Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en la presente causa.
2Declarar formalmente procedente la acción de amparo interpuesta por la Sra. Sonia del Carmen Rivas.
3Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Ministerio de Educación y Trabajo para que en el plazo de CINCO (05) días de notificada mantenga la prestación de servicios de la Sra. Sonia del Carmen Rivas en la Escuela N°257 “Capital Federal” u otro establecimiento distinto al de origen -Unidad Institucional N°1 “Riberas del Valle”- que considere pertinente, debiendo la amparista prestar caución juratoria en cualquier día y hora de audiencia.
4Requerir al Ministerio de Educación y Trabajo informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos del caso, el que deberá ser evacuado en el plazo de TRES (03) días, contados a partir de la notificación de este pronunciamiento, bajo los apercibimientos de ley
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: SETENTA Y UNO
San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de septiembre de 2026.
Estos autos Corte Nº 061/2026 "RIVAS, Sonia del Carmen C/ MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO s/Acción de Amparo”,
1. Que a fs. 40/49 vta. comparece la Sra. Sonia del Carmen Rivas y promueve acción de amparo en contra del Ministerio de Educación y Trabajo. Persigue se ordene la resolución de su situación laboral y se disponga su traslado definitivo de la Unidad Institucional N° 1 “Riberas del Valle” a otra institución educativa en un plazo razonable. A título de medida cautelar solicita se ordene a la demandada a mantener su licencia por violencia de género con prestación de servicio en la Escuela N° 257 “Capital Federal” o un establecimiento distinto al cual está designada como titular, o en su defecto, se la exima de prestar servicios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
En el relato de los antecedentes fácticos de la cuestión traída a conocimiento de la Sala, da a conocer que en ejercicio de sus funciones como docente titular de la Unidad Institucional N° 1 “Riberas del Valle”, advirtió que una alumna a su cargo presentaba signos compatibles con una situación de abuso y en cumplimiento de su deber legal y profesional, activó el protocolo correspondiente, priorizando la protección integral de la menor.
Refiere que las autoridades del establecimiento se resistieron en un primer momento, por lo cual tuvo que dirigirse directamente ante la autoridad policial y fiscal competente. Menciona que por disposición fiscal la menor fue trasladada finalmente al Hospital de Niños donde permaneció junto a ella hasta quedar bajo custodia policial y judicial. Puntualiza que -en ese marco- prestó declaración testimonial en la causa “D” N°440/22 que tramita en la Unidad de Investigaciones Judiciales N° 2, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Tercera Nominación (fs. 02).
Expone que a causa de su intervención fue víctima de amenazas, agresiones verbales y un intento de agresión física por parte de los familiares de la menor, en particular de la Sra. Débora Galván, quien la increpó con expresiones intimidatorias, motivando una denuncia penal por delito de amenazas recibida en la Fiscalía General el día 27/09/2022 (fs. 03/08). Relata que cuando estos episodios sucedían en el establecimiento educativo, debió requerir auxilio policial ante la ausencia de resguardo institucional.
Manifiesta que su estado de salud se vio gravemente afectado por los hechos relatados, presentando un cuadro de hipertensión arterial severa y una profunda conmoción psicológica y emocional (fs. 25/26), lo que motivó el inicio de licencia por largo tratamiento desde el día 12/09/2022. Expone que marzo de 2026 sufrió un shock hipovolémico originado por estrés, provocando su internación en terapia intensiva, con transfusiones de sangre e intervención quirúrgica, con una recuperación posterior de veinte días aproximadamente. Alude que este episodio constituyó la manifestación más grave del impacto que la situación le viene ocasionando. Refiere que el día 13/06/2026 le diagnosticaron un cuadro compatible con reacción a estrés agudo y trastorno de ansiedad y depresión vinculado a su situación laboral y que la profesional dejó expresamente asentado que el mantenimiento de su actual lugar de trabajo resulta necesario para preservar el equilibrio psicoemocional alcanzado (fs. 13/14).
Afirma que el día 22/03/2023 la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación reconoció expresamente que su situación encuadra dentro de violencia de género disponiendo el cambio de funciones y destino a otra institución escolar por el plazo de seis meses en resguardo de su integridad física y psíquica (fs. 09/10). Sostiene que dicho reconocimiento no fue un acto aislado, sino que fue sostenido de manera continuada por la propia Administración a lo largo de tres años, mediante sucesivas prórrogas, lo que CORTE Nº 061/2026 constituye un reconocimiento expreso y reiterado de la persistencia del riesgo.
Menciona que durante ese periodo fue víctima de hostigamiento por parte de la Vicedirectora de su escuela de origen Prof. Silvia Carmen Toloza, quien no confeccionó sus conceptos docentes en tiempo y forma, la excluyó del listado de orden de mérito y aplicó descuentos salariales indebidos correspondientes a los periodos amparados por licencia, los cuales fueron restituidos en mayo de 2026 luego de sucesivos reclamos administrativos. Al respecto, agrega que formuló presentaciones ante la Dirección de Sumarios y la Dirección de Nivel Primario solicitando la apertura de sumario administrativo de la Prof. Toloza y demás autoridades responsables, como la continuidad de la licencia especial por violencia, pedidos que sólo se remitieron para conocimiento e intervención de otra autoridad, sin que a la fecha se hayan resuelto (fs. 15/23). Señala que todo ello motivó una denuncia penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, el día 23/10/2026 (fs. 11/12).
Relata que el día 28/05/2026 tomó conocimiento de manera informal -vía WhatsApp- de la Nota N° NO-2026-01836561-CAT-DPEP#MET, suscripta por la Prof. Natalia Beatriz Carrazana y dirigida a la Sra. Elena Lucía Premazzi, mediante la cual comunica que ella debe presentarse de manera formal a su establecimiento de origen -Unidad Institucional N° 1 “Riberas del Valle”- a partir de su recepción, noticia que -según afirma- impactó en su cuadro de salud.
Da a conocer que la familia de la menor cuya situación de abuso denunció mantiene vinculación con el establecimiento educativo de origen y sostiene que dicha circunstancia no es menor, en tanto fue en el ámbito de dicha institución y en las inmediaciones del hospital al que fue derivada la menor, donde recibió las amenazas y sufrió el intento de agresión física que motivaron las denuncias indicadas, todo ello sumado a que la Vicedirectora -Prof. Toloza- denunciada por hostigamiento continúa desempeñándose en el mismo, de manera que su reintegro la expondría simultáneamente a ambos focos de riesgo ya materializados con anterioridad. Por todo lo expuesto acude a la Sala a fin de amparar sus derechos.
Afirma la competencia del Tribunal y la concurrencia de los requisitos de procedencia de la acción de amparo y de la medida cautelar que peticiona.
Fundamenta su derecho en la Constitución Nacional (arts. 14 bis, 43 y 75 inc. 22), Constitución Provincial (arts. 40 y 204); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 7 y 12); Ley Nacional N° 26.485; Ley Provincial N° 5434; Ley Provincial Nº 4642; Decreto Acuerdo N° 1092/15 (art. 26, Capítulo IV); y demás Tratados de Derechos Humanos vigentes.
Ofrece prueba y peticiona, en definitiva, se haga lugar a la acción de amparo deducida, con costas.
Otorgada participación procesal, a fs. 50 se corre vista al Ministerio Público a efectos de que se pronuncie acerca de la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en autos, de la viabilidad de la acción y de la medida cautelar, el que emite Dictamen N° 099/2026 (fs. 51/53 vta.), en sentido afirmativo sobre la competencia y negativo respecto a la admisibilidad de la acción. Asimismo, propicia imprimir a la causa el trámite de amparo por mora en virtud de la falta de resolución expresa de la pretensión de fecha 28/05/2026 (fs. 20/22).
A fs. 54 obra proveído que ordena autos a despacho para resolver, el que deja la cuestión en estado de emitir pronunciamiento acerca de la procedencia formal de la demanda.
2. Que por imperio de expresas normas constitucionales -art. 204 de CORTE Nº 061/2026 la Constitución Provincial-, y reforma del art. 4 de la Ley de Amparo N°4642 por Ley N°4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde se declare la competencia de esta Sala para entender en autos (Acordadas N°4594/22 y N°4776/25).
3. Resuelta la competencia se debe tener presente que la acción de amparo constituye un remedio de excepción, cuya utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas pueda afectar derechos constitucionales, cuya apertura requiere circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado, sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente de este proceso constitucional. Caracterizada la acción de amparo como una acción independiente, que concentra en un proceso toda la materia de base constitucional, como medio que debe ser idóneo para la protección de los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente, siempre que aparezca en forma clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción a los mismos. Que dicha exigencia en el acto o hecho que se reputa lesivo, tiende a la comprobación fácil y rápida de la lesión consumada por el acto u omisión arbitraria o ilegal, tanto en la aportación de pruebas por el amparista como en la apreciación por el sentenciante, lo que exige que el acto o el hecho objeto de análisis demuestre en su primera apariencia y sin necesidad de amplio debate ni controversia, la violación grosera del derecho que se señala conculcado.
Ahora bien, adentrados al estudio de la causa, conforme a la gravedad de los hechos expuestos en la demanda -violencia- y los derechos comprometidos -salud e integridad física-, esta Sala encuentra satisfechos los requisitos procesales extrínsecos de admisibilidad de la acción en razón de que prima facie valorados los actos y/u omisiones de autoridad pública, lesionarían garantías y derechos reconocidos explícitamente por nuestro ordenamiento constitucional. Este preliminar juicio de admisibilidad se resuelve sin perjuicio de que los recaudos de procedibilidad de la acción sean meritados en la etapa procesal oportuna en la que el Tribunal hace pleno uso de las facultades jurisdiccionales. - - -
4. Respecto a la medida cautelar, la amparista solicita se ordene a la demandada a mantener su licencia por violencia de género con prestación de servicio en un establecimiento distinto al que está designada, o en su defecto, se la exima de prestar servicios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
En tal sentido debe destacarse que, en materia específica de tutelas cautelares, se exige aplicar un criterio de interpretación restrictiva en la determinación de su procedencia, donde corresponde verificar la existencia y cumplimiento de los requisitos exigidos para su admisibilidad: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela (arts. 195 y 199 del CPCC).
Aclarado ello, el requisito de la verosimilitud del derecho si bien no exige el examen de una certeza absoluta, sino la mera probabilidad de la existencia del derecho, debe comprender la acreditación prima facie de la irregularidad del actuar de la administración.
Por su parte el peligro en la demora constituye la razón de ser de las tutelas cautelares, y a los efectos de su procedencia surge evidente que no basta el simple temor del peticionante sino que debe tratarse de hechos apreciables objetivamente, es decir, que surja evidente un perjuicio actual e inminente que pudiera transformar en tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la pretensión. Por cuanto su objeto es evitar un daño irreparable que se originaría en la imposibilidad de que la sentencia sea dictada como corresponde o que se tornara su ejecución en ineficaz o de cumplimiento imposible.
En consecuencia con lo expresado, teniendo en cuenta las particularidades excepcionales del caso, la gravedad de la situación expuesta en la CORTE Nº 061/2026 demanda -violencia- y los derechos involucrados, aun cuando no surge constancia en autos de la Nota N° NO-2026-01836561-CAT-DPEP#MET en la que se comunicaría el deber de prestación de servicios de la actora en la Unidad Institucional N°1 “Riberas del Valle”, los datos precisados hacen en este caso presumir su existencia, y en atención a que la situación de vulnerabilidad ya fue reconocida por el Ministerio al acceder a su traslado a otra institución escolar y en consonancia a ello, esta situación particular merece un trato especial a fin de poder brindar una real protección jurídica, sin perjuicio del derecho de defensa vigente de la contraria. En ese contexto, la Sala considera que el fumus bonis iuris y el peligro en la demora se encontrarían acreditados en el presente caso, dado que el presupuesto fáctico sobre el que se asienta la acción goza de la apariencia de que los derechos cuyo amparo se pretende tienen visos de verdaderos puesto que la posibilidad de retornar a su establecimiento de origen implicaría un alto riesgo que pone en tela de juicio la salud y la integridad física de la amparista y que podría tornar ilusoria la tutela judicial requerida.
En conclusión y estimándose acreditados los presupuestos exigidos para la admisibilidad de la tutela cautelar, corresponde hacer lugar a la misma, ordenando a la Provincia de Catamarca - Ministerio de Educación y Trabajo a mantener la prestación de servicios de la Sra. Sonia del Carmen Rivas en la Escuela N° 257 “Capital Federal” u otro establecimiento distinto al de origen que considere pertinente, previa caución juratoria que deberá prestar la amparista de responder por los daños y perjuicios que la presente medida pudiera irrogar en caso de haberla pedida sin derecho.
Por ello, oído el Ministerio Público, y de conformidad a lo prescripto por los arts.1, 4, 5 y 6 de la Ley N° 4642, y art. 230 y concordantes del CPCC,
LA SALA DE AMPARO Y AMPARO POR MORA DE LA
CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en la presente causa.
2. Declarar formalmente procedente la acción de amparo interpuesta por la Sra. Sonia del Carmen Rivas.
3. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Ministerio de Educación y Trabajo para que en el plazo de CINCO (05) días de notificada mantenga la prestación de servicios de la Sra. Sonia del Carmen Rivas en la Escuela N°257 “Capital Federal” u otro establecimiento distinto al de origen -Unidad Institucional N°1 “Riberas del Valle”- que considere pertinente, debiendo la amparista prestar caución juratoria en cualquier día y hora de audiencia.
4. Requerir al Ministerio de Educación y Trabajo informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos del caso, el que deberá ser evacuado en el plazo de TRES (03) días, contados a partir de la notificación de este pronunciamiento, bajo los apercibimientos de ley
5. Protocolícese y notifíquese.
Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (Presidente Sala de Amparo y Amparo por Mora), Fabiana Edith Gómez (Ministra Decana Sala de Amparo y Amparo por Mora) y Jorge Rafael Bracamonte (Ministro Vicedecano Sala de Amparo y Amparo por Mora) Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).
Fin de la sentencia