Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver de PENA a F. M. D. demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de ROBO EN GRADO DE COAUTORA (arts. 45 y 164 del CP) por el que oportunamente se declarara la responsabilidad penal conforme lo previsto en el art. 2° de la ley 22.278 y su modificatoria 22.803.
2Dejar sin efecto las MEDIDAS CAUTELARES dispuestas oportunamente, debiendo librarse los oficios de estilo a los respectivos Registros, a fin de tomar razón del levantamiento de las mismas.-
LIBRO: CIII REGISTRO: 3520 FOLIO: 131/132
Río Gallegos, 05 de octubre de 2026.
Que se reúne en acuerdo el Tribunal Oral en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz, integrada por el vocal Dr. Jorge Daniel YANCE y el vocal subrogante Dr. Carlos Enrique ARENILLAS , bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra VILA, con la asistencia de la Sra. Secretaria María Fernanda TUÑÓN a fin de dar tratamiento a los autos caratulados “V. S. E. S/ROBO AGRAVADO POR LA PARTICIPACIÓN DE UNA MENOR DE EDAD Y F. M. D. S/ROBO EN GRADO DE COAUTORA” Expte Nº 6764/24, para resolver la necesidad de imponer pena a F. M. D., D.N.I Nº **.***.***, de demás circunstancias personales obrantes en las presentes actuaciones, quien se encuentra asistida por la Defensa Oficial a cargo de la Dra. Berta Vivar, el Ministerio Complementario se encuentra representado por la letrada adjunta Rita González, en tanto que la acusación está representada por la Sra. Fiscal Dra. María Verónica Zuvic, y;
Que en las presentes actuaciones con fecha 07 de agosto de 2025 este Tribunal Oral dictó sentencia contra F. M. D. por el delito ROBO SIMPLE en calidad de coautora (arts. 45 y 164 del CP), pronunciamiento inscripto al TOMO LXXXVI REGISTRO, 3137, FOLIO 155/158. Donde se estableció: “…1º) DECLARAR LA RESPONSABILIDAD PENAL de F. M. D., -de las demás circunstancias personales obrantes en autos-, por considerarla coautora del delito de ROBO SIMPLE (arts. 45 y 164 del CP)…”.
Contestada la vista por el Ministerio Público Fiscal a fs. 249/250, su representante estima que “…en el caso de F. M. D., nos encontramos frente a una joven de 24 años, para quien la presente causa constituye su único contacto con la ley penal. De las pericias obrantes a fs. 235 y 240/241 vta. surge que regresó a su ciudad de origen junto con su grupo familiar, que tiene un hijo de tres años y que, al momento de realizarse las evaluaciones, cursaba un embarazo de ocho meses. Asimismo, mantiene vínculos afectivos significativos con su padre afín, quien la crió desde los dos años, y con su hermana. Si bien en la actualidad no conviviría con su pareja por razones económicas, conserva un buen vínculo tanto con él como con su progenitor. No se encuentra actualmente inserta en el ámbito laboral, aunque percibe una cuota alimentaria por su hijo mayor que contribuye a afrontar los gastos básicos de su crianza. Por otra parte, de ambos informes periciales surge que, al momento del hecho, F. M. D. se encontraba inmersa en una relación afectiva que presentaba indicadores compatibles con situaciones de violencia psicológica y física, contexto que habría condicionado su capacidad de autodeterminación y que debe ser especialmente ponderado al valorar su conducta. En suma se trata de una persona que cuenta con vínculos familiares y afectivos de contención, que se alejó del lugar donde habrían ocurrido los hechos con el propósito de reorganizar su vida y que no registra nuevos contactos con el sistema penal. En tales condiciones, no se advierte que la imposición de una pena resulte necesaria ni que pueda cumplir una finalidad concreta. Por lo expuesto, considero que corresponde absolver a F. M. D. de la imposición de pena por el delito que se le atribuyera, de conformidad con lo establecido en el artículo 4°, último párrafo, de la ley 22.278. Así se dictamina...".
Por su parte la defensa, hizo saber que no tiene objeciones que formular y de conformidad con el criterio asentado por la Sra. Fiscal a fs. 249/250, solicita la absolución de su asistida de acuerdo a lo estipulado en el último párrafo de la ley 22.278.
