Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-893/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Lic. Héctor Miguel Riquero.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: R-893/24-TSJ Sentencia N°: 1188 Actor: RIQUERO HECTOR MIGUEL Demandado: COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 12/09/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1188 FOLIO Nº 3940/3950 PROT. ELECT. TSS1 045 C.251
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 12 días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con las Sras. Vocales, Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Reneé Guadalupe Fernández, y con el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia del Dr. Daniel Mauricio Mariani para dictar sentencia en los autos: “RIQUERO HÉCTOR MIGUEL C/ COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº R-893/24-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau; 2º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández; 3º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; 4º) Dr. Fernando Miguel Basanta; 5º) Dr. Daniel Mauricio Mariani; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Que en PE1615593-2024 se presenta el Lic. Héctor Miguel Riquero, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Pablo Omar Kairuz, e inicia demanda contencioso administrativa pretendiendo se declare la nulidad del procedimiento y la decisión de la audiencia llevada a cabo en el marco del Expte. Nº 06/TED-CPPSC/2022, por la cual se le impuso la sanción de un año de suspensión en su matrícula y una multa (cfr. PE cit., pág. 1).-
Afirma que fue notificado de una denuncia interpuesta en su contra ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio Profesional de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Santa Cruz por parte de la Sra. A.V.H. (cfr. PE cit., pág. 2).-
Expresa que la denunciante alegó supuestas faltas éticas en su ejercicio profesional durante el período comprendido entre el 17 de mayo al 9 de agosto de 2022, lapso en el que la Sra. A.V. H. fue su paciente (cfr. PE y pag. cits.).-
Relata que presentó descargo formal el 25 de agosto de 2022, en el cual negó los hechos denunciados y aportó pruebas para acreditar su correcto proceder profesional (cfr. PE y pág. cits.).-
Sostiene que la única vinculación que lo unió al actor con la denunciante fue la de terapeuta-paciente, destacando que la Sra. A.V.H. presentaba un cuadro complejo con rasgos de trastorno límite de la personalidad. Agrega que durante el tratamiento actuó con el más alto nivel de profesionalismo y ética; e implementó las intervenciones terapéuticas adecuadas al caso. A ello anuda que sometió su trabajo a la supervisión del Lic. Mario Lamagrande, quien puede dar fe de la aplicación de técnicas terapéuticas adecuadas (cfr. PE y pág. cits.).- Señala que a lo largo del procedimiento administrativo detectó graves irregularidades que vulneraron su derecho de defensa, a saber: a) La denegación de facto del derecho a recusar al Tribunal, pese a haberlo solicitado expresamente; b) El injustificado demérito de los testimonios aportados por la defensa; c) La valoración desproporcionada de las declaraciones de la denunciante; d) La excesiva dilación del proceso, que mantuvo a su representado en una situación de incertidumbre durante un período irrazonable (cfr. PE y pág. cits.).- Manifiesta que el Tribunal de Ética y Disciplina emitió una resolución determinando su responsabilidad profesional por supuestas faltas éticas en el ejercicio profesional imponiendo las sanciones de suspensión de la matrícula profesional y apercibimiento público. Añade que contra esta decisión interpuso recurso de reconsideración, el cual fue rechazado (cfr. PE y pág. cits.).-
Entiende que el Tribunal de Ética ha demostrado una falta clara de imparcialidad. Añade que esta parcialidad se manifiesta en varios aspectos, a saber: “…a) Desestimación arbitraria de pruebas: El Tribunal desestimó injustificadamente pruebas cruciales presentadas por la defensa, en particular el testimonio de la Lic. Andrea Borques. Esta testigo declaró no haber observado nunca conductas inapropiadas por parte del acusado, lo cual constituye evidencia exculpatoria significativa. La decisión de descartar este testimonio sin una justificación válida revela un sesgo en contra del acusado. b) Calificación infundada del accionar procesal: El Tribunal calificó el accionar procesal de nuestro poderdante como ‘deshonesto intelectual’, sin presentar pruebas que respalden tal acusación. Esta calificación, basada únicamente en interpretaciones subjetivas, revela una falta de objetividad y un prejuicio contra nuestro representado. c) Fundamentación en hechos no probados: El Tribunal basó su decisión en hechos que no fueron debidamente probados durante el procedimiento, mientras que ignoró evidencia concreta y verificable presentada por la defensa.” (cfr. PE cit., pág. 3).- Dice que se ha ignorado evidencia concreta y verificable presentada por la defensa y que esta selectividad en la apreciación de la prueba es incompatible con la objetividad requerida de un órgano imparcial, especialmente en el contexto de un sumario administrativo donde deben respetarse las garantías del debido proceso (cfr. PE y pág. cits.).-
Sostiene que: “La resolución del sumario se sustenta en meras conjeturas, sin prueba plena ni semiplena. Esta práctica contraviene los principios fundamentales del derecho administrativo sancionador, en particular el principio de presunción de inocencia y la necesidad de prueba suficiente para imponer una sanción.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Entiende que es grave que el Tribunal del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, en el marco de un sumario administrativo y basándose únicamente en el contenido de la audiencia de ratificación de denuncia, se permita analizar la verosimilitud del relato y emitir una opinión sobre la salud mental de la supuesta víctima. Expresa que: “Adicionalmente, la coherencia y persistencia del testimonio se ven disminuidas cuando el supuesto afectado no realiza una denuncia formal o no insta la acción administrativa correspondiente. Esta inacción podría interpretarse como una falta de convicción en la veracidad de sus propias acusaciones. La fundamentación de la resolución en hechos no probados, junto con la aplicación inadecuada de los criterios establecidos para evaluar el testimonio del denunciante y la extralimitación en las competencias del tribunal, constituyen serias violaciones al debido proceso administrativo y al derecho a un procedimiento justo. Estos errores comprometen gravemente la validez de la resolución y justifican su revisión o anulación por parte de la autoridad competente.” (cfr. PE cit., pág. 4).- Argumenta que la falta de imparcialidad del Tribunal del Colegio compromete la legitimidad de todo el procedimiento y la validez de la decisión tomada (cfr. PE y pág. cits.).-
