Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 2001 10933 21
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación deducido y en consecuencia confirmar el auto puesto en crisis, el cual dispuso la prisión preventiva respecto de Iván Gabriel Frías en orden al delito robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y por su comisión en lugar poblado y en banda (arts. 45 y 166 inc. 2° párrafo 3°, 167 inc. 2° del C.P.).
MC C.N º 2001-10933-21; "FRIAS IVAN GABRIEL S/ ROBO AGRAVADO" .
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Particular contra el auto dictado el 7/9/2023 en el que se dispuso la prisión preventiva de Iván Gabriel Frías en la presente causa nº 20-01-10933-21 en trámite por ante el Juzgado de Garantías nº 1 de Avellaneda-Lanús, y
Que el auto dictado viene apelado por el Sr. Defensor Particular, quien por los argumentos expuestos en su presentación, peticionó se revoque la medida de coerción dictada por la instancia de grado, alegando que la misma debe aplicarse con un carácter excepcional, siendo que en el caso en concreto no median indicios que hagan presumir que su ocasional asistido se fugará o procurará obstaculizar la investigación. En el aspecto probatorio destacó, en resumidas cuentas, que los testigos se guiaron sólo por comentarios y suposiciones, y no se cuenta por ejemplo con filmaciones incriminantes para su ahijado procesal. Agregó que no se haló al momento de allanar el domicilio del causante, elemento alguno que permita relacionarlo con el hecho pesquisado. Por último, destacó que correspondía asignar el agravante banda, al no encontrarse abastecidos los requisitos para la configuración de la asociación ilícita.
Avocado el Tribunal al estudio de la cuestión traída entiende que el recurso de apelación debe ser rechazado.
Como primero, entendemos que las pruebas que acreditan tanto la materialidad ilícita como la probable autoría penalmente responsable del enjuiciado, fueron claramente detalladas y valoradas por la A-quo, conforme las pautas del art. 210 del C.P.P., las que a criterio del Tribunal resultan suficientes e idóneas para abastecer los requisitos del art. 157 inciso 1° y 3° del mismo cuerpo legal.
Sin perjuicio de la posible profundización sobre el punto, debemos dejar sentado que la pareja de damnificados, Patricio Ramón Dávalos Sánchez y Crismilda Beatriz Ledesma Fernández fueron claros y contundentes al sostener como uno de los intervinientes en el suceso fue un sujeto a quien identificaron mediante las fotos obrantes en la red social Instagram, a la vez que arrimaron dichas placas a la encuesta, identificándose luego a Iván Gabriel Frías como dicho masculino con las tareas de los funcionarios preventores al inicio de la investigación. Cabe destacar que de las imágenes obtenidas en la OTIP se advierte identidad entre el aludido y las obrantes en autos.
También arrimaron las víctimas que durante el hecho los otros intervinientes lo llamaban "Nanu" , apodo que si bien negó poseer al momento de declarar en los términos del art. 308 del Ritual, lo cierto es que también fueron arrimadas por las tareas de inteligencia practicadas por los agentes del orden.
De este modo echa por tierra el pedido de desvinculación por falta de filmaciones y la afirmación de deponentes guiados por comentarios, pues los propios damnificados y testigos presenciales del hecho identificaron al causante como interviniente en el suceso.
De este modo y más allá de las diligencias que parece proponer la parte y que puede hacerlo desde el inicio de la encuesta (art. 274, 334 y ccdtes. del C.P.P.), con los elementos destacados, se concluye que, con la probabilidad que requiere la medida, la participación de Iván Gabriel Frías se encuentra demostrada a esta altura.
En cuanto al planteo que cuestiona uno de los agravantes enrostrados, es preciso comenzar por señalar que la realización del tipo de asociación ilícita supone tomar parte en dicha asociación, cuya existencia reclama un acuerdo o pacto con sus componentes en orden al objetivo determinado por la ley de cometer delitos (Conf. Carlos Creus "Derecho Penal. Parte Especial" . T. 2. de. Astrea. Año 1993. Pág. 107), el que, además, debe ser indicativo de una relativa permanencia y formado con la voluntad de los intervinientes de moverse dentro de cierto grado de organización.
El acuerdo se refiere a una pluralidad de planes delictivos, sin que se agote en una conducta ilícita determinada con la concreción de uno o varios hechos.
Con ello, los elementos específicos de la figura son (conf. Sebastián Soler "Derecho Penal Argentino" , T. IV, ed. Tea. 1992, pág 710): tomar parte en una asociación, una cantidad de partícipes y un propósito colectivo de cometer delitos; por lo que se requiere un mínimo de organización o cohesión entre los miembros, cuyo número es de por lo menos tres asociados y, por último, el propósito grupal de cometer ilícitos, el que debe ser abarcado por el conocimiento y la voluntad de sus componentes para satisfacer las exigencias del tipo subjetivo en cuestión.
Pero a criterio de este Tribunal, a los fines del agravante previsto en el inciso 2° del art. 167 del Código Penal, es suficiente que tres o más personas hayan tomado parte en la ejecución del hecho, y ello es así porque la intervención de varios sujetos en el apoderamiento de una cosa ajena asume una particular gravedad por la mayor vulnerabilidad en que el grupo coloca al bien jurídico.
En relación al restante agravio introducido por el quejoso, resulta oportuno recordar aquí que el principio de inocencia rige durante todo el proceso penal y se mantiene incólume hasta la existencia de una sentencia condenatoria que expresamente indique lo contrario. Tal principio fundamental está contemplado tanto en el art. 18 de la Constitución Nacional como en el art. 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Siendo ello así es claro que toda privación de la libertad anterior a dicha sentencia, deviene excepcional y lógicamente debe aplicarse con carácter restrictivo, pues de lo contrario se estaría aplicando una pena anticipada.
En el ámbito procesal el art. 144 del C.P.P. establece que el imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la ley para decidir lo contrario.
De lo dicho hasta aquí se desprende que durante el proceso la regla es la libertad, habiendo previsto el legislador excepciones a esa regla con el objeto de asegurar que el justiciable se someta efectivamente al proceso, para salvaguardar la prosecución y la finalidad que el mismo persigue que es la averiguación de la verdad real y la aplicación del derecho sustantivo.
En consecuencia el fundamento esencial para mantener el encarcelamiento preventivo del imputado durante el proceso, es la existencia de los llamados peligros procesales, es decir, si en el caso existe peligro de fuga o de entorpecimiento en la investigación.
Estos peligros procesales pueden inferirse de distintas circunstancias como las que enunciativamente enumera el art. 148 del C.P.P..
Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que el legislador a través de las circunstancias mencionadas presume iuris tantum la peligrosidad procesal, también lo es que dicha sospecha puede ser neutralizada si concurren circunstancias singulares que demuestren con suficiencia que en el caso no existe un riesgo para la actuación de la ley si el imputado permanece en libertad. Obviamente debe tratarse de condiciones excepcionales cuya entidad permita efectuar dicha aseveración.
Ahora bien, tal como lo ha sostenido invariablemente esta Sala, el fundamento de la gravedad de la pena en expectativa así como la valoración objetiva del hecho imputado que lógicamente impedirían la aplicación de una eventual pena en suspenso, resultan pautas suficientes y válidas para mantener el encierro preventivo del encartado mientras dura el proceso (Conf. fallo de la Cám. Nac. Crim. y Correc. Sala II, 15-01-04) .
En tal sentido, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha admitido la consideración de la magnitud de la pena en expectativa como pauta de evaluación del encierro preventivo, afirmando que: "...La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, tampoco resultan suficientes, luego de transcurrido cierto plazo, para justificar la continuación de la prisión preventiva" (Conf. Informe nro. 2/97 del 11/3/97).
De lo expuesto se colige que la magnitud de la pena en expectativa, resulta una pauta de valoración válida y suficiente por sí sola para fundar el encierro preventivo del imputado durante el proceso y que solo en los supuestos en que su prolongación temporal aparezca como irrazonable, debe acudirse a la valoración de otras circunstancias que concurran en el caso concreto para evaluar la razonabilidad de la extensión de la prisión preventiva.
En el caso en concreto, se desprende que la Sra. Jueza de Garantías dictó auto de prisión preventiva por considerar a Iván Gabriel Frías coautor penalmente responsable del delito robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y por su comisión en lugar poblado y en banda (arts. 45 y 166 inc. 2° párrafo 3°, 167 inc. 2° del C.P.).
En efecto, habremos de reiterar que puede inferirse un peligro cierto de fuga que justifica el actual encierro que atraviesa el imputado, a partir de la pena que se espera como resultado del procedimiento, la que eventualmente será de cumplimiento efectivo.
Ello es así, en atención a las características del ilícito atribuido, en el cual se ejerció un plus de violencia que va más allá de la exigida por el tipo penal (nótese que los sujetos ingresaron a la vivienda a las tres de la madrugada, sorprendiendo a sus moradores mientras se encontraban durmiendo y en un momento uno de ellos apoyó un destornillador caliente en el cuello, la cara y la boca de una de las víctimas); lo que denota una mayor alarma social y merece por ello un superior reproche penal.
Tal como lo ha sostenido invariablemente esta Sala, el fundamento de la gravedad de la pena en expectativa así como la valoración objetiva del hecho imputado que lógicamente impedirían la aplicación de una eventual pena en suspenso, resultan pautas suficientes y válidas para mantener el encierro preventivo del encartado mientras dura el proceso.
En segundo lugar, la circunstancia de haber permanecido prófugo en la presente desde el 11 agosto de 2021 hasta el 12 de agosto del año en curso (más de dos años luego del hecho), y registrar también una orden de captura en la causa n° 20-00-011184-21/00 del Tribunal en lo Criminal n° 1 Departamental (elevada a juicio en orden a los mismos delitos enrostados en la presente, suceso del 21/6/2021), resulta claramente indicativa de la voluntad del causante de no someterse a derecho.
De esta forma, las circunstancias mencionadas permiten inferir el peligro cierto de fuga que justifica el actual encierro que atraviesa el imputado y, al menos con lo arrimado, no corresponde disponer en esta instancia una medida menos gravosa (art. 148 del C.P.P.).
Por las razones dadas y reuniendo el auto de Prisión Preventiva los extremos de los arts. 157 y 158 del C.P.P., el mismo debe confirmarse.
POR ELLO:
Esta SALA PRIMERA de la Excma. Cámara de Garantías y Apelaciones en lo Penal Departamental RESUELVE: RECHAZAR el recurso de apelación deducido y en consecuencia CONFIRMAR el auto puesto en crisis, el cual dispuso la prisión preventiva respecto de Iván Gabriel Frías en orden al delito robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y por su comisión en lugar poblado y en banda (arts. 45 y 166 inc. 2° párrafo 3°, 167 inc. 2° del C.P.).
Regístrese, notifíquese al Fiscal de Cámaras y Defensa interviniente, y devuélvase electrónicamente al Juzgado de origen, donde se deberá notificar al imputado y cumplir con la resolución de Presidencia de esta Excma. Cámara del 28/12/2021 en relación a la Ley 15.232.-
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2023 13:09:37 - ROLON Guillermo Alejandro - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2023 13:11:36 - ALBERDI Miguel Maria - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 26/10/2023 13:15:43 hs. bajo el número RR-2122-2023 por CANTARO MARTIN.
Fin de la sentencia