Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2021-113165366-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $94.424 (pesos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro) equivalente a 9,08 (nueve con 08/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $236.061 (pesos doscientos treinta y seis mil sesenta y uno) equivalente a 22,70 (veintidós con 70/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Acordada N°25/2022 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular los honorarios del contador Juan Ignacio Estévez por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $50.052 (pesos cincuenta mil cincuenta y dos) equivalente a 4,81 (cuatro con 81/100) UMA la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°25/2022 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-13687456-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 6 de Febrero de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2021-113165366-APN- SGAI#TFN, caratulado “ROBLEDO RICARDO FABIAN s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I-Que mediante RE-2021-113164885-APN-SGAI#TFN, se interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 119/2021(DV ORR1) de fecha 29 de octubre de 2021 dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la que se determinó de oficio su obligación impositiva frente al Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2016, con más intereses resarcitorios y le aplica una multa graduada en el 50% del gravamen omitido, con sustento en lo establecido por el art.45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif).
Plantea la nulidad del acto apelado por entender que adolece de la debida fundamentación por cuanto no se advierte una adecuada valoración de los antecedentes ni de la real situación tributaria de la recurrente, así como de los distintos elementos aportados, careciendo por ello del requisito de motivación. Se queja también que la determinación se hizo sobre base presunta sin explicar las razones por las que se utilizó tal modalidad y que no fue proveída la prueba oportunamente ofrecida, como así tampoco se expusieron los motivos por los que su producción fue rechazada, viendo con ello afectado su derecho de defensa.
Sostiene la improcedencia de los ajustes realizados. Señala que el incremento patrimonial no justificado que aduce el Fisco carece de sustento fáctico y jurídico, en tanto se aleja de la realidad, desconociendo que la operatoria comercial y el giro del negocio, que involucran la necesidad de cubrir bancos, gastos, etc., de manera cotidiana. Expone que el juez administrativo omite considerar el saldo disponible de efectivo declarado al 1/1/2016 que fue utilizado para afrontar entre otros, los gastos devengados en diciembre de 2015, correspondientes al pago de tributos, tarjetas de créditos, en tanto su cuenta corriente bancaria está destinada a cubrir gastos de su actividad profesional y de su vida personal, habiendo fue realizado para ello distintos depósitos en sus cuentas bancarias durante el período 2016, siendo ésta una de las razones por las que los depósitos no se relacionan con las ventas, negando que existan ingresos injustificados.
También se agravia de la impugnación de la deducción de gastos, aseverando que éstos se vinculan con su actividad profesional y por lo tanto son necesarios para obtener la ganancia o para mantener y conservar la fuente.
Respecto de los gastos efectuados en el Supermercado Makro, vinculados a mercaderías comestibles, desodorantes personales, bebidas alcohólicas y “otros”, se queja de que el Fisco solo validó algunos items -tales como artículos de limpieza, infusiones, café, tostadas, gaseosas, galletitas-, sin exponer cuál fue el criterio utilizado para aceptar éstos y otros no, lo que le impide esbozar una defensa al respecto, alegando que éstas compras fueron realizadas en beneficio del personal a su cargo y de los clientes que diariamente acudían a las instalaciones de su estudio contable En cuanto a los dos comprobantes que corresponden a la compra de productos electrónicos en Coto Cicsa, se agravia de que se haya activado a la impresora adquirida computando el 33% de amortización en el ejercicio cuando por el uso y desgaste constituye un insumo que por su obsolescencia, su amortización no puede considerarse en más de un año.
Con relación al cómputo del gasto por la compra de mobiliario al proveedor Pablo Gustavo Luzzi destinado a la recepción del Estudio, que fue dañado por una pérdida de agua, conforme surge de la exposición civil de fecha 20/11/2016 y del rechazo del siniestro por parte de la compañía de seguros, manifiesta que si bien se aceptó la deducción del gasto por los muebles y cuadros involucrados, se agravia que no le fue admitido el gasto por los sillones con sustento en que no se pudo relacionarlos con el comprobante, cuando de lo informado por el vendedor la operación existió y que los conceptos incluidos en la factura es una responsabilidad del emisor del comprobante, que no puede ser atribuido al recurrente.