Manifiesta que la falta de notificación del Tribunal del derecho a recusar a los miembros del Tribunal constituye una omisión de suma gravedad, que lo privó de la posibilidad de cuestionar la composición del Tribunal que lo juzgaba. Esta circunstancia, sigue diciendo, vulnera principios constitucionales fundamentales como el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio. Entiende que esta cuestión constituye un vicio sustancial que afecta la validez misma del procedimiento y del acto administrativo sancionatorio (cfr. PE cit., págs. 4/5).- Señala que ha existido manifiesta arbitrariedad en la valoración de la prueba, lo cual vicia la formación de la voluntad administrativa. Asimismo sostiene que la decisión final del Tribunal se sustenta en interpretaciones subjetivas y en la construcción de una narrativa sin sustento fáctico, y que en ningún momento se presentaron pruebas materiales que acrediten su infracción (cfr. PE cit., pág. 5).-
Advera que esta arbitrariedad en la valoración de la prueba viola el principio de razonabilidad al que deben ajustarse los actos administrativos y configura un vicio en la formación de la voluntad del órgano administrativo y que la sanción impuesta resulta desproporcionada en relación a la falta que se le imputa; y esta desproporción constituye un vicio en el objeto del acto administrativo (cfr. PE y pág. cits.).-
Observa que el Tribunal no ha proporcionado una fundamentación adecuada que justifique la severidad de la sanción impuesta, no se demuestra que una suspensión de un año y una multa sean proporcionales a la supuesta falta cometida, teniendo un impacto desmedido en su capacidad para ejercer su profesión, afectando su sustento económico y su reputación profesional (cfr. PE y pág. cits.).-
Señala que el Tribunal ha incurrido en las siguientes violaciones al debido proceso: “a) Violación del derecho a obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable: El procedimiento se ha extendido más allá de los plazos razonables, lo cual afecta la seguridad jurídica y el derecho de nuestro representado a una resolución expedita de su situación. b) Vulneración de la presunción de inocencia: A lo largo del procedimiento, se ha tratado a nuestro representado como culpable, sin respetar el principio fundamental de presunción de inocencia que debe regir todo proceso sancionatorio. c) Negación del derecho a interrogar a los testigos: No se permitió a la defensa interrogar a los testigos ni controlar adecuadamente la prueba presentada en contra del acusado. Aunque se argumente que el acusado dejó pasar esta oportunidad, la realidad es que las invitaciones genéricas a aportar datos de interés no constituyen un verdadero acceso al control de la prueba. d) Violación del derecho a no autoincriminarse: Se ha violado el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, principio fundamental en todo proceso sancionatorio.” (cfr. PE cit., pág. 6).- En atención a lo expuesto, alega que se ha violado los artículos 26 y 93 de la Ley Nº 1709 -que establece la necesidad de que el procedimiento disciplinario se lleve a cabo con las debidas garantías para el acusado, y que la prueba sea valorada de manera objetiva e imparcial- y el artículo 14 de la Ley Nº 1260 que consagra el derecho al debido proceso adjetivo en sede administrativa, incluyendo el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas, y a una decisión fundada. (cfr. PE y pág. cits.).-
Funda en el derecho que estima que le asiste y ofrece prueba (cfr. PE cit., pág. 6).-
II. Que mediante PE1777375-2025, la parte demandada, por intermedio de la Licenciada María Vacirca, Presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Santa Cruz, con patrocinio letrado, contesta la demanda, niega particularmente varios hechos sustentados por el actor y luego brinda su versión de los hechos (cfr. PE cit., pág. 1).-
Relata que A.V.H. radica la denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Santa Cruz en contra del actor, por sugerencia del Lic. en Psicología Marcos Olave, psicólogo tratante de la misma (cfr. PE cit., pág. 2).-
Expresa que el Lic. Olave, en su declaración hizo referencia: “…a síntomas postraumáticos y a la percepción de la relación asimétrica entre el denunciado y la paciente por lo que él mismo le sugiere iniciar acciones legales y también lo planteé en el tribunal de ética del Colegio de Psicólogas y Psicólogos.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Afirma que en la misma declaración, dicho profesional entiende que la paciente: “…no tiene elementos clínicos para suponer delirio, confabulación despersonalización o alguna alteración en el criterio de realidad que atente contra la veracidad de lo que denuncia, y entiende que se puede responsabilizar de sus actos, todo ello pese a su diagnóstico. También manifiesta la existencia de un estrés postraumático relacionado con el evento.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Dice que: “El actor entiende que el propio diagnóstico de la denunciante puede incidir en la credibilidad de su testimonio, sin embargo ello resulta errado ya que su patología no la inhabilita ni a realizar una denuncia, ni a restarle credibilidad, ya que como menciona su psicólogo tratante en su declaración, la paciente no confabula, ni tiene el criterio de la realidad alterado.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Ante los cuestionamientos del actor de que no tuvieron elementos objetivos de prueba, replica que se basaron entre otras pruebas en la entrevista. Agrega que: “Los psicólogos trabajamos desde la realidad subjetiva de la persona, desde lo psicológico, su relato fue considerado como una intromisión por lo que se consideró válido, resultando inadmisible desacidificarlo (sic) por su diagnóstico, porque la Srta. A. no es una persona enajenada como intenta hacer ver el actor. b. Además del testimonio del Psicólogo tratante, contamos con la declaración del médico psiquiatra, Dr. Carlos Coronel, quien reafirma lo antes mencionado […] … que la entrevista es la madre de todas las técnicas psicológicas que se utilizan, y que el basamento principal para resolver la sanción es la entrevista que no sólo lo resolvió así ante el Tribunal de Ética, sino que participó en la asamblea toda la comunidad de psicólogos y psicólogas de la Provincia de Santa Cruz.” (cfr. PE y pág. cits.).- Añade que: “Más allá de lo enunciado (trabajar con la realidad subjetiva), hay datos como las anotaciones minuciosamente apuntadas de cada sesión, reconocidos por el Lic. Riquero, que resulta ser una de las pruebas objetivas para los Licenciados que participaron en la asamblea, por no ser viable o posible en las prácticas.” (cfr. PE cit., pág. 3).-
Afirma que no era exigible a la Entidad (Colegio de Psicólogos y Psicólogas) asesorar al actor sobre su derecho a recusar, máxime cuando el actor estaba representado por un abogado patrocinante que contestó la denuncia sin ejercer ese derecho ni en la primera presentación ni en lo sucesivo (cfr. PE y pág. cits.).-
