Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 0700 42511 22
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación en tratamiento y, por ende, confirmar el auto en el cual se dispone la prisión preventiva respecto de Lucas Leonel Forciniti en orden al delito de robo agravado por el empleo de arma, con escalamiento y efracción en grado de tentativa en concurso ideal con resistencia a la autoridad (45, 54, 166 inc. 2° párrafo primero, 167 incs. 3° y 4° en función del 163 inc. 4° y 239 del C.P; 148, 157, 158, 171, 210 y 439 del C.P.P.).
MC C.N º 0700-42511-22; "FORCINITI LUCAS LEONEL S/ ROBO AGRAVADO POR SU COMISIÓN CON ARMA, CON EFRACCIÓN Y ESCALAMIENTO EN GRADO DE TENTATIVA EN CONCURSO IDEAL CON RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ".-
MC. causa nro. 07-01-542-23.
///mas de Zamora.-
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial, en el marco de esta causa nro. 07-00-42511-22 contra el auto de fecha 23/2/2023 mediante el cual se dispuso la prisión preventiva de Lucas Leonel Forciniti , en orden a delito de robo agravado por el empleo de arma, con escalamiento y efracción en grado de tentativa en concurso ideal con resistencia a la autoridad, en trámite por ante el Tribunal en lo Criminal N° 7 Departamental, y;
Que el auto mencionado viene apelado por el Sr. Defensor Oficial interviniente, quien expuso en su presentación electrónica los motivos de agravio y sus fundamentos.
Peticionó la recurrente, se revoque la medida de coerción dictada por la instancia de grado, alegando que su pupilo goza del estado de inocencia hasta tanto se pronuncie una sentencia definitiva de carácter condenatorio.
Resulta oportuno recordar aquí que el principio de inocencia rige durante todo el proceso penal y se mantiene incólume hasta la existencia de una sentencia condenatoria que expresamente indique lo contrario. Tal principio fundamental está contemplado tanto en el art. 18 de la Constitución Nacional como en el art. 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Siendo ello así es claro que toda privación de la libertad anterior a dicha sentencia, deviene excepcional y lógicamente debe aplicarse con carácter restrictivo, pues de lo contrario se estaría aplicando una pena anticipada.
En el ámbito procesal el art. 144 del C.P.P. establece que el imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la ley para decidir lo contrario.
De lo dicho hasta aquí se desprende que durante el proceso la regla es la libertad, habiendo previsto el legislador excepciones a esa regla con el objeto de asegurar que el justiciable se someta efectivamente al proceso, para salvaguardar la prosecución y la finalidad que el mismo persigue que es la averiguación de la verdad real y la aplicación del derecho sustantivo.
En consecuencia el fundamento esencial para mantener el encarcelamiento preventivo del imputado durante el proceso, es la existencia de los llamados peligros procesales, es decir, si en el caso existe peligro de fuga o de entorpecimiento en la investigación.
Estos peligros procesales pueden inferirse de distintas circunstancias como las que enunciativamente enumera el art. 148 del C.P.P..
Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que el legislador a través de las circunstancias mencionadas presume iuris tantum la peligrosidad procesal, también lo es que dicha sospecha puede ser neutralizada si concurren circunstancias singulares que demuestren con suficiencia que en el caso no existe un riesgo para la actuación de la ley si el imputado permanece en libertad. Obviamente debe tratarse de condiciones excepcionales cuya entidad permita efectuar dicha aseveración.
Ahora bien, tal como lo ha sostenido invariablemente esta Sala, el fundamento de la gravedad de la pena en expectativa así como la valoración objetiva del hecho imputado que lógicamente impedirían la aplicación de una eventual pena en suspenso, resultan pautas suficientes y válidas para mantener el encierro preventivo del encartado mientras dura el proceso (Conf. fallo de la Cám. Nac. Crim. y Correc. Sala II, 15-01-04).
De lo expuesto se colige que la magnitud de la pena en expectativa, resulta una pauta de valoración válida y suficiente por sí sola para fundar el encierro preventivo del imputado durante el proceso y que solo en los supuestos en que su prolongación temporal aparezca como irrazonable, debe acudirse a la valoración de otras circunstancias que concurran en el caso concreto para evaluar la razonabilidad de la extensión de la prisión preventiva.
