Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 38548
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar el pronunciamiento dictado en autos por el Sr. Juez Gabriel Adrián Bombini, titular del Juzgado de Garantías 5 departamental, mediante el cual determinó que en autos resulta aplicable el instituto establecido en el art. 59 inc. 6 CP. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación el Ministerio Público Fiscal. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 59 inc. 6 a contrario del CP; 1, 15, 21, 56, 56 bis, 106, 125, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP; 2, 7 y cctes. ley 13.433.
c. 38548. "VAZQUEZ RUBEN DARIO S/ROBO CALIFICADO POR EFRACCION". IPP 20208-25.
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 38548, y de cuyas constancias,
1. Que, en lo que aquí concierne, el Sr. Juez Gabriel Adrián Bombini, titular del Juzgado de Garantías 5 Departamental, declaró, con fecha 26 de junio del corriente año, que en autos resulta aplicable el instituto establecido en el art. 59 inc. 6 CP; especificando las sumas a abonar y los destinatarios de las mismas, en concepto de reparación del daño.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Ministerio Público Fiscal.
Releva la recurrente que si bien el instituto previsto en el artículo 59 inc. 6° de Código Penal (Ley 27.147) tiene plena vigencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; con el análisis que realiza entiende que el mismo no puede ser aplicado al caso de autos.
Señala así que no se hallan presentes los requisitos legales relacionados a que ese procedimiento sea propiciado por el Ministerio Público que representa y, además, que se trate de causas correccionales (art. 6 de la Ley 13433). Añade que, incluso, esas pautas fueron marcadas también por esta Cámara en los distintos pronunciamientos que cita.
Releva que en el supuesto de autos existen una serie de obstáculos que resultan infranqueables para poder acceder al ofrecimiento hecho por el causante y aceptado por la víctima.
Agrega que la ley de mediación penal es el marco regulatorio y normativo que debe utilizarse para interpretar el contenido del art. 59 inc. 6 del CP, ello en cuanto hace alusión a conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en la leyes procesales correspondientes; luego su interpretación no debe ser caprichosamente segmentada, admitiendo la vigencia de unos pasajes y descartando la de otros. Ello, más allá de la opinión de la víctima.
Advierte que en el supuesto la recepción de la propuesta de la Defensa colocó en un rol preponderante al interés de la víctima, por sobre el de la sociedad, echando por tierra los principios básicos relacionados al carácter público de la acción penal (cfr. Ley 14442; art. 267 del CPP).
Añade que la ley provincial 15.232, que contempla el tratamiento y atención a las víctimas de los delitos, si bien prevé su participación y derecho a ser escuchada durante el proceso, no reglamentó pauta alguna respecto al art. 59 inc. 6° del CP. Este criterio intepretativo fue adoptado la Cámara en causa 33467 "Mendiburu" y 34524 "Cifuentes". Explicita que los fundamentos del a quo para aplicar el instituto que cuestiona son inadecuados, puesto que no existe en la provincia de Buenos Aires posibilidad alguna para solucionar por la vía escogida, de momento, causas que tengan una imputación con penas mayores a los seis años cuando el MPF no demuestre un concreto desinterés en su continuidad. Indica que la parte que representa demostró cuales son las razones que motivan la continuidad de la encuesta en contra de Vázquez -explicitadas en la petición de elevación de las actuaciones a juicio y la prisión preventiva del encartado-, con lo cual entiende que no existen posibilidades de interpretar como posible en el caso la viabilidad del instituto extintivo de la acción penal en la variante contenida dentro del inc. 6to del art. 59 del CP.
Enfatiza que dotar a la víctima de una posibilidad tan amplia, que desconozca los intereses del resto de la sociedad, es absolutamente inadmisible en determinado tipo de situaciones dado que importaría una privatización del ejercicio del poder punitivo, extremo absolutamente inadmisible en nuestro Estado de Derecho.
Con todo solicita que se revoque el auto atacado, disponiendo la continuidad de la encuesta hacia la instancia de juicio.
