Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello comparto con la sentencia que el despido ha sido proporcional y razonable. En efecto entiendo que es razonable una política de tolerancia cero para integrar una masa laboral en tareas peligrosas como no es confiable una persona que incurre en consumo de drogas en cualquier actividad pero más en la industria minera donde cualquier procedimiento mal ejecutado puede llevar al desastre, como es peligroso el consumo de alcohol o drogas en la conducción de vehículos terrestres, aéreos o marítimo o como lo es en cualquier en casi cualquier actividad. Quiero señalar que el control de alcohol y drogas por parte de la empleadora en actividades riesgosas no es lesivo a derechos laborales pues tiende a proteger la integridad física del resto de los trabajadores, de extraños, del propio trabajador o de bienes.
Demostrada a mi juicio la falta de razón en las imputaciones analizadas se ha dejado hueco de contenido a los agravios vertidos que propongo sean rechazados sin que las conclusiones finales agreguen fundamento para una solución distinta. Ello con costas al demandado vencido conforme el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC de aplicación en los juicios laborales por envío del art. 121 de la ley 1444).
Propongo al Acuerdo responder en forma afirmativa a la segunda cuestión propuesta. Es mi voto.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda; Expte. Nº9102/25 Sentencia: Definitiva Actor: Robles Facundo Demandada: Estelar Resources S.A.
Objeto: Laboral Fecha: 18-12- 2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 18 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “ROBLES, Facundo c/ ESTELAR RESOURCES S.A. s/ laboral” Expte. Nº1370/24 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Puerto Deseado e ingresados en la instancia bajo el Nº9102. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda Isabel Bard y Horacio M.J. Fernández para resolver las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿La demandada mantuvo el recurso contra la apertura a prueba interpuesto en PE1525313/ 2024 que se tuvo presente con efecto diferido en PE926044/2024? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la parte demandada había interpuesto en PE 1525313/2024 recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el auto de apertura a prueba de PE 923173/2024 que se tuvo presente con efecto diferido en PE 926044/2024. El art. 91 de la ley 1444 impone la carga de mantenerlo mediante el sólo requisito de expresar los agravios correspondientes cuando se dicta la sentencia definitiva dentro del mismo plazo fijado para la apelación de esta. Si bien en el considerando VII de la sentencia se expresa que conforme la forma que se resuelve los presentes declara abstracto su tratamiento resolver en definitiva corresponde a este tribunal si la parte lo hubiera mantenido. Sólo hubiera podido denegarlo si no se mantenía en la instancia después de la sentencia. La recurrente no mantuvo el recurso diferido en el plazo y la oportunidad indicada en los arts. 90 y 91 de la ley del rito por lo que corresponde por aplicación de lo dispuesto por el art. 92 de la ley 1444 denegar el recurso sin más trámite. Así propongo al Acuerdo que se proceda.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
II. La solución propuesta por el preopinante es la que indica la ley del rito que se indica. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que Facundo Martín Robles promovió en PE 1329287/2024 demanda laboral contra ESTELAR RESOURCES S.A. por cobro de indemnización por despido incausado y la prevista por el art. 2 de la ley 25.323 y el art. 45 de la ley 25.345. Da su versión de los hechos, plantea inconstitucionalidades y realiza consideraciones sobre el consumo, la privacidad, las pruebas realizadas por la patronal y la realizada por el interesado, que se tienen presente, ofrece prueba y funda en derecho. A la audiencia del art. 47 de la ley 1444 comparece solamente la demandada lo que impide su realización (ver PE 1430540/2024) y la accionada representada por la Dra. Rocío S. Marsicano en PE 1432123/2024 contesta la demanda formulando negativas que se tienen presente.
Se refiere a la actividad normal y específica (explotación minera). Indica el ingreso del actor bajo las órdenes de su representada en la categoría 1 avanzado del CCT AOMA detallando sus tareas pero su comportamiento ha sido incompatible con los cánones respecto de alcohol y drogas de la empresa que era conocido por el actor. Relata que el 16/11/2023 aproximadamente a las 17hs, 55' la Dra. Claudia Patricia Abud jefa del servicio Médico procedió a realizarle una prueba al actor que dio resultado positivo de droga en orina. De documental que acompaña surge que dio positivo a cocaína y afirma que ha cumplido con los procedimientos dispuestos en la política de la empresa y que el positivo en droga lo fue para cocaína.
Ello fue ratificado en la contraprueba. Expresa que el test del actor fue de manera aleatoria y que el protocolo tiene a velar en primer término por la integridad física de los trabajadores y la necesidad de trabajadores aptos. Desconoce la documental acompañada por el actor e impugna la liquidación pues se lo despidió en los términos del art. 242 de la LCT y los rubros en términos y citas de jurisprudencia que se tienen presente se opone a prueba. En PE 923173/2024 se abre la causa a pruebas y producida la obrante en autos en PE 1897451/2025 se fija audiencia de alegatos haciendo uso de ese derecho ambas partes con las piezas de PE1895407/2025 la actora y de PE 1984735/2025 la demandada. En PE 1897451/2025 se dicta el llamado de autos a sentencia y firme en PE1853649/2025 se ponen los autos a despacho a esos efectos.
