Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-893/24-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por el Sr. Héctor Miguel Riquero.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: R-893/24-IMC-TSJ Sentencia N°: 1174 Actor: RIQUERO HÉCTOR MIGUEL Demandado: COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 19/05/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1174 FOLIO Nº 3868/3872 PROT. ELECT. TSS1 031 C.251
Río Gallegos, 19 de mayo de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “RIQUERO HÉCTOR MIGUEL C/ COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. N° R-893/24-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, en los autos principales, el Sr. Héctor Miguel Riquero, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Pablo O. Kairuz, interpone demanda contencioso administrativa contra el Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz, solicitando la nulidad del procedimiento disciplinario y la decisión de la audiencia llevada a cabo en el marco del expediente administrativo N°06/TED-CPPSC/22. El actor cuestiona la resolución del Tribunal de Ética y Disciplina que le impuso una sanción consistente en la suspensión por un año de su matrícula profesional y una multa, por presuntas faltas éticas (cfr. PE1615593-2024, págs. 1/2).- Asimismo, solicita el dictado de una medida cautelar innovativa tendiente a suspender la aplicación de la sanción, hasta tanto se dicte sentencia en el proceso principal, fundando su petición en la verosimilitud del derecho -derivada de los defectos formales y sustanciales que afectaron el trámite administrativo- y en el peligro en la demora, atento al impacto económico y reputacional que implicaría la suspensión del ejercicio profesional mientras se resuelve el fondo del conflicto (cfr. PE cit., págs. 1 y 6/7).- Al contestar el traslado ordenado en PE1672331-2024, la vicepresidenta del Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz, con el patrocinio letrado de la Dra. Claudia Henríquez, postula que resulta abstracto el tratamiento de la medida cautelar incoada. Para sustentar esta tesitura, alega que: “…no existe sanción que se encuentre ejecutada en la actualidad en razón de que no se encuentra firma (sic) la sanción resuelta por esta entidad.”. Asimismo, expresa: “Este ente es concordante con el actor y por ende la sanción se encuentra en suspenso desde la finalización de la etapa administrativa y hasta tanto la sentencia se encuentre firme en sede judicial.” (cfr. PE1723196-2025).- En PE1732972-2025 contesta vista el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expidiéndose en sentido negativo, dictaminando que no debe hacerse lugar a la medida cautelar peticionada (cfr. PE cit., pág. 3).-
Pasan las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver en PE1041845-2025.-
II. Tal como se colige de lo expuesto, la incidentada aduce la configuración de circunstancias sobrevinientes que quitarían virtualidad a la medida cautelar peticionada, tornando estéril cualquier tipo de pronunciamiento al respecto. Sin embargo, para que opere una declaración de este tipo es necesario que las razones sobre las que se apoya sean comprobables y no meramente declarativas.-
Una cuestión se considera abstracta cuando, por hechos ocurridos después de iniciado el proceso, desaparece la situación que dio origen al conflicto. En esos casos, el reclamo pierde actualidad y deja de ser un caso concreto que requiera resolución judicial. Por lo tanto, cuando ya no subsiste una disputa que amerite intervención jurisdiccional, cualquier decisión judicial carecería de efecto práctico sobre los derechos de las partes involucradas.-
Ahora bien, en el supuesto bajo análisis no concurren los presupuestos fácticos ni jurídicos para declarar abstracto el tratamiento de la medida cautelar incoada. Las aseveraciones introducidas por el colegio profesional reflejan una mera declaración unilateral carente de eficacia, por cuanto se encuentran desprovistas de cualquier tipo de apoyo probatorio que las respalde.-
