Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 5 de Lomas de Zamora · Causa 25901
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar por abstractos los planteos de inconstitucionalidad referidos de la normativa de Riesgos de Trabajo, en orden a los fundamentos expuestos.
2Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por HERNAN RIQUES contra LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. y, en consecuencia, condenar a la demandada a abonar al actor la suma de $ 2.980.408 (pesos dos millones novecientos ochenta mil cuatrocientos ocho) en concepto de prestación indemnizatoria tarifada art. 14 ap. 2 a) de la ley 24.557 (t.o. Ley 27348) por las secuelas incapacitantes físicas derivadas del accidente de trabajo acreditado en autos. Rechazando la acción respecto de la parcela psicológica del reclamo y la cobertura de gastos médicos.
3Costas a la demandada que ha resultado sustancialmente vencida (arts. 24 ley 15.057, 71 del C.P.C.C).
4La parte condenada deberá abonar el capital actoral (art 17 Ley 27348) y los honorarios de todos los profesionales intervinientes, mediante transferencia a las cuentas bancarias personales de sus respectivos titulares, quienes deberán denunciar y acreditar en autos los datos necesarios para su efectivización (entidad bancaria, sucursal, tipo y número de cuenta, C.B.U y/o alias, C.U.I.T y condición tributaria que revisten ante el I.V.A.).
5El plazo para el cumplimiento de la condena será de diez (10) días hábiles, en los términos del art. 17 de la ley 15.057, y comenzará a correr una vez que dichos datos hayan sido debidamente informados en autos. …
En la ciudad de Lomas de Zamora, en la fecha y hora indicadas en la constancia de firma digital, se reúnen los señores Jueces que integran en este acto el Tribunal del Trabajo Nº 5 de esta Ciudad, los doctores María Florencia Farina, Carina Alejandra Gómez Ansede y Adrian G. Rodriguez (magistrado del TT2 Departamental), bajo la presidencia de la primera de los nombrados, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: " RIQUES HERNAN C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL", Expte. Nº 25901 , conforme lo dispuesto por el art. 57 de la Ley 15.057. Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: GÓMEZ ANSEDE- FARINA -RODRIGUEZ.
La Sra. Jueza Dra. Carina Alejandra Gómez Ansede dijo:
Con fecha 28/12/2022 se presenta HERNAN RIQUES (nacido el día 08/09/1985, DNI 94.007.874), por intermedio de su letrado apoderado Dr. Fernando Ariel Pinsker, promoviendo acción contra LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., en procura del cobro de las prestaciones dinerarias derivadas del accidente de trabajo que denuncia haber sufrido el día 08/12/2021. Cuestiona el dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional que determinó la inexistencia de incapacidad, denuncia el agotamiento de la instancia administrativa previa y plantea diversas inconstitucionalidades.
Relata que ingresó a trabajar para JOSE J. CHEDIAK SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGROPECUARIA el 08/12/2021, desempeñándose como oficial armador en obras de construcción. Refiere que el día del accidente, mientras realizaba sus tareas habituales, golpeó su pierna derecha contra un perfil metálico, sufriendo lesiones en dicho miembro. Sostiene que, pese a las prestaciones médicas recibidas y al alta otorgada por la aseguradora, presenta secuelas físicas y psicológicas que estima en un 20 % de la total obrera, cuya reparación persigue. Ofrece prueba, funda en derecho y solicita se haga lugar a la acción, con costas.
Con fecha 08/03/2023 comparece LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., por intermedio de su letrado apoderado Dr. JUAN PABLO SALA, quien contesta demanda. Reconoce la existencia del contrato de afiliación celebrado con la empleadora, la denuncia del accidente y el otorgamiento de prestaciones hasta el alta médica. Asimismo, el tránsito de ambas partes por la instancia administrativa previa ante la CMJ Nº 374 de Lomas de Zamora, en el marco del Expte. SRT Nº 184271/22. Desconoce las secuelas incapacitantes denunciadas por su contraria y su relación causal con el siniestro. Denuncia una incapacidad preexistente del 4,80 % t.o., contesta los planteos de inconstitucionalidad y solicita el rechazo de la acción, con costas.
Con fecha 30/03/2023 la parte actora contesta el traslado conferido.
Luce agregado al trámite de fecha 13/04/2023 el informe procedente de la SRT acompañando la copia digitalizada de las actuaciones administrativas tramitadas ante la CMJ.
El 17/05/2023 se ordena la apertura a prueba, a partir de lo cual se producen las pericias médica, contable y psicológica (con sus impugnaciones y respuestas), así como la informativa ordenada.
Cerrado el período probatorio y colocadas las actuaciones a alegar mediante resolución de fecha 28/10/2026, venció el plazo conferido a las partes sin que hicieran uso de dicha facultad.
Encontrándose las actuaciones en estado de dictar sentencia, corresponde el tratamiento de las cuestiones de hecho y de derecho que se desprenden de la litis (art. 57 incs. 4, 5, 6 y 7 Ley 15.057).
Del análisis de la demanda, su contestación y demás constancias de autos, se verifican y se tienen por reconocidos -por encontrarse admitidos o resultar incontrovertidos- los siguientes extremos:
* Que el actor HERNAN RIQUES prestó servicios en relación de dependencia para JOSE J. CHEDIACK SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGROPECUARIA, bajo cobertura de LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. a la fecha del infortunio denunciado.
* Que el día 08/12/2021 el actor sufrió un accidente de trabajo. Que el siniestro fue denunciado ante la A.R.T., la cual otorgó prestaciones médicas hasta el alta otorgada en fecha 10/01/2022.
* Que el actor transitó y agotó la instancia administrativa previa ante la Comisión Médica Jurisdiccional Nº 374, Delegación Lomas de Zamora, en el marco del expediente S.R.T. Nº 184271/22, la cual determinó que no presentaba incapacidad derivada del infortunio (Diapa 14/09/2022).
* Que a la fecha del accidente el actor contaba con 36 años de edad (nacido el 08/09/1985).
* Que el actor registra una incapacidad preexistente del 4,80 % t.o., determinada en el expediente SRT Nº 353699/19, correspondiente a una meniscectomía parcial externa de rodilla izquierda sin secuelas (ver informe procedente de la SRT agregado en fecha 14/06/2023).
En cambio, frente al desconocimiento y las negativas formuladas por la accionada en su responde, correspondía a la parte actora acreditar el "onus" de sus afirmaciones (art. 375 CPCC). A tal fin, corresponde efectuar el análisis de la prueba producida en autos, valorada conforme las reglas de la sana crítica racional (art. 53 inc. d Ley 15.057), de la cual se extraen las siguientes conclusiones:
a) Incapacidad : el dictamen médico (18/12/2025), por sus consideraciones científicas y por estar avalado por las constancias de autos, resulta convictivo, por lo que corresponde otorgarle suficiente valor probatorio.
El perito médico Rubén Roberto Frontini determinó que el actor presenta alteraciones anatomofuncionales del tobillo derecho que le ocasionan una incapacidad física del 5 % de la total obrera.
En cuanto a los factores de ponderación, el experto consideró dificultad para la realización de tareas habituales (10 %), que no amerita recalificación y edad (1 %), concluyendo que el actor presenta una incapacidad física parcial y permanente del 5,55 % de la total obrera, relacionada causalmente con el accidente ventilado en autos.
Por otro lado, el dictamen pericial psicológico presentado en fecha 21/08/2023 ha determinado que el accionante no presenta secuelas psicológicas incapacitantes derivadas del evento de autos. La perito Ingrid Elizabet Wagner concluyó que no se verifica la existencia de un cuadro psicopatológico relacionado con el infortunio, ni resulta necesario tratamiento psicológico.
Ahora bien, en atención a la incapacidad preexistente del 4,80 % t.o. que registra el trabajador, corresponde adecuar el porcentaje determinado por el experto mediante el método de capacidad restante previsto en el Decreto 659/96.
En efecto, el decreto 659/96, respecto a los Criterios de Utilización de las Tablas de incapacidad Laboral, dispone que, "La incapacidad que surgiere de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo se medirá en porcentaje de incapacidad funcional total del individuo. En los trabajadores que, en los exámenes de ingreso, se constaten limitaciones anátomo funcionales, estas deberán ser asentadas en su legajo personal, siendo el Ciento por ciento (100%) de la incapacidad funcional del trabajador, su capacidad restante". Esto implica, por lo tanto, que para la evaluación de la incapacidad de un trabajador afectado por siniestros sucesivos se empleará el criterio de la capacidad restante. Es decir que la valoración del deterioro se hará sobre el total de la capacidad restante.
Así, partiendo de una capacidad residual del 95,20 %, la incapacidad física del 5 % determinada por el perito equivale al 4,76 % de la total obrera. Incorporados los factores de ponderación establecidos por el experto (11 % del 4,76 % = 0,52 %), se arriba a una incapacidad parcial y permanente del 5,28 % t.o., vinculada causalmente al accidente de marras y estimada conforme el Baremo del Decreto 659/96.
Con relación a este tópico ha dicho la SCBA que: "En la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los Tribunales del Trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo" (SCBA LP L. 122771 S 11/05/2021 Juez KOGAN Carátula: Pécora, María Luisa contra Lee, David y otros. Despido), en el mismo sentido que: "La evaluación del material probatorio y específicamente lo atinente al mérito y fundamento de la pericia médica como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal del trabajo, insusceptible de revisión en la instancia extraordinaria salvo absurdo que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca" (SCBA LP L. 119120 S 15/08/2018 Carátula: Medina, Martín Salvador c. Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Accidente in itinere).
En orden a todo lo expuesto, considero acreditado que el accionante padece secuelas incapacitantes físicas del 5,28 % t.o., estimadas conforme Decreto 659/96 y derivadas del accidente de trabajo que da sustento a la acción de autos. Sin que se acreditara la existencia de secuelas incapacitantes de índole psicológica.
b) Valor del Ingreso Base Mensual: con la prueba pericial contable (06/07/2023) tengo por acreditado que el VIBM del actor a la fecha del infortunio denunciado asciende a $ 118.336,24, determinado mediante la actualización mes a mes de cada salario por índice RIPTE, conforme lo prescripto por el art. 11 Ley 27.348.
1. Infortunio. Incapacidad.
Persigue el actor en su demanda la reparación de la incapacidad derivada del accidente de trabajo sufrido el día 8 de diciembre de 2021, cuya ocurrencia y carácter laboral han quedado acreditados en autos, del mismo modo que el cumplimiento del trabajador de transitar la instancia administrativa previa exigida por el art. 1 de la Ley 27.348.
Con la prueba pericial médica se ha probado que el trabajador padece una incapacidad física parcial y permanente del 5,28 % t.o., determinada conforme el baremo del Decreto 659/96 y el método de capacidad restante, con nexo causal directo con el infortunio. Sin que se acreditara la existencia de secuelas incapacitantes de índole psicológica.
Se verifica, asimismo, que el actor tenía 36 años de edad al momento del siniestro y que el ingreso base mensual a considerar era de $ 118.336,24 (conf. art. 11 Ley 27.348).
A la luz de las pruebas rendidas y valoradas conforme a la sana crítica (art. 53 inc. d, Ley 15.057), corresponde hacer lugar a la acción con los siguientes alcances.
Conforme lo dispuesto por el art. 14 ap. 2 a) de la ley 24.557, corresponde el pago de una indemnización de pago único cuando la incapacidad permanente parcial definitiva es inferior al 50%, cuya cuantía es igual a 53 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por el coeficiente que resulta de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante (en el caso de autos, la fecha del accidente).
Fórmula art. 14 ap. 2 a) LRT: 53 x IBM x % de incapacidad x (65 / edad del damnificado al momento de la primera manifestación invalidante).
Conforme se ha señalado, se acreditó que el VIBM del actor ascendió a la suma de $ 118.336,24 (art. 11 apartado 1º Ley 27.348).
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el texto del art. 12 ley 24.557 (t.o. ley 27.348- apartado 2º-) vigente a la fecha de ocurrencia del infortunio, al ingreso base actualizado habrá de adicionarse intereses calculados al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, a contar desde la fecha de producción del siniestro y hasta el momento de la liquidación por determinación de la incapacidad laboral definitiva (lo cual, en el supuesto de autos, se determina a través del presente pronunciamiento).
Así pues dicha operación matemática arroja un ingreso base actualizado y con interés que asciende a la suma de La referida fórmula arroja un quantum de $ 118336.24 + $ 373220.79 = $ 491557.03 (VIBM actualizado con interés B.N.A.).
La referida fórmula arroja un quantum indemnizatorio que asciende a la suma de: 53 × $ 491.557,03 x (65 /36) × 5,28 % = $ 2.483.673,82.
Se impone en este tramo del análisis considerar también la vigencia del DNU 669/2019, en tanto modifica el art. 12 de la Ley 24.557 (TO Ley 27.348) y cuya inconstitucionalidad formal deriva de haberse dictado sin observar los requisitos constitucionales para la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia. En efecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado (conf. "Verrocchi, Ezio D. c/Poder Ejecutivo Nacional" Fallos: 322:1726, entre otros) que, para que el Poder Ejecutivo Nacional ejerza válidamente facultades legislativas mediante DNU, debe acreditarse una imposibilidad de recurrir al procedimiento legislativo ordinario o la existencia de circunstancias excepcionales que lo tornen ineficaz (art. 99 inc. 3 CN). Ninguna de tales circunstancias se verificaba al momento de dictarse el DNU 669/2019, lo que conduce a declarar su inconstitucionalidad formal por vicio de origen y, por consiguiente, su inaplicabilidad al caso de autos. Criterio convalidado en el precedente SCBA, causa L. 129.800 "Muzychuk, Claudio Rubén contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente", sent. 14/07/2025.
Dicha prestación debe compararse con los mínimos establecidos por el piso legal fijado por la Res SRT Nro. 49/21 ($ 5.044.408 x 9,52 %= $ 266.344,74). Siendo superior el resultado de la fórmula, he de considerar aquélla.
Cabe señalar aquí, que el Superior Tribunal de este Estado, ha dicho en la causa "Godón" (SCBA L 118.532, Sent. del 05/04/17) que son los pisos mínimos y sumas fijas los que constituyen los importes establecidos en el marco de la legislación de riesgos del trabajo; por lo que queda descartada toda posibilidad de aplicación de la indicada pauta de corrección sobre la fórmula tarifada del art. 14 de la LRT.
A dicho importe corresponde adicionar el 20% previsto por el art. 3 de la Ley 26.773, que asciende a $ 496.734,76.
El total del capital indemnizatorio asciende así a $ 2.980.408 (pesos dos millones novecientos ochenta mil cuatrocientos ocho).
En cuanto al reclamo por los futuros gastos médicos por la afección que padece, propongo su desestimación, toda vez que no ha sido acreditada su mensura, procedencia ni razonabilidad.
En cuanto a los planteos de inconstitucionalidad, corresponde expedirse sobre los mismos en la medida en que resulten conducentes para la solución del litigio, teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como última ratio del orden jurídico.
En virtud de ello, cabe señalar que aquellos que cuestionan diversas disposiciones procedimentales de las leyes 24.557, 26.773, 27.348, y normas reglamentarias, resultan, en el caso concreto, abstractos, toda vez que la actora ha transitado correctamente la vía administrativa ante la CMJ y deducido la demanda judicial conforme lo establece el régimen vigente (art. 2 inc. j de la Ley 15.057).
Misma solución cabe adoptar con relación a los restantes planteos de inconstitucionalidad, atento las circunstancias acreditadas y conclusiones arribadas y, asimismo, considerando la formulación genérica y carente de especificidad y vinculación concreta con el sublite.
IV-COSTAS, HONORARIOS
Las costas del proceso se imponen a la parte demandada vencida, conforme el principio objetivo de la derrota (art. 24 ley 15.057, arts. 68 y 71 del CPCC).
En esta parcela, corresponde disponer la aplicación de lo dispuesto por los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial (anterior art. 505, Cód. Civil, cfr. art. 8, 24.432) y la doctrina elaborada por la SCBA en el precedente L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002), en lo relativo a la limitación de la responsabilidad por el pago de las costas, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las mismas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena impuesta a su parte. Con tales alcances, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 24432.
La parte condenada deberá abonar el capital actoral (art 17 Ley 27348) y los honorarios de todos los profesionales intervinientes, mediante transferencia a las cuentas bancarias personales de sus respectivos titulares, quienes deberán denunciar y acreditar en autos los datos necesarios para su efectivización (entidad bancaria, sucursal, tipo y número de cuenta, C.B.U y/o alias, C.U.I.T y condición tributaria que revisten ante el I.V.A.).
El plazo para el cumplimiento de la condena será de diez (10) días hábiles, en los términos del art. 17 de la ley 15.057, y comenzará a correr una vez que dichos datos hayan sido debidamente informados en autos.
En caso de mora en el cumplimiento del capital de condena y hasta su efectivo pago, se aplicarán intereses conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación Argentina (art. 12 de la L.R.T. mod. por el apartado 3° del art. 11 de la ley 27.348, art. 768 y 770 CCyCN).
La parte condenada en costas deberá asimismo acreditar en autos el pago de los honorarios profesionales y de los aportes a su cargo, mientras que los beneficiarios deberán agregar en el expediente constancias que demuestren el cumplimiento del pago de los aportes que les correspondan dentro del plazo de sesenta (60) días desde su percepción, bajo apercibimiento de comunicar el eventual incumplimiento a la entidad previsional que corresponda.
Así lo voto
Los Dres. Farina y Rodriguez adhieren al voto precedente por compartir sus fundamentos y vota en idéntico sentido.
Por todo ello, el Tribunal RESUELVE :
1. Rechazar por abstractos los planteos de inconstitucionalidad referidos de la normativa de Riesgos de Trabajo, en orden a los fundamentos expuestos.
2. Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por HERNAN RIQUES contra LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. y, en consecuencia, condenar a la demandada a abonar al actor la suma de $ 2.980.408 (pesos dos millones novecientos ochenta mil cuatrocientos ocho) en concepto de prestación indemnizatoria tarifada art. 14 ap. 2 a) de la ley 24.557 (t.o. Ley 27348) por las secuelas incapacitantes físicas derivadas del accidente de trabajo acreditado en autos. Rechazando la acción respecto de la parcela psicológica del reclamo y la cobertura de gastos médicos.
3. Costas a la demandada que ha resultado sustancialmente vencida (arts. 24 ley 15.057, 71 del C.P.C.C).
4. La parte condenada deberá abonar el capital actoral (art 17 Ley 27348) y los honorarios de todos los profesionales intervinientes, mediante transferencia a las cuentas bancarias personales de sus respectivos titulares, quienes deberán denunciar y acreditar en autos los datos necesarios para su efectivización (entidad bancaria, sucursal, tipo y número de cuenta, C.B.U y/o alias, C.U.I.T y condición tributaria que revisten ante el I.V.A.).
5. El plazo para el cumplimiento de la condena será de diez (10) días hábiles, en los términos del art. 17 de la ley 15.057, y comenzará a correr una vez que dichos datos hayan sido debidamente informados en autos.
6. En caso de mora en el cumplimiento del capital de condena y hasta su efectivo pago, se aplicarán intereses conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación Argentina (art. 12 de la L.R.T. mod. por el apartado 3° del art. 11 de la ley 27.348, art. 768 y 770 CCyCN).
7. La parte condenada en costas deberá asimismo acreditar en autos el pago de los honorarios profesionales y de los aportes a su cargo, mientras que los beneficiarios deberán agregar en el expediente constancias que demuestren el cumplimiento del pago de los aportes que les correspondan dentro del plazo de sesenta (60) días desde su percepción, bajo apercibimiento de comunicar el eventual incumplimiento a la entidad previsional que corresponda.
8. Tener presente la reserva de caso federal (art. 14 Ley 48).
9. Regístrese. Practíquese liquidación definitiva por Secretaría y regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Firmas
Funcionario firmante: GOMEZ ANSEDE Carina Alejandra - JUEZ
Funcionario firmante: FARINA Maria Florencia - JUEZ
Funcionario firmante: RODRIGUEZ Adrian Guillermo - JUEZ
Funcionario firmante: PEREZ BELLON Juan Alfredo - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 588-2026
Fin de la sentencia