Debe apuntarse que el Agente Fiscal manifestó que hacía "reserva de ampliar los fundamentos del presente recurso"; pero su Superior, al mantenerlo en esta instancia, señaló la que la "presentación abastece suficientemente lo ordenado por el artículo 442" del CPP.
1. Que liminarmente, teniendo en cuenta la cuestión que motiva el conocimiento de esta Alzada y el trámite otorgado a la misma en la instancia de origen, sin desconocer que en autos se determinó que el caso resultaba de flagrancia (ley 13.811), el recurso interpuesto se resolverá en modo escrito.
En otro orden, en atención a la manifestación efectuada por el Sr. Fiscal General Fabián U. Ferández Garello al momento de mantener la apelación del Sr. Agente Fiscal Leandro Arévalo, se prescinde de la realización del acto previsto en el artículo 442 del CPP.
2. Que, sentado lo anterior, se debe comenzar relevando que en autos se investiga el hecho narrado en los siguientes términos y respecto del cual el Ministerio Público Fiscal efectúo la correspondiente requisitoria de elevación a juicio: "Siendo aproximadamente las 12:00 horas del día 19 de mayo de 2025, una persona de sexo masculino identificada en autos Ruben Dario Vazquez, previo ejercer fuerza sobre la ventana lateral arrancando los barrotes de madera, accedió al garaje de la vivienda ubicada en Av. Arturo Alió 940 de este medio, propiedad de Matías Diez, e intentó apoderarse ilegítimamente de elementos varios y prendas de vestir que allí dentro se encontraban, para luego emprender su fuga con la res furtiva".
Ese hecho fue calificado como robo agravado por su comisión con efracción, en grado de tentativa (CP, 42 y 167 inc.3).
Vázquez permanece privado de libertad en autos desde el día 19 de mayo próximo pasado; habiéndose dictado su prisión preventiva, medida que fue atemperadaba recientemente.
3. Que, sentado lo expuesto, en primer término corresponde señalar que el Código Penal cuando es su artículo 59 inc. 6 (ley 27.147), establece la causal de extinción de la acción penal por reparación integral formula una expresa remisión a las normas instrumentales provinciales al indicar que esa causal operará "de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes".
En la provincia de Buenos Aires, lo previsto en las leyes procesales a este respecto se encuentra primeramente en el art. 56 del CPPBA, que le impone al Ministerio Público Fiscal, en el ejercicio de la acción penal pública que le confiere su art. 6, como criterio de actuación procurar racionalizar y otorgar eficacia a sus intervenciones pudiendo aplicar criterios de oportunidad en cualquier etapa del proceso, especialmente a través de aquellos institutos que propiciaren la reparación de la víctima.
Al mismo tiempo, en el artículo 56 bis el mismo código fija las pautas para aplicar a esa selección de casos, estableciendo los "Criterios Especiales de Archivo", que otorga al Ministerio Público Fiscal, en el ejercicio de la acción penal pública, en los supuestos específicos allí explicitados, la facultad de disponer el archivo de las actuaciones, resaltando que para aplicar estos criterios a un imputado se considerará especialmente la composición con la víctima. El imputado deberá acreditar haber reparado el daño ocasionado o expresar la posibilidad de hacerlo. A su vez, el art. 86 del mismo digesto le impone al Fiscal tener en cuenta, lo atinente a la situación de la víctima, y, en especial, la reparación voluntaria del daño, el arrepentimiento activo de quien aparece como autor y la solución o morigeración del conflicto o la conciliación, tanto al momento de ser ejercida la acción penal (inc. 1°), como de seleccionar la coerción penal (inc. 2°), individualizar la pena en sentencia (inc. 3°) y hasta de modificar en su medida o modo de cumplimiento, la pena en la etapa de sentencia (inc. 4°).