La sentencia fue instrumentada en PE 1974912/2025 y ella resolvió: rechazar la demanda interpuesta por Facundo Martín Robles; rechazar el plateo de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432; impuso las costas por su orden (art. 68 del CPCC por remisión de la ley 1444) y difiere la regulación de honorarios hasta tanto la sentencia se encuentre firme. Dispuso además registrar la sentencia y notificarla.
IV. Que en cumplimiento del mandato la Dra. Maura Noemí Cabaña, en representación del actor, disconforme con la sentencia interpone en PE 1981452/2025 recurso de apelación, que funda expresando los agravios que la sentencia le causa y haciendo reserva del caso federal. El recurso se le concede en PE 1182264/2025 libremente y con efecto suspensivo y dispone correr traslado.
La apoderada de la demandada la Dra. Rocío S. Marsicano en PE2002469/2025 contesta el traslado, pide la deserción del recurso y contesta los agravios vertidos. En PE 1193270/2025 se tiene por contestado el traslado conferido y se ordena eleva los autos. Estos se reciben con sobre de documentos conforme PE 1201510/2025 y en PE 2020352/2025 se llama autos a sentencia y se dispone el orden de estudio.
V. Que la Dra. Maura Noemí Cabaña en PE 1981452/2025 fundamenta su recurso en graves falencias que atribuye a la sentencia entre ellos no tratar planteos oportunamente deducidos, en falta de motivación suficiente, en la presencia de afirmaciones dogmáticas, en la prescindencia de análisis de prueba que entiende decisiva y por lesionar la garantía del debido proceso y el derecho de defensa con cita de doctrina.
Con esta base se agravia en primer término (Ver letra A) en calificar la sentencia de infundada, arbitraria y violación de principios constitucionales y lo desarrolla en términos que se tienen presentes.
En el segundo agravio (letra B) plantea la nulidad de la causal de despido por inexistencia de prueba cierta, violación de los arts. 242 y 243 de la LCT y afectación del derecho defensa.
En el tercer agravio (identificado como letra C) ataca la sentencia por incumplimiento del protocolo interno y vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento de control. Enumera los incumplimientos que a su juicio considera irregularidades y no fueron valoradas.
En el cuarto agravio (identificado con la letra D) plantea la nulidad del protocolo empresarial por falta de homologación administrativa y ausencia del control de legalidad. Considera que el ordenamiento legal establece una jerarquía de normas que limita la potestad del empleador para dictar normas internas que deben respetar los derechos fundamentales del trabajador con cita de jurisprudencia.
En el quinto agravio (identificado con la letra E) se queja por lo que considera constituye arbitrariedad en la valoración de pruebas con respecto de omitir considerar el resultado negativo de una prueba realizada por un laboratorio particular y legitimación de un test sin garantías, con invocación de la pericia del Laboratorio Regional de Investigación Forense del Poder Judicial. Califica de maniobra patronal sustentada en controles espurios y sin respaldo técnico y entiende que la resolución apelada es jurídicamente insostenible. El ataque contra la sentencia desarrollado en el sexto agravio (identificado con la letra F) se centra a juicio de la recurrente en una incorrecta valoración de la prueba testimonial por falta de imparcialidad y contradicciones evidentes que desarrolla en términos que se tienen presente.
En el séptimo agravio (Letra G) se queja por lo que califica de injustificada imputación de mala fe al trabajador y por validación de un despido fraudulento.
Finaliza su memorial de agravios con conclusiones finales donde sostiene la necesidad de revertir un fallo arbitrario y de poner freno a la práctica empresarial lesiva de derechos laborales. Reserva el caso federal.
VI. Que a su turno la Dra. Rocío S. Marsicano, en representación de la parte demandada, contesta los agravios con el memorial de PE2002469/2025. En primer lugar solicita se declare la deserción del recurso de la contraria y afirma que los presuntos agravios son meras disconformidades o desacuerdos con el análisis efectuado por la Sra. Jueza. En subsidio contesta los agravios efectuando primero un análisis de la sentencia para, acto continuo, con relación al primer agravio sostener que se invoca que hubo irregularidades sin mencionar cuales son, como se habría probado y donde se encuentra la irregularidad. Se sostiene la ausencia de homologación que no es necesaria y remarca que el actor tenía conocimiento del procedimiento de Control de Consumo Problemático de Sustancias Prohibidas conforme prueba testimonial, confesional y caligráfica. Afirma que se valoró la prueba científica, que no era obligatorio la conservación de las muestras y que el supuesto test independiente no lo es pues, de independiente no tiene nada, que se trata de un test de parte. Recuerda que la sentencia valoró las declaraciones testimoniales. Respecto del segundo agravio enumera las circunstancias que han quedado acreditadas teniendo en cuenta las constancias de la causa y realiza citas de jurisprudencia que se tienen presente y realiza referencia a la sentencia en crisis en aspectos que destaca.
Se analiza el tercer agravio señalando que no existe a nivel nacional o provincial que regule los controles toxicológicos para que estos resulten válidos. Afirma que es equivocada la enumeración de los supuestos puntos esenciales no cumplidos en el marco del protocolo de la empresa. Y los analiza uno por uno para demostrar que se habían respetado o que era falaz la afirmación. Remite también a la respuesta al quinto agravio.
Al responder al cuarto agravio reitera que el protocolo de la empresa no necesitaba ser homologado administrativamente y por lo tanto no resulta nulo y resulta un capricho del actor para endilgar a la empresa empleadora incumplimientos inexistentes toda vez que el protocolo resulta plenamente válido. No obstante señala que era de conocimiento administrativo.
Al contestar el quinto agravio sostiene que no existió arbitrariedad en la valoración de las pruebas ni se ha legitimado un test sin garantías. Indica que se acreditó no ser necesaria una reglamentación que determine cómo se deben hacer los protocolos ni necesaria la homologación. Afirma que se repiten frases con sustento en una prueba inexistente en esta causa por cuanto el test de parte no se re realizó en un laboratorio independiente toda vez que su parte no estuvo representada ni presente en el momento de efectuarse el mismo, y que se requería que el laboratorio debió ser elegido por ambas partes y estar presentes en la toma de la muestra. Plantea el rechazo del sexto agravio por cuanto la sentenciante expresamente consideró el carácter de dependientes de los testigos y valoró su idoneidad para no descalificarlos con cita de jurisprudencia.
Discrepa con la actora al responder al séptimo agravio pues entiende que existió mala fe al desconocer el protocolo para el control del consumo problemático de sustancias prohibidas (alcohol y drogas), negó sus alcances y tener conocimiento o haber sido notificado de su contenido y alcances. Negó también consumir drogas e incluso que la empresa no tenía que inmiscuirse en sus decisiones personales y dice que el detalle de supuestas actitudes de buena fe que realiza el actor son todas mentiras o no surgen de su reclamo y cita jurisprudencia. Formula a su vez conclusiones para pedir el rechazo de los agravios y la confirmación de la sentencia con costas. Reserva el caso federal.
VII. Que antes de analizar los agravios, para ordenar mi voto, debo rechazar la pretensión de la demandada de declarar desierto el recurso de la contraria con el argumento de constituir una simple disconformidad o desacuerdo con la sentencia.
A estos fines me permito recordar que el art. 91 de la ley 1444 en su segundo párrafo establece:
“… El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que el apelante considere equivocadas para lo cual no bastará remitirse a presentaciones anteriores. Si no se cumpliere este requisito el tribunal de alzada declarará desierto el recurso.”
Como sabemos ello es así, por cuanto, el ámbito de conocimiento de los tribunales de alzada tienen una doble limitación: la primera se encuentra en las pretensiones de las partes en sus escritos de demanda y responde y la segunda está dada por la medida de los agravios y deriva de los principios dispositivos y de congruencia. En la clásica obra colectiva de Morello, Sosa y Berizonce: “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación” cuarta edición ampliada y actualizada podemos leer: “Es ineludible que esos escritos mediante los cuales se funda o motiva el recurso según haya sido concedido libremente o en relación, deben contener una crítica razonada, objetiva, precisa y seria de los errores que se atribuyen al fallo de primer grado denunciando en qué consisten ellos, punto por punto.
Las consecuencias que se derivan para el apelante de la inobservancia de estas reglas son de extrema gravedad: a) Aun cuando se hubiere apelado el fallo en todas sus partes, quedan consentidas aquellos respecto de los cuales no se expresan- con suficiencia técnica- agravios; b) La idoneidad de la crítica debe autoabastecerse en el propio escrito de agravios (o en el memorial), sin que puede sustituirse con remisión a motivos o argumentos explicitados en primera instancia (en el alegato o en otros actos); c) Frústrase su rol, si la crítica se reduce a discrepancias o afirmaciones genéricas que no destruyen el raciocinio del a quo. … Pese a lo que acabamos de puntualizar, no hay módulos predeterminados para conceden en abstracto, el visto bueno a un escrito, considerándolo idóneo, desde el punto de vista formal, como expresión de agravios.