En el caso en concreto, estos autos fueron requeridos a juicio oportunamente en orden al delito de robo agravado por el empleo de arma, con escalamiento y efracción en grado de tentativa en concurso ideal con resistencia a la autoridad (arts. 45, 54, 166 inc. 2° párrafo primero, 167 incs. 3° y 4° en función del 163 inc. 4° y 239 del C.P.), es decir, que el mínimo de pena aplicable para el caso en una eventual condena es de dos (2) años y seis (6) meses de prisión.
En virtud de lo expuesto, si bien de los informes emitidos por el Registro Nacional de Reincidencia, surge que el causante no registra condenas penales anteriores, lo cierto es que al día de la fecha, la magnitud de pena en expectativa es la reseñada precedentemente, sin perjuicio de lo que hubiere en caso de conformidad de la contraparte, habiendo el causante permanecido con cautela preventiva poco menos de tres (3) meses en estos actuados.
Respecto de la imputación en contra del causante y en virtud de la cita efectuada por el presentante, ha de destacarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que "la severidad del delito y la eventual severidad de la pena prevista para este son factores que debe tener en cuenta el juez para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir de esa manera la acción de la justicia" (conf. informe 12/96 párrafo 86 e informe 2/97 párrafo 28).
Y en lo puntual del informe del 11/05/2007 citado por el Sr. Defensor, hemos de apuntar que en el caso "Peirano Basso" -de conformidad con lo consignado por la Comisión- se había tomado en más de una oportunidad como parámetro de análisis (cuando no se recurría a criterios materiales no procesales o a decisorios de fundamentos insuficientes, conf. referencias de ptos. 156, 157, 166, 173, 174, 179, 180 y 186, entre otros) el no haber sufrido un tiempo de cautela preventiva concordante con la pena máxima prevista para el caso de resultar condenados en ese momento, de acuerdo con el delito enrostrado (conf. lo sentado en ptos. 168, 169, 170), cuando en realidad debería ponderarse el mínimo legal aplicable al mismo (conf. pto. 163).
En el particular ya se ha destacado cuál es la magnitud de pena para los delitos imputados, aún tomando el mínimo penal previsto.
Se destaca así uno de los principios informantes en materia cautelar cual es el llamado "principio de proporcionalidad" o "prohibición de exceso" entre el rigor de la medida y el fin que se pretende tutelar; principio adoptado específicamente por el legislador provincial conforme la redacción del Inc. 3º del art. 146 del C.P.P. Este implica que para una persona sometida a una persecución penal, la misma no puede constituir un mal mayor que la eventual pena en caso de sentencia, circunstancia que, por el momento, está lejos de configurarse en el particular -tal lo dicho supra- en virtud del tiempo que el causante llevan detenido.
A ello cabe agregar la actitud elusiva al accionar de los preventores al momento de ser aprehendido al inicio de la investigación, contra quienes incluso arremetió con las herramientas que habían sido desapoderadas instantes antes. También debemos destacar que el encartado fue declarado rebelde y se ordenó su detención en este proceso, por haberse ausentado del domicilio que fijara al momento de ser excarcelado, situación que no se regularizó sino hasta materializarse su nueva aprehensión en el marco de otro proceso el 22/1/2023 (causa nro. 5068-23 seguida en orden a los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad), habiéndose dispuesto su libertad en el mismo pero permaneciendo con cautela preventiva en la presente; todo lo cual indica la falta de voluntad del encartado de someterse a derecho (art. 148 incs. 1° y 4° del C.P.P.).
En consecuencia, corresponde confirmar el auto impugnado, por encontrarse ajustado a derecho (arts. 148, 157, 158 y 171 del C.P.P.).
POR ELLO:
Esta SALA PRIMERA de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, resuelve: RECHAZAR el recurso de apelación en tratamiento y, por ende, CONFIRMAR el auto en el cual se dispone la prisión preventiva respecto de Lucas Leonel Forciniti en orden al delito de robo agravado por el empleo de arma, con escalamiento y efracción en grado de tentativa en concurso ideal con resistencia a la autoridad (45, 54, 166 inc. 2° párrafo primero, 167 incs. 3° y 4° en función del 163 inc. 4° y 239 del C.P; 148, 157, 158, 171, 210 y 439 del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese a las partes y devuélvase al Juzgado de origen, a quien se encomienda la notificación del imputado de autos.
Cúmplase con la resolución de la Presidencia de esta Excma. Cámara del 28/12/2021 en relación a la ley 15.232.
Sirva el presente de atenta nota de envío.-
Fin de la sentencia