Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 24641-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación de la parte actora, confirmando el resolutorio del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto a la validez de los actos determinativos;
2Hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada y –en consecuencia– revocar el decisorio de grado en cuanto dejó sin efecto la sanción aplicada en el impuesto a las ganancias por salidas no documentadas, ordenando remitir las presentes actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación a efectos de que emita un nuevo pronunciamiento sobre este punto;
3Imponer las costas de ambas instancias a la accionante vencida (cfr. art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Núm. 40409/2012 “RIVADAVIA 6501 SRL (TF 24641-I) Y OTRO c/ DGI s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, junio de 2024.
I. Que a fojas 134/139 (de las actuaciones en soporte papel, a las que se aludirá en lo sucesivo), el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó –con costas– la defensa de nulidad articulada por la actora y confirmó, en consecuencia, las resoluciones determinativas de tributos dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con fecha 2 de diciembre de 2004. En cambio, revocó la sanción aplicada por el Fisco por la ausencia de ingreso del impuesto a las ganancias por salidas no documentadas, con costas a la demandada.
Para así decidir, el tribunal a quo, luego de rememorar las instancias fácticas de la causa, sostuvo que el bloqueo fiscal –dispuesto por el artículo 188 de la Ley N° 11.683 (LPT)– sobre los períodos anteriores a la fiscalización del año 2002, había quedado sin efecto ante la presentación de la declaración jurada rectificativa del período 1999, efectuada con posterioridad al inicio de la inspección. Por lo tanto, concluyó que el efecto de “cerrojo fiscal” sobre el período 2001 no resultaba aplicable, siendo que el régimen de fiscalización quedó determinado desde el período base de 1999 en adelante.
Acto seguido, en cuanto a las conclusiones a las que arribó el organismo fiscal en las resoluciones determinativas sobre la existencia de salidas no documentadas, el tribunal a quo expresó que la actividad probatoria del Fisco Nacional –colectada en la etapa administrativa– había sido correctamente valorada por el juez administrativo para concluir como lo hizo, sin que ello hubiera sido debidamente rebatido durante el proceso ante el aquel Tribunal. Por último, en orden a la multa aplicada, el tribunal manifestó que las salidas no documentadas no constituyen un ilícito tributario tipificado en la figura de la defraudación fiscal prevista en el artículo 46 de la LPT, sino que –en todo caso– puede configurar una deducción indebida del gasto en el impuesto a las ganancias al no contar el contribuyente con los respaldos probatorios. Por tal razón, dejó sin efecto la multa impuesta.
Alta en sistema: 28/06/2024 II.- Que la parte demandada recurrió el decisorio referido (v. fs. 140), con fundamento en que lo resuelto le ocasiona un gravamen irreparable; recurso que no fue replicado por su contraria.
En este contexto, a fojas 145/150, la recurrente manifestó que –a su juicio– es erróneo el criterio interpretativo del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto a que no resultan aplicables las disposiciones del artículo 46 de la LPT en el caso de salidas no documentadas, ya que desnaturaliza el espíritu de la ley al no permitirle a la AFIP imponer multas en tal sentido. Al respecto, citó jurisprudencia que entendería aplicable y recordó que la LPT permite al organismo recaudador aplicar sanciones ante la falta de pago de tributos, siempre que se haya actuado con dolo o culpa.
En otros términos, la demandada apelante expresó que en la sentencia recurrida se omitió realizar un análisis de la configuración del elemento objetivo y subjetivo de la figura infraccional y, por el contrario, se limitó a revocar la sanción bajo una interpretación errónea. Por consiguiente, solicitó que se revocara el acto apelado en este punto y se confirmará la multa aplicada, con costas en ambas instancias a su contraria.
III. Que, por su parte, la parte actora apeló el decisorio de grado (v. fs. 141); dicho recurso fue replicado por su contraria a fojas 158/162.