Respecto de la valoración de uno de los testimonios, plantea que: “…en fojas 90 del expediente administrativo constan las preguntas de la Defensa a la licenciada en nutrición Andrea Bórques y del relato surgen cuestiones que excedían el Marco de este proceso y que se entendió que todas las preguntas y respuestas no tenían relación con el objeto de este sumario. e) El actor en la novena foja de su formula descargo expresa: ‘se presenta a la sesión…con prendas de vestir no acordes a la sesión (insinuantes)…’ lo cual también resultó ser una prueba, existiendo en este tipo de acusaciones amplitud probatoria pues resulta imposible conseguir testigos directos del hecho. La comunidad de psicólogos entendió que el actor trata de responsabilizar a la mujer por la forma en que se viste, lo que resulta enfermizos (sic) y alimenta la cultura de la culpa y la vergüenza hacia las víctimas.” (cfr. PE y pág. cits.).- Señala que la sanción que se le impuso al actor es válida, que se respetó su derecho de defensa y se constató la existencia de la falta. Añade que no hubo violación de garantías. Por tal motivo, concluye, que el pedido de nulidad no debe prosperar en virtud de que considera que la sanción impuesta se corresponde con los hechos denunciados. (cfr. PE y pág. cits.).-
Funda en derecho y adhiere al ofrecimiento de la prueba instrumental, y solicita se rechace la demanda, con costas (cfr. PE cit., págs. 3/4).-
III. Que en PE1668199-2024, el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, contesta la vista conferida en PE1002462-2024, entendiendo que este Alto Tribunal es competente para entender en los presentes actuados.-
En PE1067547-2025 se llamó autos para sentencia, pasando a estudio en PE1794244-2025.-
IV. Que conforme ha quedado trabada la litis, surge que el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Santa Cruz impuso al Licenciado Héctor Miguel Riquero un año de suspensión en la matrícula y una multa (equivalente a 195 módulos, conf. art. 22 apartado II del Reglamento del Tribunal de Ética y Disciplina). Esta decisión además determinó la responsabilidad profesional del actor por faltas éticas cometidas en el ejercicio de su profesión; apercibimiento público al Lic. Riquero, mediante la comunicación y difusión de dicha resolución al Colegio citado, al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz y al Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza; y dispuso que al término del plazo de la sanción el Lic. Riquero debería realizar una pericia psicológica con el objeto de valorar si se encuentra apto para el ejercicio de la profesión (cfr. PE1615593-2024, INT00078399-pdf, págs. 39/40).-
V. Que, como ya se detalló, frente a la sanción impuesta por el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, el Lic. Riquero inicia la presente acción pretendiendo la declaración de nulidad del acto administrativo que constituye la Resolución Nº 01-TED-CPPSC-2024, por entender que porta los vicios que expusiera en su demanda.-
Por el contrario, el Colegio demandado, sostiene que el procedimiento y la sanción impuesta al actor se ajustan a derecho.-
La pretensión del accionante se dirige a obtener la declaración de nulidad del procedimiento -instrumentado en el Expte. Nº 06/TED-CPPSC/2022 - y la decisión -Resolución Nº 01-TED-CPPSC-2024- fundado en la existencia de irregularidades que se habrían producido en el desarrollo del procedimiento y en la misma sentencia que impone la sanción al Lic. Riquero.-
Por tal razón y como primera aproximación al tema, es apropiado destacar que en la dinámica administrativa formal se aplican con cierta rigurosidad las reglas procesales, los principios generales y las normas de procedimiento comunes, con el objeto de regular la protección de los derechos de los administrados (cfr. Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, T 1, pág. 155). Así entonces, los principios que dominan en el derecho privado sobre nulidades, son también -con las reservas del caso- de aplicación en el derecho público. Por lo tanto, atendiendo a que el acto administrativo consiste en una decisión general o especial emanada de una autoridad administrativa en el ejercicio de sus propias funciones y referida a derechos, deberes o intereses administrativos; el punto de validez del mismo, debe atender a los siguientes presupuestos: que la manifestación de voluntad no esté corrompida por cualquier vicio del consentimiento -error dolo o violencia-, que el acto se dirija a cumplir la finalidad prevista en la ley -legitimidad-, y que la autoridad haya obrado dentro de los límites de sus facultades -competencia-.
Recién entonces puede afirmarse, que se trata de un acto válido (cfr. Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, T II, número 254, pág. 143).- En suma, nótese que se parte de la presunción de validez del acto en tanto la decisión emanada de la parte accionada, constituye un acto administrativo con presunción de legitimidad hasta que se pruebe lo contrario (cfr. art. 12 de la Ley 1260 de Procedimiento Administrativo), ya que -entre otras condiciones- emana de un órgano autorizado (el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Santa Cruz) y se sustenta en hechos y antecedentes que le sirven de causa, lo que permite presumir que la entidad ha cumplido regularmente la totalidad de las exigencias formales.- Aunado a lo expuesto, surge claramente la naturaleza relativa y convalidable que en general poseen las nulidades procesales, “dado que deben ser apreciadas siempre con criterio restrictivo, reservándola sólo como última ratio frente a la existencia de una efectiva indefensión” (conf.
Palacio, Derecho Procesal Civil Tº IV, pág. 158, Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, pág. 391 ss), o cuando los actos son irregulares por inobservancia de preceptos de carácter imperativo (conf. SCBA, in re: “Zirmer, Esteban c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Demanda Contencioso Administrativa”, AyS 1984-II, 574), y es que los actos administrativos, por serlo, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe ser necesariamente alegada y probada en juicio (cfr. STSE; in re “Zeman Sandra Ines c/ Municipalidad de la ciudad de Loreto s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción”; ED 68-417).- Así, se viene sosteniendo que la finalidad de la nulidad es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio, instituyendo el criterio según el cual, donde hay indefensión hay nulidad y contrariamente, si no hay indefensión no hay nulidad (cfr.
Alsina, Tratado, Tº I, pág. 652; id., Palacio, Derecho Procesal Civil, Tº IV, pág. 145; id., Podetti, Derecho Procesal, Tratado de los actos procesales, T° II, pág. 481). De esta manera, para que pueda prosperar la declaración de nulidad es necesario que el acto se haya realizado en violación de prescripciones legales sancionadas bajo pena de nulidad. La regla básica es: no hay nulidad sin ley específica que la establezca.- Este principio de especificidad, funciona integrado con el de la finalidad incumplida; en cuya virtud, no basta la sola sanción legal, sino que además es necesario que el acto no alcance a cumplir el fin para el que estaba destinado. Razón por la cual y conforme se viene sosteniendo desde antiguo, no procederá la nulidad, no obstante la irregularidad que pudiere adolecer, si el acto logra cumplir la función a que estaba destinado (conf.
