Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 40035-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada con costas.
2Establecer los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo determinado en el Considerando VIII).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
7865/2024 ROBERTO RODOFELI Y CIA SRL-TF 40035-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 1° de abril de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional a fs. 140/143, contra la sentencia de fs. 125/127, cuyo traslado fuera contestado por el fisco nacional a fs. 140/143.
Asimismo, el recurso de apelación interpuesto “por altos” a fs. 153/154, contra la regulación de honorarios de fs. 133 y vta. Y,
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso La firma importadora ROBERTO RODOFELI Y CIA SRLA el 7/12/2007 oficializó la importación de mercadería para la fabricación de una maquina extrusora marca Rodofeli Modelo ROR 55 Compac por el DIT 07073IT14002905Y y CTC 1994 (v.sobre contendedor de fs. 3 de las act. adm. SIGEA 12210-1502-2011), cuyo vencimiento26/11/2009.
En el año 2011, la Aduana inició un sumario infraccional a raíz de la denuncia del 29/03/2011 por la infracción prevista en el art. 970 del CA (v. acta de denuncia de denuncia, fs. 1), que tramitó en la actuación SIGEA 12210-1502-2011.
De la compulsa de dichas actuaciones surge que el 12/06/2014 se dispuso la apertura del sumario, el cual concluyó, sin que se haya corrido la vista del art. 1011 del CA, con la resolución (DE PRLA) 1225, del 18/03/2019, en la cual el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros ordenó el archivo de las actuaciones en los términos de la Instrucción General (DGA) 9/17 (ver art. 1°) y, al mismo tiempo, formuló cargo por los tributos a la importadora y a la aseguradora, como garante de las obligaciones tributarias (art. 3°; fs. 19 de las act adm).
Contra dicha resolución, la importadora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA, en el que planteó la nulidad del procedimiento atento a que no se corrió la vista del artículo 1101 del C.A, la nulidad de la resolución atento la ausencia de total motivación, opuso la excepción de prescripción de la acción para exigir tributos y para imponer penas, expresó las defensas que se vio privada de oponer a fin de acreditar el cumplimiento de la reexportación de la mercadería importada temporariamente con transformación, e impugnó en subsidio la liquidación tributaria.
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Que por la sentencia del 21 de diciembre de 2022 la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del art. 3° de la resolución 1225/2019. Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para así decidir consideró que surge evidente de las actuaciones administrativas que el Fisco Nacional omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada y a quienes resultaren responsables solidarios garantes de las obligaciones tributarias emergentes del DIT en cuestión, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa , disponiendo el archivo del sumario en los términos del Punto D.4 y E de la Instrucción Gral. 09/17 y la formulación de cargo a la recurrente y a la aseguradora por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT 070731T14002905Y (conforme art. 274 del CA).
Agregó que tampoco surge de los antecedentes aduaneros constancia alguna que dé cuenta de la notificación de la resolución apelada a la aseguradora interviniente en la operación, a quien también se le formula cargo por los tributos adeudados y se la intima a su cancelación.
En tales condiciones, expuso que surge manifiesto que la recurrente ha sido privada de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, corolario del derecho de defensa tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional y que se vio imposibilitada de acreditar en sede administrativa el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria, presentando su defensa formal, como así también cuestionar u objetar la liquidación de los tributos que la Aduana le reclama.
Puntualizó que la recurrente recién tomó conocimiento del sumario en trato al notificarse del dictado de la resolución apelada en marzo 2019 (ver fs. 19 y 21 de las act. adm.) por la que se le exigió el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7865/2024 ROBERTO RODOFELI Y CIA SRL-TF 40035-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO pago de los tributos que corresponderían por el incumplimiento de la DIT en cuestión, que habría vencido el 26/11/2009, es decir 10 años antes.
Concluyó que el servicio aduanero, en el caso, se apartó del trámite reglado por el CA para los procedimientos infraccionales, y que dicha situación no puede ser subsanada ante la instancia del Tribunal Fiscal de la Nación, como pretende la representación fiscal, puesto que le asiste razón a la recurrente al sostener que la resolución administrativa le causa gravamen irreparable en tanto resulta violatoria de su derecho constitucional a un debido proceso adjetivo y de defensa, violando el procedimiento reglado por la ley 22.415.