Según lo expresado por el Colegio, la sanción disciplinaria aún no ha quedado firme. No obstante, esa afirmación resulta incompatible con lo sostenido por el actor en su escrito inicial, donde relata haber agotado la vía administrativa mediante un recurso ante la Asamblea, que fue rechazado, añadiendo que transitó esa vía sin haber obtenido la tutela efectiva de sus derechos (cfr. PE1615593-2024, pág. 2). Esta contradicción amerita formular dos observaciones: en primer lugar, corresponde recordar que una resolución se considera firme cuando han sido desestimados los recursos procedentes o bien ha vencido el plazo legal para su interposición (cfr. Hutchinson, Tomás, “Ley nacional de procedimientos administrativos. Ley 19.549. Comentada, anotada y concordada con las normas provinciales”, Astrea, Buenos Aires, 1985, T. I, pág. 251); y, en segundo lugar, cabe destacar que, tratándose de sanciones de suspensión, la decisión adoptada por la Asamblea resulta irrecurrible en sede administrativa, conforme lo dispone el inciso i) del artículo 20 de la Ley Provincial N° 1709.- Tampoco demuestra que la sanción haya sido, finalmente, suspendida. Por el contrario, de los hechos narrados por el Sr. Riquero (cfr. PE1615593-2024, pág. 2) y la prueba documental que adjuntó a su escrito inicial (cfr. PE cit., INT00078399.pdf), se aprecia que oportunamente había interpuesto un recurso de reconsideración contra la decisión del Tribunal de Ética y Disciplina que, fue concedido sin efecto suspensivo y, finalmente, rechazado mediante Resolución N° 02-TED-CPPSC-2024. Dicha resolución evidencia la clara decisión del Tribunal de Ética y Disciplina de perseverar en la línea decisoria asumida, manteniendo incólume la sanción aplicada.- Sin desarrollar mayores fundamentos, el Colegio expresa también que: “es concordante con el actor”, fórmula vaga y genérica que, desprovista de precisiones contextuales, no permite conocer si existe una conformidad real y efectiva con la petición del actor o si se trata de una manifestación meramente declarativa.-
Expone, igualmente, que: “la sanción se encuentra en suspenso desde la finalización de la etapa administrativa”.-
Un colegio profesional no actúa en beneficio exclusivo de los que pertenecen al colegio ya que sirven a los intereses generales en la tarea de ordenar y vigilar el buen desempeño profesional frente a la sociedad (cfr. Andreucci, Carlos Alberto “El ejercicio de funciones disciplinarias por parte de los colegios profesionales. Naturaleza. Justificación. Procedimiento. Control Judicial”, en Revista de Derecho Público, Año 2010 N° 2, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pag. 585 y ss.). Su potestad reglamentaria se concreta mediante actos que tienen pleno valor de “actos de poder”, es decir, son auténticos actos administrativos, dotados de eficacia y validez por sí mismos. Por ello, habrá que tener en cuenta, en cada caso el Derecho Administrativo local (cfr. Hutchinson, Tomás, “Las corporaciones profesionales”, F.D.A., Buenos Aires, 1982, págs. 99 y 101).- Teniendo en cuenta, entonces, el carácter público de las potestades ejercidas por el Colegio al emitir las resoluciones cuestionadas, resulta dable integrar el régimen previsto en la Ley N° 1709 con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 1260 de Procedimientos Administrativos, en cuanto dispone que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios…Sin embargo la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.”.- Consiguientemente, “…existe la posibilidad de que la Administración [en nuestro caso, el colegio profesional] disponga la suspensión de los efectos del acto, ya sea porque ella misma lo decide sin que nadie se lo pida…o a pedido de parte…Pero en ambos casos la resolución que se dicte debe reunir un requisito formal esencial: estar suficientemente motivada, o sea dar a conocer las razones por las cuales se dispone la suspensión de los efectos del acto.” (cfr. Altamira Gigena, Julio Isidro, “Acto Administrativo”, 2ª ed., Córdoba, Advocatus, 2019, pág. 70).- En el supuesto bajo examen, y dentro del acotado marco cognoscitivo propio de esta incipiente etapa procesal, es dable advertir que el Colegio no demostró haber emitido resolución formal alguna, debidamente motivada, que suspenda los efectos de la decisión que impuso la sanción, lo que evidencia que el acto administrativo seguiría plenamente vigente.-
Por todo ello, consideramos que no resulta procedente declarar cuestión abstracta al pedido cautelar interpuesto por el Sr. Riquero y, por consiguiente, resulta imperativo pronunciarse al respecto.-