Sobre los reparos opuestos a la deducción de parte de los gastos de Telefónica Móviles S.A y Telefónica de Argentina S.A, vinculados a teléfonos registrados a nombre del recurrente, sus empleados y asociados, por no haberse acompañado las facturas de febrero a julio de 2016 indica que el ente fiscal no ofició a la prestadora del servicio para aclarar dicha situación. Asimismo, manifiesta que todas las líneas involucradas se vinculan con el desarrollo de su actividad y detalla que algunas líneas corresponden a los domicilios legales donde recibe documentación y notificaciones de sus clientes, que deben ser informadas al Estudio de manera permanente, y que otras dos líneas fueron facilitadas a los empleados de sus clientes más importantes para tener una conexión directa con el Estudio, sin cargo para la empresa. En cuanto a los gastos de adquisición de los celulares, reitera las mismas observaciones que en relación a la impresora, antes mencionada, en cuanto a que no corresponde su activación y amortización, por tratarse de bienes que se consumen durante el mismo ejercicio fiscal. Acerca de los gastos correspondientes a la red fija de telefonía, dice que mantuvo las líneas que eran de uso particular hasta que se efectivizó su transferencia al Estudio, la que sirvió para contratar los servicios de internet, y si bien el Fisco objeta que no se precisó la fecha en que se inició su uso en el Estudio. También se queja sobre el tratamiento dado a la deducción de deducción dos pólizas de seguro por figurar a nombre del recurrente consumidor final y amparan los bienes de la vivienda de habitación permanente, haciendo notar que el Fisco no discriminó a qué comprobantes se refiere, además de no tener en cuenta que por su actividad, el recurrente cumple labores de manera full-time, atendido consultas y requerimientos de sus clientes durante todo el día, incluidos los fines de semana, e inclusive recibiendo visitas en su domicilio particular. En igual sentido se manifiesta respecto de los comprobantes de Gas Natural Ban S.A y Telecentro S.A por tratarse de facturas tipo “B”, ante lo cual alega que es evidente que se trata de un aspecto formal que en nada cambia la naturaleza del gasto en cuestión.
Sostiene, que así como se aceptó el gasto relacionado con pasajes aéreos a nombre del recurrente debería admitirse los correspondientes a las Sras. Silvina Steinbrun (esposa del recurrente), María Guadalupe Pérez Ugidos y el Sr. Leandro Alberto Meyer, argumentando que el destino del viaje fue de carácter netamente comercial, y que los últimos nombrados son clientes del estudio con quienes quería evaluar la posibilidad de desarrollar negocios de importación y exportación.
Invoca la ilegitimidad de la multa aplicada ante la inexistencia de infracción alegando que la supuesta falta de ingreso del tributo debido por sí solo no es suficiente para aplicar la infracción prevista en el art. 45 de la ley de rito, por no configurarse el elemento subjetivo requerido por la norma. Plantea, además la improcedencia de los intereses resarcitorios pretendidos, habida cuenta que no existió obligación principal incumplida y, a que tampoco existió mora culpable alguna que se le pueda atribuir.
Ofrece prueba documental, informativa y pericial contable, hace reserva del caso federal y por las razones de hecho y de derecho que invoca, pide que se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que mediante IF-2022-17968332-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. Sobre la nulidad planteada expone que el acto apelado se encuentra debidamente motivado y que de su lectura se desprende que se ha dictado con una clara y amplia descripción, tanto analítica como numérica de los hechos como así también el derecho tenido en cuenta para producirlo, lo que ha permitido al rubrado ejercer sin restricciones su derecho a defensa. Señala que el rechazo del ofrecimiento de ciertas pruebas no es causal de nulidad, recordando que el decreto reglamentario de la ley de rito fiscal faculta al juez administrativo a admitir las pruebas que sean conducentes para su decisión. Concluye así en que no hay demostración de un interés jurídico lesionado o de un perjuicio cierto o irreparable. Por todo ello, pide que se rechace la nulidad articulada, con costas.
Sobre las quejas que formula la contraria contra el acto recurrido, el apoderado fiscal destaca que la determinación sobre base presunta es una alternativa válidas que habilita la ley en favor de la administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias respaldatorias, documentación que no resulte fehaciente e insuficiencias de diversa índole, pueda recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible. Pone de relieve que la figura del incremento patrimonial no justificado contiene una presunción legal de carácter relativo en tanto decir que admite prueba en contrario; siendo el contribuyente sobre recae la carga de la prueba a fin de acreditar la inexistencia del hecho soporte y manifiesta que las pruebas ofrecidas por la actora en sede administrativa en nada ayudan al esclarecimiento de la contienda, ni desvirtúan los elementos tenidos en cuenta para determinar el impuesto bajo análisis.
Sobre los agravios relativos a los ajustes efectuados, señala que la actora no justificó la pertinencia y trazabilidad de la operatoria referida a la existencia de un pasivo, por la que se aplicó lo establecido en el art. 18 inciso f) de la ley de rito fiscal. Respecto de los ingresos omitidos por las diferencias observadas con relación a los depósitos bancarios, donde el Fisco se apoya en la presunción fijada en el art. 18 inciso g) de la ley de Procedimiento Tributario, expone que el recurrente no demostró que las diferencias observadas se traten de depósitos realizados por el propio recurrente como alega.
Sobre los gastos deducibles por compras al Supermercado Makro, precisa que la fiscalización consideró la actividad del contribuyente, validando las correspondientes a artículos de limpieza, infusiones, café, tostadas, gaseosas y galletitas, impugnando los correspondientes a compras del resto de las mercaderías comestibles, desodorantes personales, bebidas alcohólicas y otros.
En cuanto a la adquisición de la impresora de acuerdo al comprobante emitido por la empresa COTO CICSA, manifiesta que por tratarse de un bien de uso, se procedió a su activación considerando una amortización del 33%, teniendo en cuenta la tabla de estimación de vida útil de los bienes conforme Anexo del Decreto Nº 873/1997.