CNCiv., Sala C, 13/03/77, LL, 1977 C 88; id. Palacio, Derecho Procesal Civil Tº IV, págs. 158 y 156).- Por lo tanto y como bien puede ser apreciado, la misión de las nulidades no es el aseguramiento por sí de la observancia de las formas procesales, sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la ley. La nulidad tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún requisito que le impide lograr su destino natural, sea en su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o al objeto del acto (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 802, Folio 2282/2294).- De tal suerte, corresponde analizar cómo se han desarrollado los actos del proceso administrativo implementado en el trámite sumarial que nos ocupa, a efectos de establecer si en principio se han producido las pretendidas irregularidades indicadas por el actor y en tal supuesto, si las mismas se han consumado o por el contrario, los actos han podido cumplir con las finalidades para las que estaban destinados.-
VI. Que afirma el accionante que se le ha denegado de facto la facultad de recusar al Tribunal del Colegio Profesional, en atención a que este órgano no le habría notificado que podía hacer uso de tal derecho.-
La posibilidad de recusar al Tribunal Colegiado está prevista en el artículo 6º del Reglamento del Tribunal de Ética y Disciplina, norma que establece: “Art. 6º -Excusaciones y recusaciones. Los miembros del Tribunal deberán excusarse de entender en las causas, cuando por vínculos personales de amistad, parentesco, enemistad, o de otro orden, pueda comprometerse o cuestionarse su imparcialidad. El denunciado tendrá facultad para recusar a los miembros del Tribunal por las mismas causas. La excusación, al igual que las recusaciones, deberán ser aceptadas por el Tribunal en pleno. Los miembros separados de la causa por excusación o recusación serán reemplazados por los miembros suplentes.” Como se observa, en ninguna parte del artículo, se pone en cabeza del Tribunal el deber de notificarle expresamente al sumariado su facultad de recusar a sus miembros.- De la lectura de las actuaciones, no surge que se le haya negado al actor la posibilidad de recusar a algún integrante del Tribunal.-
Además el Lic. Héctor Riquero contó con el patrocinio letrado del Dr. Norberto Miguel Castelo en su participación en el expediente administrativo. En todo caso, dicho abogado debió haber recusado al Tribunal o alguno de sus integrantes. Por otro lado, tampoco el actor indica cuáles son los motivos que hubiesen justificado una hipotética recusación.-
Así las cosas, no se advierte ninguna violación procedimental, por lo que el embate del licenciado (en cuanto a que se le habría denegado su derecho a recusar) no puede tener favorable recepción.-
También impugna el accionante la valoración de la prueba testimonial, por un “injustificado demérito” a los testimonios aportados por la defensa y la valoración desproporcionada de la declaración de la denunciante. Agregando que ha existido una selectividad en la apreciación de la prueba, incompatible con la objetividad requerida por un órgano imparcial.-
Sin embargo, la prueba producida a lo largo del proceso permite tener por demostrado que se garantizó el debido proceso, sin que se observe parcialidad en contra del actor.-
La sanción impuesta al actor ha sido el resultado del sumario administrativo que tramitara por Expte. Nº 06/TED-CPPSC/2022. En el mismo inició con la denuncia formulada por A.V.H. respecto de conductas inapropiadas cuando iba a terapia con el actor (en su calidad de Psicólogo). Al respecto relató, en lo que aquí interesa, que mientras estaba en terapia, atendida por el Lic. Héctor Riquero, le llamaba la atención que el actor la recibía como “muy amistoso”, siempre con pseudo halagos de muy mal gusto, diciéndome “estás hecha una reina” y cosas así. (cfr. PE1615593-2024, INT00078395.pdf, pág. 1).- La denunciante afirmó que pasó por un montón de psicólogos y psicólogas y nunca le había pasado algo similar, pero pensó que tal vez el Lic.
Riquero era así. Agregó que: “Ya después directamente yo entraba a su sesión y como que él esperaba a que lo abrazara, una vez me obligó a que lo abrazara y yo no quería abrazarlo. Habían sesiones en las que él sólo me quedaba mirando, una vez yo llegué cansada y yo estaba pagando, así que me quedé, quería que me enseñe técnicas que para eso había ido, así que me dijo ‘¿estás cansada, tenés sueño? si querés podés recostarte en esa camilla’, y yo pensaba ¿para qué? Si quiero dormir me voy a mi casa y me duermo ahí. Esa sesión me llamó mucho la atención porque se me quedó mirando, no hicimos nada, y le pregunté ¿no vamos a hacer nada hoy? y me contestó ‘No sé ¿qué querés hacer? Hablame algo’ y yo digo ‘vos me tenés que hablar’, y bueno, fue incómodo porque fue un silencio de 15 (quince) minutos y le dije ‘bueno me voy’.
Después, las siguientes sesiones, yo tengo un problema de compulsividad, le comenté (no sé por qué salió ese tema con respecto a los problemas que yo tenía con respecto al sexo, que no lo podía controlar, que yo me sentía mal o me enojaba, y necesitaba, que era algo muy problemático y que me sentía incómoda y que ya que estaba con él que me ayude). En resumidas cuentas, 2 ó 3 sesiones antes él me decía que era una mujer hermosa y que yo podía tener en la palma de mi mano a cualquier hombre, le comentaba un problema que yo había tenido con una persona, con un hombre. Le estaba comentando el problema que había tenido con esta persona, porque había tenido relaciones obviamente consentidas pero que es algo que hago impulsiva y no puedo controlar.
