Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 2001 3203 22
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos de apelación en tratamiento y por ende, confirmar el auto de prisión preventiva dictado a fs. 546/563, respecto de Carlos Alberto Mouzo y de Germán Darío Palacio en orden a los delitos de asociación ilícita, robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda y por haberse perpetrado mediante el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, todo en concurso real entre si (arts. 45, 55, 166 inc. 2do. párrafo tercero, 167 inc. 2do., 189 bis inc. 2do. párrafo primero y 210 del CP. y 148, 157, 158 y 171 del C.P.P.).
Se tienen presentes las reservas formuladas.
G.P. C.N º 20-01-3203-22 MOUZO, CARLOS ALBERTO y otro s/robo calificado y asociación ilícita.
///mas de Zamora.-
Para resolver los recursos de apelación interpuestos por los Sres. Defensores Particulares, contra el auto de prisión preventiva dictado a fs. 546/563 de la presente causa nro. 20-01-3203-22 que tramita ante el Juzgado de Garantías nro. 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanus, y;
El auto de prisión preventiva dictado a fs. 546/563, viene apelado por los Sres. Defensores Particulares que asisten a los imputados Carlos Alberto Mouzo y Germán Darío Palacio, quienes a fs. 571/575 y 590/591, respectivamente, expusieron los motivos de agravio y sus fundamentos.
Por su parte, el Dr. Marenzi, en representación de Mouzo, afirmó que la prueba colectada y valorada por el A-quo resulta insuficiente para justificar el auto de prisión preventiva apelado, considerando que no está acreditada la participación del nombrado en los eventos que se le atribuyen. Asimismo sostuvo que tampoco está probado que Mouzo y Palacio integren una asociación ilícita, ya que éstos si bien mantienen un vínculo de parentesco, no conocen a los hermanos Lucero, quienes además, habitan en la localidad de Gregorio de Laferrere. Subsidiariamente, planteó que los hechos deben calificarse como constitutivos de los delitos de robo agravado por su comisión con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede acreditarse de ningún modo. Por último, haciendo hincapié en el carácter excepcional de la medida de coerción decretada y en el principio de inocencia, solicitó la revocación del auto apelado. Hizo reservas.
A su turno, el Dr. Giannino, luego de destacar las condiciones personales de su asistido (ausencia de antecedentes penales, domicilio fijo, trabajo estable y familia constituida), sostuvo que no está acreditada la existencia de una asociación ilícita, recalcando que no se tuvieron en cuenta las características físicas de Palacio y señas particulares que presenta, haciéndose foco únicamente en la calvicie y en que utiliza una campera de color bordó que no se secuestró. Por último, afirmó que en el caso no se encuentra justificado el encarcelamiento preventivo dispuesto por el A-quo, solicitando su revocación.
Sentado ello y luego de analizar detalladamente las constancias agregadas en autos, entiende el Tribunal que la participación de Carlos Alberto Mouzo en los delitos contra la propiedad que se le atribuyen, se encuentra acreditada con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, a partir de la prueba correctamente citada y valorada por el A-quo. Ello es así, teniendo principalmente en cuenta que en todos los robos intervino el rodado Peugeot 308 color gris dominio OEN-807, cuya titular es la hermana de Mouzo y él se encuentra autorizado para conducirlo y está acreditado que lo hace (habiéndose hallado incluso huellas del imputado en dicho vehículo), sumado a que en su domicilio se incautaron pertenencias de las víctimas (ver fs. 372 y 375), precintos y guantes (utilizados en todos los hechos), un arma de fuego tipo revólver calibre 22 largo con proyectiles intactos en su interior y la cédula azul que lo autoriza a conducir el vehículo que intervino en los robos investigados, rodado éste que fue secuestrado en un estacionamiento ubicado a unas tres cuadras de la vivienda de Palacio (donde habida el nombrado y su hermano junto a Romina Mouzo, que a su vez resulta ser hermana de Carlos Alberto Mouzo), hallándose en su interior una bolsa con guantes de látex y un par de guantes de goma de color negro y rojo, similares a los hallados en la casa de Mouzo.
