Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa 2000 26454 23
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Defensa, confirmar el decisorio la prisión preventiva del aquí encartado Fernando Gabriel Ruiz, y modificar la calificación legal por la de robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa, y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real entre sí, por los motivos expuestos en el considerando.
II. Encomendar a la instancia la formación de un incidente de morigeración para evaluar la posibilidad de atemperar el encierro que padece Ruiz.
Artículos del C.P., 21, 148, 157, 163, 209, 210, 442, 447 y ccdtes. del C.P.P.
La instancia de grado convirtió en prisión preventiva la detención de Fernando Gabriel Ruiz en orden a los delitos de robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y daño, todos ellos en concurso real entre sí, en los términos de los artículos 42, 45, 55, 166 inc. 2, 3er. párrafo, 183 y 189 inc. 2do., 1er. párrafo 1 del C.P.
La Defensa Oficial cuestiona tal medida, y sostiene conforme lo argumentado en su presentación que debe de aplicarse al caso la figura de robo simple en grado de tentativa, destacando para ello que el arma secuestrada si bien resulta apta para el disparo, se encontraba descargada. Asimismo, respecto de la figura de tenencia ilegal de arma de fuego, en virtud de la circunstancia apuntada, esto es, que el arma se encontraba descargada, entiende que la misma no puede considerarse arma de fuego.
Finalmente, solicita se desvincule a su asistido respecto del delito de daño, toda vez que a su criterio sería atípico.
Requiriendo por todo ello, la libertad del encartado y subsidiariamente su arresto domiciliario.
En primer término, corresponde señalar que el decisorio puesto en crisis reúne los requisitos del artículo 157 incisos 1° y 3° para afirmar la materialidad infraccionaria y probable responsabilidad de Ruiz en el suceso investigado de acuerdo a las constancias probatorias glosadas.
Demarcado el escenario adelantamos que en el caso los agravios serán parcialmente receptados, por las consideraciones que a continuación se expondrán.
En éste sentido, mas allá de la literalidad y taxatividad con que la esmerada Defensa sostiene su postura, la que a su vez robustece con fallos en línea con su requerimiento, entendemos que el fundamento del artículo 166, inc. 2do., 3er. párrafo del C.P., -en punto al empleo de arma de utileria-, resulta ser el mayor poder intimidatorio sufrido por la víctima, que en el caso concreto se verificó, lo cual permite en consecuencia arribar a la calificación sustentada por la Instancia.
Asimismo, respecto al delito de tenencia ilegal de arma configura una ilicitud penal cuya configuración no requiere más que un riesgo para la seguridad común, comprende el resguardo de todos los restantes bienes indefinidamente considerados, de modo que aún la tenencia de un arma descargada, -como en el caso concreto- abastece, en principio, las exigencias típicas.
Tanto en el caso de la tenencia como en el de la portación, el bien jurídico en juego es la seguridad común, constituída por el estado en que la integridad de los bienes, intereses y las personas se encuentran exentos de soportar situaciones peligrosas o riesgosas que la amenacen de manera directa o indirecta.
En el caso concreto se está frente a un peligro, por lo tanto, la lesión al bien jurídico no depende de la situación de que ese peligro se materialice, sino que precisamente de la mera posibilidad de crear un daño o riesgo a la seguridad común.
Para determinar que se está frente a un peligro, el legislador presume, con criterio generalizador, que bajo determinadas condiciones (situaciones y medios específicos) y conforme a las reglas constantes de la experiencia, existe un riesgo para el bien penalmente protegido, desentendiéndose de la efectiva comprobación de la realidad fáctica de dicho riesgo (resultado).
Conforme lo expuesto, fluye con palmaria claridad que el arma incautada en las presentes actuaciones y cuya tenencia fuera imputada a Ruiz, posee idoneidad para crear un "riesgo potencial" que vulnere el interés penalmente tutelado de la seguridad común, existiendo en definitiva, una situación de peligro potencial que afecta el bien jurídico protegido.
Finalmente, en lo referente al delito de daño, entiende el Tribunal que el mismo deviene atípico, ello es así, toda vez que en el caso no advertimos el dolo directo de perjudicar la cosa ajena exigido por la figura achacada. Siendo que, precisamente, la clara intención del encartado era la de continuar su huida, no la de producir daño alguno en el vehículo que embistiera e impidiera continuar su fuga.
Dicho ello y analizando la coerción en sí como restante motivo de agravio cabe decir que sabido resulta que la regla durante la sustanciación de todo proceso criminal es la libertad de todo imputado hasta tanto una sentencia de condena firme destruya el Estado de inocencia del cual goza, sin embargo, tal derecho a la libertad constitucioRuiz, robo nalmente puede limitarse al darse las circunstancias de excepción que hacen al cumplimiento y efectiva aplicación de la ley penal sustantiva con un norte afianzador de la idea de justicia (conf. Preámbulo C.N.).
Estos riesgos procesales que hacen a la excepción supra señalada, en lo particular del caso y tal como señalara la Juez de grado, consisten en el precedente condenatorio de fecha 11/10/2017, por cuanto el titular del Juzgado Correccional N° 5 Departamental condenó en definitiva al aquí encartado a la pena única de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento dejo en suspenso (I.P.P. 70606-16, 52323-15 y 34323-17), y el Titular del Juzgado Correccional N° 3 Departamental que condenó al nombrado a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo (I.P.P. 1951-19).
Lo enunciado impide que la eventual condena a imponérsele resulte de ejecución condicional (artículo 26 del Código Penal), permitiendo tener por configurado el riesgo procesal en los términos del artículo 148 del ritual, que abastece las exigencias legales para el mantenimiento de la medida en crisis, al menos de momento.
Es entonces que por todo lo antedicho se impone el rechazo de la apelación y la íntegra homologación del decisorio en crisis puesto por encontrarlo ajustado a derecho y a las constancias hasta aquí incorporadas.
Por último, advirtiendo que la Defensora ha requerido en su líbelo impugnativo la aplicación respecto de su pupilo de una medida menos gravosa, a los fines de garantizar el debido proceso y la garantía de la doble instancia, corresponde encomendar a la instancia la formación de un incidente de morigeración para evaluar la posibilidad de atemperar el encierro que padece Ruiz.
POR ELLO:
Esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental;
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Defensa, confirmar el decisorio la prisión preventiva del aquí encartado Fernando Gabriel Ruiz, y modificar la calificación legal por la de robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa, y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real entre sí, por los motivos expuestos en el considerando.
II. Encomendar a la instancia la formación de un incidente de morigeración para evaluar la posibilidad de atemperar el encierro que padece Ruiz.
Artículos del C.P., 21, 148, 157, 163, 209, 210, 442, 447 y ccdtes. del C.P.P.
Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal General, a la Sra. Defensora Oficial, y a la instancia de grado.
En la fecha notifiqué electrónicamente al Sr. Fiscal General Departamental ( [email protected]) y a la Defensa Oficial ([email protected]), remitiendo la presente a la instancia de origen ([email protected]). CONSTE.
Firmas
Funcionario Firmante: 28/02/2024 10:33:07 - BRAVO Tomas Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2024 12:40:21 - GARCIA DIAZ Martin Andres - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2024 12:49:43 - AMATI Mariano Gaston - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 28/02/2024 12:49:53 hs. bajo el número RR-318-2024 por AMATI MARIANO GASTON.
Fin de la sentencia