Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 339/07 y 340/07, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Rio Export S.A., de la siguiente manera:
A. Expediente N° 30.811-I: $1.442.613, por la representación procesal y $3.606.532, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B. Expediente N° 30.812-I: $246.267, por la representación procesal y $615.669, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Los honorarios regulados no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-120546316-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 29 de Octubre de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expte. 30.811-I y su acumulado 30.812-I caratulado “Río Export S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Río Export S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos:
a. la Resolución N° 339/07, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los períodos 1/2002 a 12/2004, se establecen los saldos a favor del organismo fiscal por los periodos fiscales 2 a 5/2002 y 12/2002; 2/2003, 4 a 9/2003 y 11/2003; 1/2004, 3 a 8/2004 y 10 a 12/2004, y se disminuyen los saldos a favor de Rio Export SA por los períodos 1/2002, 6 a 11/2002, 1/2003, 3/2003, 10/2003, 12/2003, 2/2004 y 9/2004, intimándola a ingresar la suma total de $4.697.481,38, más intereses resarcitorios.
b. la Resolución N° 340/07, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a las salidas no documentadas por los períodos fiscales 2002, 2003 y 2004, y se lo intima a ingresar la suma total de $28.785.335,91, también más intereses resarcitorios.
En dichos actos se hizo reserva de juzgar las conductas infraccionales por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.). En su presentación ante este Tribunal explica que su actividad principal consiste en comprar cuero a distintos proveedores para su industrialización y reventa, tanto en el mercado local como en el exterior.
Manifiesta que la fiscalización calificó como apócrifas las facturas de los siguientes proveedores: Infinity Group S.A., Hugo Javier López, Miguel Antonio Ferro, Ángel Antonio Gómez (Saladero Tucumán), Raúl Emiliano Pfohl, Ernesto Ramón Sotelo, El Certivero S.R.L., Oscar Alfredo Benítez y Cebil Cueros S.A.
Sostuvo para ello que:
- Algunas empresas habían sido vinculadas a causas penales por emisión de facturas apócrifas a partir de un allanamiento por un operativo de cueros que tramitó en el Juzgado Federal de Corrientes, y que - No tenían capacidad económica para efectuar las operaciones con Río Export S.A.
Sostiene, sin embargo, que con la documentación obtenida en el allanamiento, la fiscalización pudo constatar la existencia de las facturas emitidas por los proveedores y el pago de las operaciones a través de movimientos bancarios que, a su vez, fueron reconocidos por el banco.
Invoca por ello, en primer término, la nulidad de las Resoluciones porque el juez administrativo hizo una evaluación parcial de las pruebas aportadas, y alega que carecen de causa y motivación en violación al art. 7° de la ley 19.549. Se queja especialmente que se haya omitido la información dada por El Certivero S.R.L., uno de los proveedores, que adjuntó facturas y notas de crédito emitidas a Río Export S.A. por el concepto venta de cueros salados. Agrega que de dicha documentación surge que la mercadería fue entregada y abonada con cheques de pago diferido emitidos íntegramente a la orden de El Certivero S.R.L., cruzados para su posterior depósito, documento que fue firmado por el socio gerente de la empresa. Asimismo, dice que la fiscalización constató la inscripción fiscal del proveedor, la declaración de empleados en relación de dependencia, su domicilio fiscal y comercial, y el contacto con un socio gerente, por lo que no puede negarse la existencia de las operaciones.
Respecto al resto de los proveedores, señala que el Fisco Nacional sostuvo que eran insolventes, y entre las irregularidades que detectó y tuvo en cuenta para desconocer las operaciones, están: que no tenían bienes que permitieran presumir que poseían capacidad para producir y/o vender o prestar los servicios, no declaraban empleados en relación de dependencia, no aportaron comprobantes respaldatorios de las ventas, ni los libros de IVA compras o libro de IVA ventas; en algunos casos no coincidía la actividad en la que se encontraban inscriptos con la que verdaderamente realizaban, y ante los requerimientos de información en algunos casos no fueron respondidos.
Además, del circuito financiero del cobro de las operaciones facturadas, se comprobó que los cheques fueron descontados en cooperativas y/o compañías financieras luego de sucesivos endosos, sin poder identificar el destino final de los fondos y los reales beneficiarios.
A pesar de ello, entiende que ninguno de estos hechos puede atribuírsele, cuando Rio Export S.A. tampoco tenía la obligación legal de constatar y controlar la vida comercial y el consecuente cumplimiento de las obligaciones fiscales de los proveedores. Lo único que podía verificar era su inscripción y la emisión de facturas y pagar el precio mediante los medios de la ley 23.545.
Alega por otro lado, que la fiscalización no tuvo en cuenta el registro de las compras en el libro IVA, las retenciones practicadas, la copia de los pagos efectuados, la documentación de la exportación de los cueros, y los grandes volúmenes de venta a uno de sus mayores clientes, Compañía Industrial del Cuero S.A.
Por tales consideraciones, invoca su derecho a computar los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado y a deducir los gastos del impuesto a las ganancias de las adquisiciones de cueros ya que resultaron imprescindibles para el desarrollo de su actividad.
De la misma forma, respecto a la intimación a ingresar en el impuesto a las salidas no documentadas notificada en la Resolución N° 340/07, invoca su improcedencia ante la existencia de documentación de las erogaciones, que permitió identificar a los beneficiarios de las mismas.
Aporta prueba documental, ofrece prueba informativa, y solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones N° 339/07 y 340/07, con costas.
II. A fs. 253/274 y 543/574 la representación fiscal contesta el traslado de los recursos y solicita que se confirmen dichos actos, también con costas.
Para ello sostiene que las Resoluciones recurridas tienen origen en la documentación secuestrada en los allanamientos realizados en las causas que tramitaron en el Juzgado Federal de Corrientes y en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°1, a las resultas del cual se concluyó que las operaciones de Rio Export S.A. con determinados proveedores eran apócrifas, es decir, inexistentes.
Respecto al planteo de nulidad por falta de causa y motivación, solicita su rechazo porque las actuaciones administrativas respaldan la pretensión fiscal.
Agrega que el juez administrativo fundó el rechazo de la prueba, por más que el recurrente no esté de acuerdo con su decisión.
En cuanto a la cuestión de fondo, realiza un análisis de cada uno de los proveedores, y los indicios que llevaron al juez administrativo a considerar como apócrifas las facturas que emitieron.
III. A fs. 577 Rio Export S.A. hace saber su presentación en concurso preventivo y a fs. 579 se abre la causa a prueba y se hace lugar a la prueba informativa dirigida a Swift Armour S.A., a los proveedores Hugo Javier López, Miguel Antonio Ferro, Ángel Antonio Gómez (Saladero Tucumán), Raúl Emilio Phol, Ernesto Ramón Sotelo, Oscar Alfredo Gómez Benítez y Cébil Cuero S.A, a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Inspección General de Justicia. A fs. 591 se decidió por Tribunal en Pleno acumular el Expte. N°30.812-I al N° 30.811-I, en trámite ante esta Vocalía. A fs. 633 en atención al tiempo transcurrido y luego de las intimaciones cursadas para arbitrar los medios necesarios para su producción, se da por decaído el derecho a producir la prueba admitida y se clausura el periodo probatorio. A fs. 638 debido al proceso falencial de Rio Export S.A. informado a fs. 577, se requirió al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 13 que informara los datos del síndico interviniente a esa fecha, lo que fue cumplido en la respuesta a fs. 641. Allí, el juez informa que el proceso tramitado en los autos “Rio Export S.A. s/ quiebra” se encontraba concluido y la actuación del síndico finiquitada.
Asimismo, en atención al oficio librado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 a fs. 636, a fs. 642 se le requirió a las partes que informaran el estado de las actuaciones penales sustanciadas en la causa “De las Carreras, Ernesto Jose Antonio; Caradonti, Jorge Constantino s/ evasión”, que fue respondido a fs. 644/645. Allí, la representación fiscal informa que los responsables de Rio Export S.A. fueron condenados por los delitos de evasión agravada con relación a las obligaciones comprendidas en las Resoluciones de determinación de oficio recurridas en este Expediente. A fs. 649, atento a lo informado por el Juez de la quiebra, se intimó a Rio Export S.A. para que comparezca por sí o por apoderado bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía, el que ante el incumplimiento, se hizo efectivo a fs.657. A continuación, pasaron los autos a consideración de los Vocales de la Sala y a fs. 668 quedaron en estado de dictarse la sentencia.
IV. Corresponde resolver sobre la validez y legitimidad de las Resoluciones Nros. 339/07 y 340/07.
a. En primer lugar, debe tratarse el planteo de nulidad, el que cabe ya adelantarlo, no puede prosperar, ya que contrariamente a lo que Rio Export S.A. sostiene en ningún momento se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo. Es que para ello, es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verificó en el sub lite, prueba de lo cual es que tuvo oportunidad de presentar sus defensas en la instancia administrativa previa así como también ante este Tribunal.
En efecto, las Resoluciones se encuentran debida y suficientemente motivadas en los antecedentes de hecho y de derecho descriptos en sus Considerandos, por lo que no se advierte violación alguna a ninguna de las disposiciones de la ley 11.683, ni tampoco al procedimiento administrativo reglado en la ley 19.549, ya que de allí no se advierte que se haya incurrido en ningún vicio que justifique que este Tribunal declare la nulidad de dichos actos.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este Tribunal al decir que “… cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” conf. “Bringas Raúl”, sentencia del 1.10.2020, entre muchos otros.
En el caso, Rio Export S.A. invoca que se rechazó la prueba ofrecida en sede administrativa y que con ello se afectó su derecho de defensa. Sin embargo, los Considerandos de las Resoluciones dan cuenta que la prueba documental que aportó fue examinada, sin perjuicio de los resultados extraídos de la misma; por su parte, el rechazo de la restante prueba que ofreció se encuentra debidamente fundado ya que los medios pretendidos no tenían por propósito demostrar la real existencia de las operaciones con los proveedores.
En definitiva, el juez administrativo rechazó las pruebas porque no tenían como fin demostrar la realidad material de las operaciones impugnadas que era lo que la recurrente tenía que demostrar y para ello fundó su criterio, por lo que corresponde desestimar la defensa de nulidad, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
b. En cuanto a la legitimidad de las Resoluciones, surge de sus Considerandos que en el procedimiento de fiscalización llevado a cabo a Rio Export S.A. –cuya actividad principal es el curtido y terminación de cueros-, se detectaron operaciones con los siguientes proveedores: Infinity Group S.A., Hugo Javier López, Miguel Antonio Ferro, Ángel Antonio Gómez (Saladero Tucumán), Raúl Emiliano Pfohl, Ernesto Ramón Sotelo, El Certivero S.R.L., Oscar Alfredo Benítez y Cebil Cueros S.A. que fueron calificados por la Administración Tributaria de apócrifos por diferentes razones, entre ellas que estaban involucrados en causas penales como usinas de facturación.
Por ejemplo, Infinity Groups S.A. (antes Caliban S.A.) estaba implicada en la causa “Di Biase Luis Antonio s/ asociación ilícita”.
En el caso del proveedor Miguel Antonio Ferro, si bien facturó a Rio Export S.A. ventas de cuero, su actividad declarada, la “extracción de productos forestales de bosques cultivados”, no tenía relación con los conceptos facturados. No tenía vehículos ni inmuebles a su nombre; no pudo ser localizado en su domicilio fiscal, ni tenía personal en relación de dependencia, ni otros bienes o locales/inmuebles para ejercer su actividad, que dieran cuenta de su capacidad operativa para efectuar las ventas de cuero a Rio Export S.A.
A pesar de ello, surge de las act. adm. que facturó a Rio Export S.A. la suma de $3.504.454,34 solo entre 2002 a 2004, mas no tenía acreditaciones bancarias. Tampoco se pudo comprobar que el Sr. Ferro cobrara los cheques por los pagos de Rio Export S.A.
Respecto a Raúl Emilio Pfohl, facturó venta de cuero y servicios de flete, y si bien estaba inscripto en la actividad de intermediación de carne no pudo ser localizado en su domicilio. Además, se constató que allí funcionaba el Frigorífico Soledad S.R.L., también proveedor de Rio Export S.A.
A su vez, el Sr. Pfohl tenía un solo bien registrable de poco valor, y no tuvo retenciones por compras de cuero. Además, se tuvo en cuenta que los cheques no se depositaban en la cuenta bancaria del Sr. Pfohl, y de ello la imposibilidad de conocer al beneficiario real de los pagos.
En el caso de El Cervitero S.R.L., que también facturó venta de cueros, estaba inscripto para la venta de lanas, cueros en bruto y productos afines, pero no tenía cuentas bancarias, ni propiedades ni vehículos a su nombre. Tampoco efectuó retenciones en el impuesto a las ganancias a los proveedores por sus propias compras.
La fiscalización constató que el domicilio fiscal estaba en una casa antigua ubicada en una calle céntrica de la ciudad de Santiago del Estero, que era una pieza con un escritorio y tres sillas.
Asimismo, se comprobó que los socios de la empresa eran insolventes y uno de ellos era remisero hacía más de diez años. Ante la fiscalización, éste declaró que fue llevado por el apoderado a una escribanía para firmar papeles con el fin de constituir una sociedad de la que nunca participó. Además, figuraba como socio de otra empresa que también fue calificada de apócrifa.
Por último, de la copia de los cheques surgió que fueron firmados supuestamente por el apoderado de El Cervitero S.R.L. que tampoco tenía bienes a su nombre, ni cuentas bancarias, ni capacidad económica alguna.
La misma situación se constató con los demás proveedores, quienes, entre sus irregularidades, no tenían local habilitado para desarrollar las tareas en las que estaban inscriptos, no fueron localizados en sus domicilios, no tenían bienes registrables ni empleados en relación de dependencia, no registraban presentación de declaraciones juradas ni en el impuesto al valor agregado ni en el impuesto a las ganancias.
Lo que tenía que demostrar entonces Rio Export S.A. era que las operaciones efectivamente existieron y que fueron efectuadas con los proveedores que emitieron los comprobantes fiscales; sin embargo, no existe ningún elemento en las actuaciones administrativas ni en esta instancia de la efectiva existencia de ello, ni tampoco de la capacidad operativa y económica de éstos. En efecto, la documentación aportada ante este Tribunal consistió en planillas de Excel de cada una de las compras realizadas por Rio Export S.A., que no era lo que estaba en discusión.
En cuanto a los ajustes en el impuesto al valor agregado, el análisis debe hacerse a la luz del criterio adoptado por la Corte Suprema al fallar en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, el 10 de marzo de 2015, en la que dijo, en lo que aquí importa “Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o.1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "en todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles …”.
Y agregó que “Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Que es justamente lo que ha sucedido en el caso de Rio Export S.A. tal como se analizara en el punto anterior. Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” en la misma fecha, y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchas otras.
Lo explicó la Cámara cuando dijo que “ … el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)”, conf. “Avital S.A.”, sent. del 24 de febrero de 2022, entre otras. Resulta así claro que el art. 12 de la ley del gravamen establece el derecho al cómputo del crédito fiscal en la medida que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que no se probó en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente vendieron los bienes y prestaron los servicios a Rio Export S.A.
En el caso, Rio Export S.A. no rindió dicha prueba, ni en la instancia administrativa previa ni ante este Tribunal a pesar que le fue admitida (fs. 579); tampoco los proveedores dieron cuenta en la etapa de la fiscalización de las operaciones con su testimonio; más aún, uno de los socios de uno de ellos –El Cervitero S.R.L.- la desconoció expresamente y reveló la modalidad en que aparecían emitiendo los comprobantes, a pedido de otra persona y sin tener ninguna vinculación comercial ni legal.
Ello, por sí solo es suficiente para confirmar los ajustes practicados tanto en el impuesto al valor agregado como en el impuesto a las ganancias, ya que tampoco Rio Export S.A. rindió prueba alguna de la existencia de las operaciones que justifique que se admita su deducción como gastos.
Por último, en cuanto a la intimación de pago del impuesto a las salidas no documentadas, conforme surge del informe final de inspección obrante a fs. 1/41 de las act. adm. del impuesto a las ganancias, de la circularización efectuada al Banco Galicia se constató que en los cheques que Rio Export S.A. emitió en pago había las siguientes irregularidades: a) figuraba el nombre de una persona pero con otro número de documento; b) tenían diferente letra y firma; c) las firmas del primer endoso no tenían aclaración ni número de documento; y d) los cheques fueron descontados en cooperativas sin movimientos y otras entidades financieras.
En definitiva, no existen elementos para determinar que los destinatarios de los cheques y beneficiarios de los pagos fueron realmente los proveedores. Este es, precisamente, el supuesto que da origen al impuesto reglado en el art. 37 de la ley del gravamen, sin que Rio Export S.A. haya hecho esfuerzo alguno para probar en contrario de la presunción allí establecida.
Por lo expuesto, corresponde confirmar las Resoluciones Nros. 339/07 y 340/07, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ellas por aplicación del art. 37 de la ley 11.683, que se devengan en forma automática por la demora en el pago debido y en término. Las costas se imponen a la vencida (art. 184, 5to.párr., ley).
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere a la decisión propiciada por la Vocal Instructora por similares argumentos.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora en cuanto rechaza la defensa de nulidad articulada respecto a ambas resoluciones, sin imposición de costas por no sustanciarse como excepción previa; y confirma los ajustes en el Impuesto a las Ganancias, IVA y Salidas no Documentadas más la liquidación de intereses resarcitorios, con costas a la vencida.
Adicionalmente y respecto al planteo subsidiario que realiza la recurrente con relación al cómputo de retenciones, cabe señalar que ante la inexistencia de constancias concretas en las presentes actuaciones que valide ello con la precisión necesaria para su evaluación, no corresponde que ello sea considerado.
Asimismo, a mayor abundamiento, entiendo que resulta improcedente la compensación solicitada respecto a Salidas no Documentadas, toda vez que tratándose de un gravamen que debe ser abonado a título propio por la recurrente ante la falta de individualización de los beneficiarios a cuyo cargo debió estar el pago del impuesto percibido y teniendo en cuenta que el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias -aplicable a los períodos determinados- refiere que el pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) se considerará definitivo, las retenciones en IVA y en el Impuesto a las Ganancias no forman parte de dicho monto como lo pretende la actora.
En atención a la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 339/07 y 340/07, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Rio Export S.A., de la siguiente manera:
a. Expediente N° 30.811-I: $1.442.613, por la representación procesal y $3.606.532, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b. Expediente N° 30.812-I: $246.267, por la representación procesal y $615.669, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Los honorarios regulados no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.10.29 13:29:03 -03:00 Date: 2025.10.29 16:15:08 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.29 19:33:44 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.29 19:33:45 -03:00
Fin de la sentencia