III. Los agravios del Fisco Nacional Que la ex AFIP DGA en su expresión de agravios plantea que el Tribunal Fiscal desacierta en la interpretación de la Instrucción General 9/17, puesto que la resolución aduanera únicamente ordenó el archivo del sumario.
Aduce que la falta de reexportación de la mercadería se encuentra acreditada en autos y que ese es el hecho imponible que justifica el reclamo de los tributos.
Agrega que no era una condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la existencia previa de una infracción aduanera y que, en el caso, se había planteado desde un primer momento la distinción entre la esfera de responsabilidad infraccional (por la que correspondería la aplicación de sanciones) y la de responsabilidad tributaria (por la que se origina la formulación del cargo).
Sobre esa base, también cuestiona la pretendida aplicación de lo dispuesto por el artículo 1101 del citado cuerpo normativo, puesto que argumenta que el servicio aduanero “decidió dejar sin efecto las actuaciones sumariales antes de llegar a ese estadio del proceso”.
IV. Alcances del pronunciamiento.
Que es importante recordar que es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III -11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22; causa nro. 15567/2021 “Pioneer Argentina SRL -TF 39782-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/12/2024, entre otros).
V. El alcance de la resolución que ordena el archivo del sumario y formula cargo por tributos.
La resolución (DE PRLA) 1225/2019 que ordena el archivo de las actuaciones y formula cargo por tributos es una resolución definitiva que pone fin al procedimiento para investigar la comisión de una infracción aduanera, absolviendo de dicha imputación al sujeto aduanero encartado exclusivamente en función del bajo monto de la multa por no superar el tope establecido en diversas instrucciones generales de la Aduana (vgr. Instrucción General 9/2017, similar a la Instrucción General 11/206, modificatoria de la IG 2/2008, ampliatoria de la IG 02/2007) y condenando al pago de los tributos al obligado y al garante, prescindiendo del resultado de la investigación del hecho generador o hecho imponible.
La Sala IV del fuero ha declarado que el reclamo tributario contenido en esta clase de resoluciones debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional y que, por consiguiente, la liquidación de tributos contenida en estas resoluciones, en tanto que recaídas en un CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7865/2024 ROBERTO RODOFELI Y CIA SRL-TF 40035-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO procedimiento para las infracciones, no son impugnables en sede aduanera por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a, del código (arg. art. 1112, incs. a y b, CA)” (cfr. Saña IV, expte. 46832/22 in re “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, del 20/09/2022, considerando 3°, primer párrafo; extpe. nro. 47883/22 in re “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA”, del 1/11/2022, en especial, considerando 5°, segundo párrafo). Dicho criterio también ha quedado establecido por esta Sala en su actual integración (cfr. nro. 32755/2023 “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 67137511-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/03/2025, en especial Considerando VII).
En la especie, esta conclusión halla respaldo en la circunstancia que el servicio aduanero al notificar la resolución apelada hizo saber a la importadora, textualmente que “se notifica que en el exp de ref se dispuso lo siguiente: res DE PRLA 1225/19. Ante lo cual proceden los recursos de apelación previstos en el art. 1132 CA ”. (cfr. fs. 20 de las act. adm.).
Lo antedicho, debe ser anudado con que la liquidación de tributos en la que se basa la exigencia aquí disputada, contenida en la resolución (DE PRLA) 1225/2019, en la medida en que ha recaído en un procedimiento para las infracciones, no era impugnable en sede aduanera y por el procedimiento reglado en el art. 1053, inciso a) del CA.
Desde otra perspectiva, y como será analizado en seguida, cabe apuntar que la solución a la que arribó la aduana sólo se halla fundada en que el importe de la multa (calculada en $16.652,60) no alcanzaba el mínimo previsto por la Instrucción General DGA 9/17 (v.15 de las act. adm), pero sin dar previa intervención a la importadora incriminada para que acreditase lo que estimare pertinente en su defensa respecto de los hechos que servían de base a la imputación, los cuales, condicionaban el reclamo de los tributos (esto es, la comprobación del incumplimiento de la importación temporaria).