A fs. 252 se expide la representante del Ministerio Complementario en iguales términos que la defensa y la Sra. Fiscal.
Que conforme se desprende de autos F. M. D. , desde que se declarara su responsabilidad penal, se mudó a la ciudad de La LUGAR_1, Mendoza, donde convive con su padre afín, tiene un hijo de tres años y se encontraba embarazada al momento de la entrevista, que continúa el vínculo con su pareja pero no conviven por cuestiones económicas, viviendo él con sus padres y ella con su padrastro. La vivienda en la que reside es alquilada, cuenta con los servicios básicos, con las condiciones generales de habitabilidad acordes al grupo familiar. No posee trabajo pero recibe alimentos por su hijo mayor, también recibe ayuda económica de su pareja -padre de su hijo por nacer- y de sus padres, para afrontar los gastos vinculados a alimentación, crianza y vivienda.
Por otra parte, del informe psicológico realizado, surge que se observa adecuada orientación temporal, espacial y situacional. La orientación autopsíquica se encuentra conservada. Observan que las capacidades expresivas y comprensivas del lenguaje se encuentran conservadas, no se advierten alteraciones amnésicas. El curso y contenido del pensamiento se observa organizado, lógico y coherente, criterio y juicio crítico ajustados a la realidad. No se advierte la presencia de alteraciones sensoperceptivas. No se advierten indicadores de desorganización psicomotriz. No se advierten indicadores de organicidad.
Advirtieron la presencia de intensidad de sintomatología ansiosa, la cual se manifiesta con síntomas de tensión, estados de nerviosismo, preocupaciones constantes, alteraciones del sueño. Labilidad afectiva.
Se infiere que la evaluada se encontraba al momento de los hechos referidos inserta en una dinámica vincular de características disfuncionales. Se observan la presencia de indicadores compatibles con violencia verbal, violencia psicológica y violencia física, dicha situación podría haber generado limitaciones en la capacidad de autonomía psíquica de la peritada, afectando su capacidad de autonomía personal, estabilidad afectiva y capacidad de autodeterminación. Si bien la evaluada conserva capacidad de comprender la realidad, la capacidad de dirigir su conducta de manera autónoma, puede haberse encontrado parcialmente limitada, teniendo en cuenta el contexto de violencia de violencia en que se encontraba.
Así, la CIDH, en la sentencia del 19 de noviembre de 1999, en el caso “Villagrán Morales y otros” (Niños de la calle) Serie C, N° 63, sostuvo que “la pena, no es una instancia retributiva, sino que lo único que justifica la imposición de la misma, más aún en el proceso penal juvenil es la prevención especial positiva. Y como bien detallé precedentemente, no se ha probado en autos, la necesidad de imposición de pena, para la reinserción social del joven” La necesidad de pena a que hace referencia el régimen de la ley N° 22.278 en modo alguno puede ser equiparado a la gravedad el hecho o a la peligrosidad (…). Antes bien, la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño, a la importancia de promover la reintegración social del niño y que este asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40 inc. 1) (CSJN, Fallos 328:4343). En este caso, F. M. D. se ha reintegrado a la sociedad, y no ha vuelto a cometer otro delito.
Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado por las partes, corresponde absolver a F. M. D..
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y de conformidad con las normas legales aplicables y vigentes debidamente citadas, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial,
1. ABSOLVER DE PENA a F. M. D. demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de ROBO EN GRADO DE COAUTORA (arts. 45 y 164 del CP) por el que oportunamente se declarara la responsabilidad penal conforme lo previsto en el art. 2° de la ley 22.278 y su modificatoria 22.803.
2. DEJAR SIN EFECTO las MEDIDAS CAUTELARES dispuestas oportunamente, debiendo librarse los oficios de estilo a los respectivos Registros, a fin de tomar razón del levantamiento de las mismas.-
3. REGISTRESE, NOTIFIQUESE, OFICIESE.
Fdo. Dra. María Alejandra Vila - presidenta- Dres. Jorge Daniel Yance - juez- Dr. Carlos Enrique Arenillas - juez subrogante- ante la Dra. María Fernanda Tuñón - secretaria-.
Fin de la sentencia