Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 2000 7786 23
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación deducido y, en consecuencia, confirmar el auto dictado el 16/5/2023, en cuanto se dispuso la prisión preventiva de Alan Jesús Rubén Quintero en orden al delito de robo agravado por el empleo de arma de utilería (arts. 45 y 166 inciso 2º tercer párrafo del C.P; 148, 157, 158, 159 en sentido contrario, 163, 169 (ambos en contrario), 171, 210 y 439 del C.P.P.).
MC C.N º 2000-7786-23; "QUINTERO ALAN JESUS RUBEN S/ ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA".-
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial contra el auto del 16/5/2023 en el que se dispuso la prisión preventiva de Alan Jesús Rubén Quintero , en la presente causa nº 20-00-7786-23 en trámite por ante el Juzgado de Garantías nº 4 de Avellaneda-Lanús Departamental; y,
Que el auto dictado viene apelado por la Sra. Defensora Oficial, quien alegó que el único elemento de cargo con el que se cuenta es la declaración de la víctima. Agregó que no se encontraba probada la participación del menor, a la vez que la diferencia de edad entre su ahijado procesal y el joven, impedía que Quintero haya incidido sobre aquél para cometer el ilícito. También que el skate no se encontraba en poder de aquí encartado. Por último, sostuvo que el hecho debería reconducirse hacia la figura básica, pues se demostró que el arma incautada se encontraba descargada, y a su criterio ello impide su subsunción dentro de los supuestos previstos en el art. 166 inc. 2° párrafo tercero del CP, en el entendimiento que no es de aquellos elementos de poder ofensivo cuya aptitud para el disparo no haya podido acreditarse (primer supuesto) ni de utilería (segundo), apuntando, con cita jurisprudencial, que las mismas se tratan de adminículos similares a armas que sirven en las representaciones teatrales.
Ahora bien, avocado el Tribunal al estudio de la cuestión traída, entiende que el recurso de apelación articulado debe ser rechazado.
Yendo a los puntuales motivos de agravio, no se cuenta sólo con los dichos del damnificado. Aquél sostuvo, en resumidas cuentas, que en circunstancias en que se encontraba en la esquina de su colegio, siendo las 12.45 horas aproximadamente del día 13 de abril de 2023, se le acercaron dos masculinos, uno de ellos que parecía mayor de edad y otro menor, a la vez que el primero extrajo un arma de fuego tipo revólver de color negro y le dijo "dame todo...el celular...porque te mato..." . Que sin pensarlo mucho reaccionó, colocándole su skate contra el pecho a quien lo apuntaba y salió corriendo, ubicando en la puerta de la institución educativa a un policía, a quien le refirió lo que había acontecido así como las características de los agresores, a saber: 1.80 mts. aprox., buzo canguro negro, pantalón corto tipo de fútbol, cabello con rulos y barba (el que aparentaba ser mayor y llevaba el elemento de poder ofensivo), y el otro 1.70 mts. aprox. y buzo canguro. Que luego lo fueron a buscar al colegio ya que habían encontrado su skate y lo llevaron a la sede policial, reconociendo el elemento de traslado aludido mostrado en la seccional como propio.
A ello cabe agregar que, a diferencia del planteo en análisis, sí se cuenta con elementos contestes y complementarios de la versión de la víctima, siendo que los funcionarios del orden aprehendieron en inmediatez temporal y espacial con el hecho, a dos masculinos de características idénticas a los mencionados por aquél, en lo puntual ambos con buzo canguro, el agresor mayor de edad, luego identificado como Alan Jésus Rubén Quintero , de 19 años de edad, con short de fútbol y munido de un revólver color negro, tal como había afirmado quien fuera desapoderado de un skate, elemento que se encontraba en poder del acompañante del aludido, el cual fuera correctamente individualizado y se trataba, tal como lo había sugerido el sujeto pasivo, de un menor de 14 años de edad.
Adentrándonos a los planteos relativos a la adecuación legal, cabe destacar que se ha arrimado el acompañamiento y permanencia del menor de edad al momento en que el mayor llevaba a cabo la intimidación del damnificado con el arma, como también que el joven en cuestión se encontraba con el elemento que fuera robado instantes antes, al momento de ser aprehendidos, aún juntos.
Dicho ello y refiriendo al planteo de la parte, los 14 años del joven distan de un menor sobre el que pudiere controvertirse el real conocimiento por parte el acompañante mayor, máxime cuando el propio damnificado sentó que se trataba de un masculino más bajito y en apariencia menor de edad, a diferencia del restante partícipe.
En lo demás, nuestra legislación ha previsto el agravante genérico en estudio estipulando en "sentido amplio" como único requisito para incrementar el mínimo y máximo de pena aplicable para el mayor partícipe, la intervención de éste junto con al menos un sujeto menor de 18 años de edad, habiéndose dejado de lado otras fórmulas que se proponían como ser el aprovecharse, influir, valerse e instigarlo, entre otras (art. 41 quáter del C.P.).
En la misma idea se ha expedido en forma reiterada nuestro más alta jurisdicción provincial al sentar "...es del caso señalar que de todas las fórmulas puestas a consideración por los legisladores en los diferentes proyectos que antecedieron a la ley, prevaleció la que expresaba como común denominador la agravación del hecho cuando <<sea cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad>>, quedando relegadas las que especificaban el <<valerse>> o <<servirse>> de un menor, inimputable o no, con el fin de descargar la responsabilidad criminal en él, o las de inducción o instigación (el que determinare a un menor de 18 años directamente a cometer un delito determinado); fórmulas que poseen sintonía con la interpretación que el tribunal revisor realizó en autos, para delimitar el alcance de la agravante".
"De modo tal que ha sido el criterio amplio el preferido por el legislador frente a fórmulas más restrictivas que se discutieron en ocasión de sancionarse el precepto, sin que quede alguna duda al respecto".
"La <<intervención>> del menor a que alude el precepto es aquella con significado jurídico-penal relevante, lo cual se da cuando éste interviene en el hecho en el cual participa el mayor a través de alguna de las formas de autoría o participación previstas en el sistema penal (arts. 45 y 46 C.P.)..."
"En consecuencia cabe aplicar al caso la doctrina que esta Suprema Corte ha delineado en torno al art. 41 quater del C.P. (cfe. P.111.446, sent. 9/IV/2014; P. 117.092, sent. 13/VIII/2014; P. 114.298, sent. 1/IV/2015; P.117.992, sent. 6/V/2015; P. 121.092, sent. 14/X/2014; P. 120.255, sent. 14/X/2015; etc.) y devolver al a quo para que se gradúe la pena a imponer conforme lo aquí resuelto" (SCJBA, P 122.610 "Villalba Darío Alberto s/robo agravado" , rta. 2/12/2015, en el mismo sentido, P111.944 "Flores Jonathan s/ robo agravado" , rta. 9/4/2014).
Por último y contestando al restante motivo de impugnación, debe decirse que si bien el revólver incautado en poder de Quintero resultó ser apto para el disparo conforme la pericia llevada a cabo, no menos es que no se encontraba cargado al momento de su secuestro, motivo por el cual, la Acusación y el A-Quo, correctamente adecuaron al robo enrostrado en el supuesto del art. 166 inc. 2° párrafo tercero del CP.
Ahora bien, no se comparte el criterio defensista en cuanto a que nos encontramos ante un supuesto de robo simple, pues más allá de que el revólver empleado, como ya se dijera, se encontraba descargado, lo cierto es que, sí seguía presentando externamente las características definitorias de tal elemento, siendo por tal motivo perfectamente equiparable por su destino a aquéllos que intentan imitarlos para simular la violencia de un desapoderamiento armado -los llamados de juguete o de utilería-, justamente por generar una mayor intimidación en la víctima.
En tal sentido no debe soslayarse que la reforma al artículo 166 del Código Penal introducida por la Ley 25.882 tuvo por fin terminar con la discusión existente en torno a la utilización de armas que no provocaban un peligro real, ya sea por no ser apta para producir disparos, no estar cargada, o por no ser verdadera (juguete o utilería). Tal afirmación, surge claramente del mensaje del Poder Ejecutivo del 3 de diciembre de 2003 al señalarse que "La voluntad del legislador es establecer una escala penal que va de 3 a 10 años para castigar este tipo de hechos, es decir, cuando se utilice algo que parezca arma aunque no lo fuere. ¿Por qué?. Por el mayor poder intimidatorio que ello tiene. De lo contrario, sólo deberíamos castigar esta conducta con la norma del artículo 164, es decir, con el robo simple, la figura básica" (ver exposición del diputado Damiani).
Y ello de modo alguno afecta el principio de legalidad (nullum crimen sine lege) contenido en el art. 18 del la Constitución Nacional, ya que la figura prevista en el artículo 166 inciso 2° último párrafo es sumamente descriptiva y precisa, alejando así la posibilidad que la equiparación entre un arma de juguete, una de utilería y una auténtica descargada o no apta para el tiro, sea el resultado de la aplicación de reglas analógicas.
Sentado ello, a los efectos de abordar el tema relativo a la excepcionalidad de la medida de coerción que viene atacada, resulta oportuno recordar que el principio de inocencia rige durante todo el proceso penal y se mantiene incólume hasta la existencia de una sentencia condenatoria que expresamente indique lo contrario. Tal principio fundamental está contemplado tanto en el art. 18 de la Constitución Nacional como en el art. 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Siendo ello así es claro que toda privación de la libertad anterior a dicha sentencia, deviene excepcional y lógicamente debe aplicarse con carácter restrictivo, pues de lo contrario se estaría aplicando una pena anticipada.
En el ámbito procesal el art. 144 del C.P.P. establece que el imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la ley para decidir lo contrario.
De lo dicho hasta aquí se desprende que durante el proceso la regla es la libertad, habiendo previsto el legislador excepciones a esa regla con el objeto de asegurar que el justiciable se someta efectivamente al proceso, para salvaguardar la prosecución y la finalidad que el mismo persigue que es la averiguación de la verdad real y la aplicación del derecho sustantivo.
En consecuencia el fundamento esencial para mantener el encarcelamiento preventivo del imputado durante el proceso, es la existencia de los llamados peligros procesales, es decir, si en el caso existe peligro de fuga o de entorpecimiento en la investigación.
Estos peligros procesales pueden inferirse de distintas circunstancias como las que enunciativamente enumera el art. 148 del C.P.P..
Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que el legislador a través de las circunstancias mencionadas presume iuris tantum la peligrosidad procesal, también lo es que dicha sospecha puede ser neutralizada si concurren circunstancias singulares que demuestren con suficiencia que en el caso no existe un riesgo para la actuación de la ley si el imputado permanece en libertad. Obviamente debe tratarse de condiciones excepcionales cuya entidad permita efectuar dicha aseveración.
Ahora bien, tal como lo ha sostenido invariablemente esta Sala, el fundamento de la gravedad de la pena en expectativa así como la valoración objetiva del hecho imputado que lógicamente impedirían la aplicación de una eventual pena en suspenso, resultan pautas suficientes y válidas para mantener el encierro preventivo del encartado mientras dura el proceso (Conf. fallo de la Cám. Nac. Crim. y Correc. Sala II, 15-01-04).
En tal sentido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha admitido la consideración de la magnitud de la pena en expectativa como pauta de evaluación del encierro preventivo, afirmando que: "...La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, tampoco resultan suficientes, luego de transcurrido cierto plazo, para justificar la continuación de la prisión preventiva" (Conf. Informe nro. 2/97 del 11/3/97).
De lo expuesto se colige que la magnitud de la pena en expectativa, resulta una pauta de valoración válida y suficiente por sí sola para fundar el encierro preventivo del imputado durante el proceso y que solo en los supuestos en que su prolongación temporal aparezca como irrazonable, debe acudirse a la valoración de otras circunstancias que concurran en el caso concreto para evaluar la razonabilidad de la extensión de la prisión preventiva.
De esta forma, se puede inferir un peligro cierto de fuga que justifica el actual encierro que atraviesa el justiciable, a partir de la eventual pena que se espera como resultado del procedimiento, la que atendiendo especialmente a la calificación legal sustentada, será inexorablemente de cumplimiento efectivo (art. 26 en sentido contrario del C.P.).
A ello se suman las características del suceso en que el causante habría abordado con fines de desapoderamiento, a un joven 4 años menor, al que golpeó en el brazo, acompañado de otro agresor, a plena luz del día y en horario de ingreso y salida del colegio, lo que conlleva a concluir su actitud indiferente ante el daño que pudiere provocarle (art. 148 del C.P.P.).
Por último, cabe agregar que ni el causante ni la peticionaria han aportado en la presentación en estudio (tampoco ante la instancia de grado) elemento alguno a los efectos de poder analizar en forma eventual, atemperar su situación de encierro, con lo que tal petición subsidiraria tampoco tendrá favorable recepción en esta oportunidad.
Siendo ello así, el mantenimiento de la medida de coerción decretada resulta indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley, ya que en este caso el peligro procesal de fuga no puede evitarse con la aplicación de otra medida menos gravosa (art. 159, 163, 169, todos en sentido contrario, 171 y ccdtes. del C.P.P.).
Por las razones dadas y reuniendo el auto de prisión preventiva los extremos de los arts. 157 y 158 del C.P.P., el mismo debe confirmarse.
POR ELLO:
Esta SALA PRIMERA de la Excma. Cámara de Garantías y Apelaciones en lo Penal Departamental RESUELVE: RECHAZAR el recurso de apelación deducido y, en consecuencia, CONFIRMAR el auto dictado el 16/5/2023, en cuanto se dispuso la prisión preventiva de Alan Jesús Rubén Quintero en orden al delito de robo agravado por el empleo de arma de utilería (arts. 45 y 166 inciso 2º tercer párrafo del C.P; 148, 157, 158, 159 en sentido contrario, 163, 169 (ambos en contrario), 171, 210 y 439 del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese a las partes y devuélvase al Juzgado de origen, a quien se encomienda la notificación del imputado y víctima de autos.
Sirva el presente de atenta nota de envío.-
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2023 13:42:26 - NAVASCUES Miguel Carlos - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2023 13:44:09 - ALBERDI Miguel Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2023 13:48:03 - ROLON Guillermo Alejandro - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2023 13:48:57 - CANTARO Martín - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 29/06/2023 13:49:13 hs. bajo el número RR-1238-2023 por CANTARO MARTIN.
Fin de la sentencia