Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Mar del Plata · Causa O-34354
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda impetrada por Oriana Michelle Rivero (DNI 43.854.464), en contra de la Municipalidad de General Pueyrredón, reconociendo su derecho al retiro del motovehículo dominio 632JFC del playón municipal en atención al carácter de tenedora del bien referenciado.
2Imponer las costas a la accionada en su calidad de vencida (art. 51 CPCA, texto según ley 14.437).
3Estar a la regulación de honorarios que por separado se practica (art. 51 de la Ley 14.967) (argto. causas O-22434, " Cano" , resol. del 30-VII-2018, O-25131, " Ugarnes ", resol. del 16-IX-2019)
Causa N° O-34354
RIVERO ORIANA MICHELLE C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO
Mar del Plata.
VISTOS estos AUTOS caratulados "RIVERO ORIANA MICHELLE c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON s/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO (O-34.354)", traídos a este público despacho a fin de ser dictada sentencia definitiva
Que, de los mismos, en lo que aquí deviene conducente, RESULTA :
I. 1. Que con fecha 3-III-2026 se presentó Oriana Michelle Rivero (DNI 43.854.464), por derecho propio y con patrocinio letrado, y promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de General Pueyrredon, mediante la cual pretendió el reconocimiento de su derecho a obtener la restitución del vehículo dominio 632JFC, que fuera secuestrado en el marco de las actuaciones contravencionales Nº 00843247, 00843248 y 00843249, de trámite por ante el Juzgado Municipal de Faltas Nº 5, sin supeditar la restitución solicitada al pago de derecho o tasa alguna, con imposición de costas.
2. Señaló que en el marco de las actuaciones referenciadas se procedió al secuestro preventivo del mencionado rodado, dictándose sentencia condenatoria con fecha 7-I-2026, en donde se ordenó su restitución a quien acreditara derecho suficiente, previo cumplimiento de las condiciones reglamentarias. En atención a ello se presentó en la dependencia municipal con el Formulario 08 del vehículo, negándose el personal de tránsito a restituírselo, y exigiéndole un informe de dominio sobre el bien. Al adjuntarlo, el personal municipal advierte que el el titular registral de dicho bien -el que resulta ser una persona distinta de la actor- estaba inhibido, y por tal le negaron la entrega del rodado. Negativa que a su entender carece de sustento jurídico, ya que sobre el vehículo no pesaba embargo ni secuestro, y la inhibición recaía únicamente sobre la persona del titular, por lo que ante este actuar ilegítimo remitió con fecha 20-I-2026 carta documento a la accionada de la que no obtuvo respuesta.
3. Resaltó que, conforme al art. 72 de la Ley 24.449 y lo que surge del oficio del Juzgado de Faltas, el actor cumplió con acreditar la tenencia legítima del motovehículo mediante el Formulario 08 certificado, sin que la norma exija la inexistencia de inhibiciones personales del titular, ya que aquella resulta ser una medida personal y no real sobre el bien, por lo que la negativa municipal a entregar el rodado constituyó la imposición de requisitos no previstos, vulnerando el derecho de propiedad y el principio de legalidad (arts. 17, 18 y 19 de la CN). En esta línea argumentativa, indicó que con el presente no se intenta cuestionar las faltas municipales impuestas, alguna de las cuales cuentan con sentencia firme, sino que pretende acreditar que la negativa obtenida se debe a motivos ilegítimos; por lo que subsidiariamente planteó la inconstitucionalidad del art. 14 de la Ordenanza Fiscal vigente, el cual motivara el rechazo de las peticiones en el Municipio, y que ahora requiere vía judicial.
4. Continuó, relatando que se desempeña laboralmente como repartidora mediante la aplicación Rappi, actividad que depende de manera directa del uso cotidiano del rodado, con dicho argumento fundamentó la procedencia de la acción reafirmando su derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, transitar y salir del territorio argentino y de usar y disponer de su propiedad, afectados por la conducta de la demandada, y con estos fundamentos, es que solicitó el adelantamiento de la decisión en el marco de una medida cautelar.
Finalizó, ofreciendo la prueba de la que intentaría valerse, formulando la reserva del Caso Federal y peticionando que se haga lugar a la medida cautelar solicitada y oportunamente, a la demanda promovida, con costas.
II . 1. Que con fecha 12-III-2026 se tuvo a la actora por presentada y por parte, disponiéndose en dicho acto el traslado de la demanda y, con respecto a la medida cautelar solicitada, se requirió a la Municipalidad de General Pueyrredón que produzca el informe previsto en el art. 23 del CPCA.
2. Con fecha 19-III-2026 se presentó mediante apoderada, el Municipio, y adjuntó el informe requerido oportunamente.
Afirmó que el actuar administrativo resultó legítimo, ya que la comuna actuó conforme a las prerrogativas legales y a los condicionamientos del propio oficio del Juzgado de Faltas, resguardando la responsabilidad municipal frente a medidas cautelares ordinarias vigentes.