En lo que hace a la participación de Germán Palacio, cabe señalar que en su domicilio se incautó un revólver calibre 32 largo, de color plateado con empuñadura negra y municiones en su interior, y también precintos negros similares a los hallados en la vivienda de Mouzo.
A Palacio se lo sindica como el sujeto que camina junto a Mouzo en la fotografía glosada a fs. 93, vistiendo campera bordó, con una calvicie y contextura física que coinciden con las descripciones efectuadas por las víctimas.
Dichas circunstancias desvirtúan la negativa del nombrado al efectuar su descargo en los términos del art. 308 del CPP. y los testimonios de su compañero y de la tía -dueña de la panadería donde trabajaría Palacio-, no ponen ni quitan a la cuestión, habida cuenta que se trataría de un comercio familiar en el que la señora Echague no tiene registro de presentismo, ni control de horarios de las personas que laboran allí.
Ahora bien, en lo que hace a la existencia de la asociación ilícita que el Sr. Juez de Garantías dio por acreditada, es preciso comenzar por señalar que la realización del tipo de asociación ilícita supone tomar parte en dicha asociación, cuya existencia reclama un acuerdo o pacto con sus componentes en orden al objetivo determinado por la ley de cometer delitos (Conf. Carlos Creus “Derecho Penal. Parte Especial”. T. 2. de. Astrea. Año 1993. Pág. 107), el que, además, debe ser indicativo de una relativa permanencia y formado con la voluntad de los intervinientes de moverse dentro de cierto grado de organización.-
El acuerdo se refiere a una pluralidad de planes delictivos, sin que se agote en una conducta ilícita determinada con la concreción de uno o varios hechos.-
Con ello, los elementos específicos de la figura son (conf. Sebastián Soler “Derecho Penal Argentino”, T. IV, ed. Tea. 1992, pág 710): tomar parte en una asociación, una cantidad de partícipes y un propósito colectivo de cometer delitos; por lo que se requiere un mínimo de organización o cohesión entre los miembros, cuyo número es de por lo menos tres asociados y, por último, el propósito grupal de cometer ilícitos, el que debe ser abarcado por el conocimiento y la voluntad de sus componentes para satisfacer las exigencias del tipo subjetivo en cuestión.-
En lo que hace a la finalidad de la organización como requisito insoslayable para que la conducta prevista y reprimida en el art. 210 del C.P. sea típica, del texto de la norma mencionada se desprende que la finalidad del acuerdo o pacto existente entre los integrantes de la organización, es la de cometer una pluralidad de delitos. Esto llevó a que alguna doctrina exigiera la indeterminación de los delitos cuya comisión se propone la asociación como requisito típico.-
Creus lo explica con meridiana claridad en un ejemplo: los empleados de una empresa que se proponen sustraer diez cajas de repuestos, participarán en hurtos reiterados, pero los que se propongan sustraer repuestos, sin planificar determinadamente su actividad, emprenderán una asociación ilícita, aunque se trate de hurtos contra la misma víctima (CREUS, Carlos -Derecho Penal Parte Especial T. 2, págs. 108 y stes.).-
Es decir, resulta irrelevante a los efectos de la tipicidad, que las conductas delictivas llevadas a cabo por la asociación respondan a un mismo "modus operandi", ya que lo importante es que sea indeterminada la pluralidad de delitos a cometer.-
En apretada síntesis, son éstas las exigencias del tipo examinado.-
En autos, las constancias citadas y valoradas por el A-quo, en conjunto y a la luz del principio establecido por el art. 210 del C.P.P., permiten sostener que se encuentra acreditada la existencia de una empresa criminal y el ánimo corporativo o coincidencia intencional entre sus miembros sobre los fines de dicha organización.-
Quedó suficientemente demostrado, que ha mediado una voluntad común entre los imputados -por lo menos durante el lapso consignado en la imputación- respecto de una organización cuya actividad principal consistía en la comisión de robos perpetrados en domicilios, comúnmente conocidos como "entraderas", con la particularidad de que las víctimas vivían todas en la zona de Lanús, intervenían generalmente cuatro sujetos que se desplazaban en dos vehículos que fueron correctamente identificados, ingresaban de forma similar a las viviendas, utilizando armas de fuego y precintos para inmovilizar a los moradores, se llevaban principalmente dinero, joyas y efectos que por su tamaño podían trasladar en bolsos o morrales (como se observa en el material fílmico aportado). Es decir, se movían en base a una modalidad pactada que se repetía en cada hecho.