III. La impugnación de los actos administrativos definitivos de los Colegios o Consejos Profesionales contiene un trámite específico normado en el Título X del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley N° 2600. Así, el artículo 109 de este cuerpo normativo prevé que las reglas allí estipuladas serán de aplicación a todos los procedimientos previstos por las leyes de creación de los Colegios o Consejos Profesionales u otras normas similares, en materia de impugnación judicial contra: a) los actos que decidan la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en la matrícula correspondiente; b) los actos mediante los que se impongan sanciones en los supuestos contemplados por las normas de aplicación; c) en general, los actos de gravamen emanados de aquellos entes.- No obstante, el mencionado título no prevé una disposición específica que regule las medidas cautelares, por lo que -a tenor de lo prescripto por la última parte del artículo 107- resultan de aplicación las reglas determinadas en el Título VI. En esta parcela del ordenamiento se tipifican tres tipos de pretensiones cautelares: la suspensión de la ejecución de un acto administrativo (arts. 33 y ss. del CPCA, Ley Nº 2600), las medidas positivas (art. 31 del CPCA, Ley Nº 2600) y las medidas urgentes (art. 25 del CPCA, Ley Nº 2600).- Ahora bien, la enumeración transcripta no crea un régimen legal cerrado, ya que queda abierta la posibilidad de su ampliación.-
Por ello, este Tribunal Superior ha sostenido que una medida extraña en principio a nuestra ley adjetiva contencioso-administrativa no puede ser óbice para que los particulares, en el convencimiento que su derecho puede encontrar una mejor tutela cautelar en una medida no prevista en nuestro Código, las soliciten. Es que el sistema cautelar administrativo es típico pero no autónomo en la medida en que se nutre, en forma directa o analógica, de preceptos provenientes de otros ordenamientos. En la materia rige el principio general de admisibilidad de cualquier medida cautelar que sea adecuada a la situación de cuya tutela se trata. Es por tal motivo que el artículo 25 del CPCA, Ley Nº 2600, establece que se podrá peticionar la adopción de medidas urgentes -sin decir cuales- que aparezcan como las más idóneas para asegurar provisionalmente la decisión de fondo, y es por ello, que el artículo 32 del citado ordenamiento nos permite aplicar las medidas cautelares y las normas generales referidas a aquellas contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211).-
IV. En la especie, al solicitar la medida cautelar el actor la calificó como “innovativa” (cfr. PE1615593-2024, págs. 1 y 6/7). Empero, surge diáfanamente que el interesado pretende que se suspendan los efectos del acto sancionatorio, ya que al sustentar su pedido requiere que: “…se suspenda la aplicación de la sanción impuesta por el Colegio de Psicólogos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente proceso.” (cfr. PE cit., pág. 6.).-
Lo expuesto permite colegir que la medida precautoria requerida se encuentra dirigida a suspender los efectos de la decisión sancionatoria impugnada. Este es el específico y delimitado alcance que exhibe la tutela cautelar pretendida, más allá del equívoco al que puede conducir la imprecisión desplegada por el peticionante.-
Este tipo de pretensión constituye la medida cautelar por antonomasia del proceso contencioso administrativo, cuyo efecto principal es privar al acto -siempre de manera provisoria- de uno de sus caracteres, esto es, de su ejecutoriedad o ejecución forzosa (cfr. TSJ Santa Cruz, fallo cit.).-
El principio de ejecutividad de los actos administrativos impide que el planteamiento judicial de una controversia sobre la legalidad del acto altere el desenvolvimiento de su eficacia material, excepto que el juez dicte una cautelar como es la suspensión del efecto o de la ejecución del acto.-
Este tipo de cautelar se ha establecido, entonces, con el propósito de evitar que los perjuicios, que de por sí habrán de seguirse del desbordamiento del marco legal en que incurre el acto administrativo cuestionado, aumenten irremediablemente como consecuencia de la tardanza de los procesos judiciales (cfr. Hutchinson, Tomás, “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo III, pág. 564).-
V. Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada y atendiendo al carácter de la medida peticionada, resulta menester verificar si concurren los recaudos previstos en el artículo 33 del CPCA, Ley N° 2600, a los fines de meritar su procedencia.-