La preservación del derecho de defensa ve con malos ojos que se extreme el formalismo, vaciando el sentido de la administración de justicia. La jurisprudencia ha calibrado razonablemente el margen en que debe moverse la cuestión. De allí que se haya puntualizado, con acierto: a) que la brevedad -o el laconismo- de la expresión de agravios no autoriza a dar por desierto el recurso (que en la mayoría de los casos habrá de beneficiar en su poder crítico, a diferencia de los inacabables discursos reiterativos y carentes de sus notas propias); aun incompleta, si llega el ataque a satisfacer el fin que le está asignado dentro del ámbito de la apelación, vale como expresión de agravios.” (Obra citada cuarta edición tomo IV páginas 89/90) Este tribunal con distintas integraciones ha sostenido esta posición y somos renuentes en la aplicación de la sanción de deserción por inidoneidad como una forma fácil de rechazar un recurso, herramienta reservada para casos extremos.
Debe ser inidóneo y técnicamente incompleto el escrito para aplicar esa sanción. Ello sin perjuicio que, aun superado este filtro, no se admita el recurso en la sentencia. El esfuerzo de los letrados merece consideración. Más en este caso en que, quien solicitó la sanción debió destinar 39 carillas a contestarlo, y donde la parte actora recurrente se ha expresado con un discurso jurídico señalando los errores que, a su entender, imputaba a la sentencia.
Por ello propongo al Acuerdo rechazar la pretensión del camino fácil de declarar la satisfacer el pedido de deserción del recurso con que comienza la demandada su memorial de contestación de agravios vertido en PE 2002469/2025.
VIII. Que resumidos los agravios vemos que el actor invoca lo que califica como irregularidades, tachando a la sentencia de infundada y arbitraria, violación de principios constitucionales, prescindir de análisis de irregularidades que entiende flagrantes en el procedimiento biológico de determinación de la presencia de drogas, falta de homologación del protocolo interno, inexistencia de prueba científica, omisión de tratamiento, falta de motivación suficiente, prescindir de prueba decisiva, la falta de conservación de las muestras y los casetes además de parcialidad en la valoración de las testimoniales. En lugar de haber reducido el número de los agravios, estas cuestiones vuelven a tratarse en cada agravio una y otra vez. Ello repercute en la extensión de los agravios que como lógica consecuencia influye en la extensión del escrito con que se contesta los agravios. Con estos ataque contra circunstancias de hecho se ataca la sentencia de no hacer un análisis profundo y ajustado a las circunstancias de autos se limita a fórmulas vacías y afirmaciones dogmáticas sin motivación concreta ni adecuada derivación de los hechos probados, omitiendo abordar planteos conducentes introduciendo en varios agravios circunstancias de hecho o argumentos repetidos.
Por ello entiendo que corresponde analizar si son exactos esos ataques en que se fundan los agravios sin necesidad de repetirlos analizándolos uno por uno antes de una conclusión final.
Uno de los ataques se apoya en la omisión de valoración del resultado negativo. Se relaciona el agravio con un examen practicado en el laboratorio del Centro Médico Santa Cruz que se digitalizó con la demanda fechado el 17/11/2023 que se sostiene arrojó resultado negativo para todo tipo de drogas (marihuana, Benzodiacepinas y cocaína) lo que afirma que el trabajador no consumió sustancia alguna. El sello está borroso y pertenecería a Navarro con nombre ilegible, Bioquímica MPP BO- con número de matrícula que puede corresponder al 392. En realidad ese análisis indica solo resultado negativo a cocaína y cannabinoides, no para todo tipo de drogas como se pretende en agravios. El protocolo de control de drogas agregado en PE 1432123/2024 en el apartado 4.1 define: “Droga: se refiere a cualquier tipo de sustancia ilícita, tales como marihuana, cocaína y sus derivados, anfetaminas, barbitúricos, y demás narcóticos, hojas de coca (“coqueo”), como también medicamento a sustancia psicoactiva lícita, adquirida son o sin receta médica, que al ser usada en forma desregulada y/o abusiva afecte el normal desempeño del trabajo….” En el párrafo 4.2 se incluye al alcohol, y en el párrafo 6.7 se incluye un listado de drogas prohibidas: “clorhidrato de cocaína (en todas sus formas, inyectada o aspirada o aplicada en mucosas, paco). Marihuana, cannabinoides, heroína, éxtasis y cualquier droga de diseño. Psicofármacos, benzodiacepinas, antidepresivos, hipnóticos, antiepilépticos (excepto los recetados y notificados al servicio médico con anterioridad). Las hojas de coca (el “coqueo”)”. Hecha ésta aclaración se observa que la parte no convocó como testigo a la bioquímica que realizó esa pericia de parte que hubiera permitido a la contraria repreguntarle, sino que optó por oficiar al Centro Médico Santa Cruz que responde en una pieza instrumentada en PE1823087/2025 emitida por el Dr. Paulo Luis Schmidt, su apoderado para juicios y causas administrativas, y lo contesta según los registros de la firma GIMBA S.A.
Pero no se refiere en los registros constancias que ese estudio hubiera contado con control de la demandada en el estudio del cromatógrafo o en la toma de la muestra. Es un estudio de parte y esa falta de control le priva de fuerza de convicción toda vez que no surge de los registros del Centro Médico Santa Cruz si el actor llevó al laboratorio la prueba, si esta fue manipulada o contaminada y eventualmente si la bioquímica controló la toma de la muestra o si no fue obtenida dentro del laboratorio. Ello no surge ni puede surgir de los registros. Por otro lado el Dr. Schmidt al contestar hace referencia a los registros de la firma GIMBA S.A. sin explicar la relación con el Centro Médica Santa Cruz, o si es apoderado también de esa firma. La documental acompañada por el actor fue desconocida al contestarse la demanda circunstancia que le imponía la carga de la prueba de ella. Pretende la actora que la prueba que ella realizó sin control de la empleadora ni de la obtención de la muestra le quita validez a la prueba tomada al ingreso al lugar de trabajo cuando el actor resultó seleccionado aleatoriamente para someterse a control de alcoholemia y drogas al ingreso de un turno de 14 días. No se trató a mi criterio de un control espurio realizado por la patronal.
Pero lo concreto es que se cuenta con la prueba pericial emitida por el Laboratorio Regional de Investigaciones Forense de este Poder Judicial, cuyos profesionales han prestado juramento de ley en su ingreso al poder judicial, y por tanto no deben prestar juramento en cada expediente. Se trata de prueba solicitada por el actor y ha sido contundente al responder sobre la fiabilidad y precisión del test utilizado contestó: “Los inmunoensayos son métodos fiables y precisos para la detección de drogas en el cuerpo. Sin embargo para confirmar resultados positivos, se utiliza la cromatografía de gases- espectrometría de masas (GC-SM) que es considerada el estándar de oro debido a su alta especificidad y sensibilidad” Por otro lado dictaminó que: “El procedimiento correcto incluye la recolección de muestra en un recipiente estéril, asegurando que la muestra no se contamine y se almacene adecuadamente a 4º C para análisis a corto plazo o a -20ºC para almacenamiento a largo plazo.” Y que: “El método utilizado por la empleadora, que incluye la recolección de la muestra de orina se ajusta a los procedimientos establecidos para el control de estupefacientes.” Luego sin perjuicio de la pericia de parte tenemos que el procedimiento empleado por la patronales fiable y preciso y dio positivo tenemos que el trabajador violó la tolerancia cero que imperaba en la empresa empleadora. Ello sin perjuicio de un resultado negativo al día siguiente desde que no se sabe el día del consumo o el control de la muestra.
El actor ataca la pericia fundado en que no se había conservado la muestra lo que no es atendible. La Dra. Claudia Patricia Abud al declarar (ver acta en PE1635609/2024) dijo al contestar sobre la ampliación: “La muestra de orina se desecha porque es un compuesto biológica contaminante, los kits una vez que se confirmó el resultado se saca una foto con el resultado, previo se identifica el Kit con un fibrón con la sigla del nombre de la persona y luego se desecha porque también contiene material biológico contaminante. Se desecha como residuo patológico. Igual quiero aclarar que el Kit pierde definición una vez pasados quince minutos y deja de tener validez, por eso se hace la foto.” Esa solución es coincidente con el protocolo de Control de Consumo Problemático de Sustancias Prohibidas (alcohol y drogas) PE 1432123/2024 se refiere a la disposición de residuos patológicos en el párrafo 6.7.
La representación de la actora ataca la valoración de los testigos de la parte demandada sin mencionar que la sentencia había rechazado la imputación de falta de idoneidad del testigo Arnaldo López y al hacerlo señaló que la circunstancia que el testigo preste servicios para la empresa demandada no es óbice para no considerar su declaración y con invocación del art. 67 de la ley 1444 señaló que se admite la que los dependientes declaren por ser estos quienes pueden llegar a tener un mayor conocimiento de los hechos mientras no se demuestre el error ni se descalifican por presentar presuntas contradicciones que se planteen que se deben analizar a la luz de la sana critica. Ataca el testimonio de la Dra.
Claudia Patricia Abud porqué manifestó conocer al actor por su asistencia frecuente al servicio médico y no recordó quienes se encontraban presentes ni que funciones cumplían. Ello descalifica al testigo: Puedo haber sido testigo de un hecho que involucra a una persona conocida víctima de un hecho grave incluso prestarle los primeros auxilios pero no recordar quienes estaban presentes. El testigo Carlos Andrés Suarez era policía adicional no conoce al actor y cree al responder a la cuarta que cree que fue porque le dio positivo el test de ingreso. El testigo a mi juicio ha sido veraz: si no conocía al actor no puede saber por qué dejó de trabajar. Por ello dice que cree. El testigo cumplía tareas de adicional en turnos de doce días y declara sobre los controles en general no sobre el caso particular del caso de Robles y sus dichos coinciden con el resto de la prueba y así en el caso particular manifiesta no recordar pero al responder la pregunta anterior, la número 15 señala las personas que estaban presentes al realizarse los testeos.