VI. La Aduana no cumplió con el procedimiento previsto en el Código Aduanero En lo que atañe al procedimiento seguido en autos, corresponde traer a colación que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por lo cual cuando el servicio aduanero tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (cfme. Arts. 1080 y 1081 del CA).
El art. 1091 del CA. establece que: “El sumario tiene por objeto; a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal y la graduación de las penas aplicables; d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder” y el art. 1094 del referido plexo normativo, dispone: “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. A su vez, el art. 1101 del Código Aduanero que establece:
“Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7865/2024 ROBERTO RODOFELI Y CIA SRL-TF 40035-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
El artículo en cuestión, por un lado, obliga a la administración a que –previo a correr vista de lo actuado– determine con estricta certeza los hechos investigados. Por el otro, obliga efectivamente a realizar el pertinente traslado.
En este entendimiento, al correrse vista el imputado podrá ejercer adecuadamente el derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional. En esta línea, se ha dicho que el traslado debe ser notificado y que es obligatorio el patrocinio letrado, en atención a que se trata de una defensa con claro contenido jurídico (Cfr. Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, Tomo I, Abeledo-Perrot, 1º ed., Buenos Aires, 2011, Tomo III. pág. 627). Ello demuestra que lo establecido resulta de suma importancia para asegurar el debido proceso.
Con relación a la corrida de vista el Dr. Alfredo Abarca señaló “….es la pieza fundamental del ejercicio del derecho de defensa del imputado dentro del procedimiento para las infracciones y para los delitos en sede aduanera. La falta de otorgamiento de la vista o su notificación defectuosa acarrea la nulidad de toda actuación futura, porque ésta es la única posibilidad que concede la ley para la defensa, y de no cumplirse con este acto procesal se estarían violando derechos básicos protegidos constitucionalmente (art. 18 CN) (Procedimientos Aduanero y Penal Cambiario, pag. 225, 1ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Guía Práctica; Ediciones Iara, 2017).
Ahora bien, del análisis de las actuaciones administrativas no se advierte que en el proceso sumarial se haya cumplido con la vista correspondiente a la aquí actora, lo cual imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional. La omisión antes mencionada no puede ser subsanada ante esta instancia, toda vez que la misma ha conllevado la violación del debido proceso de raigambre constitucional.
Esta solución resulta concordante con lo que tiene dicho la Sala IV del fuero en las causas 29997/11 “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, sentencia del 9/2/2012 y 56691/15 “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA”, del 5/4/2016, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes (cfr. Sala IV, 46832/2022 Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022; esta Sala, expte. 1239/2024 “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” del 20/03/2025).
Por todo lo cual, corresponde rechazar los agravios del Fisco Nacional y confirmar la sentencia apelada.
VIII. Costas y honorarios Por último, en lo que respecta a las costas, en atención al resultado del recurso y a la forma en que se resuelve, corresponde imponerlas al Fisco Nacional – ex AFIP-DGA, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y 68, primer párr., del CPCCN).
Por ello, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto (cfr. formulario F4 obrante a fs. 1), la trascendencia económica que para el interesado revistió la cuestión en debate, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional y la única etapa cumplida, SE CONFIRMAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora (arts. 16, 19, 20, 21, 29 y 44 de la ley 27423).
Asimismo, teniendo en cuenta la forma en que han sido impuestas las costas en la presente, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN los emolumentos de la Dra. Virginia Soledad Vázquez CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7865/2024 ROBERTO RODOFELI Y CIA SRL-TF 40035-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Fourcade y del Dr. Juan Carlos Vázquez, por las tareas cumplidas en la alzada (cfr. escrito de fs.160/165) en 1,5 UMA que equivalen -a la fecha- a la suma de PESOS CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO -$101.448- en conjunto, que se distribuirán en la proporción establecida en la anterior instancia, toda vez que dicho criterio no ha sido objeto de agravio específico (art. 30 de la ley 27423 y CSJN resol. 237/25).
Hágase saber que, en caso de que los profesionales beneficiarios acrediten -en la instancia anterior- su condición de responsables inscriptos frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto el Tribunal RESUELVE:
1. rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada con costas.
2. establecer los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo determinado en el Considerando VIII).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia