Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello podemos concluir que la agravante del Inc. 11º del art. 80 del C.P. repara en una situación contextual, que tiene lugar en un "contexto de violencia de género" comprendido como un fenómeno de múltiples ofensas de gravedad progresiva; es decir que para que la agravante resulte aplicable (además de las calidades requeridas por el tipo para ser sujeto activo y sujeto pasivo, que se encuentran reunidas en autos), el resultado lesivo debe ser provocado en un ámbito situacional específico, en el que existe una situación de subordinación y sometimiento de la mujer hacia el varón basada en una relación desigual de poder. En torno a este punto, no podemos soslayar que del contenido de estos autos y el tenor de los hechos atribuidos a Francisco Robledo emerge claramente un contexto de violencia de género, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio.
Ya esta Alzada se ha pronunciado anteriormente en este sentido "....Dicho “contexto de violencia”, en tanto fenómeno integrado por las aludidas ofensas plurales y de gravedad progresiva, “… debe ser ponderado en su capacidad de suministrar indicios. …
TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6920 FOLIO Nº 131/134 PROT. ELECT. JRS1019I.211
Los presentes autos caratulados “ROBLEDO FRANCISCO WALTER S/LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VÍNCULO”, Expte. Nº 17.915/20, Apelación Nº 7.006/21, venidos a despacho para resolver y de los que;
Que a fs. 24/28 vta. obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de El Calafate, que en el punto 1º decretó el procesamiento sin prisión preventiva de Francisco Walter Robledo en orden al delito de “Lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género” (Arts. 89º y Art. 92º en función del Art. 80º Inc. 1º y 11º (texto según ley 26.791) del Código Penal) y en el punto 2º trabó embargo sobre sus bienes por la suma de diez mil pesos ($10.000). Que a fs. 30/34 y vta., el Defensor Oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a f. 41, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437º del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa manifestó que su defendido ha sido procesado incorrectamente.
Resaltó que no existirían constancias probatorias que pudieran determinar la responsabilidad “prima facie” de su asistido.
Manifestó que el único elemento incriminatorio sería los dichos de la presunta damnificada.
Sostuvo que el hecho endilgado no corresponde a lo denunciado por la presunta damnificada, ni a las pruebas reunidas en autos.
Del mismo modo manifestó que las lesiones certificadas no resultan suficientes para acreditar el hecho descripto y mucho menos la participación del encartado en el mismo.
Indicó que no existe ningún relato aportado por testigos presenciales y que su defendido se encuentra frente a una duda razonable.
Con respecto de la `violencia de género´, indicó que la circunstancia agravante no fue impuesta al encartado al momento de la declaración indagatoria, atentando contra los principios constitucionales de defensa en juicio, el debido proceso y el de inocencia. Citó jurisprudencia apoyando su postura.
Por último se agravia del embargo impuesto por el A Quo por considerarlo abultado, solicitando que en el caso que esta Alzada considere confirmar el auto apelado, se reduzca el quantum del mismo.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Que habiendo realizado una atenta lectura de la resolución atacada como de los agravios planteados por el recurrente, debo adelantar que considero que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada con la provisoriedad que caracteriza a esta etapa del proceso, la materialidad de los hechos enrostrados al Sr. Robledo y también su autoría material, correspondiendo así traspasar la valla del Art. 289º del C.P.P., razón por la que confirmaré el auto apelado por ser adecuado a derecho. Comenzando con el tratamiento de los planteos articulados por la defensa surge que ésta se agravia de la escasez de material probatorio incriminante.
Sin embargo, no asiste razón al apelante en sus argumentaciones. En efecto, cabe destacar que la resolución se encuentra debidamente fundada, de conformidad con las prescripciones reguladas en los Arts. 115º, 116º y 291º del C.P.P., habiéndose allí analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y explicado tanto la materialidad del hecho imputado, como la autoría y la calificación jurídica de los sucesos investigados, atribuidos a su asistido. Por ello, lo planteado por la defensa al respecto, no prosperará Es así que, por un lado tenemos la denuncia a fs. 01 de la Sra. Marta Estela Ruppel, donde describió los hechos ocurridos el día 19/01/2020, siendo las 07:00 hs. el Sr. Walter Robledo, con quien se encuentra en pareja hace 1 mes y no tienen hijos en común, se encontraban en su domicilio, en un momento éste empezó a decir palabras obscenas hacia su persona, como así también la agredió físicamente con una mano abierta en su rostro (boca y cabeza), de igual manera le pegó una patada en su pierna derecha, mientras le manifestaba términos amenazantes, diciéndole “te voy aprender fuego y si me haces la denuncia te mato”, luego la agarró de los cabellos y la llevó hasta la pieza, la hizo sentar en la cama y le esgrimo la punta de un cuchillo de cocina y le dijo “te voy a matar vieja de mierda , vos son vales nada”, pasado el tiempo éste se tranquilizo y se durmió, y ella fue a la Comisaría. Igualmente en la ampliación de denuncia de fs. 08 la Sra. Ruppel manifestó que con fecha 19/01/20, a las 15:00 hs se dirigió al hospital local en razón de presentar dolencias en las encías, dejando asentado si deseo de instar la acción penal por las lesiones sufridas.
