Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 0703 4725 22
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación en tratamiento y por ende, confirmar el auto de prisión preventiva dictado a fs. 274/293 respecto de Martín Ignacio Irrazabal en orden al delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra y respecto de Nolberto Enrique Torres Carrasco en orden al delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego (arts. 148, 157, 158 y 171 del C.P.P. y 45, 55, 166 inc. 2do. párrafo segundo y 189 bis inc. 2° párrafo segundo del C.P.).-
Se tiene presente la reserva efectuada.
M.B. C.N º 0703-4725-22; "Irrazabal Martin Ignacio - Torres Carrasco Nolberto Enrique S/ Por Ileg Alrma De Guerra - Robo Calificado En Tva".-
///mas de Zamora. -
Para resolver los recursos de apelación interpuestos por los Sres. Defensores Particulares a fs. 298/300 y 301/304, contra la resolución dictada a fs. 274/293 de la presente causa nº 07-03-004725-22 que tramita ante el Juzgado de Garantías nro. 2 Departamental, y;
El auto de prisión preventiva dictado a fs. 274/293, viene apelado por los Sres. Defensores Particulares que asisten a los imputados Martín Ignacio Irrazabal y Nolberto Enrique Torres Carrasco, quienes a fs. 398/300 y 301/304 respectivamente expusieron los motivos de agravio y sus fundamentos.-
El Dr. Oviedo en representación del enjuiciado Irrazabal alegó que no hay suficientes elementos de convicción para sostener que su defendido sea probable autor o partícipe del hecho que se le achaca. Para sostener ello hizo hincapié en las contradicciones advertidas entre los testimonios prestados por el funcionario policial Jonathan Nuñez -en cuanto el mismo al momento de aprehender a su asistido refirió que en la huida y aproximadamente 20 metros atrás había descartado el arma de fuego incautada- y el testigo de actuación Federico Matías Frutos -quien sostuvo que al ser convocado, el imputado ya se encontraba en el suelo reducido y al darse vuelta hallaron dentro de su pantalón el arma-. Por otra parte adujo que no existen peligros procesales que justifiquen el mantenimiento de la medida de coerción dictada.
Por su lado, los Dres. Vianco y López, en relación al enjuiciado Carrasco Torres, sostuvieron que no se acreditó la preexistencia y propiedad de los elementos sustraídos, por lo cual el hecho no encuadra en ninguna figura penal. En forma subsidiaria solicitaron se califique el evento en grado de conato, dado a que las víctimas recuperaron algunos de sus elementos y que lo autores no tuvieron posibilidad de sacar provecho de las cosas obtenidas. Para finalizar se refirieron al carácter excepcional de la cautelar dictada, peticionando se revoque el auto apelado y se disponga la libertad de su defendido. Hicieron reserva de caso federal.
Avocada esta Alzada al estudio de la cuestión traída, entiende que los recursos de apelación deducidos deben ser rechazados.
Ello es así, toda vez que los elementos de prueba valorados por el A-quo al dictar el auto que viene cuestionado, resultan suficientes, a esta altura del proceso, para tener por acreditada la existencia de los hechos y la probable autoría de Martín Ignacio Irrazabal y de Nolberto Enrique Torres Carrasco en los mismos.
A tal fin corresponde merituar principalmente el contenido del acta de procedimiento que diera inicio a la presente. De la misma surge que los funcionarios del Comando de Patrullas de Esteban Echeverría fueron comisionados por el sistema de emergencias 911 a raíz de un ingreso en proceso a una vivienda. Siendo así se dirigieron al lugar del hecho, donde al llegar observan a dos sujetos que salen del interior de la morada corriendo. Dejaron constancia que uno de ellos vestía remera color gris y guantes de látex color negro, mientras que el otro campera color roja y pantalón de jean oscuro, llevando una amoladora en las manos. Ambos procuraron darse a la fuga, siendo que al llegar a la esquina tomaron distintas direcciones.
En esas circunstancias, la Oficial Cáceres siguió al que vestía campera -quien durante la huida fue desvistiéndose y arrojó la amoladora que llevaba consigo-, logrando aprehenderlo en la calle Dinamarca frente al numeral 1759. El mismo resultó identificado como el imputado Nolberto Enrique Torres Carrasco.
Por su parte, el sargento Nuñez siguió al otro sujeto a quien logró alcanzar sobre la calle Libertad a la altura catastral 1115. En presencia del testigo de actuación Federico Matías Frutos se lo requisó y se procedió a la incautación de una pistola marca Bersa calibre 380 con seis municiones en el cargador y una en recámara.
La víctima y dueña de la vivienda de donde salieron los encartados -Vanina Soler- prestó declaración testimonial a fs. 8, 104/106 y 145. En lo sustancial se desprende de las mismas que en oportunidad en que se encontraba en su domicilio junto con su hijo de un año de vida, observó que ingresaba por el portón de acceso una persona que desconocía. Refirió que el mismo se encontraba abierto ya que se está llevando a cabo una remodelación en su casa y los albañiles se encuentran trabajando, ingresando y egresando constantemente. Siendo así, dio aviso inmediatamente a su marido y alertó a la policía, procediendo a encerrarse en su habitación.
Describió como, pese a ello, ingresaron estos sujetos, a quienes podía ver a través de las cámaras de seguridad. Relató que la agredieron físicamente exigiéndole la entrega de joyas y dinero, amenazándola con que si no les daba lo que querían se llevarían a su hijo. Destacó que quien la golpeó con el arma en la cabeza vestía una campera de mangas rojas. Finalmente se retiraron del lugar y tomó conocimiento por los albañiles que la policía los había agarrado en las inmediaciones del hogar.
Los cuatro albañiles que se encontraban trabajando en la aludida vivienda y que también resultaron víctimas del hecho -Cristian Daniel Coronel, Enrique Luciano Coronel, Luis Fernando Bogarín y Alejandro Yegros- declararon bajo juramento a fs. 9 y 110/111, 129/130, 92/vta. y 131/132 y 91 y 116/117 respectivamente. Todos ellos resultaron contestes al referir que cuatro sujetos armados los abordaron en oportunidad en que Yegros estaba entrando material a la vivienda, para luego dos ingresar a la casa propiamente dicha. Tanto Coronel -quien refirió que le sustrajeron su teléfono celular Samsung A 12 y no logró recuperarlo- como Yegros señalaron que reconocieron al sujeto que primeramente subieron al patrullero como uno de los autores del hecho.
Por su parte, los funcionarios policiales intervinientes en el acta de procedimiento inicial, también han prestado declaración testimonial ratificando el contenido de la misma.
Si bien es cierto, tal como alega la defensa, que se advierte una inconsistencia entre los dichos del efectivo Nuñez y del testigo de actuación Frutos respecto al lugar del hallazgo del ama de fuego incautada -ya que mientras que Nuñez sostuvo que en la huida la descartó y logró aprehenderlo a los veinte metros, Frutos refirió que fue hallada en el pantalón del imputado-, ninguna duda hay que la misma la portaba Irrazabal.
A ello cabe adunar que Cristian Coronel reconoció el arma de fuego incautada como la utilizada por uno de los sujetos en el evento.
Más allá de todos los elementos cargosos citados, no podemos dejar de advertir que en las placas fotográficas correspondientes al material fílmico de las cámaras de seguridad de la vivienda propiedad de Soler, se puede observar claramente la totalidad del suceso como también se puede distinguir a los dos imputados como los autores del mismo (fs. 180/190). Ello fundamentalmente tras confrontarlas con las fotos de éstos al momento de ser aprehendidos (fs. 243/vta.).
La prueba antes citada, valorada a la luz de lo dispuesto por el art. 210 del C.P.P., resulta suficiente e idónea para abastecer los requisitos del art. 157 incs. 1ro. y 3ro. del mismo cuerpo legal, respecto de ambos enjuiciados en orden a la imputación que se les formula.
En cuanto al planteo subsidiario efectuado por los Dres Vianco y López -pretendiendo la reducción prevista en el art. 42 del C.P.- debemos simplemente decir que los damnificados no recuperaron la totalidad de los bienes que les fueran sustraídos, por lo que el delito contra la propiedad llegó a consumarse.
En lo atinente a los peligros procesales y al carácter excepcional de la medida de coerción dispuesta -que fuera motivo de agravio para ambas defensas-, resulta oportuno recordar aquí que el principio de inocencia rige durante todo el proceso penal y se mantiene incólume hasta la existencia de una sentencia condenatoria que expresamente indique lo contrario. Tal principio fundamental está contemplado tanto en el art. 18 de la Constitución Nacional como en el art. 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.-
Siendo ello así es claro que toda privación de la libertad anterior a dicha sentencia, deviene excepcional y lógicamente debe aplicarse con carácter restrictivo, pues de lo contrario se estaría aplicando una pena anticipada.-
En el ámbito procesal el art. 144 del C.P.P. establece que el imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la ley para decidir lo contrario.-
De lo dicho hasta aquí se desprende que durante el proceso la regla es la libertad, habiendo previsto el legislador excepciones a esa regla con el objeto de asegurar que el justiciable se someta efectivamente al proceso, para salvaguardar la prosecución y la finalidad que el mismo persigue que es la averiguación de la verdad real y la aplicación del derecho sustantivo.-
En consecuencia el fundamento esencial para mantener el encarcelamiento preventivo del imputado durante el proceso, es la existencia de los llamados peligros procesales, es decir, si en el caso existe peligro de fuga o de entorpecimiento en la investigación.-
Estos peligros procesales pueden inferirse de distintas circunstancias como las que enunciativamente enumera el art. 148 del C.P.P..-
Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que el legislador a través de las circunstancias mencionadas presume iuris tantum la peligrosidad procesal, también lo es que dicha sospecha puede ser neutralizada si concurren circunstancias singulares que demuestren con suficiencia que en el caso no existe un riesgo para la actuación de la ley si el imputado permanece en libertad. Obviamente debe tratarse de condiciones excepcionales cuya entidad permita efectuar dicha aseveración.-
Ahora bien, tal como lo ha sostenido invariablemente esta Sala, el fundamento de la gravedad de la pena en expectativa así como la valoración objetiva del hecho imputado que lógicamente impedirían la aplicación de una eventual pena en suspenso, resultan pautas suficientes y válidas para mantener el encierro preventivo del encartado mientras dura el proceso (Conf. fallo de la Cám. Nac. Crim. y Correc. Sala II, 15-01-04) .-
En tal sentido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha admitido la consideración de la magnitud de la pena en expectativa como pauta de evaluación del encierro preventivo, afirmando que: "...La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, tampoco resultan suficientes, luego de transcurrido cierto plazo, para justificar la continuación de la prisión preventiva" (Conf. Informe nro. 2/97 del 11/3/97).-
De lo expuesto se colige que la magnitud de la pena en expectativa, resulta una pauta de valoración válida y suficiente por sí sola para fundar el encierro preventivo del imputado durante el proceso y que solo en los supuestos en que su prolongación temporal aparezca como irrazonable, debe acudirse a la valoración de otras circunstancias que concurran en el caso concreto para evaluar la razonabilidad de la extensión de la prisión preventiva.-
De esta forma, puede inferirse un peligro cierto de fuga que justifica el actual encierro que atraviesan los imputados, a partir que la pena que se espera como resultado del procedimiento, la que atendiendo a la calificación legal sustentada -y en el caso de Irrazabal al antecedente condenatorio que registra- deberá ser necesariamente de cumplimiento efectivo. A ello se suma el resto de las consideraciones que hizo sobre el particular el magistrado interviniente.
En consecuencia, corresponde confirmar el auto impugnado por encontrarse ajustado a derecho.-
POR ELLO :
Esta SALA PRIMERA de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, resuelve: RECHAZAR el recurso de apelación en tratamiento y por ende, CONFIRMAR el auto de prisión preventiva dictado a fs. 274/293 respecto de Martín Ignacio Irrazabal en orden al delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra y respecto de Nolberto Enrique Torres Carrasco en orden al delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego (arts. 148, 157, 158 y 171 del C.P.P. y 45, 55, 166 inc. 2do. párrafo segundo y 189 bis inc. 2° párrafo segundo del C.P.).-
Se tiene presente la reserva efectuada.
Regístrese, notifíquese a las partes y devuélvase al Juzgado de origen, a quien se encomienda la notificación de los imputados de autos.
Para el caso de que los imputados al momento de notificarse formulen manifestación impugnativa alguna contra lo resuelto en esta sede, se solicita que la misma sea puesta en conocimiento de la Defensa a fin de canalizar la voluntad de su asistido, ello así de conformidad con lo resuelto por la S.C.B.A. en causas P-98.416, P-100.064, P-89.288 y P-87.558, entre otras.
Cúmplase con la resolución de la Presidencia de esta Excma. Cámara del 28/12/2021 en relación a la ley 15.232.
Sirva el presente de atenta nota de envío.-
Firmas
Funcionario Firmante: 27/09/2022 14:51:49 - ROLÓN Guillermo Alejandro - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2022 14:52:10 - NAVASCUÉS Miguel Carlos - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2022 14:55:44 - ALBERDI Miguel Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2022 15:47:23 - PICCININI Graciela Verónica - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 27/09/2022 15:47:56 hs. bajo el número RR-1726-2022 por PICCININI GRACIELA VERONICA.
Fin de la sentencia