En su escrito de fojas 151/152 la apelante fundó el recurso de apelación interpuesto y señaló que el tribunal que previno vulneró las normas del bloqueo fiscal establecidas en la LPT. Así, esgrimió que, conforme lo establece el artículo 118 de tal ordenamiento, no procede la impugnación de declaraciones juradas anteriores sin haber contrariado a la última presentada. En otras palabras, indicó que en el caso no procedía la impugnación de las declaraciones juradas del período fiscal 1999 hasta tanto se hubiera procedido a la impugnación de las declaraciones juradas del período base del año 2001.
Consideró que el hecho de haber presentado una declaración rectificativa con posterioridad al vencimiento del periodo fiscal que se rectifica no implica la caída del beneficio fiscal del bloqueo fiscal del que se goza. Puntualmente, manifestó que en su caso presentó Alta en sistema: 28/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V una declaración rectificativa al periodo fiscal de 1999, pero que ella no modificó el monto imponible, ni el resultado del impuesto, sino que únicamente se readecuó una diferencia en los anticipos ingresados. Por lo tanto, concluyó que al no haberse modificado los conceptos esenciales que tienden a la determinación del impuesto a las ganancias no puede perderse el beneficio de bloqueo fiscal en trato.
Al mismo tiempo, expuso que el decisorio de grado resulta incorrecto en tanto no consideró que las resoluciones determinativas del organismo demandado incluyeron el período fiscal de 1998, el cual se encontraba sujeto al beneficio referido, sin que la presentación de la declaración jurada rectificativa de 1999 pudiera romper la presunción de exactitud establecida a su favor.
Por tanto, solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado, con sustento en que habían violado palmariamente las normas relativas al bloqueo fiscal.
IV. Que reseñados los antecedentes de la causa, y con carácter previo al análisis de los agravios, corresponde efectuar algunas precisiones en torno a los alcances de este decisorio.
IV.1. Como punto de partida, resulta oportuno recordar que esta Cámara ha destacado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la LPT; de modo tal que cabe estar −en principio− a las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación sobre los hechos probados (cfr. Sala I del fuero, in re “Merlino Automotores S.A.”, sentencia del 12/03/2009; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29 /12/2009; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/2010; esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L (TF 31471-I) c/ DGI”, del 6/3/2014). Tal precepto, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (cfr. esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L”, cit.). Pero, en definitiva, la ponderación de los aspectos de hecho es atribución del Tribunal Fiscal de la Nación y resulta a priori irrevisable en esta instancia (cfr. doctr. de Fallos: 300:985); y, de este modo, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de Alta en sistema: 28/06/2024 error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 01 /11/2007, entre otros).
IV.2. Por otra parte, importa aclarar que, frente a los agravios expuestos por la actora (v. fs. 151/152) y sobre los cuales se encuentra ceñido el conocimiento de este Tribunal, no están en debate las conclusiones a las que ha arribado el tribunal a quo en cuanto a las determinaciones de oficio sobre el impuesto a las ganancias y sobre las salidas no documentadas. Por el contrario, la accionante solo ha cuestionado las potestades de fiscalización durante los períodos en análisis debido a que, a su entender, le era aplicable el régimen de bloqueo fiscal. Por lo tanto, las cuestiones sustanciales referidas a la determinación de la materia imponible, más allá del carácter limitado del recurso interpuesto, resultan ajenas a la consideración de esta Alzada. Igual postura corresponde adoptar en cuanto a los agravios expresados por la parte demandada, pues solo se discute si resulta procedente el ejercicio de la potestad sancionatoria del Fisco, y no los presupuestos objetivos y subjetivos que hacen a su eventual procedencia.
IV.3. Ahora bien, resulta pertinente recordar que estas actuaciones tienen su origen en el recurso de apelación interpuesto por la empresa Rivadavia 6501 SRL –en los términos del artículo 76 inciso b de la LPT– contra dos actos dictados por la AFIP (Dirección Regional Centro), ambos con fecha 02 de diciembre de 2004 y que resultan consecuencia de una inspección iniciada el 04 de octubre de 2002 (v. F 8000, 8400 y 8600 obrantes a fs. 2/4 del expediente administrativo TF-24641-I), con el fin de verificar el cumplimiento del impuesto a las ganancias.
El primero de los actos mencionados determinó de oficio la materia imponible en el impuesto a las ganancias, por los periodos fiscales 1999, 2000 y 2001 por la suma de $86.199,18 más intereses resarcitorios en la suma de $110.482,77 y la aplicación de una multa por defraudación por la suma $258.597,54 (v. Resolución 316/2004 DV CRR2, obrante a fs. 79/88). Tales ajustes respondieron a una fiscalización efectuada por la AFIP de cual resultó que: (i) el contribuyente había realizado erogaciones de fondos por la cancelación de compras, sin exhibir la documentación de respaldo pertinente ni acreditar la autenticidad de las operaciones comerciales contabilizadas y exteriorizadas en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias Alta en sistema: 28/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V por los períodos fiscales 1999 a 2002; y que, (ii) se habían deducido honorarios del directorio, sin aportar los libros que acreditaran ese extremo.
El segundo acto determinó de oficio el impuesto a las ganancias en concepto de salidas no documentadas por los períodos fiscales 12/98, 01/99 al 03/99, 05/99, 07/99, 08/99, 10/99 a 03/00, 07/00 a 12/00, 02/01, 04/01, 12/01 y 04/02 por la suma total de $117.650,17; más intereses resarcitorios por la suma de $191.638,88 y la aplicación de una multa por defraudación por la suma de $352.950,51 (v. Resolución 317/2004 DV CRR2, obrante a fs. 21/30). Ello, como consecuencia de los extremos fácticos expuestos en la Resolución 316/2004 DV CRR2, los cuales provocaron que el Fisco Nacional concluyera que existían fondos como salidas no documentadas en el mencionado impuesto a las ganancias.
IV.4. En este marco, las cuestiones planteadas en la causa exigen, por un lado, determinar si se ajusta a derecho la fiscalización efectuada por la AFIP sobre los períodos fiscales 1999 a 2002; o si, por el contrario, tal accionar resulta ilegítimo por vulnerar el beneficio de bloqueo fiscal receptado por el capítulo XIII del Título I de la LPT, según lo interpreta la actora. Por otra parte, corresponde determinar si es procedente la sanción prevista en el artículo 46 del mismo cuerpo normativo en lo relativo al impuesto a las ganancias por salidas no documentadas, la cual fue aplicada por el organismo fiscal, pero dejada sin efecto por el decisorio recurrido.
V. Que, en lo que respecta al primero de los planteos, la actora aduce que la actuación del Fisco resulta incorrecta porque −a su entender− no procedía la impugnación del período fiscal 1999 hasta tanto se hubiera impugnado la declaración jurada del año 2001, la cual constituye el periodo base de inspección fiscal. En otras palabras, la accionante plantea que, por haber presentado la declaración jurada del periodo 2001 (en fecha 05/04/2002), sobre ese periodo recaía el bloqueo fiscal y el Fisco no podía examinar periodos anteriores a ese sin antes impugnar tal periodo base.
V.1. Para analizar el planteo, corresponde −en primer lugar− recordar que el instituto de bloqueo fiscal, cuya aplicación se debate, tiene su base normativa en el Capítulo XIII del Título I de la LPT, Alta en sistema: 28/06/2024 incorporado por el artículo 19, inciso 8, de la Ley N° 23.905. Dicha normativa habilita al Poder Ejecutivo Nacional a establecer un régimen específico de fiscalización.