Además, a fs. 09 se encuentra el informe médico suscripto por la Dra. Galván, que certificó las lesiones sufridas por la Sra. Marta Ruppel, que indicó: “hematoma en encía superior.…”. Con lo cual debo concluir en que el testimonio de la denunciante se habría visto corroborado con el informe médico en cuestión, acreditándose prima facie el daño en su cuerpo. (Materialidad).
Reforzando el plexo probatorio, a f. 17 la Sra. Ruppel manifestó que tiene miedo, que hace poco que conoce al Sr. Robledo, pero que éste no la dejaba salir, no era la primera vez que le pegaba y la amenazaba, que no quería que se junte con nadie y que estaba todo el día adentro encerrada.
De la misma manera, el apelante señaló, que –a su criterio- el procesamiento del imputado se habría dictado teniendo en consideración sólo la declaración de la víctima, desvirtuando el valor de su relato por entender que es subjetivo, sin otro elemento que lo convalide.
Asimismo, debemos destacar que la inexistencia de testigos, no habilita a poner en duda la veracidad del testimonio prestado, pues esta Alzada ya ha hecho referencia en otras ocasiones al valor probatorio que debe asignársele a los dichos de la víctima (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma sumado a que, en este caso, el mismo se ha visto corroborado con el informe médico antes analizado. Dentro de esta misma línea argumental, teniendo en cuenta que los sucesos investigados se enmarcan dentro de la denominada `violencia intrafamiliar´ no es común la obtención de testigos directos. Sin embargo, ello no debe conspirar para la búsqueda de la verdad.
Ahora bien, debo destacar además, que no se advierte que tales medios probatorios hayan sido valorados de manera fragmentada por el Juez, sino que más bien fue realizada conforme las pautas señaladas por el Máximo Tribunal de Santa Cruz, en relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, sostiene: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”. (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Pues de esta manera lo realizó el Juez de grado, quien fue reconstruyendo -en base al análisis integral de la prueba-, una coherente versión de los hechos, arribando a una fundada decisión, habiendo efectuado el estudio y valoración de la prueba -según puede leerse-, de acuerdo a las normas de la sana critica racional, conforme establece el Art. 199º –tercer párrafo- del Código de rito.
En orden a lo expuesto resultan suficientes, al menos en la instancia procesal en que nos encontramos, los elementos probatorios obrantes en autos para procesar al encartado. Por ello, entiendo que no le asiste razón al recurrente cuando afirma que la resolución se basa solo en los dichos de la denunciante, pues –como dije- existen otros elementos que fueron valorados por la Instrucción, apoyándose el decisorio en diligencias que ilustraron al Juez respecto de los hechos. Asimismo, toda vez que estos elementos probatorios colectados no contienen contradicción alguna entre sí, sino que, por el contrario, son plenamente coherentes y coincidentes, permiten concluir en que, a pesar de no existir testigos directos de las lesiones mencionadas, no hay razón valedera para afirmar que no existiría sustento probatorio suficiente que involucre directamente al imputado con el hecho delictivo. Por ello, el agravio de la defensa respecto de que la prueba glosada a la causa es insuficiente, no prosperará. Habiéndome explayado lo suficiente respecto de la prueba reunida y producida en autos, indicando como los informes reforzaron la denuncia de la víctima, me referiré seguidamente a la valoración “con perspectiva de género” efectuada por el Magistrado, y que el recurrente cuestiona.
En el caso bajo estudio, es la violencia de diversos tipos que se vislumbra por parte del encartado hacia la denunciante y el contexto que viene a erigirse en un sólido indicio que fortalece el relato de la presunta víctima.
Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo: “La investigación penal en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género…” (del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo) CSJN, 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 - LA LEY 21/01/2020, con nota de Hernán G. Bouvier; LA LEY 10/02/2020, 11.- Para poder entender por qué la justicia debe incluir la perspectiva de género al valorar casos en los que presuntamente se encuentran violentados intereses de las mujeres, juzgo oportuno transcribir un pasaje de un artículo de la Dra.
Graciela Medina, que expresa: “La justicia debe juzgar con perspectiva de género por las siguientes consideraciones: A) Porque los jueces tienen el imperativo constitucional y supranacional de hacer efectiva la igualdad. B) Porque los magistrados no pueden ignorar la existencia de patrones socio culturales y en consecuencia no pueden decidir este tipo de cuestiones como si fuera un caso en el cual se definen los derechos de dos hombres o de dos empresas, sino que debe juzgar con perspectiva de género. C) Porque si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarla se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismo procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto.
D). Quienes imparten justicia tienen la posibilidad de traducir los tratados en realidades para las personas, de evidenciar el compromiso del estado con la justicia y de evitar la revictimización. E). Porque si no se juzga a nivel nacional con perspectiva de género se obliga a las víctimas a recurrir a instancias internacionales para efectivizar sus derechos, lo que posterga las aspiraciones de las víctimas y compromete la responsabilidad del Estado”. Así también dice: “…Lo que determina la pertinencia de aplicar la perspectiva de género no es el hecho de que está involucrada la mujer, sino que la cuestión está originada en relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad basados en el sexo, el género o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas…”.
Concluye diciendo: “...juzgar con perspectiva de género es la única forma de lograr que las previsiones legislativas se concreten en respuestas judiciales justas, para las personas del género femenino que recurren a los tribunales a solucionar los problemas que la discriminación por el hecho de ser mujer les ha causado.”. (Juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? y ¿cómo juzgar con perspectiva de género?; Medina, Graciela; SJA 09/03/2016, 09/03/2016, 1 - Cita Online: AR/DOC/4155/2016). En este sentido, resulta oportuno citar la reflexión de Buompadre acerca del concepto de "violencia de género" en la ley penal, considerando que aquél es "…un elemento normativo del tipo, extralegal, no hay que buscarlo en el Código Penal sino... en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, cuyo artículo 4º define a la violencia contra la mujer `como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto del varón´..." (Jorge Eduardo Buompadre, "Los delitos de género en la reforma penal (Ley Nº 26.791)"; http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2013/02/doctrina35445.pdf).
Por ello podemos concluir que la agravante del Inc. 11º del art. 80 del C.P. repara en una situación contextual, que tiene lugar en un "contexto de violencia de género" comprendido como un fenómeno de múltiples ofensas de gravedad progresiva; es decir que para que la agravante resulte aplicable (además de las calidades requeridas por el tipo para ser sujeto activo y sujeto pasivo, que se encuentran reunidas en autos), el resultado lesivo debe ser provocado en un ámbito situacional específico, en el que existe una situación de subordinación y sometimiento de la mujer hacia el varón basada en una relación desigual de poder. En torno a este punto, no podemos soslayar que del contenido de estos autos y el tenor de los hechos atribuidos a Francisco Robledo emerge claramente un contexto de violencia de género, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio.
Ya esta Alzada se ha pronunciado anteriormente en este sentido "....Dicho “contexto de violencia”, en tanto fenómeno integrado por las aludidas ofensas plurales y de gravedad progresiva, “… debe ser ponderado en su capacidad de suministrar indicios. Ello es así, porque si bien los tipos penales están configurados como sucesos que aíslan ciertos comportamientos ofensivos contra un determinado bien jurídico en general, esta segmentación no puede hacer perder valor probatorio al integral fenómeno pluriofensivo de la violencia en el particular contexto, en el que se entremezclan diferentes modalidades que incluyen malos tratos físicos, psíquicos, amenazas y…pueden incluir diferentes modos graves de privación de la libertad”… “De allí que cobra especial relevancia, como sucede en la violencia sexual, el relato de la víctima (el que) adquiere un valor convictivo de preferente ponderación en la medida que resulte fiable y se encuentre corroborado por indicios, siempre que éstos tengan una confluencia de conjunto que conduzcan de dotar de razón suficiente a la conclusión”.
(Arocena, Gustavo en “Femicidio y otros delitos de género”, 1º ed., Bs. As., Ed. Hammurabi, 2017; con cita de TS Córdoba, Sala Penal, 4/5/12, “Sánchez”, sent. Nº 84; págs. 108-110). Resaltando nuevamente la relevancia fundamental del testimonio de la víctima en los procesos penales iniciados con motivo de estos ilícitos, se dijo que “…Como específico medio probatorio, entonces, la prueba testimonial adquiere, en este terreno, una trascendencia singular; y la declaración del sujeto pasivo del delito se erige en una fuente probatoria destacada…” (Arocena, obra citada, pág. 111). La claridad y elocuencia de la exposición me exime de mayores comentarios e interpretaciones al respecto. No tengo duda que la labor de la instrucción en este sentido se efectuó correctamente, motivo por el cual también rechazaré este agravio.
Por último, corresponde abordar el agravio referido al embargo trabado, teniendo en cuenta que la ley de procedimientos, de manera imperativa, establece en el Art. 499º que el Juez –al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, en función de la naturaleza misma del delito que da origen al embargo, en cuanto a la fijación del monto del mismo entiendo que deberá establecerse por el Magistrado de acuerdo a su leal saber y entender. A lo que cabe añadir que la pena prevista para el delito atribuido al encartado y su modalidad de comisión, la suma ordenada de diez mil pesos ($10.000) no aparece como irrazonable ni desproporcionada, teniendo en cuenta la entidad del daño ocasionado como consecuencia del delito investigado en autos, en conjunción con los demás parámetros establecidos por la norma citada.
En orden a lo expresado precedentemente, y en razón de las circunstancias de los hechos, debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el Magistrado de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del daño penal ocasionado como consecuencia del delito investigado en autos.
Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos. En razón de todo lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado 24/28 vta. vta., en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes.
3. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
FIRMADO: Dr. NELSON A. SÁNCHEZ- JUEZ DE RECURSOS, DRA. ADRIANA I. GEYER - SECRETARIA TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6920 FOLIO Nº 131/134 PROT. ELECT. JRS1019I.211
Fin de la sentencia