Se cuestionó la declaración del testigo Juan Manuel Moyano Abeiro quien se desempeña como Supervisor de Seguridad Patrimonial de la Empleadora quien declara no conocer al actor ni las tareas ni el sector en que trabajaba y luego que sabe que le dio positivo el test de alcohol y drogas y que lo sabía porque lo vio en el listado de positivos. Y el testigo no ha mentido en estas declaraciones. Y hay constancias de estas declaraciones en la prueba de las constancias del acta de examen a que fue sometido el actor. El testigo Arnaldo López (y no Carlos Andrés en realidad Carlos Andrés es de apellido Suarez) Supervisor de Relaciones Laborales por este error de persona vuelve a ser atacado. Al contrario de lo expuesto en agravios sí declaró conocer al actor donde trabajaba y en que sector trabajaba.
No presenció el testeo pero estaba en el puesto uno y se le informó al terminar el procedimiento y detalla quienes estuvieron presentes en ese control. Hay un error de persona en el testigo cuyos dichos se atacan. Como se advierte se pretende atacar la declaración de estos testigos pretendiendo que existen falsedades en sus dichos. No hay tampoco falta de idoneidad. Cabe señalar que la parte actora no concurrió a la audiencia de los testigos para repreguntar utilizando un recurso que le otorga el rito.
Otro de los aspectos atacados por la esforzada representante del actor y sostiene que se imputa a la empleadora incumplimiento de los aspectos esenciales del protocolo vulnerando así garantías mínimas del control toxicológico en el ámbito laboral. Se refiere a no haberse realizado primero mediante un hisopado de saliva y de resultar positivo practicarse la contraprueba con orina, bajo condiciones de bioseguridad, con cadena de custodia y participación de profesional calificado que sostiene no se cumplieron. Que no se haya comenzado con un hisopado de saliva como sostuve en otra causa, no quita ni pone rey como dice el dicho. Lo concreto que se realizó un primer análisis con muestra de orina y luego después del análisis de alcohol la contraprueba también con orina con reactivos que responden a distintas drogas. El protocolo establece que si la primera prueba daba negativo no se hacía la contraprueba que se realizaba con presencia de profesional (la Dra. Abud en este caso) cuando el test daba positivo. Se ataca no haber realizado primero el hisopado con muestra de saliva. El protocolo no imponía un orden y la Dra. Abud los exámenes dependen de la disponibilidad de kits de drogas:
“que de acuerdo al procedimiento pueden ser de saliva u orina de acuerdo con la disponibilidad del mercado ya que los mismos son importados. El área de compras cuando tiene alguno disponible para la compra me notifica a mí para darle validez en cuento al laboratorio y a su feche de vencimiento, todos los kits están aprobados por ANMAT y se verifica la fecha de vencimiento, si no cumplen con estos requisitos no se realiza la compra.” Ello es corroborado por el testigo Juan Manuel Moyano Abeiro que explica al responder la pregunta 14: “… la disponibilidad de casette de orina o de saliva es de acuerdo a lo que se consiga en el mercado, si no consigue el test de saliva se hace con el de orina, son productos importados.” Ello no perjudicó al actor toda vez que el Laboratorio de Investigación Forense en PE 1716546 al referirse a la diferencia de ambos test en su pericia informaba:
“En la muestra de saliva se puede detectar el consumo reciente de drogas, generalmente de los primeros minutos hasta 24 horas después del consumo. En cambio, en la orina, las drogas se detectan en un período más prolongado, que puede variar desde varios días hasta semanas, dependiendo de la sustancia. Es posible que si la persona ha consumido drogas recientemente, la prueba de saliva resulta positiva, mientras que la de orina no, ya que la droga aún no ha sido metabolizada y por lo tanto no aparecerá en la orina”. En otro punto el laboratorio había sostenido: “El método utilizado por la empleadora, que incluye la recolección de muestras de orina se ajusta a los procedimientos establecidos para el control de estupefacientes.” Ergo esta crítica no conmueve la sentencia.