En relación a la factura Nº 00000024 de fecha 14/10/16 emitida por el proveedor Luzzi Pablo Gustavo, dice que al no poder identificarse los conceptos de la compra con lo denunciado en la Exposición Civil confeccionada en la Comisaría Séptima de la localidad de Castelar, y teniendo en cuenta la respuesta al Oficio dirigido al proveedor, no se aceptó el gasto.
Respecto a lo manifestado sobre la deducción de gastos de Telefónica Móviles, solo se validó como computable los teléfonos registrados a nombre del titular, empleados y asociados, y respecto a la compra de celulares que la actora dice que no corresponde su activación y amortización por tratarse de bienes que se consumen durante el mismo ejercicio fiscal, el apoderado fiscal dice que la contraria no aportó prueba de sus dichos, lo mismo replica en cuanto a los gastos vinculados a las líneas de telefonia de red fija. En lo que respecta al agravio de la deducción de las pólizas de seguro, la representación fiscal hace notar que de lo consignado en el detalle del comprobante no surge que los bienes asegurados están comprendidos dentro de aquellos afectados a la explotación unipersonal.
Acerca de los gastos por pasajes aéreos de la esposa del recurrente y dos personas más, indica que no se aportó probanza alguna que acredite que el destino del viaje fue de carácter netamente comercial. Sostiene la procedencia de los intereses liquidados por ser de naturaleza resarcitoria, ante la mora incurrida en el ingreso del gravamen correspondiente.
Por último, expone que la multa aplicada es consecuencia al perjuicio fiscal configurado por el ingreso de menos tributo, el cual constituye el elemento objetivo, y el elemento subjetivo se constituye con el obrar culposo consistente en la omisión del pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas.
Se opone a la producción de las pruebas ofrecidas por la contraria, pide que se tenga presente la reserva del caso federal y por los argumentos que desarrolla pide que, oportunamente, se dicte sentencia confirmando la resolución apelada en todas sus partes, con expresa imposición de costas a cargo de la actora.
III -Que por PV-2022-38744743-APN-VOCX#TFN se abre la causa a prueba admitiéndose la producción de la informativa y la pericial contable ofrecida por la actora. Por PV-2022-99749535-APN-VOCX#TFN se declarar cerrado el período de instrucción y por PV-2022-101165169-APN-VOCX#TFNse elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. Por IF se ponen los autos para alegar, agregándose como IF-2022-106281852-APN- DTD#JGM e IF-2022-108368959-APN-DTD#JGM las presentaciones realizadas por las partes a tal efecto. Finalmente, por IF-2023-12279396-APN-VOCX#TFN se dictan los autos para sentencia.
IV. Cabe señalar, de manera preliminar, que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que en primer término, corresponde expedirse sobre la defensa de nulidad articulada adelantando que la misma no puede prosperar, pues lo alegado por la actora carece de los fundamentos legales suficientes para sustentar la petición.
Con respecto a la falta de motivación del acto apelado que alega la actora, cabe destacar que la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo en su art. 7 inciso e) establece que la motivación comprende la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto. La exigencia de la misma está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto.
Que la resolución apelada contiene los elementos jurídicos formales para declarar su validez, dado que en ella se invoca la normativa legal tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, sin que ello implique prejuzgar sobre la procedencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado al contribuyente conocer la pretensión fiscal y poder elaborar su defensa. Cabe recordar que la nulidad debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no ocurrió en el caso. En lo que aquí interesa, no sólo se han cumplido con los requisitos externos de validez sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que la presupone, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al valorarlas, cuestión que debe ser analizada en el momento de resolver la cuestión de fondo.
En cuanto a la no admisión de las pruebas ofrecidas al formular el descargo de la vista corrida, debe tenerse presente que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en los casos en que ante la Alzada deba realizarse una prueba que no ha sido admitida en primera instancia (art. 260 CPCC). Que es doctrina de este Tribunal que la prueba no admitida durante el trámite de determinación, puede ser nuevamente ofrecida ante esta instancia (conf. arts 173 y 174 de la ley de procedimiento fiscal y “Carboquímica S.A.C.I.M.”, fallo del 5-7-77), lo que ha ocurrido en la presente causa donde la recurrente ha tenido ocasión de proponer las medidas que estima conducentes a esclarecer los hechos controvertidos y se ha admitido su producción (vide PV-2022-38744743-APN-VOCX#TFN).
Que por otro lado, en el escrito de inicio la recurrente se agravia puntualmente del método presuntivo seguido por el Fisco y lo califica de arbitrario, al entender que el Fisco Nacional no habría agotado todos los medios posibles para obtener elementos concretos para poder realizar la determinación de su obligación tributaria sobre base cierta.
Al respecto, es importante recordar que la inspección tributaria opera como una colección de datos, es decir, se trata de una actividad administrativa cuyo presupuesto es la atribución de una potestad de comprobación encaminada a la búsqueda de hechos y datos que ignora el Organismo Recaudador, que le permitan establecer la corrección o inexactitud de lo declarado por el contribuyente, ello se corresponde con el sistema de autodeterminación que rige en nuestro país, donde la ley de procedimiento tributario le otorga al Fisco Nacional amplias facultades para verificar los datos contenidos en las declaraciones juradas confeccionadas por los contribuyentes y/o responsables, recayendo sobre los contribuyentes y terceros, el deber de colaboración con el organismo fiscal, puesto que, como sostiene Jarach, todos los administrados tienen un deber general de colaborar con la Administración, de modo tal que esta pueda cumplir con las funciones de interés público que le han sido encomendadas (Dino Jarach, "Curso de Derecho Tributario", Ed. Cima, 1980, pág. 310).