Entonces, él en vez de preguntarme o ayudarme me preguntó ‘¿cómo fue?’. Como que quería detalles sucios, nada que ver con lo que yo estaba buscando. Después, la última sesión (voy a la última porque me duele, ya me está costando) directamente me dijo que se masturbaba conmigo, con esas palabras: ‘yo me masturbo con vos’.” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 4/5).- Además, A.V.H. le había anticipado al Tribunal de Ética y Disciplina -vía email- que tuvo relaciones sexuales con el Lic. Héctor Riquero en el espacio de consulta (cfr. PE y pdf cits., pág. 1).-
En cuanto a otras actuaciones procedimentales relevantes, podemos mencionar:
El Lic. Riquero tuvo audiencia de descargo. En dicho acto informó que formularía su descargo por escrito (cfr. PE y pdf cits., págs. 46/47). Lo que hace, con el patrocinio letrado del Dr. Norberto Miguel Castelo y acompaña documental (cfr. PE y pdf cits., págs. 54/140). Allí niega la versión de la denunciante y brinda su propio relato de los hechos. Sobre el particular expresa, en prieta síntesis, que: “El único vínculo que mantuve con la señorita H. y que permaneció en todo el transcurso de la terapia realizada, siempre fue de Terapeuta-Paciente, con un trato cordial y en el marco del respeto interpersonal, sin traspaso de mi parte en ningún momento los límites que las normas rectoras de la profesión establecen, ni traspasando de ningún modo el límite a ese tipo de vinculación.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 55).- El Tribunal de Ética tomó declaraciones testimoniales y entre ellas la de los Licenciados Marcos Olave y Mario Lamagrande, y la del Dr. Carlos Coronel (cfr. PE y pdf cits., págs. 146/150; y PE cit., INT00078398.pdf, págs. 1/4, 8/12 y 15/24) y se tiene por agregado el dictamen del Mgter. Lic. Mario Lamagrande (PE y pdf cits., págs. 27/30).-
Consta prueba documental acerca del policlínico donde habrían acaecido los hechos (PE y pdf cits., págs. 59/65).-
El Lic. Héctor Riquero, acompañado por su letrado patrocinante, Dr. Norberto Miguel Castelo, hace uso de su derecho de exponer en audiencia previa a la resolución final. Allí el actor reitera su versión de lo acontecido, valora la prueba y responde preguntas. Asimismo hizo uso de la palabra su patrocinante, el Dr. Norberto Castelo (cfr. PE y pdf cits., págs. 66/95).-
Finalmente se encuentra agregada la Resolución Nº 01 -TED-CPPSC-2024, que resuelve motivadamente sobre el fondo de la cuestión (cfr. PE y pdf cits., págs. 112/150; y INT00078399.pdf, págs. 1/40).-
Para llegar a la sanción el Tribunal Profesional priorizó el principio de inmediación respecto de la denuncia, descargo y testimoniales.-
Sobre la denuncia, el Tribunal tuvo en cuenta, en la declaración de la denunciante A.V.H., su gestualidad, su tono de voz (tembloroso a veces), sus silencios, su llanto, las lágrimas en sus ojos, su mirada como elemento para convencerlos de la veracidad de su retrato (cfr. PE1615593-2024, INT00078398.pdf, págs. 125/128). Sobre el particular el Tribunal Profesional sostuvo: “De esta manera, se ha observado que, al principio del relato, la denunciante A.V.H. habla con un tono de voz firme y seguro. Intenta mantener la calma, pero a medida que avanza el relato, se empiezan a notar signos de angustia. Su voz se vuelve más temblorosa y sus gestos se vuelven más inquietos. En particular, cuando habla de cómo se van desarrollando las sesiones con el terapeuta (licenciado Riquero), la denunciante se muestra cada vez más angustiada. Estos cambios en su lenguaje corporal y tono de voz son consistentes con su relato. Las expresiones emocionales y gestuales resultan congruentes con lo expresado en los episodios experimentados. Este Tribunal ha constatado que la angustia es fehaciente, y que resulta una prueba que demuestra su vulnerabilidad. El lenguaje no verbal, como la expresividad corporal, las emociones, las acciones y los gestos, son una forma de comunicación esencial en el acto de ratificación, que complementan el lenguaje verbal de la denunciante, otorgándole veracidad al relato.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 128).- El Tribunal Colegiado destaca que el vínculo paciente-terapeuta es un vínculo asimétrico, por el que los psicólogos deben ser conscientes de su responsabilidad profesional y la influencia que ejercen en sus pacientes (cfr. PE y pdf cits., pág. 131).-
El Tribunal de Disciplina, en relación a la técnica ho’oponopono (que el Lic. Riquero le aplicaba a la denunciante), observa que no se trata de una técnica de la ciencia psicológica y que el Código de Ética del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Santa Cruz señala en el artículo 3.3.4 “No aplicarán o indicarán técnicas psicológicas que no sean avaladas en ámbitos científicos, académicos o profesionales reconocidos”. Estiman que la intervención utilizada con la denunciante es de carácter sugestivo y no avalada en el ámbito científico. Añaden que: “…la paciente A.V.H. tenía derecho a tomar una decisión informada sobre si quería o no participar en una intervención que puede tener riesgos potenciales. Sin embargo, no se registra en las pruebas aportadas en el expediente, el consentimiento informado en donde conste la información a la paciente sobre los supuestos beneficios, si los hubiera, y riesgos potenciales de la técnica mencionada. El artículo 1.1 del Código de Ética establece que ‘Los psicólogos deben obtener consentimiento informado de las personas con las que trabajan en su práctica profesional. La obligación de obtener el consentimiento da sustento al respeto por la autonomía de las personas, entendiendo que dicho consentimiento es válido cuando la persona que lo brinda lo hace voluntariamente y con capacidad para comprender los alcances de su acto; lo que implica capacidad legal para consentir, libertad de decisión e información suficiente y significativa sobre la práctica de la que participará, incluyendo datos sobre naturaleza, duración, objetivos, métodos, alternativas posibles y riesgos potenciales de tal participación. Se entiende que dicho consentimiento podrá ser retirado si considera que median razones para hacerlo’.” (cfr. PE, pdf y pág. cits.).- El Tribunal de Ética puntualiza que del consentimiento informado debe quedar alguna constancia fehaciente, sin embargo este no fue aportado por el Lic. Riquero para la aplicación de la técnida ho’oponopono y para la administración de psicodiagnóstico (cfr. PE y pdf cits., pág. 132). Asimismo, destacó falencias en el tratamiento brindado por el Lic. Riquero a la denunciante (cfr. PE cit., INT00078399.pdf, págs. 4/9).-
También llegan a la misma conclusión a través de la testimonial del Dr. Coronel. Al respecto, el Órgano Colegiado expresa: “Además, el Dr. Coronel, afirma que el relato de la denunciante A.V.H es coherente y creíble. Esto se basa en su experiencia clínica con ella, así como en la ausencia de elementos que sugieran que ella está confabulando, descartando que se encuentre influenciada por terceros. Debe considerarse igualmente que, luego de los hechos denunciados por la paciente A.V.H. en relación a lo vivenciado con el licenciado Riquero, el Dr. Coronel manifiesta que la denunciante presentó síntomas de trastorno por estrés agudo (TEPT). Estos síntomas, que incluyen la irritabilidad, los pensamientos permanentes sobre el suceso, el miedo y las autolesiones, son consistentes con la definición de TEPT del DSM-5.