Sobre el particular y teniendo en cuenta que ha sido planteado por los recurrentes, el conocimiento entre los imputados está acreditado, ya que Palacio es el hermano del cuñado de Mouzo y entre ellos y los hermanos Lucero, dicha circunstancia surge a partir de que han sido filmados en la calle (yendo o saliendo de los domicilios de los damnificados), habiéndose probado como se viene señalando, que en los todos los hechos investigados utilizaban el rodado Peugeot 308 que conducía usualmente Carlos Alberto Mouzo y el vehículo Volkswagen Fox verde propiedad de José Luis Lucero.
Tampoco es un dato menor que objetos que fueron sustraídos en un mismo hecho, hayan sido secuestrados, algunos en la casa de Mouzo y otros, en la vivienda de Lucero (véase que a fs. 372 Nahuel Matías Demon reconoció como de su propiedad las piezas y cartuchos calibre 40 pertenecientes a su pistola Glock -hallados en poder de Mouzo- y la mochila que también le fue sustraída, junto a un morral utilizado por uno de los autores del robo -hallados en poder de Lucero-).
En lo que se refiere a la calificación legal de los delitos contra la propiedad, le asiste razón al Dr. Marenzi en cuanto a que no se encuentra acreditada la aptitud de las armas de fuego utilizadas en los eventos.
Ello es así, ya que más allá que se secuestraron armas en los domicilios de los imputados, con municiones y aptas para el disparo; aún dando por probado que se trata de las utilizadas en los robos, no puede afirmarse que en el momento de perpetrarse dichos eventos, las armas de fuego utilizadas para intimidar a las víctimas se encontraban en condiciones de efectuar disparos.
Siendo ello así, corresponde descartar la agravante contemplada por el art. 166 inc. 2do. párrafo segundo del CP. y aplicar la prevista en el párrafo tercero de la norma mencionada.
Tampoco se encuentra probada la efracción, habida cuenta que algunas víctimas señalaron que las puertas de ingreso a sus viviendas fueron forzadas, lo que en principio solo habla de la fuerza típica del robo y en otros casos, los moradores refirieron que se utilizó "un metal o tarjeta" para abrir puertas que coincidentemente no tenían picaporte del lado de afuera. En la mayoría de los casos -ver actas de inspección ocular- no se constataron daños en las puertas de ingreso de las viviendas.
En consecuencia, los seis hechos de robo que se les imputa a Carlos Alberto Mouzo y Germán Palacio, deben calificarse como constitutivos de los delitos de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda y por haberse perpetrado mediante el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (arts. 45, 166 inc. 2do. párrafo tercero y 167 inc. 2do. del CP.), los que concursan en forma material con los delitos de asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil -que no fue materia de recurso-.
Por último y en lo que hace a la necesidad de la medida de coerción, resulta oportuno recordar aquí que el principio de inocencia rige durante todo el proceso penal y se mantiene incólume hasta la existencia de una sentencia condenatoria que expresamente indique lo contrario. Tal principio fundamental está contemplado tanto en el art. 18 de la Constitución Nacional como en el art. 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.-
Siendo ello así es claro que toda privación de la libertad anterior a dicha sentencia, deviene excepcional y lógicamente debe aplicarse con carácter restrictivo, pues de lo contrario se estaría aplicando una pena anticipada.-
En el ámbito procesal el art. 144 del C.P.P. establece que el imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la ley para decidir lo contrario.-
De lo dicho hasta aquí se desprende que durante el proceso la regla es la libertad, habiendo previsto el legislador excepciones a esa regla con el objeto de asegurar que el justiciable se someta efectivamente al proceso, para salvaguardar la prosecución y la finalidad que el mismo persigue que es la averiguación de la verdad real y la aplicación del derecho sustantivo.-
En consecuencia el fundamento esencial para mantener el encarcelamiento preventivo del imputado durante el proceso, es la existencia de los llamados peligros procesales, es decir, si en el caso existe peligro de fuga o de entorpecimiento en la investigación.-
Estos peligros procesales pueden inferirse de distintas circunstancias como las que enunciativamente enumera el art. 148 del C.P.P..-
Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que el legislador a través de las circunstancias mencionadas presume iuris tantum la peligrosidad procesal, también lo es que dicha sospecha puede ser neutralizada si concurren circunstancias singulares que demuestren con suficiencia que en el caso no existe un riesgo para la actuación de la ley si el imputado permanece en libertad. Obviamente debe tratarse de condiciones excepcionales cuya entidad permita efectuar dicha aseveración.-
Ahora bien, tal como lo ha sostenido invariablemente esta Sala, el fundamento de la gravedad de la pena en expectativa así como la valoración objetiva del hecho imputado que lógicamente impedirían la aplicación de una eventual pena en suspenso, resultan pautas suficientes y válidas para mantener el encierro preventivo del encartado mientras dura el proceso (Conf. fallo de la Cám. Nac. Crim. y Correc. Sala II, 15-01-04) .-
En tal sentido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha admitido la consideración de la magnitud de la pena en expectativa como pauta de evaluación del encierro preventivo, afirmando que: "...La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, tampoco resultan suficientes, luego de transcurrido cierto plazo, para justificar la continuación de la prisión preventiva" (Conf. Informe nro. 2/97 del 11/3/97).-
De lo expuesto se colige que la magnitud de la pena en expectativa, resulta una pauta de valoración válida y suficiente por sí sola para fundar el encierro preventivo del imputado durante el proceso y que solo en los supuestos en que su prolongación temporal aparezca como irrazonable, debe acudirse a la valoración de otras circunstancias que concurran en el caso concreto para evaluar la razonabilidad de la extensión de la prisión preventiva.-
De esta forma, puede inferirse un peligro cierto de fuga que justifica el actual encierro que atraviesan los imputados, a partir de la pena que se espera como resultado del procedimiento, la que eventualmente será de cumplimiento efectivo y superior al mínimo legal aplicable.-
Ello es así, en atención a la multiplicidad y gravedad de los ilícitos atribuidos, a las características de los mismos, en cuanto se trata de delitos contra la propiedad perpetrados por varias personas (que superan el número que exige el art. 167 inc. 2do. del CP.) que ingresan a las viviendas sorprendiendo a sus moradores en su interior (lo que denota una mayor alarma social y merece por ello un mayor reproche penal) y en el caso de Mouzo, se agrega el antecedente que registra por hechos de similar naturaleza, quien además se encuentra identificado con distintos nombres, lo que implica una clara muestra de un comportamiento elusivo.
En consecuencia, corresponde confirmar el auto impugnado, por encontrarse ajustado a derecho, con las modificaciones señaladas en cuanto a la calificación legal asignada a los delitos contra la propiedad (arts. 148, 157, 158 y 171 del C.P.P.).-
POR ELLO :
Esta SALA PRIMERA de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, resuelve: RECHAZAR los recursos de apelación en tratamiento y por ende, CONFIRMAR el auto de prisión preventiva dictado a fs. 546/563, respecto de Carlos Alberto Mouzo y de Germán Darío Palacio en orden a los delitos de asociación ilícita, robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda y por haberse perpetrado mediante el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, todo en concurso real entre si (arts. 45, 55, 166 inc. 2do. párrafo tercero, 167 inc. 2do., 189 bis inc. 2do. párrafo primero y 210 del CP. y 148, 157, 158 y 171 del C.P.P.).
Se tienen presentes las reservas formuladas.
Regístrese, notifíquese a las partes y devuélvase al Juzgado de origen, encomendándose la notificación a los imputados y el cumplimiento de la resolución dictada por la Presidencia de esta Excma. Cámara el 28/12/2021 respecto de la ley 15.232.
Sirva la presente de atenta nota de remisión.-
Firmas
Funcionario Firmante: 08/11/2022 15:18:59 - ROLON Guillermo Alejandro - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2022 15:21:35 - ALBERDI Miguel Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2022 15:22:18 - NAVASCUES Miguel Carlos - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2022 16:54:36 - PICCININI Graciela Verónica - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 08/11/2022 16:55:21 hs. bajo el número RR-1972-2022 por PICCININI GRACIELA VERONICA.
Fin de la sentencia