Ahora bien, el procedimiento específicamente previsto para la "reparación integral del perjuicio" -más allá de las normas antes citadas- se encuentra en la ley 13.433 que, desde el año 2005, instituye el "Régimen de Resolución Alternativa de Conflictos Penales", dentro del cual regula los mecanismos de la mediación y la conciliación "a los fines de pacificar el conflicto, procurar la reconciliación entre las partes, posibilitar la reparación voluntaria del daño causado, evitar la revictimización, promover la autocomposición en un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías constitucionales, neutralizando a su vez los perjuicios derivados del proceso penal" (art. 2°).
Este procedimiento especial establece los principios que lo rigen (voluntariedad, confidencialidad, celeridad, informalidad, gratuidad y neutralidad o imparcialidad de los mediadores -art. 3-), los casos en los que procede (causas correccionales -art.6-), así como el órgano encargado de llevarlo a cabo (Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos Departamentales, dependiente del Ministerio Público Fiscal -art.4-), pudiendo el Sr. Agente Fiscal interviniente en la IPP requerir su aplicación de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes o de la víctima (art. 7).
En cuanto a los "efectos sobre el proceso" del acuerdo al que pudiera arribarse a través de este procedimiento especial, el art. 20 de la ley 13.433 establece que cuando las partes hayan dado por enteramente satisfechas sus pretensiones el Agente Fiscal procederá al archivo de las actuaciones, que podrá sujetarse a condiciones en caso de pactarse alguna obligación entre las partes que, de ser incumplida, provocará el desarchivo de la investigación y la continuación de su trámite mientras que, verificado su cumplimiento, se prevé que se transforme el archivo en sobreseimiento, de conformidad con lo establecido en el art. 323 inc. 7° y último párrafo, del CPPBA y, con la incorporación al Código Penal de la causal del art. 59 inc. 6°, también del inciso 1° del mismo artículo.
Entonces, en la provincia de Buenos Aires, de conformidad con las leyes procesales a las que expresamente remite el art. 59 inc. 6° del Código Penal, para declarar la extinción de la acción por reparación integral del perjuicio resulta un presupuesto formal - en principio - la intervención del Fiscal requiriendo su aplicación o, al menos, otorgando su consentimiento para la aplicación del procedimiento especial previsto por la ley 13.433 (arts. 6, 56, 56 bis y 86 CPPBA; arts. 7 y 8 Ley 13.433).
Esta postura atiende a lo prescripto por la doctrina legal sentada por la CSJN en cuanto sostiene que la tarea de interpretación de la ley comprende la armonización de sus preceptos y su conexión con las otras normas que integran el ordenamiento jurídico, evitando darles a las leyes un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como criterio verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (entre muchos otros: fallo del 21/10/2021, Id SAIJ: SUA0083676, voto del juez Rosatti).
Ello de modo alguno supone que el Fiscal subrogue ni contraríe los intereses ni la voluntad de la víctima, sino que esta voluntad debe canalizarse a través del procedimiento especial expresamente previsto para promover la autocomposición en un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías constitucionales (art. 2° ley 13.433), a fin de resguardar los intereses de la sociedad y la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales, para lo cual la ley le otorga legitimación plena al Fiscal (art. 1° ley 14.442), lo que también obliga a éste, en caso que entienda que el hecho atribuido no encuadra en una figura legal o medie causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria, a no dar curso a la solicitud reparatoria de la víctima y a instar la resolución del caso por el trámite propio de la investigación (art. 8 in fine ley 13.433).
4. Que, como se evidencia, resulta en principio necesaria la anuencia del Fiscal en todos los supuestos donde se aplican criterios de oportunidad.
