Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9064/25 Sentencia: Definitiva Actor: Ríos José Roberto Demandada: Prevención ART S.A.
Objeto: Accidente de Trabajo Fecha: 25-06-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 25 del mes de Junio de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “RIOS, JOSE ROBERTO C/PREVENCIÓN ART S/ACCIDENTE DE TRABAJO" Expte. Nº 20.546/2.022 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, y de Minería N° 2 con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 9064. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que en PE 1988112-2025 la Dra. Griselda Bard se excusa de intervenir en los presentes por cuanto el Dr. Eduardo Gonzalez, apoderado de la parte demandada, resulta ser su esposo. Invoca a tal fin el art. 17 inc. 1 y 30 del CPCC. Que es de público conocimiento que nuestra colega se encuentra unida en matrimonio con el nombrado letrado y por ende, su situación encuadra en lo dispuesto en el art. 17 inc. 1 del CPCC, por lo que resulta procedente la excusación y por ello corresponde aceptarla y apartar a la Dra. Griselda Bard del conocimiento y trámite de la presente. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Que coincido con el primer votante y por lo tanto adhiero a su voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
II. Que por PE 16325-2022 se presenta el Sr. José Roberto RIOS con el patrocinio letrado del Dr. Arturo Sabbatella y promueve demanda contra PREVENCION ART SA procurando el cobro de la suma de Pesos Veintisiete Millones Cuatrocientos Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 66/100 Centavos ($ 27.402.499,66) en concepto de indemnización de pago único establecida en el art. 14 de LRT por incapacidad permanente parcial y definitiva resultante de un accidente de trabajo. Solicita actualizar los salarios mensuales utilizados para establecer el promedio del ingreso base aplicando el cociente RIPTE. Asimismo respecto al pago de las sumas únicas (art. 11 inc. 4 LRT por estimar una incapacidad mayor al 50 %) se plantea la inconstitucionalidad del art. 17 bis de la ley 26.773. Impugna también la constitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 apart. de la Ley 24.557 mod. por ley 27348, de la intervención de las comisiones médicas y su pretendida revisión judicial para acceder al procesamiento pleno del pleito mediante las normas procesales locales y del DNU 669/2.019 que modifica la redacción del art. 12 de la LRT.
Destaca que a la fecha de la interposición de la demanda la Provincia de Santa Cruz no estaba adherida a la Ley 27.348 y por ello las Comisiones Médicas Jurisdiccionales no se encuentran habilitadas en los términos del art. 38 de la Resolución 298/2.017 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Funda la competencia en los arts. 3 y 7 de la Ley Provincial Nro. 1.444 en razón de la materia laboral y el domicilio del lugar de trabajo.
Al relatar los hechos expresa que el 1 de febrero de 2.002 ingresó a trabajar para “Nuevo Cerro Dragón SA Cañadón Grande SA UTE”, con una jornada de trabajo de lunes a sábados de 8:30 a 19 hs. a la que se debe sumar el traslado desde su domicilio en Pico Truncado hacia la base de la empresa en la localidad de Las Heras. Describe las condiciones de los caminos por donde transitaba y las distancias que recorría como así también la mecánica de las tareas que desarrollaba. Luego relata como se inició su enfermedad y la denuncia que formuló ante PREVENCIÓN ART SA y después ante la Comisión Médica N° 201.
Le dedica un capítulo a las lesiones columnarias que padece e invoca la existencia de relación de causalidad entre las tareas laborales que desarrollaba y la patología que padece. Amplia la descripción de tales tareas remarcando los pesos de los elementos de trabajo que maniobraba, las posiciones antiergonómicas bajo las cuales las desarrollaba y las condiciones de los caminos por los que se trasladaba entre otras consideraciones que formula. Indica el grado de incapacidad que padece de tipo parcial, permanente y definitiva que alcanza al 45 % de la T.O. por la lesión Discopatías Múltiples con compromiso neurológico cervicobraquialgia y lumbociatalgia, a lo que agrega la incapacidad psicológica que se estima en un 10 %. Solicita se declare la inconstitucionalidad del Dec. 658/96 y Laudo del M,T, y S.S. 79/96 que incorpora la tabla de Evaluación de Incapacidades.
Solicita que una vez declarada la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 8 apartado 3ro., 46 de la ley 24.557, Dec. 1278/2.000 y considerado el carácter profesional de la secuela, el grado de incapacidad sea determinado según lo establecido en el art. 8 inc. 1 y 2 de la ley 24.557. Subsidiariamente pide se resuelva el caso aplicando el principio de equidad establecido en el art. 11 de la Ley de Contrato de Trabajo y art. 1742 del Código Civil y Comercial. Plantea también la inconstitucionalidad del Baremo establecido por el Dec. 659/96 y refiere a la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 26773. Invoca la responsabilidad de las ART por las prestaciones de la LRT, plantea la inconstitucionalidad del art. 6 parr 2° de la ley 24557 y funda la legitimación pasiva de las ART, peticionando también la inconstitucionalidad del fuero federal (arts. 21, 22, 46, 50, 8 apartado 3 de la ley 24557 y los Dec. 717/96, 1278/00, 410/01). Solicita la inexistencia de actos realizados bajo el sistema administrativo de la ley 24557, alude a la violación de la defensa en juicio y a la inaplicabilidad de la teoría de los actos propios. Pide también la inconstitucionalidad del DNU 669/2.019, reclama las prestaciones dinerarias de la ley 24557 a cargo de la LRT, y funda la liquidación de la prestación dineraria reclamada.
Por último ofrece prueba, hace reserva del caso federal y hace su petición final.
III. Que por PE 684472-2022 se presenta PREVENCIÓN ART SA mediante apoderado y contesta demanda, solicitando se rechace la acción con expresa imposición de costas. Formula una negativa particular de hechos y reconoce el expediente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 326012/21 y dictamen médico en expte. 326012/21. Acompaña documental, invoca que la falta de adhesión de la provincia a la ley 27.348 no obsta a la aplicación de los arts. 1, 2, 3, 14 y 15 de la misma y señala la inexistencia de nexo causal entre el hecho y el daño.
Bajo el título la “verdad de los hechos”, expresa que PREVENCION ART SA no ha incumplido ninguna norma legal en el suceso ni adeuda ninguna obligación al actor por algún concepto derivado del infortunio laboral que invoca, puesto que presentado el reclamo administrativo procedió a la investigación del asunto, llegando a la conclusión de que el lugar y puesto de trabajo no produce la enfermedad profesional que el trabajador alega como fuente de la demanda, por lo que toda indemnización y/o reclamo que pretenda en exceso o por fuera de esa cobertura debe ser exigido a su empleadora ya que la aseguradora cumplió con sus obligaciones. Sostiene también que el reclamo importa colocar en riesgo el sistema jurídico.
Contesta la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 26.773, del decreto 669/19, y solicita el rechazo de la aplicación del anatocismo.
Impugna la liquidación, cita el precedente “Espósito” de la CSJN, solicita que los eventuales créditos se actualicen conforme a la tasa pasiva promedio del BCRA.
Ofrece prueba, funda en derecho y hace su petición final.
IV. Que por PE 1868494-2025 se dicta sentencia definitiva en la que se resuelve: 1) Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 8 inc. 3, 21, 22, 46 inc. 1 y 50 de la ley 24557, Decreto 717/1996, Decreto 410/2.001 y Decreto 54/2017.
2. Declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/19. 3) Declarar abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 6 inc. 2 de la Ley 24.557, Decreto 658/96, Decreto 659/96 y del Decreto 1278/2000. 4) Hacer lugar a la demanda interpuesta por el Sr. José Roberto Ríos DNI 26.055.049 en contra de la demandada PREVENCION ART SA condenándola al pago de la indemnización que corresponde por aplicación del art. 14 apartado 2 inc. a) de la ley 24.557 y art. 3 de la ley 26.773 por incapacidad sufrida del 32,46 % de la T.O. a consecuencia de la enfermedad profesional denunciada el día 28 de Julio de 2.021 debiéndose abonar en el plazo diez (10) días de encontrarse notificada la suma de la liquidación a practicarse por el Gabinete Contable Oficial, determinándose el IBM en la suma de $ 97.781,81 debiendo agregarse los intereses que surjan desde la fecha de la primera manifestación invalidante (18/03/2021). En caso de mora, las sumas adeudadas devengarán interés conforme la tasa activa cartera nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina hasta el momento de su efectivo pago. 6) Pase al Gabinete Contable Oficial a los fines de practicar liquidación final. A los fines del cálculo y actualización de las sumas adeudadas, deberá tener presente la fecha de la primera manifestación invalidante – 18/03/2.021 – y la redacción establecida para el art. 12 de la ley 24557 en el art. 11 de la ley 27348 y la modificación introducida por el art. 3 de la ley 26.773.
V. Que la sentencia de primera instancia no satisface a la parte actora la que mediante PE 1882320 – 2025 interpone y funda recurso de apelación. La crítica que plantea se sustenta en cuatro agravios y a través del primero se queja de que el juez de grado incurrió en una incorrecta valoración del porcentaje de incapacidad por incorrecta aplicación del factor de ponderación edad. Concretamente señala que el juez se aparta de la pericia ordenando aplicar en forma errónea el factor de ponderación edad, dado que lo hace como porcentaje y no lo suma en forma directa. Señala que de acuerdo al Dec. 659/96 corresponde aplicar el porcentaje solamente para el factor de ponderación “dificultad para la realización de las tareas habituales” (15% de 30% = 4,5 %) y “amerita recalificación” (0% de 30% = 0%) pero no para el factor de ponderación “edad del damnificado” (2%). Agrega que una vez obtenidos los resultados de cada uno, se suma con el porcentaje estimado para el factor “edad” (4,5% + 0% + 2 % = 6,5%), conformando así un único valor (6%). Afirma que esto es así porque el propio Baremo de LRT establece que el factor “edad” del damnificado se debe sumar a los porcentajes que resulten del paso 1 y 2. Según su postura, se deben calcular los porcentajes de “dificultad para la realización de las tareas habituales” y “amerita recalificación” y segundo, de lo que resulte de esos cálculos se deberá sumar directamente el factor “edad”. Señala que la jurisprudencia es clarísima al respecto y reproduce citas textuales de sendos fallos judiciales. Seguidamente practica un nuevo cálculo de incapacidad más factores de ponderación sobre la base de tales pautas, lo que arroja un resultado de 36,5 %.
En su segundo agravio, señala el quejoso que la sentencia puesta en crisis resuelve tomar como fecha de primera manifestación invalidante el 18/03/2.021 y por tanto, lo que corresponde es actualizar por RIPTE las remuneraciones de los 12 meses anteriores a la fecha de PMI, es decir, tomar el periodo de Marzo de 2020 a Marzo de 2.021 y no como pretende el Sr. Juez de Primera Instancia utilizar un periodo incompleto por sostener que no cuenta con la totalidad de los recibos de haberes para realizar el cálculo. Según el quejoso, para efectuar el cálculo y corroborar dichos valores pudo el Juez tomar la sabana de aportes del Sr. Ríos extraída de la página de ARCA (EX AFIP), la cual fue acompañada junto al líbelo inicial de esa parte, por lo que concluye que el ingreso base es de $ 162.771,42 y no como se determina en la instancia anterior de $ 97.781,81.
En su tercer agravio critica que el juez de grado omitió la aplicación del art. 770 inc. b del CCYC, según el cual, es una norma de orden público y por tanto corresponde su aplicación directa.
En el cuarto agravio solicita se declare la inconstitucionalidad de la ley 23.928, art.7 y 10, y del art. 4 de la ley 25.561 a los fines de evitar la pérdida del poder adquisitivo del actor, solicitando se aplique el coeficiente “CER” más una tasa pura del 6 % anual. En éste punto se agravia de la tasa de interés que ordena aplicar el Sr. juez y luego de formular diversas apreciaciones en torno al contexto económico de nuestro país, concluye que la brusca devaluación efectuada por los gobernantes en los últimos 10 años, conforman en el caso a resolver una efectiva y concreta depreciación de la prestación debida, y de mantenerse el principio nominalista se vería afectado en relación al “valor” de la prestación dineraria debida por la demandada. A ese razonamiento agrega que las leyes 23.928 y 25.561 conforman una reglamentación irrazonable e inadecuada respecto del derecho de propiedad del trabajador/acreedor/damnificado, por lo cual deben ser declaradas inconstitucionales y a los fines de evitar la pérdida del poder adquisitivo, solicita una adecuación de los créditos desde que cada suma es debida y hasta la fecha de la liquidación mediante el “CER” más una tasa anual del 6% desde la fecha del crédito y hasta la fecha de la notificación de la demanda, cuyo resultado se capitaliza, y luego solicita que a dicho monto se le aplique una tasa del 6% anual desde la fecha de la notificación de la demanda hasta la liquidación. Reedita luego su pretensión de que se aplique el art. 770 inc. b del CCYC y solicita la actualización del capital de condena mediante el “CER” desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta el pago de la ART en Comisión Médica, la que se debe imputar a capital y dejar insolutos los intereses. Sobre el saldo resultante solicita se actualice por coeficiente CER desde el día posterior al pago hasta la fecha del efectivo pago. Pide aplicar una tasa pura del 6% anual desde la primera manifestación invalidante hasta la fecha de la sentencia con una capitalización a la fecha de notificación de la demanda.
VI. Los agravios formulados por la parte actora no reciben réplica de la contraparte.
VII. Que ingresando al tratamiento del primer agravio planteado, en el cual como señale se queja de que el juez de grado incurrió en una incorrecta valoración del porcentaje de incapacidad por incorrecta aplicación del factor de ponderación edad, voy disentir con la parte recurrente por cuanto el Dec. 659/96, bajo el título “factores de ponderación” y luego de determinar el procedimiento para la incorporación de los mismos una vez determinada la incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades laborales, establece de manera expresa en el punto 4) que “Una vez determinados los valores de cada uno de los 3 factores de ponderación, éstos se sumarán entre si, determinando un valor único. Este valor único será el porcentaje en que se incrementará el valor que surja de la evaluación de incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades laborales”. De manera que la queja en cuestión no puede ser oída en tanto las pautas dadas en la norma citada resultan claras no dando cabida a una interpretación del tenor de la contenida en agravios, pues, sencillamente el porcentaje asignado al factor de ponderación “edad”, no se suma de forma directa en los términos pretendidos. La postura que sostengo tiene correlato en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo que comparto y dice: “…Entiendo que los factores de ponderación previstos en la norma mencionada –es decir, tipo de actividad, posibilidad de reubicación laboral y edad– cuyo objetivo principal es lograr una evaluación de la incapacidad que vaya más allá del mero daño anatómico o funcional, buscando una reparación más integral y justa del perjuicio sufrido por el trabajador, se suman entre sí para determinar un valor único, que será el porcentaje en que se incrementará el valor que surja de la incapacidad funcional. (cfr. CNAT Sala VIII in re “Leschinski, Elizabeth Carina c/ Provincia ART S.A. s/ Recurso Ley 27348”, Expte. Nº 19903/2023, el 13/08/2025).”
Por lo expuesto propongo rechazar este primer agravio de la parte actora.
Que el apelante se queja también de que el juez de la instancia anterior yerra al determinar el ingreso base porque utilizó un periodo incompleto para determinarlo. Señala que aquel para efectuar un cálculo correcto pudo tomar la sabana de aportes extraída de la página de ARCA que acompaño con la demanda. Así las cosas y según el cálculo que practica el quejoso, durante el periodo Marzo de 2020 a Marzo de 2021 y actualizadas por el índice RIPTE, obtiene un ingreso base de $ 162771,42. En la sentencia en crisis, el ingreso base que se determinó es de $ 97781,81.
Que conforme a los términos de la queja planteada, observo que el magistrado de grado tomó para practicar el cálculo en cuestión, los recibos de haberes que fueron agregados al expediente por la empleadora del actor, Nuevo Cerro Dragon SA, por PE 989420 - 2023. Los recibos acompañados abarcan el periodo de Julio de 2020 a diciembre de 2021. Teniendo en cuenta que la fecha de la primera manifestación invalidante se fijó el día 18/3/2.021, la que no fue apelada por el actor, tenemos que a los fines de determinar el ingreso base y en un todo de acuerdo a lo previsto por el art. 12 de la ley 24.557 según redacción dada por el art. 11 de la ley 27.348, la que se aplica en el caso en función a la declaración de inconstitucionalidad del Dec. 669/19, el periodo a tomar para determinar el promedio mensual de los salarios devengados por el trabajador, es el que efectivamente se fijó en la sentencia de grado, que va desde marzo de 2020 a marzo de 2021. Ahora bien, dijimos que la empleadora del trabajador, acompaño recibos de haberes desde el mes de julio de 2020, con lo cual quedaron pendientes cuatro (4) periodos de los que no obra recibo alguno. Conforme con ello el juez de grado dejo constancia que no contaba con la totalidad de los recibos de haberes necesarios para el referido cálculo y como lo señale en el párrafo anterior, el apelante dice que pudo tomar la sabana de aportes extraída de la página de ARCA para efectuar el cálculo correcto. Debo en éste punto darle la razón al apelante en cuanto alega que el magistrado pudo hacer uso de tal documental para cuantificar las prestaciones dinerarias correspondientes, pues, el cálculo del ingreso base en los términos practicados en la instancia anterior, es decir, sin contar con todos los recibos de los últimos doces meses anteriores a la primera manifestación invalidante, es incompleto y como tal no puede ser mantenido. Lo contrario implicaría a todas luces limitar el “ingreso base mensual” afectando la reparación que persigue obtener el trabajador afectado.
En éste sentido tengamos presente que de acuerdo al art. 11 de la ley 27.348 se tomarán en cuenta los salarios devengados de conformidad con lo establecido en el art. 1 del Convenio 95 de la OIT. La norma en cuestión establece que el salario es toda remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo y sea debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo. Conforme con ello, se interpreta que la remuneración bruta que figura en la documental invocada resulta idónea para practicar el cálculo pertinente a los fines de no menguar el derecho reconocido al trabajador de percibir las prestaciones dinerarias previstas en la ley de riesgo de trabajo con los alcances allí establecidos. Sobre éste aspecto nuestra doctrina tiene dicho: “Dos son las primeras diferencias entre el texto del artículo 12 de la LRT y el vigente hasta su sustitución por el artículo 11 de la ley 27.348: la referencia salarial y el criterio general para su cómputo. En orden a la primera, mientras que el apartado 1, del texto anterior tomaba como referencia las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al sistema integrado de Jubilaciones y Pensiones, en su nueva versión la remisión es al concepto de salario de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT …..Esta migración del salario previsional al laboral con la consecuente aproximación al concepto del artículo 103 y a las formas de determinación y pago establecidas en los artículos 104 y 105 de la LCT implica también el abandono del tope establecido en función de lo previsto en el artículo 9 de la ley 24241, lo que favorece así a los trabajadores de mayores ingresos” Riesgo del Trabajo – Mario Ackerman – Tomo I – Rubinzal-Culzoni Editores - pág 329.
Así las cosas y siendo que en el caso el Juez de grado solo valoró los recibos de sueldo que abarcan el periodo que va desde julio de 2020 a marzo de 2021, considero justo que los meses faltantes se complementen con las remuneraciones brutas declaradas en el ARCA, pues, como lo señale, la falta de recibos físicos no le anula el derecho al trabajador a un cálculo correcto si están incorporados los registros aludidos. En éste sentido destacó que los importes remuneratorios que surgen de tales planillas, en particular, los pertenecientes al periodo indicado (Julio/2020 a Marzo/2021), se corresponden con los importes consignados en los recibos de haberes acompañados por la empleadora del actor, Nuevo Cerro Dragón SA – Cañadon Grande SA – UTE mediante PE 989420- 2023, razón por la cual tengo por válida aquella documental.
Que por las consideraciones expuestas opino entonces se debe admitir este segundo agravio y en consecuencia ordenar se complementen los periodos restantes con las planillas de aportes incorporadas con la demanda para obtener el promedio mensual de los salarios devengados durante el año anterior a la PMI, debiendo por ende practicarse oportunamente un nuevo cálculo a los fines de determinar de manera correcta el Ingreso Base Mensual. Así lo propongo al acuerdo.
Se queja también de que el magistrado omitió la aplicación del art. 770 inc. b del CCYC. Arguye para ello que el art. 770 del referido cuerpo legal es de orden público y por tanto corresponde directamente su aplicación debiendo realizarse una capitalización de intereses desde la fecha de la notificación de la demanda.
Debo en este aspecto remarcar, que nuestro Cimero Tribunal en el precedente “Oliva”, dijo que “El artículo 770 de dicho Código establece una regla clara según la cual “no se deben intereses de los intereses” y por consiguiente, las excepciones que el mismo artículo contempla son taxativas y de interpretación restrictiva”.
El apelante aquí al exponer el agravio en cuestión, no ahondo en argumentos que sostengan la procedencia de su postura de capitalizar intereses a modo de excepción a la regla prohibitiva que contiene el primer párrafo de la norma invocada. Es decir, no explicó con suficiencia la necesidad de aplicar en el caso el anatocismo sin que ello importe incurrir en afectación a principios que pueden verse alcanzados frente a resultados desproporcionados que prescinden de la realidad, tales como el derecho de propiedad y defensa en juicio. Que por éstas razones y teniendo presente entonces el carácter restrictivo que se debe imprimir a las excepciones que la norma contempla para dejar de lado la regla contenida en su primer párrafo, es decir, la prohibición del anatocismo, entiendo se debe rechazar también este tercer agravio. Así lo propongo al acuerdo.
A través de la última queja sostiene que el trabajador tiene derecho a recibir en pago las prestaciones por incapacidad laboral permanente parcial definitiva en un monto real idéntico al valor que debió percibir al momento de la prestación con más intereses compensatorios y punitorios, solicitando por ello se declare la inconstitucionalidad de la ley 23.798 art. 7 y art. 10 y la ley 25.561 art. 4. Concretamente solicita la adecuación de los créditos desde que cada suma es debida y hasta la fecha de la liquidación mediante “CER” más una tasa anual del 6 % desde la fecha del crédito y hasta la fecha de la notificación de la demanda cuyo resultado se capitaliza y luego a dicho monto resultante se le aplique una tasa del 6 % anual desde la fecha de la notificación de la demanda hasta la de la liquidación.
Que resumido el agravio advierto que el recurrente pretende indexar el crédito desde que es debido y hasta la notificación de la demanda, acumulando a la indexación una tasa pura del 6 %. Demanda luego que se capitalice el monto resultante.
Es decir y en otras palabras, lo que persigue es acumular el anatocismo a la indexación, cuestión que no puede receptarse favorablemente por cuanto podría derivar en resultados desproporcionados contrarios al principio de equidad. En este sentido en el precedente de ésta Excma. Cámara “Perez C/Minera Santa Cruz”, se sostuvo que el pedido de anatocismo a partir de la demanda fundado en el art. 770 inc. B del CCYC “no es acumulable al progreso de la indexación acordada por cuanto dicho artículo se dictó en una situación de prohibición de indexar”. De allí que no es atendible éste punto de la queja. Destaco sobre este aspecto que el recurrente, bajo el título “Solicito se aplique en materia de intereses” reedita nuevamente el argumento por el que pretende se capitalicen los intereses desde la fecha de notificación de la demanda en virtud de lo establecido por el art. 770 inc. b del CCYC, debiendo remitirme en aras a la brevedad expositiva, a lo dicho en el presente al tratar el agravio anterior.
Luego el quejoso, bajo el punto 1 de su presentación recursiva, pide la actualización del capital de condena mediante la aplicación del CER (Coeficiente de estabilización de referencia). En concreto peticiona se actualice el capital a través de dicho índice desde la primera manifestación invalidante hasta el pago de la ART en comisión médica, debiendo la suma abonada imputarse al capital y dejar insolutos los intereses. Razona que el saldo restante de la correcta imputación del pago parcial no cancelatorio de la ART se debe actualizar mediante el CER desde el día posterior al pago de la ART en Comisión Médica hasta la fecha del pago.
Bajo el punto 2 pide que al resultado obtenido mediante la actualización por CER se aplique una tasa pura del 6 % anual desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta el traslado de la demanda y al resultado obtenido se aplique una tasa pura del 6 % anual de la fecha de la notificación de la demanda hasta el efectivo pago. Operada la mora hasta su cancelación solicita se aplique un interés equivalente a la tasa activa de Banco Nación hasta su cancelación acumulándose los intereses al capital en forma anual según el art. 770 inc. c del CCYCN.
Que como dije antes, lo que demanda el apelante es indexar el capital de condena a lo que se debe sumar la pretensión de aplicar anatocismo tal como anteriormente referí.
Que en éste punto, remarco que soy de la opinión, como lo he dicho en otras oportunidades, que cuando se trata de créditos laborales que por definición doctrinaria están ligados a un valor intrínseco generalmente relacionado con el poder adquisitivo y las necesidades del trabajador y su familia, la naturaleza alimentaria de estos créditos deviene indiscutible y como tales merecedores de protección (Convenio 95 OIT). Bajo este entendimiento considero que la indexación es una herramienta idónea para hacerle frente a la depreciación monetaria y evitar así que el crédito laboral se vea fuertemente menguado debido a los altos índices inflacionarios del último tiempo.
Dicho ello vemos que en el caso, la pretensión del accionante en los términos que se expuso en agravios, choca con el principio de equidad, pues se pretende acumular claramente indexación más anatocismo. En ese sentido pongo de resalto que así como considero irrazonable la aplicación automática de una tasa de interés sin tener en cuenta la realidad económica, también lo es aplicar métodos que arrojen resultados que superen los parámetros impuestos por nuestro Cimero Tribunal en el ya citado precedente “Oliva”, a los que se sumaron después los precedentes “Lacuadra” y “Fontaine”.
Efectivamente, la combinación del coeficiente CER, más una tasa pura del 6% más capitalización, arroja montos desproporcionados en clara afectación a principios y derechos ya referidos, tales como el de la equidad, el de propiedad y seguridad jurídica.
No obstante y tal como lo señale, tampoco es atinado aplicar tasas de interés de manera indiscriminada. Nuestra Suprema Corte en la causa “Bonet, Patricia S/Experta Aseguradora”, considero irrazonable la aplicación automática de una tasa de interés, sin tomar en consideración si la misma importaba arribar a un resultado desproporcionado y prescindente de la realidad económica. Conforme con ello, aplicar tasas de interés que importen arribar a resultados injustos, implicaría marginar esa realidad que debe estar por encima de fórmulas abstractas por aplicación del principio de la equidad.
Bajo éste sendero argumental, interpreto que a la actualidad, dado el proceso inflacionario que atravesó nuestro país en los últimos tiempos, la prohibición de cualquier forma de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas contenida en el art. 7 de la ley 23.928 modificado por ley 25.561, no puede superar un examen de constitucionalidad.
Es por esos motivos expuestos que en ejercicio del control de constitucionalidad de normas que le cabe al poder jurisdiccional y apoyado en el principio de tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad, entiendo que corresponde declarar para éste caso en particular, la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561 y conforme con ello y a partir del criterio adoptado por ésta Excma. Cámara en otros precedentes, estimo justo disponer que las indemnizaciones reconocidas se actualicen conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual, tomando como índice final el del mes correspondiente a la liquidación final.
Que a esos efectos dichos créditos laborales reconocidos se deberán actualizar desde la fecha de la primera manifestación invalidante, hasta la liquidación final. Que por último y en caso de mora se deberá proceder en los términos previstos en el inc. 3 del art. 12 de la ley 24557 según redacción de la ley 27.348.
Que por lo expuesto opino que se debe hacer lugar solo parcialmente al agravio tratado en lo que atañe a la declaración de inconstitucionalidad de las normas precedentemente referidas, debiendo actualizarse la indemnización reconocida en grado conforme a las pautas dadas anteriormente. Así lo propongo al acuerdo.
Que por último y advirtiendo que mediante PE 1944342-2025 la parte demandada acompaño comprobante de pago de capital e intereses, deberá oportunamente descontarse lo abonado cuya suma deberá ser actualizada en la misma forma dispuesta precedentemente.
VIII. Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es parcialmente justa y en atención al resultado del presente las costas en ésta instancia se imponen a la parte demandada. Así lo propongo al acuerdo.
A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Humberto Monelos dijo:
Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante.-
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
IX. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1°) Aceptar la excusación de la Dra. Griselda Bard al estar comprendida en la causal del ar.t 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa. 2°) Rechazar el primero agravio propuesto por la parte actora debiendo confirmarse el porcentaje de incapacidad determinado en la pericia médica confeccionada en autos. 3°) Admitir el segundo agravio formulado por esa parte y en consecuencia a los fines de calcular el Ingreso base mensual, deberán complementarse los periodos restantes sobre los cuales no obran recibos de haberes (marzo/2020 a junio/2020) con las planillas de aportes incorporadas con la demanda para obtener el promedio mensual de los salarios devengados durante el año anterior a la PMI, debiendo por ende y sobre la base de tales pautas practicarse oportunamente un nuevo cálculo 4°) Rechazar el tercer agravio de la parte actora denegando la aplicación del art. 770 inc. b del CCYC 5°) Admitir parcialmente el cuarto agravio de la actora y en consecuencia declarar para éste caso particular, la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561, disponiendo que la indemnización reconocida en la instancia de grado se actualice conforme al Indice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual, desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la liquidación final, tomando como índice final el del mes correspondiente a ésta última, debiendo descontarse lo abonado conforme PE 1944342-2025 cuya suma deberá ser actualizada en la forma dispuesta precedentemente. En caso de mora se deberá proceder en los términos previstos en el inc. 3 del art. 12 de la ley 24557 según redacción de la ley 27.348. 6°) Imponer las costas en ésta instancia a la parte demandada. 7°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en las instancia de grado. 8°) Tener presente la reserva del caso federal. 9º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.-
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 25 de Junio de dos mil veintiséis
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Aceptar la excusación de la Dra. Griselda Bard al estar comprendida en la causal del ar.t 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa.2°) Rechazar el primero agravio propuesto por la parte actora debiendo confirmarse el porcentaje de incapacidad determinado en la pericia médica confeccionada en autos.3°) Admitir el segundo agravio formulado por esa parte y en consecuencia a los fines de calcular el Ingreso base mensual, deberán complementarse los periodos restantes sobre los cuales no obran recibos de haberes (marzo/2020 a junio/2020) con las planillas de aportes incorporadas con la demanda para obtener el promedio mensual de los salarios devengados durante el año anterior a la PMI, debiendo por ende y sobre la base de tales pautas practicarse oportunamente un nuevo cálculo. 4°) Rechazar el tercer agravio de la parte actora denegando la aplicación del art. 770 inc. b del CCYC. 5°) Admitir parcialmente el cuarto agravio de la actora y en consecuencia declarar para éste caso particular, la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561, disponiendo que la indemnización reconocida en la instancia de grado se actualice conforme al Indice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual, desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la liquidación final, tomando como índice final el del mes correspondiente a ésta última, debiendo descontarse lo abonado conforme PE 1944342-2025 cuya suma deberá ser actualizada en la forma dispuesta precedentemente. En caso de mora se deberá proceder en los términos previstos en el inc. 3 del art. 12 de la ley 24557 según redacción de la ley 27.348.6°) Imponer las costas en ésta instancia a la parte demandada. 7°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 8°) Tener presente la reserva del caso federal.9º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. El Dr. Juan Pablo Olivera no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 039 S.261 Tomo: CVI Sentencia: 3210 Folio Nº: 043/051 Secretaria: 1
Fin de la sentencia