Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 38244
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el pronunciamiento del Juez de Garantías Daniel A. De Marco en cuanto convirtió en prisión preventiva la detención que Juan Ignacio Boggón observa en autos. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el encausado in pauperis, voluntad impugnativa canalizada por el Defensor Oficial Mauro Giacomaso. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 144, 146 inc. 3°, 148, 157 inc. 4°, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
38244. "BOGGON JUAN IGNACIO S/ROBO CALIFICADO". IPP 0800-50244/24
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, registrados bajo el n° 38244, y de cuyas constancias,
I. Que el Juez de Garantías Daniel A. De Marco resolvió convertir en prisión preventiva la detención que venía observando en autos Juan Ignacio Boggón respecto del delito que se le imputa y que fue calificado en autos como robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, en grado de tentativa (CP: 42,167 inc. 4° -en relación al art. 163 inc. 6°-)
II. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el encausado in pauperis, voluntad impugnativa canalizada por el Defensor Oficial Mauro Giacomaso, quien creyó necesario recordar que el principio que rige el proceso penal es el de la libertad del imputado durante su sustanciación y que tal derecho solo puede ser restringido cuando resulte indispensable para la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley de fondo. De esta forma, prácticamente transcribe de manera impecable el art. 144 del CPP.
Critica la resolución del a quo en el entendimiento que éste funda la existencia de indicadores ciertos de peligrosidad procesal en la circunstancia que su asistido posee antecedentes penales, que impedirían en el hipotético caso de recaer condena en estos actuados, que la misma fuera de ejecución condicional, sustentándose así el dictado de la medida de coerción exclusivamente en la pena en expectativa.
Luego, agrega que el encausado posee domicilio debidamente certificado y por todo lo expuesto solicita que se revoque la resolución del a quo y, consecuentemente, se disponga la libertad de Juan Ignacio Boggon.
I. Que en autos se investiga el hecho relatado por el Ministerio Público Fiscal del siguiente modo: "el día 17 de diciembre de 2024 a las 3:30 horas en la vía pública, precisamente en Av. Colón entre calle Santa Fe y Corrientes de esta ciudad, Juan Ignacio Boggon accedió al habitáculo del auto VW Gol patente IGO996 propiedad de Daniel Suárez, cortó los cables del sistema de encendido para darle arranque y apoderarse del mismo. No logró consumar el hecho porque fue sorprendido por personal policial".
Dicho suceso fue calificado como constitutivo del delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa (CP: 42 y 167 inc. 4° -en relación al art. 163 inc. 6°-).
El encausado se encuentra privado de libertad desde el día 17 de diciembre del año 2024.
II. Que en cuanto al principal motivo de agravio de la Defensa contra la resolución atacada, esto es, que el juez de grado habría justificado la medida de coerción dictada exclusivamente en la pena en expectativa, sin perjuicio de no coincidir con esa conclusión, corresponde recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la gravedad del delito atribuido y la severidad de la pena (como condiciones objetivas de análisis) pueden constituir indicios de una posible evasión del imputado, siempre y cuando no se constituyan, con el paso del tiempo, en criterios de retribución penal (Comisión IDH, Informe 12/96, caso N° 11.245, Informe Anual 1995, párrafo 84).
III. Que tales criterios, como principios de análisis general, deben complementarse con un control de razonabilidad en el caso concreto, tomando como pautas interpretativas la excepcionalidad, provisionalidad y proporcionalidad cualitativa (CIDH, Informes 35/07 y 86/09), que imponen ponderar la relación de proporcionalidad que necesariamente debe existir entre la gravedad de la medida de coerción a aplicar y el fin procesal que se pretende asegurar con ella, a fin de impedir que el trato que reciba el imputado durante el proceso sea más gravoso para su libertad que el que supondría una eventual condena.
IV. Que de conformidad con tales niveles de análisis, debe señalarse que en el caso de autos emergen indicadores de peligrosidad procesal que sustentan la necesidad de la prisión preventiva carcelaria ordenada por el sentenciante de origen.
En efecto, conforme surge del informe de antecedentes, en el marco de la causa N°5143 del Tribunal Oral Criminal N°2 Departamental, Boggón fue condenado con fecha 27 de agosto de 2019 a la pena de 2 (dos) años y 6 (seis) meses de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta por el plazo de 2 (dos) años, venciendo dichas reglas el día 4 de septiembre del año 2021. Luego, el día 29 de noviembre del mismo año el Tribunal interviniente resolvió declarar agotado el término de cumplimiento de la reglas de conducta.
Por otro lado, en el marco de la IPP 08-00-010011-24, el encausado fue condenado por el Juzgado de Garantías N°1 departamental con fecha 12 de abril del año 2024 a la pena de 7 (siete) meses de prisión de efectivo cumplimiento por resultar autor penalmente responsable de los delitos de amenazas y daño. En ese proceso, recuperó su libertad el día 1 de octubre del año 2024 por agotamiento de pena, medida que se hizo efectiva desde el Juzgado de Ejecución N°2 Departamental.
Por lo expuesto, se impone hacer hincapié que en caso de resultar condenado en autos, el procesado no solo no podrá aspirar a una pena de ejecución condicional sino que también podría ser declarado reincidente (CP: 26 a contrario y 50).
V. Que tales extremos denotan la existencia de motivos que llevan a presumir razonablemente un riesgo de fuga y por ello la medida de encierro preventivo que observa el causante resulta ajustada a derecho, necesaria y proporcional, esto último en función del escaso tiempo que lleva el imputado privado de libertad y el objeto que se pretenden tutelar. Frente a ello, no resulta dirimente el hecho que Boggon posea un domicilio legal ceritificado. Rigen los artículos 144, 146 inc. 3°, 148, 157 inc. 4° y ccdtes del CPP.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar el pronunciamiento del Juez de Garantías Daniel A. De Marco en cuanto convirtió en prisión preventiva la detención que Juan Ignacio Boggón observa en autos. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el encausado in pauperis, voluntad impugnativa canalizada por el Defensor Oficial Mauro Giacomaso. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 144, 146 inc. 3°, 148, 157 inc. 4°, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 10/03/2025 11:25:19 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 11:34:29 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 11:46:35 - GUTIERREZ Maria Aynara - AUXILIAR LETRADA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 10/03/2025 11:46:57 hs. bajo el número RR-65-2025 por GUTIERREZ MARÍA AYNARA.
Fin de la sentencia