Este tribunal considera que el testimonio del Dr. Coronel proporciona evidencia que respalda la veracidad del relato de la denunciante A.V.H. y que entiende lo sucedido como una situación coaccionada, facilitada por la vulnerabilidad de la paciente.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 18).- El Tribunal de Ética destaca contradicciones en el descargo del Lic. Riquero que contribuyen a su convicción en la veracidad del relato de la víctima. Al respecto se destaca: “Es decir, se evidencian permanentes contradicciones (de parte del Lic. Riquero) en el motivo de por qué en la fecha del 09 de agosto de 2022 se interrumpe el tratamiento, sin consolidar si es por la disminución de síntomas o por el pedido de la paciente A.V.H. en relación a los reintegros de la obra social o por no poder contener los comportamientos erotómanos o de desinhibición que la paciente presentaba, ya que también manifestó a fs. 244: ‘contener la erotomanía que traía, la excitación que tenía, que fue una de las sesiones donde ella venía muy desinhibida, entonces fui yo quien cortó las sesiones en algunos casos.
Y la continuidad del tratamiento también fui yo el que la cortó [...] Obviamente, vuelvo a insistir en esto, su cuadro psicopatológico no estaba contenido farmacológicamente. Entonces se hacía muy difícil llevar adelante las sesiones porque no había una intervención interdisciplinaria’. Estas inconsistencias en el relato resultan alarmantes, propiciando a este Tribunal de Ética el entendimiento de que se tratan de maniobras para ocultar el verdadero motivo de la interrupción del tratamiento que, del análisis integral de las probanzas de autos, fundan el grado convictivo necesario para determinar que el día 09 de agosto de 2022 se consumaron las relaciones sexuales entre la paciente y el profesional denunciado.” (cfr.
PE y pdf cits., pág. 27).- El Tribunal para valorar la prueba tuvo en cuenta la naturaleza del hecho investigado y la falta de testigos presenciales. Al respecto sostiene: “…Por estos motivos, es que la jurisprudencia nacional en materia de averiguación de la verdad sobre hechos que involucran actos sexuales con o sin consentimiento, otorga especial valor al relato de las partes denunciantes, aplicando criterios de razonabilidad. En el sub exámine, el relato de la denunciante es coherente y existe concordancia con las emociones manifestadas. En ese sentido, la denunciante brindó detalles específicos del hecho y su relato fue persistente en el tiempo, destacando que la sintomatología que presentó con posterioridad al tratamiento con el profesional denunciado, constatados por otros profesionales de la salud mental (que, a su vez, son sus terapeutas), también constituye un elemento determinante para evaluar la veracidad del relato.
Este Tribunal toma como dato clínico la evaluación de síntomas de estrés agudos y post traumáticos. Además, los testimonios de estos profesionales de la salud mental dejan constancia del estado de desestabilización psicopatológica que el hecho le generó a la denunciante, situándola en una situación de riesgo para sí misma.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 36).- Se constata así un razonable y adecuado análisis de la declaración de la víctima, en atención a la naturaleza del hecho enrostrado.-
En atención a la valoración probatoria expuesta, el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos y Psicólogas encontró al Lic. Héctor Miguel Riquero responsable por haber mantenido relaciones sexuales con la paciente A.V.H. en la consulta. Asimismo lo encontró responsable de las siguiente faltas éticas y conductas profesionales negligentes: “…i) utilización de técnicas no reconocidas académicamente, y no avaladas por la comunidad científica, como la técnica del ho’ponopono, estas técnicas pueden ser peligrosas para los pacientes, ya que no se han demostrado su eficacia y pueden causar daños, ii) negligencia en el abordaje del tratamiento por la falta de escucha y debida atención a lo manifestado por la paciente, una psicoterapia eficaz requiere que el terapeuta muestre un interés genuino por la paciente, iii) negligencia profesional por la aplicación de técnicas psicodiagnósticas en estado de inestabilidad de la paciente, quien se encontraba muy angustiada previamente a la administración de las referidas técnicas, iv) negligencia profesional en el abordaje ante las autolesiones de la paciente, conducta que expuso a la paciente a situaciones de vulnerabilidad y riesgo de vida.; v) negligencia por falta de empatía y debida atención en la averiguación de las causas de la angustia manifestada por la paciente; vi) falta de debida diligencia en la documentación y obtención del consentimiento informado por parte de la paciente; vii) negligencia profesional al no realizar la derivación necesaria a otro profesional y/o no comunicarse con los profesionales tratantes para realizar una interconsulta; viii) elaboración de un diagnóstico clínico arbitrario y carente de sustento técnico y científico, con el solo objetivo de negar el hecho denunciado; ix) la utilización de la relación profesional psicólogo y paciente, con la ineludible relación asimétrica de este vínculo, para su beneficio y satisfacción personal en detrimento de la salud de la paciente A.V.H., una joven mujer, al mantener relaciones sexuales, en el contexto del consultorio, una situación de extrema vulnerabilidad para la paciente. x) la falta de derivación efectiva, utilizando todos los recursos disponibles, como comunicación precisa con la misma paciente explicitando los beneficios y aclarando dudas, la comunicación eficaz con familiares y el intercambio con el psiquiatra Dr., Coronel que había indicado Terapia Cognitivo Conductual u otros profesionales de la salud mental en el caso que evaluara necesario como así afirma el Licenciado. xi) falta de debida diligencia en la documentación y presentación de los resultados del proceso psicodiagnóstico; xii) transgresión a los principios del Código de Ética de Psicólogos(as) de la provincia de Santa Cruz, en particular a los principios de competencia, integridad, compromiso profesional y científico.” (cfr.
PE y pdf cits., pág. 37).- Lo hasta aquí expuesto, permite llegar a la conclusión de que el acto administrativo por el que se ha impuesto la sanción al actor es legítimo, ya que se encuentra adecuadamente motivado en las probanzas incorporadas al expediente administrativo.-
En cuanto a la alegada severidad de la sanción debe recordarse, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las atribuciones del Poder Judicial se ciñen a investigar si se ha hecho un uso ilegítimo o abusivo de las normas con arreglo a las cuales deben ejercerse las atribuciones otorgadas (Fallos: 311:260 y 306:820).-
La sanción disciplinaria impuesta al Lic. Riquero está prevista en el artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Santa Cruz, que habilita tanto la suspensión de la matrícula del profesional de un año, como la multa (sanciones impuestas al actor). Expresamente dispone: “Art. 22.- Sanciones. I. Conforme a la resolución del Tribunal de Ética y a la gravedad de la falta motivo de su intervención, podrán aplicarse las siguientes sanciones: 1. Apercibimiento privado: consistirá en un llamado de atención por parte del Tribunal. 2. Apercibimiento público: se efectivizará a través de publicaciones internas dirigidas solo a los colegiados, o en casos graves o que se encuentre en juego el interés general, en algún diario de publicación provincial, siempre según el criterio adoptado por el Tribunal en su resolución. 3. Suspensión de la matrícula profesional: a) Por un período de un año: en caso de incurrir en falta de ética y mala praxis. b) Por un período de tres (3) años: en caso de, habiendo sido sancionado, incurrir nuevamente en alguna de las faltas previstas en este Código. 4. Inhabilitación permanente: a) Cuando se demuestre fehacientemente que no se encuentra en condiciones de ejercer la profesión. b) Cuando la falta juzgada sea tal que implique faltas graves tipificadas en el Estatuto de Roma, delitos graves y/o delitos de lesa humanidad. II. Toda sanción involucrará una multa económica, expresada en módulos, siendo un módulo equivalente al honorario mínimo institucional en vigencia. La cantidad de módulos será fijada por el Tribunal en su resolución, de acuerdo a la gravedad de la falta. Dicha resolución, al ser firme, tendrá valor de título ejecutivo para ser presentada, de ser necesario, en los Tribunales Ordinarios.”.- La sanción impuesta por el Colegio se encuentra comprendida dentro de los mínimos y máximos reglamentarios, en atención a las conductas de las que se encontró responsable al Lic. Riquero; y se compadece con la gravedad y naturalezas de las faltas cometidas.-
El actor cuestiona las “consecuencias desmedidas” que tendrían la sanción en su sustento económico y reputación profesional. Al respecto cabe recordar que toda sanción disciplinaria afecta necesariamente los derechos de las personas que han cometido una conducta ilícita. Asimismo, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las garantías y derechos no son absolutos y están sujetos a la reglamentación legal que se haga de los mismos (cfr. Fallos: 325:11).-
VII. Que a mayor abundamiento, para dar respuesta a los planteos de la demanda, se deben efectuar las siguiente consideraciones:
De la lectura del expediente administrativo se advierte que no se desestimó arbitrariamente ninguna prueba de la defensa. El actor hace referencia a la testimonial de la Lic. Andrea Borques. De hecho la misma recibió un pormenorizado análisis de parte del Tribunal de Ética, con un adecuado tratamiento (cfr. PE1615593-2024, INT00078399.pdf, págs. 18/24). Por los demás, no surge de la declaración de la testigo Borques ningún elemento que pueda llevar a poner en crisis la decisión del Colegio.-
En cuanto a la calificación del accionar procesal del Licenciado Riquero como “deshonesto intelectual”, debe señalarse que el Tribunal del Colegio llegó a tal conclusión en atención al análisis de las declaraciones del actor. No se advierte una falta de objetividad en su contra, sino es producto del análisis de sus declaraciones. Al respecto, el Órgano de Ética dijo: “El Tribunal ha constatado que el licenciado Riquero se ha conducido durante el proceso investigativo con deshonestidad intelectual, presentando argumentos contradictorios, carentes de fundamento lógico y científico, utilizando una estrategia de defensa basada en la responsabilización de la paciente A.V.H., con el fin de hacer ver al Tribunal que sus dichos se basan en un delirio y que la misma es una persona peligrosa…” (cfr. PE y pdf cits., pág. 36). Estas afirmaciones encuentran sustento en el expediente administrativo, tal como se desarrolla a lo largo de la sentencia del Tribunal de Ética.- Por otro lado, es falso que el Tribunal del Colegio basó su decisión en hechos no probados. Sino que fundamentó su fallo en las actuaciones administrativas labradas, en atención a las reglas de la sana crítica, tal como brevemente se ha relatado más arriba.-
Paralelamente, no demuestra el actor, ni se vislumbra del expediente administrativo, selectividad probatoria en su perjuicio que haya vulnerado su presunción de inocencia.-
Tampoco se puede impugnar la verosimilitud de la declaración de la víctima porque no realiza una denuncia formal o no insta la acción administrativa correspondiente (tal como afirma el actor en PE1615593-2024, pág. 4); pues A.V.H. de hecho presentó denuncia formal ante el Colegio de Psicólogos y Psicólogas y estuvo a derecho en todo el proceso. No se advierte cual es la denuncia que no presenta o el proceso administrativo que no insta. En todo caso, la víctima tiene la potestad de formular una denuncia o instar un procedimiento, pero nunca la obligación de hacerlo. Más teniendo en cuenta el hecho ultrajante del que había sido víctima.-
VIII. Que no se ha vulnerado tampoco la garantía del plazo razonable. La denuncia de A.V.H. fue formulada el 5 de octubre de 2022 (cfr. PE1615593-2024, INT00078395.pdf, págs. 3/7). La sentencia fue dictada el 5 de enero de 2024 (cfr. PE cit. y INT00078398pdf, págs. 112/150 y INT00078399pdf, págs. 1/40). Es decir, poco más de un año después. Lo que aparece a todas luces razonable, teniendo en cuenta la complejidad de la causa y la prueba agregada.-
Desde otro cuadrante, también debe rechazarse como motivo nulificador de la sentencia la alegada imposibilidad de interrogar a los testigos. Esto es así, ya que el mismo actor reconoce que se lo invitó a aportar datos de interés para la causa (cfr. PE1615593-2024, pág. 6). Además tampoco invoca cual es el agravio concreto que habría padecido. El Lic. Riquero no señala qué preguntas habría querido formular, ni a cuales testigos, ni para que acreditar qué circunstancias. Paralelamente se observa que el sumario que antecedió a la sanción fue exhaustivo, sin que se adviertan omisiones en los interrogatorios que pudieran afectar el derecho de defensa del Lic. Riquero.- El actor entiende que se ha violado su derecho a no autoincriminarse, pero no explica cómo se habría producido tal vulneración. Asimismo, de la lectura del expediente administrativo se advierte que el Lic. Riquero en ningún momento se autoincriminó. Sus declaraciones siempre se dirigieron a negar los hechos enrostrados y a eximirse de responsabilidad administrativa.-
En atención a lo expuesto, se debe afirmar que no ha existido violación de la garantía de defensa en juicio, ni del debido proceso, ni de otro tipo en perjuicio del Lic. Riquero. Máxime cuando aún si hubiesen existido omisiones en la sede administrativa, en el caso las mismas no obstaron para que la parte afectada alegara y probara lo pertinente en la instancia judicial (cfr. Fallos 305:805). También es aplicable al caso la siguiente máxima: “…‘En este sentido, corresponde la aplicación del principio de conservación de los actos jurídicos y de los principios rectores en materia de nulidades, las que deben ser siempre de aplicación restrictiva y favorable a la validez del acto atacado, debiendo estar limitado el interés de su declaración al perjuicio causado’ (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 2ª, ‘Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Nuestro Hogar v. res. 325/1999’, 7/10/1999. En igual sentido, la misma sala, ‘Metrogas SA v. Res. 374/1996 Enargas’, causa 33.154/96, 11/7/2000)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 958, Folio 2902/2910).-
IX. Que a mayor abundamiento cabe destacar que es determinante para la resolución de la causa en análisis atender a la presunción de legitimidad que gozan los actos administrativos, consagrada en el artículo 12 de la Ley Nº 1260. Sobre esta cuestión resulta aplicable lo que este Alto Cuerpo ha dicho: “‘O sea que el legislador ha establecido por ley que se presume que todo acto administrativo ha sido dictado de acuerdo con normas jurídicas vigentes...’ (cfr. Altamira Gigena, Julio Isidro, ‘Acto administrativo’; 2ª ed., Córdoba, Advocatus, 2019, pág. 60). Se trata de una presunción de regularidad del acto, de legalidad, de validez, de juridicidad (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 936, Folio 2797/2810).
Particularmente en la materia bajo discusión, este Alto Cuerpo ha dejado establecido: ‘…‘El principio jurídico vigente en la materia es la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Se supone que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión. El fundamento de este carácter deriva, de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales (‘Acto Administrativo Municipal’ -Julio R. Comadira- Ed. Depalma, 1992, página 100). Una de las principales consecuencias que se derivan de dicha presunción es que, siempre, es necesario, alegar y probar la ilegitimidad del acto.’ (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 860, Folio 2466/2470)...Si bien no se trata de una presunción absoluta, quien pretenda la ilegitimidad o nulidad de un acto administrativo debe alegar y probar lo pertinente (cfr.
Marienhoff, Miguel Santiago, ‘Tratado de Derecho Administrativo’, Cuarta Edición Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, t. II, págs. 338/339). Es que, tal como lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es condición esencial de la organización del Poder Judicial el que no le sea posible controlar por su propia iniciativa los actos legislativos, ni aun los actos administrativos que, por serlo, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la actividad administrativa. Por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe necesariamente ser alegada y probada en juicio (Fallos: 291:499)...‘...considerando el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, CPCC), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública...’ (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 977, Folio 2969/2983). Esta presunción, en suma, impone a quien controvierte la juridicidad de un acto administrativo, la carga de fundar la impugnación y acreditar los extremos fácticos en que se soporta la pretensión (SCBA, causa B. 65.381, ‘Gianichini de Massera, María Esther c/ Prov. Bs. As. (IPS). Demanda Contencioso Administrativa’, entre otros)’.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1074, Folio 3412/3418).- A lo antedicho, debe sumarse los déficits argumentales antes apuntados que conspiran contra el interés particular del actor, en razón de las implicancias que conlleva para su tesitura el principio dispositivo (TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1132, Folio 3653/3658).-
Se ha sostenido que: “...El sistema judicial que en nuestro ordenamiento tiene el control de la Administración hace que el proceso administrativo cuente con los principios y reglas generales de los procesos judiciales, a los que cabe agregar los propios de este tipo de proceso. Entre los primeros se destacan: el principio dispositivo, que confía a las partes el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los que ha de versar la decisión del juez…la disponibilidad del derecho material; la delimitación por las partes del alcance de la controversia...” (cfr. Pozo Gowland, Héctor M.: “Los principios generales del proceso administrativo”, www.informacionlegal.com.ar.
Cita Online: AR/DOC/2491/2011). (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1074, Folio 3412/3418 cit.).- En esta senda, Tomás Hutchinson dice que: “…la jurisdicción procesal administrativa jugará dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la pretensión y la oposición […] Una vez iniciado el proceso, el órgano judicial se encuentra vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes, relativas a la suerte de aquél o tendientes a la modificación o extinción de la relación de Derecho material en el cual se fundó la pretensión […] la ley asigna a las partes la función de aducir y traer al proceso el material de hecho, limitando la función del juez al recibirlo, para valorarlo después.
Se trata, por tanto, de una manifestación del sistema dispositivo en virtud del cual las partes serán las encargadas de aportar, alegar, probar o fijar los hechos que respectivamente le interesen […] El principio dispositivo entraña, pues, ‘un poder de disposición sobre el ejercicio de la acción y el objeto del proceso’. Es que en un proceso regido por dicho sistema, las partes son enteramente dueñas del derecho subjetivo material, de la pretensión e incluso de la actividad decisoria del órgano jurisdiccional, pues mediante la delimitación que efectúan del objetivo procesal vincula o condicionan el fallo del tribunal.” (cfr. aut. cit.: “Derecho Procesal Administrativo”, 1ª ed., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo I, págs. 492/494).- En síntesis, la alegada irregularidad del procedimiento administrativo carece de sustento, ya que el actor formuló las presentaciones, defensas y aclaraciones que estimó pertinentes; con lo cual se respetaron las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal.-
Así también, la conjunción de la presunción de legitimidad de los actos con la ausencia de un embate certero y serio que demuestre los vicios bajo los cuáles pretende obtener su declaración de invalidez, a la luz del principio procesal descripto, conlleva, sin más, al rechazo de la pretensión actoral.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
Los Dres. Reneé Guadalupe Fernández, Paula Ernestina Ludueña Campos, Fernando Miguel Basanta y Daniel Mauricio Mariani, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau .-
A la segunda cuestión la Dra. Mercau dijo:
Atento lo expresado en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta en PE1615593-2024 por el Lic. Héctor Miguel Riquero contra el Colegio Profesional de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Santa Cruz; imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90, por remisión del art. 107, ambos del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de los honorarios del letrado interviniente -por la parte actora-, y de la letrada y el letrado intervinientes -por la parte demandada-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes. (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Reneé Guadalupe Fernández, Paula Ernestina Ludueña Campos, Fernando Miguel Basanta y Daniel Mauricio Mariani, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 12 de septiembre de 2025.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de las Sras. Vocales, Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Reneé Guadalupe Fernández, del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta, y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Lic. Héctor Miguel Riquero.-
3. Difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora-, y de la letrada y el letrado intervinientes -por la parte demandada- hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo. Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1045C.251 Tomo: XX Sentencia: 1188 Folio N°: 3940/3950 Secretaría: 1
Fin de la sentencia