La doctrina ha definido a las presunciones, como aquella operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede (ver, al respecto, García Mullin, Roque: "Las presunciones en el derecho tributario" - Revista Derecho Fiscal - T. XXXVIII - pág. 489). Así, la presunción supone: a) un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante) sobre cuya existencia no existen dudas; b) elaborar, a partir de él, una regla de experiencia que nos dice cómo es normalmente el orden natural de las cosas; c) derivar de ello la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (hecho inferido, presumido, fundado) sobre el cual en realidad, no tenemos certeza alguna. En suma, las presunciones exigen la existencia de un planteamiento deductivo del que se haga derivar un juicio lógico, de modo que en sus normas reguladoras ha de existir siempre un hecho base cierto del que se extrae otro que es su consecuencia (cfr. TFN "Clapea SACIFI" del 5/9/1989; "Acería Bragado SA" del 27/12/1996; "Chacra Abdelmassih" del 27/8/1998 "Manufacturas Centauro" del 18/2/1999 y "Pluma Blanca SA" del 3/5/1999,entre muchos otros). Que, en estas condiciones, no resulta ocioso recordar que la materia imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar basada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración.
Que la ley de procedimiento tributario faculta al organismo recaudador a determinar de oficio la obligación impositiva, cuando el contribuyente no presente las declaraciones juradas o, que las mismas resulten impugnables, y en ese caso liquidar el gravamen correspondiente en forma directa, por conocimiento cierto de la materia imponible, o por estimación, si los elementos conocidos sólo permiten suponer la existencia y magnitud de aquella. En esta línea, el art. 18 establece distintos indicios que el Fisco puede valerse para arribar a tal estimación, fijando aquellos que admiten prueba en contrario. Que ello así, corresponde analizar las probanzas agregadas en las actuaciones a fin de establecer si la determinación realizada se ajusta a derecho, pero a priori nada invalida el accionar fiscal de estimar el impuesto en base a presunciones, máxime cuando el contribuyente no lleva libros rubricados, por lo que corresponde desestimar el agravio referido al método seguido por el ente recaudador al efecto.
De este modo, los agravios de la actora sólo traducen sus discrepancias con relación a cuestiones de hecho y prueba y revelan una apreciación diferente sobre el criterio de selección y evaluación de los extremos aportados a la causa, sin demostrar apartamiento de las reglas aplicables, falta de fundamentación en los hechos conducentes del sub lite, o irrazonabilidad de las conclusiones allí arribadas (arg. Fallos: 303:509; en igual sentido, se expidió la Procuradora Fiscal en el dictamen al que se remitió la CSJN en Fallos: 330:2639)
Por lo expuesto, corresponde desestimar la nulidad articulada, debiendo señalarse que no corresponde la imposición de costas autónoma por la defensa de resuelta en este punto, tal como lo solicita el Fisco en su escrito de responde, toda vez que en oportunidad de efectuar dicho planteo ni la actora ni este Tribunal le otorgaron el carácter de previo y especial pronunciamiento, por lo que no puede ser considerada como una cuestión incidental.
V. Según surge de autos el recurrente declara como actividad principal es la de servicios de contabilidad , auditoría y asesoría fiscal y como secundaria el servicio de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.
En el informe final de inspección se expone que con motivo de la fiscalización, del análisis de los resúmenes bancarios observaron acreditaciones depuradas de conceptos que no corresponden a ingresos por la actividad del recurrente y que superan los ingresos declarados en el impuesto a las ganancias del período 2016, aplicando la presunción fijada en el art.18 inciso g) de la ley N° 11683 (t.o. 1998 y modif); asimismo, respecto de un pasivo declarado, se impugnó una diferencia de $ 7.290 en concepto de incremento patrimonial no justificado previsto en el art. 18 inciso f) de la ley citada. También se impugnaron gastos que no se relacionan con la actividad gravada, esto es compras a supermercados, gastos de seguros, telefonía, pasajes aéreos, internet, compra de impresoras y celulares (fs. 652/662 cpo 4 ganancias- IF 2022-17950321-APN-DTD#JGM).
Que el art. 17 de la ley del tributo establece que para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga, disponiendo el art. 80 citado que los gastos cuya deducción admite la ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son las efectuadas para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. Que así, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala IV-, en ocasión de resolver con fecha 14/2/2012, la causa “Gelblung Samuel (TF 22.676-I) contra D.G.I.” sostuvo que “ Que del juego armónico de todas estas disposiciones legales y de las reglamentarias dictadas en su consecuencia, se desprende que el criterio es que cuando los gastos hayan sido realizados con el propósito de mantener y conservar la fuente u obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas y en tanto no se verifique alguno de los casos no admitidos por el artículo 88, la deducción de tales gastos es procedente en todas las categorías por responder a la idiosincrasia del impuesto a la renta neta, sin que el organismo recaudador se encuentre autorizado a trabar el cómputo so pretexto de no compartir el criterio de necesariedad o de pertinencia del gasto, asignado por el contribuyente.”