En este punto, la Administración hizo uso de la facultad indicada mediante el Decreto N° 629/1992 y modificatorios. Este régimen fue luego derogado por el Decreto N° 455/2002 −aclarado por su similar N° 977/2002 − para los períodos fiscales cuyo plazo de vencimiento general para la presentación de la declaración jurada operara con posterioridad al 21 de marzo de 2002. Sin perjuicio de ello, durante el plazo de su vigencia, dicho régimen se aplicó a ciertos impuestos, tales como el impuesto a las ganancias, el impuesto a los activos, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los ingresos internos y el impuesto a los bienes personales. Ello, con base en los Decretos Nros. 629/92, 573/96 y 1340/98. El régimen era aplicable a los responsables cuyos ingresos o patrimonios no superaran las cifras establecidas en el artículo 127 de la LPT.
Este sistema establecía que la fiscalización llevada a cabo por la Dirección General Impositiva se limitaba al último período anual (período base) para el cual se hubieran presentado declaraciones juradas o practicado liquidaciones de acuerdo con el artículo 11, último párrafo, de la LPT. Alternativamente, la fiscalización podía abarcar los períodos vencidos durante los doce meses calendarios anteriores a dicho último período. Ello según se tratase de impuestos de liquidación anual o mensual (cfr. art. 117 de la LPT).
De este modo, se consagró la figura jurídica del bloqueo fiscal que –en esencia– implicó una limitación a los amplios poderes de verificación y fiscalización que detenta el Fisco (cfr. art. 33 a 35 de la LPT). La limitación a las facultades referidas estaba dada por una "presunción de exactitud" sobre las liquidaciones juradas presentadas que obstaba a la extensión de las fiscalizaciones del organismo de control.
Sin embargo, este régimen era susceptible de ser dejado de lado en determinadas hipótesis. Así, cuando las declaraciones juradas resultasen inexactas, la Administración Federal de Ingresos Públicos contaba con la facultad de elegir entre dos alternativas detalladas en el artículo 119 de la LPT. Concretamente, tenía la posibilidad de extender la fiscalización a los períodos no prescriptos, determinando de oficio la materia imponible y liquidando el impuesto correspondiente a cada uno de esos períodos; la otra posibilidad consistía en hacer valer, cuando Alta en sistema: 28/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V fuera aplicable, la presunción de derecho contemplada en el artículo 120 y siguientes de la LPT.
En otras palabras, una vez que el Fisco verificó el período base y/o practicó ajustes que superaran ciertos parámetros establecidos por la legislación, se generaba el desbloqueo de los períodos no prescriptos. Puede afirmarse entonces que, ante los casos aludidos se puede dejar de lado la presunción de exactitud, habilitando así la verificación hacia períodos fiscales no prescriptos. Tal situación encuentra basamento en el artículo 118 de la LPT.
V.2. En ese contexto normativo y durante la vigencia del régimen reseñado, se instruyeron las actuaciones administrativas anexadas a la presente causa. De ellas, es posible advertir que, sin perjuicio de que la orden de intervención que dispuso las tareas de fiscalización data del 1 de octubre del año 2002, la fiscalización efectuada hacia la accionante comprendió impuestos y períodos fiscales anteriores, y ante tal situación, se agravia la parte actora. Sin embargo, cabe indicar que el accionar del Fisco Nacional, en cuanto fiscalizó desde el periodo fiscal 1999, resultó ajustado a derecho, pues:
(i) Tal como ha señalado el tribunal a quo, la recurrente presentó una declaración jurada rectificativa correspondiente al período 1999, con fecha 25 de noviembre de 2002 (ver fs. 119 a 121 de las actuaciones administrativas), ante lo cual el “efecto cerrojo” propio del bloqueo fiscal quedó sin efecto desde el período rectificado. Este hecho se ajusta al supuesto contemplado por el artículo 119 de la LPT, el cual establece que no será necesario llevar a cabo una determinación de oficio, según lo dispuesto en el primer párrafo del mismo artículo, si los responsables presentan declaraciones juradas rectificativas que satisfacen la pretensión fiscal (v. quinto párrafo de la norma). Es que, las declaraciones juradas presentadas voluntariamente provocan la caducidad del bloqueo fiscal, sin requerir que la Administración Fiscal impugne las declaraciones juradas del último ejercicio (cfr. Gómez, Teresa y Folco, Carlos; “Procedimiento Tributario Ley 11.683 – Decreto 618/97”; Buenos Aires: La Ley; 2011; págs, 618/619).