Pretende la parte recurrente que se habría violado las condiciones de bioseguridad por haberse tomado las muestras en un baño, sin medidas de higiene ni privacidad, bajo observación de personal de seguridad. A mi entender no afecta exactitud la toma de las muestras de orina en el baño. A los deportistas profesionales la muestra se toma en un baño. La muestra se toma en un recipiente estéril por lo que no hay problema de contaminación salvo accionar del propio interesado. Precisamente por ello la puerta se mantiene entornada y bajo observación. No tengo razones científicas que avalen una impugnación de la prueba por el lugar de toma de la muestra. No deber afecta la intimidad de un hombre orinar con la puerta abierta, habida cuenta que por lo general los baños públicos son amplios para varios usuarios en los mingitorios. La toma se realizaba con la puerta entornada y controlando para dar seguridad. La declaración de los testigos señalan la utilización de los recipientes estériles de uso único para toma de muestras que se venden en las farmacias envueltos en celofán.
Se criticó la técnica al sumergir la tableta o tiras en la orina en lugar de recurrir a un gotero. Pero si consultamos el instructivo oficial de MONTEBIO en You Tube el procedimiento para utilizar el test de drogas de MONTEBIO versión 5 es abrir el sobre, retirar la protección de las tiras y se las introduce en la muestra. Luego de segundos se la extrae , se coloca la protección y en minutos aparece el resultado (más rápido el negativo 5 minutos) obteniendo un resultado que se puede observar hasta una hora. El procedimiento de toma de muestras sacar la protección de las cintas, introducirlas en la muestra para la prueba. Era realizado por una enfermera con matrícula profesional. Cuando daba positivo se llamaba a el médico de guardia (en el caso la Dra. Abud) con una nueva tableta. Finalizada la contraprueba se informó al actor quien firmó el acta respectiva sin que allí hubiera puesto reparos.
No surge del protocolo conservar las muestras y las tiras. Sobre esta objeción la Dra. Abud en PE 1635609/ 2024 al responder la ampliación por parte de la demandada indica:
La muestra de orina se desecha porque es un compuesto biológico contaminante, los kits… se desechan porque también contiene material biológico contaminante. Se desecha como residuo patológico. Igual quiero aclarar que el kit pierde definición pasados quince minutos y deja de tener validez…”
Lo concreto es que al actor se le determinó el consumo de drogas por test fiables. Por ello y tratándose de materia patológico, con cientos de controles mensuales y ser fiables los test utilizados no era menester la cadena de custodia.
Otro de los argumentos que se utilizan para sostener los agravios es la ausencia de homologación del protocolo. No es necesaria la homologación administrativa que se pretende como no lo sería un protocolo de vestimenta o de seguridad que prohíba fumar. El recurrente no funda en norma alguna la necesidad de homologación que pregona. Ello por otro lado no conmueve el resultado positivo a drogas que arrojó la prueba a fue sometido el actor resultado que como informa en su pericia el Laboratorio Regional de Investigación Forense en PE 1716546/2025: “Los inmunoensayos son métodos fiables y precisos para la detección de drogas en el cuerpo.” Y que “Ante un resultado positivo, la contraprueba debe realizarse lo antes posible, preferentemente dentro del mismo día.”
Es decir homologado o no lo concreto es que al actor se le detectó droga en el cuerpo.
A juicio del suscripto esa circunstancia, después de haberse dado a conocer a todo el personal y al actor concretamente la tolerancia cero al alcohol y drogas es una injuria que no permite la continuación de la relación laboral. No es invadir que privacidad pues peligrosidad las tareas que se realizan en la actividad minera, como es de público conocimiento requieren personal con todas sus aptitudes, sin la afectación por drogas o alcohol como la requiere el transporte de cosas y personas sea por tierra aire o mar. Por estas razones a mi juicio los agravios se vuelven inatendibles por no ser atendibles los ataques comunes utilizados indistintamente para sostenerlos. los analicé por separado que con esta base, que se transmite a los agravios que se apoyan en estos argumentos y motivan el rechazo de los mismos que propongo al Acuerdo.
Entiendo por último que no existió una injustificada imputación de mala fe hacia el trabajador. La parte actora contrataca sosteniendo que la empleadora exhibe una clara violación de los deberes de buena fe y lealtad contractual afirmando que retuvo al actor durante horas para luego enviarlo a su domicilio a altas horas de la noche notificándolo mediante escribana, que improvisó un procedimiento de test toxicológico irregular sin cadena de custodia y sin profesional habilitado, sin identificar la sustancia y sin resguardar las muestras para fabricar un aparente despido. Le imputa haber negado a recibir pruebas objetivas de descargo aportadas por el trabajador y destruyó las muestras y tableta utilizada impidiendo contraprueba independiente. Entiende que se incumplió su propio protocolo y desconoció los principios de razonabilidad. Varias de estas afirmaciones han sido analizadas precedentemente. Por ello debo señalar que no se retuvo al trabajador durante horas de la noche para luego enviarlo a su domicilio.
El yacimiento se encuentra a muchos kilómetros de la estepa patagónica como se puede ver en la página de la demandada y requiere un transporte que conozca la zona. Tanto es así que el testigo Arnaldo López al responder a la pregunta 25 contesta:
“Si, se le informó que no podía ingresar con un resultado positivo. Quedó en el puesto uno y se le gestionó la logística para trasladarlo a su localidad.
El testigo Juan Manuel Moyano Abeiro al responder la misma pregunta contesta:
“Tal como dice el procedimiento, al saber que el resultado es positivo evidenciado con los testigos se continua con el paso de organizar la logística para trasladarlo a su domicilio…”
En iguales términos se expresa la Dra. Claudia Patricia Abud al responder la misma pregunta:
“El personal del servicio médico le informa el resultado del procedimiento y el testigo de seguridad patrimonial lo retira de la oficina de control y se organiza con relaciones laborales la logística para su egreso del yacimiento, dando cumplimiento al procedimiento.”
En medio de la estepa patagónica no hay transporte en la puerta y se debe gestionar un transporte. Ello fácil es suponer que el traslado de una persona es más difícil que dentro de la ciudad y organizarlo requiere de un cierto tiempo aparte de la duración del viaje.
Cabe señalar que la notificación por escribano no resulta humillante. De autos no resulta que la empresa hubiera trasgredido la buena fe. El procedimiento y la tolerancia cero alcohol y droga fue del conocimiento todos los operarios y la empresa dio un plazo para los que tuvieran problemas de droga lo denunciaran y la empresa les proveyó terapia. De la prueba no surge una causal inexistente para despedir sin indemnización.
Quien no obró con buena fe ha sido el actor toda vez que si bien nadie está obligado a declarar contra sí, él ha realizado negativas que se demostraron contrarias tal negar tener conocimiento del protocolo de control de consumo problemático de sustancias prohibidas del que había tenido conocimiento no obstante haber sido notificado y participado de reuniones explicativas. Negó haber consumido y sostuvo que de haberlo hecho la empresa no debía inmiscuirse en sus decisiones personales o que para despedirlo no era suficiente el consumo.
Por ello comparto con la sentencia que el despido ha sido proporcional y razonable. En efecto entiendo que es razonable una política de tolerancia cero para integrar una masa laboral en tareas peligrosas como no es confiable una persona que incurre en consumo de drogas en cualquier actividad pero más en la industria minera donde cualquier procedimiento mal ejecutado puede llevar al desastre, como es peligroso el consumo de alcohol o drogas en la conducción de vehículos terrestres, aéreos o marítimo o como lo es en cualquier en casi cualquier actividad. Quiero señalar que el control de alcohol y drogas por parte de la empleadora en actividades riesgosas no es lesivo a derechos laborales pues tiende a proteger la integridad física del resto de los trabajadores, de extraños, del propio trabajador o de bienes.
Demostrada a mi juicio la falta de razón en las imputaciones analizadas se ha dejado hueco de contenido a los agravios vertidos que propongo sean rechazados sin que las conclusiones finales agreguen fundamento para una solución distinta. Ello con costas al demandado vencido conforme el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC de aplicación en los juicios laborales por envío del art. 121 de la ley 1444).
Propongo al Acuerdo responder en forma afirmativa a la segunda cuestión propuesta. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. Comparto el análisis efectuado y por ello que la sentencia la sentencia es justa. Adhiero al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
X. Que en función de las consideraciones vertidas propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Denegar el recurso diferido interpuesto en PE 1525313/2024 que se tuviera presente en PE 926044/2024. 2º) Rechazar la pretensión de la demandada al contestar agravios de declarar la deserción del recurso en los términos del art. 90 de la ley 1444. 3º) No hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora en PE 1981452/ 2025 y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. 4º) Imponer las costas de la instancia al actor en su calidad de vencido por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación de ellos en la instancia de grado. 5º) Tener presente las reservas del caso federal formuladas por ambas partes en PE 2002469/2025 y 1981452/2025. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XI. La propuesta se ajusta a lo establecido en el Acuerdo y resulta justo. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 18 de diciembre de dos mil veinticinco
Y
1. Denegar el recurso diferido interpuesto en PE 1525313/2024 que se tuviera presente en PE 926044/2024. 2º) Rechazar la pretensión de la demandada al contestar agravios de declarar la deserción del recurso en los términos del art. 90 de la ley 1444.
3. No hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora en PE 1981452/ 2025 y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. 4º) Imponer las costas de la instancia al actor en su calidad de vencido por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación de ellos en la instancia de grado. 5º) Tener presente las reservas del caso federal formuladas por ambas partes en PE 2002469/2025 y 1981452/2025. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Fernández no suscribe el presente por no existir disidencia a dirimir. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201074S.251 Tomo: CIV Sentencia: 3170 Folio Nº: 160/171 Secretaria: 1
Fin de la sentencia