Es doctrina del Tribunal de Casación provincial, a través de varias de sus Salas y en distintas causas que "Así como el Juez no puede archivar una investigación en virtud del art. 56 bis del CPP, porque dicha prerrogativa está en manos del Agente Fiscal, no surge de la ley 13.433 que los magistrados puedan suplir al Agente Fiscal en la aplicación de la misma. Además, teniendo en cuenta el rol que institucionalmente tiene el MPF en el sistema procesal vigente, parece lógico que esté bajo sus atribuciones la aplicación de la resolución alternativa de conflictos penales, toda vez que la acción penal de manera mediata puede, por esa vía, llegar a extinguirse..." "... Por último, es dable recordar aquí que el procedimiento de resolución alternativa de conflictos, previsto en la ley 13.433, es competencia exclusiva reservada al Ministerio Público y a las distintas Oficinas específicas que funcionan dentro" (cfr. Sala IV, c. 121.166, resol. del 9/2/2023; en igual sentido c. 120.395, resol. del 21/3/2023, Sala I, c. 121.161, resol. del 14/12/2022; Sala V, c. 114.503, resol. del 14/6/2022 y c. 119.421, resol. del 14/6/2022, entre otras).
En tal inteligencia, se entiende que en la aplicación de los criterios de oportunidad resulta preponderante la actuación del Fiscal, pues él es quien decide, luego de un amplio análisis de las circunstancias fácticas y jurídicas emanadas del caso concreto, si presta o no su consentimiento para ello.
Queda claro que si ese dictamen no se encontrara debidamente fundado o revelara irrazonabilidad manifiesta, le permitiría al Tribunal descalificarlo como tal, en cumplimiento de la función que le compete, que es la de controlar la logicidad de la postura del órgano acusador, ya que de lo contrario nos hallaríamos frente a un área reservada al arbitrio de una de las partes, situación que se estima insostenible en nuestro ordenamiento legal.
Como contrapartida, resultaría igualmente arbitrario otorgar pleno poder a la magistratura para soslayar el dictamen fiscal (cuando éste se encuentre debidamente motivado y con un razonamiento que obedezca a la lógica), toda vez que ello importaría sin más vedar a la vindicta pública llevar adelante su cometido.
En la presente causa, la motivación expresada por el Ministerio Público Fiscal impide reputar de irrazonable su dictamen al negar el consentimiento para hacer cesar la acción penal por reparación del perjuicio. Nótese que en el mismo tiene como fundamento que el hecho imputado es de competencia criminal y no resulta uno de aquéllos que ingresan en las pautas previstas legalmente en la ley provincial 13433; también trae a colación que, por regla, el titular de la acción penal en la provincia de Buenos Aires es el Ministerio Público Fiscal y, como consecuencia de ello, la existencia de situaciones excepcionales de extinción de la acción están condicionadas al acompañamiento o asentimiento del MPF. Analiza también que, a todo evento, el ofrecimiento resarcitorio propuesto por el imputado Vázquez (y para el caso en que se mantenga a futuro) alcanzará operatividad solamente en los términos de los arts. 40 y 41 del CP. Como colofón expresa que interpretar el alcance del art. 59 inc. 6 del C.P. de un modo diferente, permitiría llegar al absurdo de poder compensar económicamente cualquier ilícito que pueda cometer un ciudadano, incluso uno sancionado con pena perpetua; siendo ello descabellado, carente de todo tipo o criterio de razonabilidad; considerando así que se muestra criticable desde todo punto de vista, instaurar un criterio que se transmita a la sociedad en el sentido de que "quien tiene plata, no afrontará consecuencias"; analizando, además, que mucho mas repudiable resulta atar la cuestión a la voluntad de una víctima que, en el contexto económico que atraviesa nuestra sociedad, accede lógicamente a recibir un dinero que no estaba en sus previsiones. Por todo ello, este Tribunal resuelve: revocar el pronunciamiento dictado en autos por el Sr. Juez Gabriel Adrián Bombini, titular del Juzgado de Garantías 5 departamental, mediante el cual determinó que en autos resulta aplicable el instituto establecido en el art. 59 inc. 6 CP. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación el Ministerio Público Fiscal. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 59 inc. 6 a contrario del CP; 1, 15, 21, 56, 56 bis, 106, 125, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP; 2, 7 y cctes. ley 13.433.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 18/07/2025 10:26:46 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/07/2025 10:27:18 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/07/2025 11:11:31 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/07/2025 11:11:53 hs. bajo el número RR-381-2025 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia