Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 35.661-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la disposición 84/15 (AD BARI), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12383- 185-2013, y por ende el cargo 10/13, que se fija en la suma de U$S39.131,51, conforme lo establecido en el punto V.2.-, más los intereses correspondientes (art. 794 CA).
2Imponer las costas a la actora (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-81028510-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 21 de Agosto de 2026 Reunidos los Vocales titulares de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), con la presidencia del vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “DEL RÍO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. c/DGA s/Apelación” Expte. 35.661-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: DEL RÍO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. interpone recurso de apelación contra la disposición 84/15 (AD BARI), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12383-185-2013, por medio de la cual se rechazó la impugnación oportunamente deducida y se confirmó el cargo 10/13. Explica que sufrió el robo a mano armada de la mercadería que transportaba al amparo de la destinación 13004TRAS003938W, cuando circulaba entre las localidades de Suipacha y Mercedes. Añade que el camión robado fue posteriormente hallado sin la mercadería, en las proximidades del mercado central del partido de La Matanza. Señala que según el art. 315 del Código Aduanero (“CA”) la mercadería irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación no está sujeta a los tributos que gravaren su importación, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 82/89). Relata los hechos del caso y realiza la negativa de rigor. Señala que no existe controversia respecto de que la destinación suspensiva de transito de importación no fue cumplida, lo que determina la responsabilidad tributaria de la actora. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Señala que el hecho de haber formulado la denuncia ante la policía no resulta suficiente para eximir el pago de los tributos que gravan la importación para consumo de las mercaderías. Agrega que no está probado en autos que la mercadería objeto de robo no pueda ser recuperada o utilizada por un tercero. Indica que el hecho del robo de la mercadería no puede calificarse como imprevisible, por lo que no queda alcanzado por el instituto de fuerza mayor o caso fortuito. Por último, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 98 obra respuesta al oficio de parte de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del distrito de Vicente López. A fs. 104 se declara clausurado el período probatorio. A fs.121 se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 122, se resuelve no poner los autos para alegar y se llaman para el dictado de la sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduana: Las actuaciones administrativas SIGEA 12383-185-2013 se inician con la presentación del ATA, mediante la cual pone en conocimiento la denuncia formulada (fs. 1/5). A fs. 10 obra el MIC/DTA y a fs. 12 la hoja de ruta. A fs. 14/17 se agrega la nota externa 240/13 (AD BARI), por la que se pone en conocimiento de la justicia federal los hechos acaecidos. A fs. 18 luce planilla de verificación y aforo. A fs. 19 obra cédula de notificación del cargo 10/13, que se notifica el 13.02.14. A fs. 20/21 la actora impugna el cargo. A fs. 40/41 la actora alega. A fs. 43 se emite el dictamen 2/15 (AD BARI). Finalmente, a fs. 44/46 se dicta la disposición 84/15 (AD BARI), apelada en autos.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la disposición apelada -84/15-, en cuanto dispone rechazar la impugnación incoada por DEL RÍO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. y confirmar el cargo 10/13, se ajusta a derecho.
V.1. En primer lugar, debo señalar que la actora realiza una incorrecta caracterización y presentación de los hechos controvertidos. No resulta conforme a las constancias de las actuaciones administrativas ni de autos que se haya producido un robo. Lo único que se encuentra demostrado es que, con fecha 29.09.13 se realizó una denuncia en sede policial de un robo que habría ocurrido el 27.09.13, cuyos extremos fácticos carecen de otra demostración más que tal declaración unilateral contenida en dicha denuncia (ver fs. 2/5 de las act. adm.). Corresponde también poner de manifiesto que las constancias obrantes en las actuaciones administrativas y lo actuado ante este Tribunal nada aportan ni agregan al respecto. En consecuencia, lo único que puede afirmarse con certeza, en el plano de los hechos acaecidos en relación a estos autos, es que: a) existe una denuncia unilateral de robo de un camión marca Scania modelo 380 dominio IMW-4797, semi remolque dominio MHE-9757, efectuada ante autoridad policial, y que dicho siniestro habría ocurrido el 27.09.13; b) la mercadería transportada en ese camión se encuentra, por ende, desaparecida –no robada- sin que haya podido ser recuperada por sus responsables.
En segundo lugar -sentada la base fáctica de la causa-, resulta menester reafirmar un principio básico relativo al ejercicio de la función jurisdiccional: ella consiste en aplicar el derecho tal como este se encuentra legislado, con prescindencia del juicio particular de los magistrados sobre la justicia o injusticia de las soluciones objetivas contenidas en los textos legales -aplicables a los casos que les toca juzgar-.
En esta línea, se observa que los hechos expuestos supra tornan diferente este caso respecto a la base fáctica tenida en cuenta por la Corte en el citado precedente “Tevelam” -ver considerandos 3º y 11º a partir de la línea 11-; señalando asimismo que el examen jurídico del plexo normativo del CA -aplicable en autos- que realiza el Alto Tribunal en dicho precedente –exclusivamente sus considerandos 4º a 9º- resulta sustancialmente correcto.
La previsión del art. 315 del CA –conforme la explicación sistemática de los considerandos 4º a 9º del precedente “Tevelam” de la Corte Suprema- establece expresamente que la mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando resulte utilizable por un tercero (tal como se verificó en este caso, al no recuperarse la mercadería supuestamente robada), operando a los efectos tributarios la presunción legal iuris et de iure de que la mercadería fue importada para consumo, esto es sin dispensa a los responsables tributarios del pago de los derechos de importación.
Las normas del CA bajo examen son previsiones de naturaleza impositiva sustancial que, lejos de aparecer en desarmonía con el ordenamiento jurídico nacional -o arrojar consecuencias reñidas con los valores que tutela- guardan analogía con innumerables institutos del derecho tributario federal. Tales institutos regulan supuestos de responsabilidad impositiva ex lege, similares a los de las normas del CA aplicables en autos. Basta referir a: a) las previsiones de los arts. 780 y 781 del CA que establecen respectivamente los supuestos de responsabilidad tributaria aduanera del agente de transporte aduanero con el transportista, y del sujeto que por actividad o profesión tiene relación con el servicio aduanero con sus dependientes que realizaren un hecho gravado en ejercicio de sus funciones; b) el instituto de las salidas no documentadas del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias (“LIG”) donde un contribuyente debe pagar el tributo de la ley aplicando la alícuota marginal máxima de la escala -35 %- sobre un ingreso gravado (que así queda alcanzado) obtenido por otro contribuyente (el “beneficiario desconocido u oculto”); c) las presunciones de ganancias netas de fuente argentina contenidas en los arts. 9 a 13 de la LIG, establecidas con independencia de su carácter de ganancias de fuente argentina conforme el art. 5 de la misma LIG; d) las retenciones con carácter de pago único y definitivo -sin computar los gastos y deducciones legales- del impuesto a las ganancias a los beneficiarios del exterior, reguladas por los arts. 91, 92 y 93 –salvo incisos f) y g)- de la LIG, incluidas las presunciones de ganancia neta del último artículo referido, que no admiten prueba en contrario; e) en la ley 11.683 (t.o. 1998) que establece en su Capítulo II “Sujetos de los deberes impositivos” a los responsables por cumplimiento de deuda tributaria ajena (arts. 6 y 7), “los responsables en forma personal y solidaria con los deudores” (art. 8) y los “responsables por los subordinados” (art. 9); f) las numerosas normas de responsabilidad objetiva –no tributaria- por hechos de terceros que prevé el Código Civil, etc.
En línea con los institutos señalados los arts. 310, 311, 314 y 315 del CA establecen la obligación de pago de los derechos de importación para los supuestos de importación a consumo bajo las presunciones iuris et de iure que regulan, no existiendo razón legal atendible para apartarse de las previsiones normativas del CA, fundamentos que se colocan al margen de los claros textos normativos. Que, a fortiori, cabe indicar que: a) no resulta correcto afirmar que en supuestos como el previsto en el art. 315 del CA se responsabiliza tributariamente al transportista o su agente por hechos involuntarios: quienes desarrollan o se vinculan a la realización de una actividad empresarial -regulada por ordenamientos como el CA- voluntariamente emprenden una actividad sometida a determinadas contingencias legales o tributarias como las aquí suscitadas, conociéndolas de antemano; vale recordar que rige en nuestro país, desde hace más de 100 años, el principio del antiguo art. 20 del Código Civil de Vélez Sarsfield que establece que “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley” (ley 340 BO: 01.01.1871), disposición mantenida en el vigente art. 8 del nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994; BO: 01.10.14, vigencia 01.08.15); b) tampoco sirve de fundamento para dispensar pretorianamente el pago de los derechos de importación, una supuesta incoherencia entre lo previsto por el art. 783 y cc. del CA y su art. 315 para el caso de que la mercadería fuera finalmente encontrada en poder de terceros (los supuestos malhechores) que deberían pagar nuevamente los derechos ya satisfechos por los sujetos del art. 315 del CA: el ordenamiento legal prevé para estos últimos la acción de regreso contra tales terceros (arts. 827, 840 y cc. del Código Civil y Comercial vigente, que mantuvo los mismos dispositivos legales existentes desde 1.871); c) finalmente, respecto a las consideraciones sobre los valores de justicia y equidad que se verían afectados por el art. 315 del CA –que, en mi opinión, no se advierten lesionados en este caso- cabe recordar lo sostenido sabiamente por Blackstone: “la ley sin equidad, aunque dura y odiosa, es mucho más deseable para el bien común que la equidad sin ley, que hace de cada juez un legislador e introduce la más infinita confusión” (–William Blackstone: 1 Commentaries on the Laws of England 62, 4th ed., 1770).
V.2. Finalmente, se señala que en virtud del criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas” no corresponde incluir en los cálculos efectuados por el servicio aduanero las percepciones de IVA adicional y de impuesto a las ganancias, dado que, según dicho precedente, al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
En función de lo expuesto, corresponde reliquidar el cargo formulado a fs. 18/19 de las act. adm., excluyendo del cálculo a las referidas percepciones (U$S25.658,10 en concepto de IVA adicional y U$S7.697,43 en concepto de impuesto a las ganancias), por lo que su importe queda fijado en la suma de U$S39.131,51.
En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la disposición 84/15 (AD BARI), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12383- 185-2013, y por ende el cargo 10/13, que se fija en la suma de U$S39.131,51, conforme lo establecido en el punto V.2.-, más los intereses correspondientes (art. 794 CA).
2. Imponer las costas a la actora (art. 1163 del CA).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, SE
1. Confirmar la disposición 84/15 (AD BARI), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12383- 185-2013, y por ende el cargo 10/13, que se fija en la suma de U$S39.131,51, conforme lo establecido en el punto V.2.-, más los intereses correspondientes (art. 794 CA).
2. Imponer las costas a la actora (art. 1163 del CA).
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2026.08.21 14:27:24 ART Date: 2026.08.21 18:40:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.21 18:41:05 -03:00
Fin de la sentencia