Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 168.385
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo:
I.) Confirmar, en cuanto fuera materia de agravio, la providencia de fecha 2/02/21;
II.) Imponer las costas de alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCC);
III.)
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº 168385.
Autos: "RIVETTO CARLOS MAURICIO S/ SUCESION AB-INTESTATO".
Habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez y 2º) Dr. Roberto José Loustaunau, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "RIVETTO CARLOS MAURICIO S/ SUCESION AB-INTESTATO".
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S :
El señor Juez de Primera Instancia dictó una providencia en fecha 2/02/21 por la cual hizo efectivo el apercibimiento de aplicación de astreintes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) que fuera dispuesto oportunamente en el auto de fecha 12/11/20.
Contra ese pronunciamiento, el citado organismo interpuso y fundó recurso de apelación en fecha 18/02/21, dicho recurso fue concedido en fecha 8/03/21 y contestado en fecha 11/03/21 por la heredera del causante, Sra. Adriana Graciela Rivetto.
Al fundar su embate, el recurrente se agravia de las siguientes cuestiones: a) ha dado cumplimiento en término con lo solicitado por el a quo en fecha 12/11/20; b) ha indicado las medidas llevadas a cabo para cumplir con la cuestión de fondo (liquidación y transferencia a la cuenta de autos del importe correspondiente al reajuste de haberes); c) señala la improcedencia de imposición de astreintes a un organismo público en virtud de lo dispuesto por el art. 9 de la Ley 26.854, el art. 195 del CPCCN y el art. 804 del CCyC; d) señala la afectación en el funcionamiento de áreas operativas del organismo producidas a raíz de la pandemia generada por el COVID 19.
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S :
1ª) ¿Es justa la providencia de fecha 2/02/21?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:
El recurso no merece prosperar.
En efecto, de una simple lectura del informe recepcionado el 26/11/20 y agregado en fecha 1/12/20 se desprende que la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) no cumplió con los diferentes requerimientos dispuestos por el Sr. Magistrado en el auto de fecha 12/11/20, a saber: a) estado en que se encuentra el expediente administrativo, presentando copia del mismo desde que lo recibiera del Juzgado Federal, con fecha 6 de enero de 2017; b) gestiones realizadas para cumplir con la manda judicial que le fuera impuesta; c) informe liquidación actualizada de la acreencia y; d) fecha estimativa para transferir las sumas adeudadas al causante a la cuenta de autos.
En cuanto al requerimiento indicado en a) se omitió el acompañamiento de las copias respectivas; en lo referente al punto b) reitera lo ya expuesto en presentaciones anteriores (1/4/19, agregado en fecha 4/4/19, y 7/10/20 agregado en fecha 9/10/20) respecto a la formación de una Orden Operativa de Trabajo (O.O.T.) y que el organismo se encuentra avocado al cumplimiento de la manda judicial; finalmente, guarda silencio no sólo sobre la liquidación actualizada de la acreencia solicitada en c) sino también sobre la fecha estimativa de transferencia a la cuenta de autos requerida en d).
Asimismo, vuelve a expedirse respecto al funcionamiento del organismo, los caracteres del Sistema de Seguridad Social y el cumplimiento que efectúa de las sentencias judiciales, a lo que añade, de manera tardía, el cuestionamiento a la competencia del Sr. Magistrado de la instancia anterior cuando la misma ya se ha consolidado a esta altura del proceso (args. arts. 1., 2, 4 y cctes. del CPCC).
Una mención aparte merece lo referido al cumplimiento de las sentencias por parte del apelante desde que en el caso de autos dicho trámite se encuentra totalmente fuera de término en virtud de lo dispuesto en el art. 22 de la Ley N° 24.463, sobre el cual guarda silencio, cuyo plazo de ciento veinte (120) días hábiles, contados a partir de la recepción de las actuaciones administrativas correspondientes por parte del Organismo Previsional (en el caso, 6/1/17, según consta en el proveído de fecha 12/11/20) para el cumplimiento de las sentencias condenatorias, se encuentra ampliamente vencido al día de la fecha.
En base a lo expuesto se deben desestimar los agravios expuestos en a) y b).
El agravio expuesto en c) sigue la suerte de los anteriores.
Liminarmente, cabe referir que las astreintes no son de naturaleza cautelar sino que constituyen una medida de coerción destinada a presionar sobre el deudor -en este caso, Anses- para obtener el cumplimiento de una obligación (Conf. Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", T° I, p. 53, Ed. Perrot; LLambias, J., "Obligaciones", T° I, N° 83, Salvat, "Obligaciones", T° I, N° 266).
Es decir, son condenaciones conminatorias de carácter pecuniario que los jueces pueden aplicar a quien no cumple una obligación que le fuera impuesta en una resolución judicial, estando en condiciones de cumplirla (Conf. López Mesa, Marcelo, "Curso de Derecho de las Obligaciones", Ed. Hammurabi, Bs. As., 2018, T. 1, pág. 211).
Y desde una perspectiva procesal es una medida de coerción patrimonial orientada a alcanzar la ejecución procesal que tiene su fundamento en el imperium que caracteriza a la jurisdicción (Conf. Pizarro, Ramón Daniel-Vallespinos, Carlos Gustavo, "Tratado de Obligaciones", Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, T. II, págs. 380/381).
