el patrimonio del causante pudo experimentar un crecimiento durante la convivencia, ello no resultaría suficiente para configurar el desequilibrio exigido por el art. 524 del CCyC. Reitero que la compensación económica no tiene por finalidad distribuir entre los convivientes los bienes adquiridos durante la relación, sino corregir una desventaja patrimonial manifiesta que tenga causa adecuada en la organización de la vida común y su posterior disolución.
Tampoco modifica esta conclusión la circunstancia de que Rinne hubiera sido apartada de la administración de la explotación agropecuaria después del fallecimiento de Scalesi. La actora carece de vocación hereditaria respecto de los bienes de su conviviente y la compensación económica no puede erigirse en un mecanismo destinado a suplir esa ausencia mediante la atribución de una participación en el acervo sucesorio. Así, la circunstancia de que las herederas hubieran contemplado inicialmente una eventual cesión de derechos hereditarios a favor de Rinne no implica el reconocimiento de los presupuestos que habilitan la compensación solicitada. La propuesta formulada en el contexto de las actuaciones sucesorias no llegó a concretarse mediante el instrumento correspondiente y su existencia no permite prescindir de los requisitos sustanciales que edictan los arts. 524 y 525 del CCyC.
Insisto en que lo dicho no importa desconocer la relación afectiva mantenida entre la actora y el causante, la dedicación que aquella brindó durante su enfermedad ni las gestiones que pudo realizar en beneficio de la actividad agropecuaria. Tales circunstancias encuentran respaldo en distintos elementos de prueba y han sido expresamente ponderadas. Lo determinante en el marco del presente análisis es que ninguna de ellas resulta suficiente para demostrar que la organización de la convivencia hubiera colocado a Rinne en una situación de desventaja económica manifiesta, traducida en una disminución de sus posibilidades laborales o patrimoniales al momento del fallecimiento de Scalesi.
Conforme lo expuesto, las pruebas colectadas en autos no permiten acreditar fehacientemente el desequilibrio económico invocado, toda vez que no resulta factible realizar una comparación suficientemente fundada entre la situación económica de Rinne antes, durante y después de la convivencia, ni establecer una disminución de sus posibilidades productivas que encuentre causa adecuada en la organización familiar y su ruptura. Esta insuficiencia probatoria adquiere particular relevancia frente a la naturaleza del derecho reclamado, pues corresponde a quien pretende la compensación acreditar los presupuestos constitutivos de su procedencia (arts. 375 y 384 del CPCC).
En consecuencia, y por todos los argumentos precedentemente vertidos, corresponde rechazar la pretensión de compensación económica deducida por Celia Rosanna Rinne.
CUARTO: En cuanto a la pretensión de atribución del uso de la vivienda familiar formulada respecto del inmueble ubicado en calle Santa Fe Nº 329 de Carmen de Patagones, cabe señalar que el art. 527 del Código Civil y Comercial contempla para el supuesto de fallecimiento de uno de los integrantes de la unión convivencial, la posibilidad de que el conviviente supérstite invoque un derecho real de habitación gratuito sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar, sujeto a los presupuestos y limitaciones establecidos por la norma, entre ellos un plazo máximo de dos años.
Las constancias incorporadas a la causa revelan una circunstancia sobreviniente que torna innecesario ingresar en el examen de los requisitos sustanciales de la pretensión. En el marco del proceso promovido ante el Juzgado Civil y Comercial n.º 4 de este Departamento Judicial caratulado "SCALESI YESICA MADELEN Y OTRAS C/ RINNE ROXANA CELIA S/ HOMOLOGACION MEDIACION LEY 13.951", Exp.N°56699 las partes arribaron a un acuerdo mediante el cual Rinne asumió la obligación de restituir el inmueble referido libre de ocupantes y con los bienes y documentación allí individualizados, estableciéndose como fecha de entrega el día 30 de diciembre de 2023. Dicho convenio fue posteriormente homologado judicialmente.
En tal virtud, la controversia relativa a la permanencia de la accionante en la vivienda familiar quedó comprendida en un acuerdo celebrado por las propias interesadas y revestido de eficacia jurisdiccional mediante su homologación. En consecuencia, ha desaparecido el interés actual en obtener un pronunciamiento judicial sobre esa pretensión, desde que las partes acordaron expresamente las condiciones y oportunidad de restitución del inmueble.
Por ello, corresponde declarar abstracta la pretensión de atribución de la vivienda familiar, por devenir inoficioso su tratamiento a raíz de las circunstancias sobrevinientes señaladas.
QUINTO: Atento el principio objetivo de la derrota, las costas por la acción de compensación económica deberán ser soportadas por la parte actora que resulta vencida. En cuanto a la acción por la atribución del uso de la vivienda familiar cuyo tratamiento ha devenido abstracto, se imponen en el orden causado (art. 68 del C.P.C.C.).
POR ELLO y disposiciones legales citadas; FALLO: Esta causa caratulada "RINNE, CELIA ROSANNA C/ SUCESORAS DE SCALESI, JORGE SALVADOR (SCALESI, ALDANA KATERINE, SCALESI, SILVANA MARIA, SCALESI, CECILIA EVANGELINA Y SCALESI, YESICA MADELEN) S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO" Expediente Nº: E-114766 -COMPENSACION ECONOMICA-: 1°) Rechazar la pretensión de compensación económica deducida por Celia Rosanna Rinne, por los fundamentos expuestos en el considerando tercero. 2°) Declarar abstracta la pretensión de atribución del uso de la vivienda familiar, por las razones expuestas en el considerando cuarto. 3°) Imponer las costas conforme lo dispuesto en el considerando quinto (art. 68 C.P.C.). 4°) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad en que quede firme o ejecutoriada la presente y exista base cierta para ello (arg. art. 23 de la ley 14.967). Regístrese.-
Juan Carlos Tufari
Juez
Firmas
Funcionario firmante: TUFARI Juan Carlos - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 74-2026
Fin de la sentencia