Para realizar esta tarea conviene reiterar que el juzgamiento de este tipo de pretensiones se despacha con una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria, de modo tal que puede ser modificado en la sentencia definitiva, por lo que ni el otorgamiento de la medida prejuzga sobre el mérito de la causa, ni el consentimiento de aquélla implica aceptación de la procedencia del derecho a juzgar en la sentencia definitiva.-
El artículo 33 del CPCA, Ley N° 2600, requiere en su primer párrafo la verificación de los presupuestos genéricos de toda medida cautelar, es decir, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. A la luz de tales presupuestos genéricos deberán valorarse las exigencias previstas en el inciso a) del referido artículo, esto es, que la ejecución o cumplimiento del acto impugnado, causare o pudiere causar perjuicios más graves que su paralización, o sea, de imposible o dificultosa reparación ulterior, siempre que de ello no resulte un grave perjuicio para el interés público.- Todo razonamiento a efectuarse en la materia que nos ocupa debe hacerse teniendo especialmente en cuenta que los actos administrativos se presumen legítimos, y que toda suspensión que pueda disponer el Juzgador debe tener necesariamente carácter restrictivo. Además, no puede olvidarse que en este terreno debe observarse una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión porque la decisión es netamente excepcional, habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 937, Folio 2811/2813, entre otros).- Teniendo en cuenta las pautas reseñadas, debe señalarse que en el caso bajo examen no aparecen cumplidos los extremos que tornarían procedente la medida cautelar requerida.-
V.1. En cuanto al primero de los presupuestos, es decir, el de la verosimilitud del derecho, resulta oportuno considerar que para derrumbar la presunción de legitimidad de la actuación administrativa, aquella debe emerger con indiscutible nitidez (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211). Es indispensable que el derecho sobre el que se pretende la cognición cautelar aparezca como probable, con una probabilidad cualificada, lo cual no se avizora -en principio- en el presente caso.- En esta línea, se ha dicho reiteradamente que la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutividad de la que aquéllos gozan (Fallos: 319:1069; 323:3326; SCBA, B. 65.312).-
Si el acto se presume legítimo quien lo está impugnando y, además, peticionando que se suspenda su ejecución, debe destruir la apariencia de aquella legitimidad. Ergo, debe alegar y dar a entender, con cierta verosimilitud, que el acto no es legítimo. No debe examinarse, para acreditar la “apariencia de buen derecho”, la mera probabilidad de que asista razón al demandante, sino que también deben examinarse las razones de la Administración, las que, por lo común, surgirán de la motivación del acto administrativo (cfr. Hutchinson, Tomás, ob. cit., Tomo III, págs. 572 y 574).- Nuestro ordenamiento legal preceptúa que la suspensión del acto procede cuando las causas de nulidad alegadas en el acto o disposición aparecieran de manera manifiesta (art. 33, inc. b del CPCA, Ley N° 2600). Este supuesto se configura cuando el vicio que afecta al acto administrativo surge palmariamente del propio acto, sin necesidad de efectuar una investigación de hecho. En este caso, la ilegitimidad o la arbitrariedad aparecen de la mera confrontación con el orden jurídico positivo.- A fin de contextualizar lo decidido por el ente demandado, interesa señalar que la Ley N° 1709 regula el ejercicio de la profesión de psicólogo/a en todo el territorio provincial (art. 1), creando el Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz (art. 17) a los efectos de hacer cumplir sus preceptos. A su turno, el artículo 20, inciso e) establece la obligación de los colegiados/as de cumplir estrictamente las normas del ejercicio profesional, disposiciones de ese estatuto, reglamentaciones internas y acuerdos y resoluciones del Colegio.- En el caso, el actor fue sancionado a raíz de una denuncia efectuada en el Colegio por una ex paciente.-
La Resolución N° 01-TED-CPPSC-2024 del Tribunal de Ética y Disciplina aparece -en principio- suficientemente motivada. De lo allí consignado se desprendería que el actor habría llevado a cabo una serie de acciones que se reputaron como violatorias de un amplio número de deberes consignados en el Código de Ética del Colegio. Se le imputa la utilización de técnicas no reconocidas por la comunidad científica, múltiples manifestaciones de negligencia profesional en el abordaje terapéutico -como la falta de escucha activa, la omisión de derivación oportuna, la aplicación de técnicas psicodiagnósticas en un contexto de inestabilidad emocional, y la ausencia de un adecuado consentimiento informado-, así como la emisión de un diagnóstico carente de sustento técnico. Asimismo, se le atribuye haber incurrido en una conducta de extrema gravedad, al mantener relaciones sexuales con la paciente en el marco de la relación terapéutica, aprovechándose de la situación de asimetría y vulnerabilidad. Por último, se señala la transgresión a los principios de competencia, integridad y compromiso profesional y científico.- En definitiva, no se advierte en la actuación administrativa la configuración de vicios determinantes de su ilegitimidad absoluta y manifiesta que autoricen, en este estado liminar del proceso, a desvirtuar la presunción de legitimidad y, en consecuencia, a tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado por el Sr. Riquero.-
V.2. Las circunstancias enunciadas precedentemente resultan suficientes para eximir a este Alto Cuerpo de analizar el recaudo relativo al peligro en la demora, puesto que de poco sirve el “periculum in mora” (o perjuicios graves o irreparables) o el interés público, sin un “fumus” de buen derecho (o de actuación administrativa ilegal) (cfr. Hutchinson, Tomás, obra cit., Tomo III, pág. 573).-
Sin perjuicio de ello, resulta conveniente poner de resalto que en el supuesto en análisis tampoco se evidencia con claridad suficiente un peligro inminente de magnitud tal que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona, y mucho menos que el mismo asome como irreparable ulteriormente. Ciertamente, no basta para ello alegar genéricamente que la sanción le impediría ejercer la profesión y afectaría su reputación, sumado a un daño económico y moral (cfr. PE cit., pág. 7). Ello así, puesto que tales manifestaciones no resultan habilitantes, sin más, para acreditar el carácter irreparable de los agravios que ocasionaría al actor la actuación administrativa cuestionada.- Este Tribunal Superior tiene dicho que las afirmaciones que no pasan de ser una mera opinión personal, carente de sustentación objetiva -ante la ausencia del más mínimo elemento de prueba que la respalde- resultan insuficientes para satisfacer el requisito bajo estudio (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211 cit.).-
Desde este cuadrante, cabe advertir que las argumentaciones esbozadas por el actor no logran demostrar con éxito una situación de peligro real, de entidad inminente o asaz. Amén de ello, nada impediría que, en caso de obtener una sentencia definitiva favorable logre una justa reparación integral de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado el acto (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo., Tomos XI, Reg. 722, Folio 2036/2037; Reg. 743, Folio 2096/2098; y XV, Reg. 978, Folio 2984/2986).-
V.3. Resta indicar que el hecho de que no se encuentren configurados los presupuestos a los que se hizo referencia más arriba exime a este Alto Cuerpo de ponderar la afectación del interés público, puesto que tales requisitos deben hallarse siempre presentes, ya que no funcionan de forma alternativa sino complementaria (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211 cit.).-
VI. Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión debatida en el proceso principal, la cual será analizada al momento de dictarse el pronunciamiento definitivo.-
Por ello, y considerando que no se ha acreditado, dentro del estrecho margen de conocimiento de este incidente de medida cautelar, que la actuación del Colegio demandado responda a un accionar irrazonable o arbitrario, como así tampoco el requisito del peligro en la demora, corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, imponiendo las costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por al artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por el Sr. Héctor Miguel Riquero.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo. Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1031C.251 Tomo: XX Sentencia: 1174 Folio N°: 3868/3872 Secretaría: 1
Fin de la sentencia