(ii) Por otra parte, frente al agravio de la accionante relativo a la fiscalización del mes de diciembre de 1998 contemplado en la determinación, es necesario dejar sentado que, en el proceso de fiscalización de todo contribuyente, existe la posibilidad de que los Alta en sistema: 28/06/2024 parámetros de ingresos y patrimonio que deben ser considerados para el análisis del tributo sobre un período fiscal pueden abarcar más de un ejercicio económico o año calendario. En efecto, el Decreto N° 629/92 (art. 5) –modificado por su similar N° 573/96– aludía a este análisis temporal bajo el término “período o períodos”, hecho que importa admitir la posibilidad de considerar dos años distintos conforme el cierre del ejercicio, pero relativo a un único periodo fiscal.
En tales condiciones, toda vez que de las probanzas referidas surge que el cierre del ejercicio fiscal de la accionante operaba todos los meses de noviembre de cada año, encuentra también razón jurídica la fiscalización efectuada por el período 12/98 a los efectos de determinar el impuesto a las ganancias por salidas no documentadas.
V.3. En tales condiciones, y por los argumentos expuestos, resultó ajustado a derecho el accionar del Fisco Nacional en cuanto a los periodos que ordenó fiscalizar y sobre los cuales determinó los tributos aquí discutidos. En consecuencia, corresponde rechazar la apelación de la actora en este punto y confirmar la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas (art. 68 del CPCCN).
VI. Que cabe ahora ingresar en el análisis de los agravios de la parte demandada en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Nación dejó sin efecto la sanción del artículo 46 de la LPT, dispuesta por la Resolución 317/2004 DV CRR2. Lo que aquí se discute es si resulta procedente la aplicación de la sanción de multa ante la determinación del impuesto a las ganancias por salidas no documentadas.
Cabe recordar que el artículo 46 de la LPT contempla la figura de defraudación fiscal genérica estableciendo dos hipótesis para su configuración. Una de ellas, se refiere a las declaraciones engañosas, entendidas como cualquier declaración presentada ante al organismo fiscal. La otra hipótesis se verifica cuando existe alguna ocultación maliciosa. Ambas figuras, engaño y malicia, están incluidas dentro de aquella intención deliberada de obtener un beneficio patrimonial indebido, sustrayéndose total o parcialmente del pago de la deuda tributaria (cfr. García Vizcaíno, Catalina; “Manual de Derecho Tributario”; 6ta ed. ampliada; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Abeledo-Perrot; 2022, pág. 832).
Por otra parte, no cabe soslayar que el instituto de las “salidas no documentadas” previsto en el artículo 40 de la Ley N° 20.628 Alta en sistema: 28/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V (t.o. en 2019 por el Decreto N° 862/19) implica –en esencia– la aplicación de un tributo. Al respecto, la CSJN ha establecido:
“En realidad, lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúe erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (…). El derecho que pretende hacer valer el organismo estatal -sin perjuicio de la multa prevista por el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1978)- se funda en el sistema adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación (art. 37 citado), y no en una norma que persiga la represión de una conducta ilícita” (v. Fallos: 323:3376 y cita al precedente de Fallos: 275:83).
VI.1. Sentado lo anterior, es necesario observar que resulta ilegítima la aplicación de sanciones para los casos en los que se efectúan determinaciones de oficio basadas en presunciones, es decir cuando existan determinaciones de oficio con base presunta. De hecho, el Alto Tribunal también ha expresado que no es suficiente para fundar la aplicación de una sanción de defraudación la aplicación de presunciones sin el necesario sustento de una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del Fisco (cfr. CSJN, in re “Mazza, Generoso y Mazza, Alberto”, sentencia del 6 de abril de 1989). Por lo tanto, no hubiera sido factible aplicar la sanción de defraudación bajo el fundamento de que se tornó operativa la presunción de inexactitud de las declaraciones juradas producto del levantamiento del efecto de “cerrojo fiscal”.
Sin embargo, ello no sucedió en el caso de autos. En efecto, la sanción fue producto de un sumario administrativo que acompaña a una resolución determinativa, que la Administración ha efectuado con base en elementos de juicio reales (y no presuntivos); la figura infraccional encuentra sustento en un acto administrativo con base cierta que goza de presunción de legitimidad (cfr. Gómez, Teresa y Folco, Carlos; “Procedimiento Tributario”; op. cit.; pág. 355). Por lo tanto, no habría limitaciones para que en la hipótesis del sub lite la Administración pueda aplicar sanciones, ya que no se trata de una determinación del tributo sobre base presunta.
VI.2. Sobre el tema bajo análisis, el Alto Tribunal, en la causa “D´Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331 -I) c/DGI”, D. 1126. XLII, del 12 noviembre del 2010, dejó sin efecto una multa que había aplicado el Fisco, al verificarse salidas no documentadas, con sustento en que, a Alta en sistema: 28/06/2024 la fecha de la existencia de dichas salidas, aún no se encontraba reglamentada la “forma” y el “plazo” para la entrega de la correspondiente declaración jurada. Por consiguiente, a contrario sensu, es posible inferir -con base en ese precedente- que existe la posibilidad jurídica de que, sin perjuicio de la determinación de oficio, una salida no documentada sea pasible de sanción por parte del Fisco Nacional, siempre que se verifiquen a su respecto los parámetros legales de procedencia.
El criterio anteriormente expuesto ha sido ya seguido por esta Sala al resolver cuestiones de cierta analogía a la presente, admitiendo la aplicación de sanciones en casos de salidas no documentadas (cfr. “Arre Beef S.A c/ DGI s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, expediente N° 26.145/19, sentencia del 2/09/21; “Laser International Grup S.A (TF 29123-I) c/Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 29/12/2021, expediente N° 12106/2021 y “Feroanco S.A (Tf 35.909-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, expediente Nº 27444/2022, sentencia del 17/08/2022).
De este modo, corresponde avalar el ejercicio de la potestad sancionatoria del Fisco ante la determinación del impuesto a las ganancias por salidas no documentadas, tal como lo hizo. Por ello, se hace lugar al recurso de la demandada y se revoca, en este punto, el pronunciamiento apelado, con costas (art. 68 del CPCCN).
VI.3. Ahora bien, dado que la contribuyente ha expuesto oportunamente las razones por las cuales a su entender no se hallaban reunidos los presupuestos fácticos para aplicar una sanción por defraudación, corresponde devolver las actuaciones al tribunal previniente a fin de que se expida sobre ese punto. Ello, toda vez que -como se recordó en el subconsiderando IV.1-, el examen de cuestiones fácticas o probatorias compete en principio a dicho tribunal, sin perjuicio de la eventual revisión en esta alzada en casos de arbitrariedad. En el caso, debido a la fundamentación utilizada por el Tribunal Fiscal en el decisorio apelado, se omitió el análisis de los presupuestos fácticos de la infracción reprochada, lo cual había sido objeto de un planteo específico ante dicha instancia. En consecuencia, resulta procedente remitir las presentes actuaciones al mencionado tribunal a efectos de que emita un nuevo pronunciamiento sobre este punto.
Alta en sistema: 28/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación de la parte actora, confirmando el resolutorio del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto a la validez de los actos determinativos; 2) Hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada y –en consecuencia– revocar el decisorio de grado en cuanto dejó sin efecto la sanción aplicada en el impuesto a las ganancias por salidas no documentadas, ordenando remitir las presentes actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación a efectos de que emita un nuevo pronunciamiento sobre este punto; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la accionante vencida (cfr. art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 28/06/2024
Fin de la sentencia