“XI.- Ahora bien, y sentado lo que antecede, conviene recordar que en lo referente a la carga probatoria, respecto a la deducción de gastos que tienen relación con la actividad, es el contribuyente quien deberá demostrar la veracidad de los gastos y su vinculación con las ganancias gravadas para que la AFIP no pueda impugnar las deducciones y no -como insiste el apelante- la administración quien debe probar que cada uno de ellos no resultaba idóneo para conservar, obtener y mantener las ganancias. Es un indiscutido principio procesal -aplicable a todo litigio aún no judicial- que siempre es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635, entre otros muchos más; esta Sala, 13-9-2005, "Macnet S.A. - TF 14723-A- c/ D.G.A."; ídem V, 3-7-2007, "Relojes Irel S.R.L. -TF 18490-A- c/D.G.A.").”
“XII.- Que no obstante lo antedicho, es doctrina aceptada que la necesidad de deducir ciertos gastos en la determinación del tributo no puede ser evaluada con certeza por el organismo recaudador, toda vez que es ajeno al negocio de que se trate y la misma corresponde al contribuyente, porque siempre se trata de circunstancias del directo conocimiento de éste (in re causa Nº 6117 "Editorial Dante Quinterno S.A.", sentencia del 26/11/1970, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala "D"). Y se sostuvo asimismo "que el concepto de necesidad es relativo y debe apreciarse en función de la finalidad de las erogaciones y que sería muy peligroso que el Fisco en cada erogación determine o pretenda establecer la efectiva productividad del gasto quitando al empresario la flexibilidad que precisa el manejo de su negocio y que hace que muchos de los gastos que Incurra no redunden necesariamente en la producción de un rédito que pueda imputarse específicamente al gasto en que se ha incurrido".” “En efecto, el control no puede ir tan lejos como para determinar la inutilidad del gasto o la exageración de su monto para la producción de la ganancia juzgando discrecionalmente la buena administración de la empresa de que se trata. En otros términos, el Fisco puede controlar los gastos por su función productiva, para aceptar o no su existencia y su magnitud en relación con la ganancia bruta, pero no puede censurar los gastos, sustituyendo la decisión empresaria y sus motivaciones por el criterio administrativo de conveniencia y oportunidad (conf. Dino Jarach "Impuesto a las Ganancias", Ed. Cangallo, 1980, p. 73).”
“Por tal motivo, la deducción de los gastos necesarios para obtener la ganancia o para mantener y conservar la fuente no exige otro recaudo que la comprobación de orden teleológico, respecto a que la erogación está destinada a fin de lograr la ganancia o mantener y conservar la fuente de dicha ganancia (conf. Dino Jarach "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", Abeledo Perrot, 1996, p. 552).”
En ese orden de ideas, podemos acercarnos al concepto de gastos necesarios y afirmar que son aquellos que se conectan con la utilidad real o potencial necesaria para la obtención de renta gravada. No deben vincularse con su carácter de imprescindible ni obligatorios, como tampoco se relacionan con la libertad del contribuyente para llevar adelante el gasto, sino que se entrelazan con el propósito que persigue con su realización (vide sentencia de la Sala “A” de este Tribunal Fiscal in re “Nuevo Banco de Entre Ríos SA”, de fecha 18 de junio de 2014 en la cual la suscripta intervino como Vocal subrogante)
Que por otra parte, prestigiosa doctrina ha dicho que: "gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio (...) se encuadran, de modo general, todas las deducciones que, sin ser gastos ordinarios o necesarios en el sentido de forzosos, están igualmente vinculados a la explotación por ser propio se incurran en el curso de los negocios" (Impuesto a las Ganancias, Enrique J. Reig, 9na. Edición, Ed. Macchi, p. 446).
VI. Que corresponde analizar los ajustes realizados a tenor de las pruebas recabadas en sede fiscal y ante esta instancia jurisdiccional.
En lo que hace a la diferencia relacionada con el pasivo declarado, cabe señalar que al responder la vista en sede fiscal la actora expuso que se debió al tipo de cambio en tanto se consideró la cotización de la moneda extranjera al cierre del ejercicio 2016, mientras que la acreedora lo hizo al momento del otorgamiento esto es en julio de 2016. Al respecto cabe señalar que según surge de la resolución apelada (vide página 27, RE-2021- 113164915) el juez administrativo dispuso que no correspondía la imputación como incremento patrimonial no justificado, dejando sin efecto dicho ajuste, por lo que las consideraciones que formula el apoderado fiscal en autos devienen abstractas.
Hecha esta aclaración, sobre el primero de los items el Fisco remarca que no coinciden los saldos de ingresos en comparación a las ventas informadas, además de no haber declarado el saldo de una cuenta bancaria ni al inicio ni al cierre y hace notar que el recurrente manifestó haber hecho depósitos en efectivo en la Sucursal Morón del Banco Santander Rio para cubrir gastos de tarjetas entre otros y que dichas sumas corresponderían a dinero en efectivo que fue expuesto en su declaración del ejercicio fiscal 2015.