III. 1. Que con fecha 31-III-2026, se tuvo a la demandada por presentada y parte, asimismo se resolvió rechazar la solicitud de la medida cautelar contenida en el escrito inicial.
2. Con fecha 15-V-2026 la accionada contestó la demanda contra ella instaurada, negando cada uno de los hechos y derecho invocados en el escrito de inicio.
Resaltó que el 23-XII-2025 se secuestró el motovehículo conducido por Tomás Agustín Salvi, y aunque el Juzgado Municipal de Faltas Nº 5 ordenó su levantamiento (con fecha 7-I-2026) el mismo estuvo supeditado a la acreditación de derecho suficiente para su retiro; es decir la Administración municipal retuvo el rodado tras constatar mediante el informe de dominio que el titular registral se encontraba inhibido hasta el año 2030, lo que impidió entregar el rodado al actora poseedor del Formulario 08, ya que el mismos es de fecha posterior a dicha medida.
Agregó a estos efectos que, sobre el titular del vehículo pesa una inhibición por lo que el mismo se encontraba bloqueado para transferir o gravar bienes registrables, cuestionando la validez del formulario 08 adjuntado por la actora, concluyendo que la actora intenta sortear el ordenamiento jurídico mediante este proceso y citando jurisprudencia sobre la ineficacia de la transferencia en estos supuestos
3. Sostuvo que el sistema registral automotor es constitutivo (Decreto-Ley 6582/58) y que el Formulario 08 presentado por la actora no transfiere el dominio, sino que constituye una mera expectativa, por lo que enfatizó que la comuna obró con prudencia al cumplir las condiciones del oficio del Juzgado de Faltas y que, al no ser la actora titular registral, carece de un derecho preexistente que justifique la vía intentada.
Concluyó alegando sobre la validez de su actuación y solicitando el rechazo de la demanda con costas
VI . 1. Que por auto de fecha 18-V-2026, se tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma y, se intimó a las partes para que en el plazo de 5 días manifiesten su anuencia para la sustitución de la celebración de la mentada audiencia de forma presencial, como asimismo se manifiesten respecto de: (i) la eventual oposición a la apertura a prueba de estos autos; (ii) la existencia de algún hecho nuevo para denunciar y (iii) el desistimiento de alguna de las pruebas ofrecidas.
2. Con fecha 26-V-2026 la actora contestó el traslado conferido solicitando que la presente acción se declarada como de puro derecho y desistiendo de la prueba oportunamente ofrecida, circunstancia de la que se corriera traslado a la demandada mediante el auto de fecha 29-V-2026.
Con fecha 12-VI-2026, atento a lo solicitado por la actora con fecha 10-VI-2026, se declaró la cuestión de puro derecho.
Posteriormente con fecha 30-VI-2026 se dispusieron los autos para alegar.
3. Con fecha 4-VIII-2026 se tuvo a la actora por presentado el alegato, con la presentación de fecha 6-VI-2026, auto en el que, asimismo, se dispuso el llamamiento de autos para sentencia, proveído que a la fecha se encuentra firme y consentido.
I. 1. Que en virtud de cómo se han expuesto las cuestiones a dilucidar y la forma en que cada parte argumentara, considero que resulta propicio esclarecer los temas relevantes traídos por cada una de las partes para apoyar su postura.
La actora en su escrito de inicio solicita que se le reconozca su derecho a obtener la restitución inmediata de su motovehículo (dominio 632JFC) sosteniendo que acreditó fehacientemente su tenencia legítima mediante un Formulario 08 certificado ante escribano público, única circunstancia en la que se supeditó la entrega del bien secuestrado.
Por el contrario, la Municipalidad de General Pueyrredón defendió la legalidad de su actuación sobre la base del régimen constitutivo del registro automotor sosteniendo que el formulario 08 no transfiere el dominio, sino que otorga una mera expectativa, la cual resulta inoponible frente a la Comuna y a terceros al haber sido firmado por el titular con posterioridad a la traba de su inhibición general de bienes
2. En suma la materia controvertida en el presente proceso se circunscribe a determinar la legitimidad de la negativa de la Municipalidad de General Pueyrredon a restituir el motovehículo marca Honda CG 150 Titan, dominio 632JFC, a Rivero, quien como contrapunto a la postura comunal invocó su tenencia legítima la que entiende se encuentra acreditada mediante el formulario 08 con firmas certificadas ante escribano público.
II. 1. Que en autos ha quedado fuera de discusión por reconocimiento o falta de negativa que sobre el propietario registral del bien -Flavio Franco-, cuya restitución se solicita con este proceso, pesa una mediada inhibitoria vigente; sin perjuicio de ello, posteriormente mediante la firma del formulario 08 ante escribano público, el bien fue entregado a la actora de autos; con fecha 23-XII-2025 dicho vehículo fue secuestrado, ordenándose su restitución con fecha 7-I-2026 a quien acreditase titularidad o tenencia legítima.
Atento como han sido planteadas la cuestión en debate y, a los fines de resolver adecuadamente la cuestión planteada, entiendo que es menester resaltar que existen al menos tres categorías jurídicas diferenciadas que rigen la relación entre las personas y bienes registrables: a) La titularidad de dominio, que otorga el derecho real de propiedad perfeccionado con la inscripción registral constitutiva; b) La posesión, que se configura cuando una persona ejerce un poder de hecho sobre la cosa comportándose como titular de un derecho real -mediando tradición material-, aun cuando no se haya perfeccionado la transferencia registral; y c) La tenencia, que faculta al uso y goce material de la cosa reconociendo la propiedad en otro, amparada expresamente por el ordenamiento jurídico.
Ahora bien, la postura defensiva de la Municipalidad parece apuntar a cuestionar, exclusivamente, si una persona inhibida puede transmitir válidamente la posesión o transferir el dominio del bien. Sin embargo, dicha cuestión -más allá de lo opinable que resulte en el plano registral- no constituye el centro de lo que aquí debe resolverse y no resulta necesario profundizar en ella. En efecto, aun colocándonos en la hipótesis más restrictiva para el accionante respecto del alcance del acto celebrado con el titular inhibido, lo cierto es que, si no se lo considerase poseedor, no cabe duda alguna de que reviste al menos el carácter de tenedor legítimo del rodado, calidad que surge acreditada de manera fehaciente con la entrega del vehículo y el Formulario 08 debidamente certificado por ante escribano público, descartándose de plano la defensa intentada por la comuna para defender la legitimidad de su accionar.
2. En relación con ello, cabe destacar que el oficio librado por el Tribunal Municipal de Faltas N° 3 indica expresamente que la devolución del bien secuestrado debe efectuarse a la persona debidamente habilitada que acredite titularidad o tenencia legítima. De este modo, el propio órgano administrativo-jurisdiccional reconoció que no solo el titular dominial puede gestionar el retiro de la unidad, sino también quien detente su tenencia legítima.
Así lo establece, por otra parte, la normativa aplicable en la especie, en cuanto dispone que los vehículos secuestrados preventivamente por la autoridad de tránsito deben ser entregados a quien acredite su titularidad o tenencia legítima (art. 72 inc. c, ap. 2 de la Ley 24.449; art. 37 y sgtes. de la Ley 13.927). Del texto expreso de la ley se desprende que la restitución material del bien no se encuentra limitada exclusivamente al titular registral, sino que habilita en forma directa y suficiente a quien acredite causalmente su tenencia legítima.
En consecuencia, habiendo quedado acreditado que Rivero reviste la condición de tenedora legítimo del motovehículo, el requisito exigido tanto por la normativa vigente como por el oficio de restitución se encuentra plenamente satisfecho, sin que la autoridad municipal pueda imponer recaudos adicionales vinculados a la situación registral del titular que exceden el marco de lo ordenado.
3. Por lo expuesto, la exigencia de requisitos no previstos en la ley ni en la orden de restitución emanada de la Justicia Municipal de Faltas configura un accionar ilegítimo por parte de la demandada que habilita la procedencia de la pretensión incoada, debiendo reconocerse el carácter de tenedora a la actora respecto del rodado a los fines de hacer efectiva su inmediata restitución y por tal receptar la pretensión incoada y reconocer su derecho a retirar el motovehículo dominio 632JFC, del playón municipal en atención al carácter de tenedora del bien referenciado
III. Que, en referencia a las costas del juicio, entiendo que las costas deben ser soportadas por la demandada en su objetiva calidad de vencida (argto. art. 51, CPCA, texto según ley 14.437).
Por todo lo expuesto, RESUELVO:
1. Hacer lugar a la demanda impetrada por Oriana Michelle Rivero (DNI 43.854.464), en contra de la Municipalidad de General Pueyrredón, reconociendo su derecho al retiro del motovehículo dominio 632JFC del playón municipal en atención al carácter de tenedora del bien referenciado.
2. Imponer las costas a la accionada en su calidad de vencida (art. 51 CPCA, texto según ley 14.437).
3. Estar a la regulación de honorarios que por separado se practica (art. 51 de la Ley 14.967) (argto. causas O-22434, " Cano" , resol. del 30-VII-2018, O-25131, " Ugarnes ", resol. del 16-IX-2019)
Regístrese.
Firmas
Funcionario firmante: FERNANDEZ Marcelo Daniel - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 887-2026
Fin de la sentencia