Por ello, se presentan como una de las facultades disciplinarias de los jueces para compeler a las partes ante el incumplimiento de un decreto judicial, buscando con ello el respeto a sus mandas (art. 666 bis del CC y art. 804 del CCyC; ver mi voto en causa 167.336, 27/2/20). Por ende, mal puede fundarse su improcedencia en el art. 9 de la Ley 26.854, respecto al dictado de medidas cautelares que afecten recursos y bienes del Estado, y en el último párrafo art. 195 del CPCCN, este último, además, inaplicable y ajeno a la actuación de rito en el ámbito provincial. Finalmente, lo indicado en el último párrafo del art. 804 del CCyC tampoco obsta la aplicación de las astreintes cuestionada por la aquí apelante.
En efecto, dicho párrafo señala, en consonancia con lo que se dispone en los arts. 1765 y 1766 en materia de responsabilidad, que "(...) La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo (..)". Se ha criticado dicho agregado por evidenciar un profundo desconocimiento de la institución, y porque limita severamente el imperio de los jueces para hacer efectivas sus resoluciones, sosteniéndose que no veda su aplicación al Estado y sus funcionarios pues la índole de persona pública no justifica el apartamiento del principio de igualdad previsto por el art. 16 de la Carta Magna (Conf. Pizarro, Ramón Daniel-Vallespinos, Carlos Gustavo, obra citada, pág. 409; Borda Alejandro, "Derecho Civil y Comercial: Obligaciones", Ed. La Ley, Bs. As., 2019, versión Proview, Capitulo II, apartado § 1-C), acápite 1°, punto n° 82; Ossola, Federico Alejandro, "Derecho Civil y Comercial: Obligaciones", Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2017, versión Proview, Capitulo XXIII, apartado VIII, acápite § 362-c). A lo expuesto, cabe agregar que la norma refiere a la "observancia" y no la "inobservancia" por lo cual sería inocua y las astreintes resultarían aplicables también a las autoridades públicas; es decir, las normas del derecho administrativo se aplicarían sólo al trámite administrativo que hace al procedimiento "interno" para cumplir la manda judicial pero no al "incumplimiento" del mandato judicial que se debe regir por el primer párrafo del art. 804 del CCyC, léase, "(...) Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder (...)" (Conf. Pizarro, Ramón Daniel-Vallespinos, Carlos Gustavo, obra citada, pág. 410).
En definitiva, la aplicación de una u otra rama del derecho no puede impedir que, ante la reticencia o la desobediencia a la orden judicial sea quien fuere, el órgano judicial busque el camino para su cumplimiento y pueda vencer la resistencia injustificada (Conf. Compagnucci de Caso, Rubén H. comentario art. 804 del CCyC en "Código Civil y Comercial de la Nación", Ed. La Ley, . Directores: Graciela Medina, Julio C. Rivera. Cord: Mariano Esper, Bs. As., 2014).
En la misma senda que se propone, se ha expedido la Corte Federal al indicar que el texto del art. 1° in fine de Ley 26.944 sobre Responsabilidad del Estado solo exime al Estado, sus agentes y funcionarios de la aplicación de sanciones pecuniarias disuasivas pero nada dice acerca de las sanciones conminatorias o astreintes que, por su naturaleza y finalidad, se diferencian claramente de .las mencionadas por el precepto. En efecto, agrega el Alto tribunal, mientras que la "sanción pecuniaria disuasiva" tiene por objeto punir graves inconductas y prevenir hechos similares en el futuro, las astreintes constituyen un medio del que los jueces pueden valerse con el objeto de vencer la reticencia de quien deliberadamente incumple un mandato judicial; por ello, concluye, ya sea ateniéndose exclusivamente a la literalidad del texto de la Ley 26.944, ya sea indagando en la intención perseguida por el legislador -plasmada en los antecedentes parlamentarios que el fallo cita- no es posible sino concluir que la Ley de Responsabilidad Estatal en forma alguna cercena la posibilidad de que, ante el incumplimiento de un mandato judicial por parte del Estado Nacional, los tribunales apliquen las medidas compulsivas contempladas en el ordenamiento jurídico a los efectos de vencer esa reticencia (CSJN, "Bernardes, Jorge Alberto c/ ENA - Ministerio de Defensa s/ amparo por mora de la administración", 3/03/20, Fallos: 343:140).
Finalmente, el agravio expuesto en d) no merece recepción desde que el incumplimiento por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) resulta de fecha muy anterior a la pandemia generada por el COVID 19, según el plazo estipulado por el art. 22 de la Ley N° 24.463 al que supra me refiriera.
VOTO POR LA AFIRMATIVA EL SEÑOR JUEZ DR. ROBERTO JOSÉ LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:
Corresponde: I.) Confirmar, en cuanto fuera materia de agravio, la providencia de fecha 2/02/21; II.) Imponer las costas de alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCC).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. ROBERTO JOSÉ LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo:
I.) Confirmar, en cuanto fuera materia de agravio, la providencia de fecha 2/02/21;
II.) Imponer las costas de alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCC);
III.) Notifíquese la presente por el sistema automatizado a los 3991/20-). DEVUÉLVASE.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975 de la SCBA.
Fin de la sentencia