Que ofrece en apoyo de sus dichos prueba pericial contable (vide IF-202287171366-DTD#JGM), donde los expertos acompañan sendos cuadros donde transcriben los depósitos y acreditaciones bancarias del período 2016 según lo indicado en los resúmenes bancarios que les exhibió el actor, detallan los movimientos globales mensuales de sus cuentas de disponibilidades indicando las variaciones patrimoniales entre el 31/12/2015 y el 31/12/2016 según lo que se deprende de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de dichos períodos. Que el informe brindado por los expertos, en tanto se basan en los resúmenes bancarios y las declaraciones juradas, cabe concluir que no arroja elementos adicionales a los que obran en las actuaciones y que fueron objeto de análisis por parte del ente recaudador. Es decir, no surge de las actuaciones comprobantes ni otra probanza que sirva para acreditar que los depósitos en efectivo a los que hace referencia hayan sido efectivamente realizados con el dinero en efectivo que dijo tener en su poder.
Sobre las compras de productos en el Supermercado Mayorista Makro, cabe señalar que el Fisco admitió los correspondientes a artículos de limpieza, infusiones, tostadas, galletitas y gaseosas en tanto consideró que eran para el plantel de empleados y asociados, pero impugnó aquellos referidos a otros comestibles tales como carne, pollo, artículos de higiene personal, bebidas alcohólicas, más allá que el recurrente alegó que eran utilizados para almuerzos y cenas con clientes en las instalaciones del estudio, en tanto ello no fue demostrado ni tampoco que las cantidades adquiridas eran razonables para el consumo de los empleados y asociados en la jornada laboral, por lo que se entendió que eran para consumo propio o familiar, debiendo admitirse el criterio fiscal en tanto las razones expuestas por la actora se tratan de meras afirmaciones dogmáticas sin concretas pruebas de respaldo de que esos eventos con clientes realmente se llevaron a cabo.
En cuanto a la compra en Coto CICSA de una impresora y productos electrónicos referidos a ésta, los actuantes activaron los bienes y computaron el 33% de amortización del período, el apelante sostiene que por el uso y desgaste constituye un insumo que por su obsolescencia, su amortización no puede considerarse en más de un año. En el caso, el Fisco se valió de la tabla de estimación de vida útil de los bienes que fija el anexo del Decreto 873/1997, sin que la apelante hubiera demostrado la obsolescencia o desgaste de tal equipo en un plazo más acotado que el previsto por la normativa, por lo que cabe admitir el ajuste referido.
Sobre el mobiliario adquirido para la recepción del estudio a Pablo G. Luzzi, esto es mesas, dresuar, cuadros y sillones de estilo, que el recurrente expone que quedaron destruidos con motivo del siniestro acaecido por la rotura de un caño de agua, el Fisco aceptó la deducción del importe de las facturas referidas a tales bienes, a excepción de una factura en la que no se identifica el producto comprado y que la actora dice que corresponde a dos sillones de estilo individuales de cuero. Como prueba de sus dichos aportó copia de una exposición civil ante dependencia policial en tanto le fue requerida por la compañía de seguros de manera complementaria a su denuncia, lo cierto es que no le fue reintegrada suma alguna dado que la póliza no cubría tal daño, por lo que dedujo el importe de las facturas de compra de acuerdo con lo establecido por el art. 82 inciso c) de la ley del gravamen. Que durante la fiscalización y ante esta instancia se pidió al emisor de la factura que informara el tipo de mobiliario que estaba incluido en la factura observada (N° 00000024) respondiendo el Sr. Luzzi que la única documentación respaldatoria con la que cuenta es la factura referida y que su sistema administrativo no le permite identificar los bienes vendidos, además de señalar que cerró su negocio en enero de 2020 (vide fs. 748/750 ant. adm cpo 4 ganancias, IF-2020-17950321-APN-DTD#JGM). Ello así, ante la falta de precisión respecto del comprobante con el que se intenta respaldar la deducción del importe obrante en la factura referida, cabe desestimar el planteo de la recurrente sobre este punto.
Acerca de los gastos relacionados con la facturación de telefonía móviles SA, que el Fisco validó los que figuran registrados a nombre del apelante, empleados y asociados, salvo por los meses de febrero a julio de 2016 que no aportó las facturas.
La actora se queja que el ente fiscal no circularizó a la compañía prestadora, lo cierto es que en esta instancia si bien se diligenció oficio a Telefónica Móviles S.A., el mismo fue contestado fuera de los plazos previstos a tal fin (vide PV-2022-134339245-APN-VOCX#TFN).
Tampoco se admitió la erogación relacionada con líneas que han sido dadas a empleados de clientes del estudio, al respecto la actora afirma que se vinculan con el desarrollo de su actividad dado que esas líneas corresponden a los domicilios legales donde recibe documentación y notificaciones de sus clientes que deben ser informadas al Estudio de manera permanente, y que otras dos líneas fueron facilitadas a los empleados de sus clientes más importantes para tener una conexión directa con el Estudio, sin cargo para la empresa. Del resultado de la informativa realizada, se evidencia que: a) el Sr. Marcelo Galmozzi, que desempeña como Presidente de la firma Arteko SA desde 2016, contaba con una línea de celular facilitada por el recurrente y cuyo costo de mantenimiento estaba a cargo del Estudio Contable, haciendo notar que la empresa referida fue constiuída por el Sr. Ricardo Robledo y la Sra. Silvina Steinbrun -esposa del recurrente- y que por la actividad que desarrolla resulta necesario e imprescindible el contacto permanente y fluido con el Sr. Robledo. Que lo informado no resulta concluyente para admitir el gasto pretendido dado que por la vinculación existente entre dicha sociedad y el estudio contable, no se entiende por que la erogación no es asumida por la empresa (IF-2022-52021906-APN- SGAI#TFN); b) el Sr. Diego Cuda, Gerente Administrativo de Automotores Haedo SA desde 2016, manifiesta que el Estudio contable del apelante le facilitó la línea de celular y se hizo cargo de los gastos, indicando que la Concesionaria es cliente del citado Estudio. Cabe señalar que lo allí precisado no agrega otros elementos a los que fueran tenidos en cuenta por el ente fiscal para efectuar objetar el gasto (IF-2022-52016618-APN-SGAI#TFN). Que sin perjuicio de que el oficio librado a la empresa de telefonía, los datos allí brindados tampoco son relevantes para desvirtuar el criterio fiscal.
Asimismo, en cuanto a la compra de equipos celulares que el ente fiscal los activó como bienes de uso con la deducción correspondiente por depreciación, sobre lo que la actora plantea que no corresponde su activación y amortización, por tratarse de bienes que se consumen durante el mismo ejercicio fiscal. Al igual que se expuso ut supra, al referirme a la amortización de la impresora, tampoco en este caso demostró que deba aplicarse un cómputo acelerado de depreciación. Que por lo expuesto, procede admitir los ajustes realizados sobre estos items. Objeta también la impugnación de la deducción de importes por telefonía fija -Telefónica de Argentina SA-. en tanto el Fisco se basa en que el servicio es prestado en un domicilio distinto al del Estudio Contable y que la factura fue emitida a consumidor final Factura B, indicando que las copias de correos que acompaña donde pide el traslado de la líneas al domicilio fiscal corresponden al 2018, es decir con posterioridad al período analizado. Al respecto, la actora expone que se trató de una transferencia de línea y que la misma incluía el servicio de internet, si bien se oficio al Consejo Profesional de Ciencias Económicas a fin de corroborar los domicilios declarados para su actividad a fin de que informe en qué lugar prestaba el servicio de internet que se encontraba a su nombre del suscripto durante el período 2016, lo cierto es que en ningún momento se precisa desde que fecha se efectivizó la mentada transferencia (oficio agregado como IF-2022-51739877-APN- SGAI#TFN); haciendo notar que si bien se diligenció oficio a Telefónica de Argentina S.A y éste fue contestado vencido en exceso los plazos fijados a tal fin (vide PV-2022-134339245-APN-VOCX#TFN ), lo cierto que en el se listan una serie de lineas telefónicas a nombre del recurrente y domicilio de prestación del servicio, pero no se indica que hubiera existido la transferencia de línea aludida por la recurrente.
En lo que hace a los importes de las pólizas de seguro -Federación Patronal Seguros SA- corresponde a una propiedad situada en un country y a un automóvil sobre el que se le aplicó el límite fijado por el límite establecido por ley, además de ponerse de resalto que las facturas están emitidas “a consumidor final” y por “ uso de vivienda” por lo que el Fisco entendió que no están afectados a la explotación unipersonal, indicando el recurrente, por su parte, que el gasto procede en tanto cumple funciones full-time incluso fines de semana. Que a tenor de lo consignado en las pólizas referidas, que ha sido puesto en evidencia por el ente fiscal, además de señalarse que en ellas consta que se trata de un “combinado familiar” y que el objeto del seguro es “uso de la vivienda-habitación permanente”, al igual que la relacionada con el vehículo que se establece que el destino es “particular” (vide fs. 455/458 cpo 3 ant ganancias – IF-2020-17966233-APN#JGM), por lo que la probanza allegada y los argumentos rendidos por la actora no resulta relevantes para desvirtuar el criterio fiscal.
También se impugnaron los gastos de Gas Natural Ban SA y Telecentro SA por estar emitidas las facturas como B. Sobre estos items no se produjo prueba adicional por lo que cabe estar a lo decidido por el ente fiscal, dado que los argumentos vertidos por la actora al respecto resultan ser simples manifestaciones sin justificación suficiente. Acerca del gasto correspondiente a los pasajes adquiridos a Despegar SA para él, su esposa y dos personas más - que serían clientes del estudio-; por un lado el recurrente alega que se trató de un viaje comercial para evaluar la posibilidad de desarrollar negocios de importación y exportación, y se queja de que sólo se admitió el costo de su pasaje. Como prueba de sus dichos, el apelante solo ofreció un oficio dirigido a la Sra.
María Guadalupe Pérez Ugidos y el Sr. Leandro Alberto Meyer, a fin de que informen si son clientes del Estudio Contable, desde cuándo, y los motivos del viaje realizado en el año 2016. Como resultado de tal medida, se encuentra agregado la respuesta dada por el Sr. Meyer a su nombre y el de su esposa, donde dice que son clientes del estudio desde hace 20 años y hace una reseña de las actividades que habrían llevado a cabo en ese viaje que califica de netamente comercial, pero no acompaña documentación alguna que avale sus manifestaciones. Si bien el asesoramiento se encuentra dentro de la actividad secundaria del recurrente, lo cierto es que más allá del oficio cursado no se aportó otro elemento que sirva para demostrarlo, esto es los honorarios cobrados al efecto o algún principio de ejecución del trabajo, constancias de las reuniones que se habrían llevado a cabo, nótese que según el relato de la propia actora y lo expuesto en la respuesta al oficio referido, no se da precisión alguna sobre el motivo por el cuál la esposa del apelante habría concurrido a las negociaciones a las que se hace mención.
Que, teniendo en consideración que las personas físicas desarrollan otras actividades además de las vinculadas con la obtención de ganancia, la separación de un gasto personal (vg. una invitación por razones de amistad que no trascienden la esfera íntima y personal de la contribuyente) con un gasto vinculado con la obtención de ganancias puede no estar del todo claro; no obrando en este caso la existencia de pruebas fehacientes que permita enlazar a los gastos impugnados con la obtención de ganancia gravada y, por exclusión, separarlos del gasto de consumo. En el caso concreto, no es posible afirmar que los montos que la contribuyente pretende descontar hayan sido realizados con la finalidad de obtener, mantener o conservar la fuente.
En esta línea la necesidad de documentar todos los actos que involucren al contribuyente sólo puede resultar en su propio beneficio, todo ello a fin de evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo -como ya se dijo-, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del ente fiscal. Que si bien este Tribunal -conf.art. 164 de la ley de rito- tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, es jurisprudencia pacífica que ello no implica llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal, a lo que se agrega que las estimaciones de impuestos efectuadas de oficio gozan, en principio, de legitimidad e incumbe a quien las impugna demostrar fehacientemente los hechos en que sustenta su pretensión. Que de seguirse otra tesitura “la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos” (conf. CSJN - in re “Romero SA”, sentencia del 8 de febrero de 2005).
Como consecuencia de lo expresado, corresponde confirmar el criterio fiscal plasmado en la determinación de impuesto recurrida en autos.
VIII. Sobre el agravio formulado por la actora sobre el cálculo de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los intereses resarcitorios constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio".
Que la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses . Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más los agravios expuestos por los recurrentes. (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005)
Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Cittibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
VIII. De acuerdo a lo decidido precedentemente, corresponde analizar los agravios vertidos con relación a la multa aplicada en el acto apelado, en los términos del art.45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.). Que el art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o vigente al momento de la infracción) disponía que: “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas será sancionada con una multa graduada entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar,.....siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable...”, es decir que el aspecto material de la infracción requiere de un resultado disvalioso, esto es la omisión del pago, mediante la falta de presentación de las declaraciones juradas o su inexactitud.
Si bien es correcto que las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción (doctrina de Fallos 271:297; 303:1548; 322:519), el artículo 45 de la Ley Nº 11.683 no exige una intención dolosa, sino que resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A. c/ DGI", Sala II,del 28/06/2007; "La Rueca Porteña SA c/ AFIP – DGI", Sala IV, del 27/10/1998) y es la actora quien debe demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que se produce en las infracciones tributarias.
En este sentido, cabe resaltar que en el caso de autos la actora no demostró mediante la prueba la ausencia del elemento subjetivo en el obrar que se le imputa. Respecto de la aplicación de la figura del error excusable cabe adelantar que la misma no procede toda vez que para que se configure éste debe ser esencial e inculpable y las razones invocadas por el recurrente no poseen la entidad suficiente para demostrar un accionar diligente que lo llevara a creer razonablemente que su conducta no lesionaría el interés del erario (conf. “Capri Muebles S.R.L.” CNACAF Sala II, de fecha 28/4/94). En tal inteligencia quien pretenda exculpar una conducta, que resulta violatoria de los mandatos impuestos por las normas jurídicas, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de aquella, deberá acreditar fehacientemente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta (CSJN in re “Krill Producciones Gráficas S.R.L.” del 8/6/1993, voto de los Dres.
Belluscio y Petracchi), circunstancias que no se dan en los presentes autos. Que de acuerdo con las circunstancias analizadas en el presente decisorio, considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurada la sanción impuesta, no habiendo elementos que justifiquen su eximición.
IX Por todo lo expuesto, voto por confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Del resultado de la votación que antecede, SE
1. Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $94.424 (pesos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro) equivalente a 9,08 (nueve con 08/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $236.061 (pesos doscientos treinta y seis mil sesenta y uno) equivalente a 22,70 (veintidós con 70/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Acordada N°25/2022 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular los honorarios del contador Juan Ignacio Estévez por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $50.052 (pesos cincuenta mil cincuenta y dos) equivalente a 4,81 (cuatro con 81/100) UMA la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°25/2022 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2023.02.03 16:23:34 -03:00 Date: 2023.02.06 15:08:21 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.06 15:36:35 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.06 15:36:36 -03:00
Fin de la sentencia