Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 0703-8266-26/S
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación deducido por la Defensa Oficial y, en consecuencia, confirmar el auto de fecha 8 de octubre de 2026 en el cual se dispone la prisión preventiva respecto de Nicolás Carlos Alberto Fretes , en orden a los delitos de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública en concurso real con daño agravado por impedir el libre ejercicio de la autoridad y resistencia a la autoridad (arts. 45, 55, 167 inciso 4° en función del art. 163 inciso 6°, 184 inciso 1° y 239 del Código Penal; 148, 157, 158, 171, 210 y 439 del C.P.P.).
PB C.Nº 0703-8266-26/S
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial, contra el auto de fecha 08/10/2026 del Juzgado de Garantías N° 2 Departamental en el que se dispuso la prisión preventiva de Nicolás Carlos Alberto Fretes, en la causa N° 0703-8266-26/00;
Que el resolutorio mencionado viene apelado por la Sra. Defensora Oficial interviniente, quien por los argumentos expuestos en su escrito presentado electrónicamente, peticiona se revoque la medida de coerción dictada por la instancia de grado. Alega la falta de certeza sobre la coautoría de Fretes en el HECHO I (robo agravado de motovehículo), sosteniendo que el hallazgo ocurrió más de 26 horas después del atraco, que las cámaras no permiten individualizar a los autores y que la imputación descansa únicamente en los dichos inconsistentes de su exconcubina, con quien mantiene conflictos penales previa incriminación. Asimismo, se agravia de la falta de valoración del descargo exculpatorio (art. 308 del CPP).
Respecto del HECHO II (daño agravado y resistencia a la autoridad), solicita la falta de mérito por el delito de daño agravado y la recalificación exclusiva a resistencia a la autoridad, argumentando ausencia de dolo directo de dañar y sosteniendo que la figura del art. 239 del Código Penal absorbe al daño como medio de comisión.
Finalmente, controvierte la necesidad de la prisión preventiva por entender inexistentes los peligros procesales de fuga o entorpecimiento, postulando con carácter subsidiario una medida alternativa o morigeradora.
Avocado el Tribunal al estudio de la cuestión traída, entiende que el recurso de apelación debe ser rechazado, posición que se adelanta.
Ingresando al examen de los agravios formulados contra la acreditación del HECHO I, se observa que luego de analizar la totalidad de las constancias reunidas en el legajo, emerge que el motovehículo marca Honda, modelo XR 190 L, dominio A224KLQ, sustraído a Dante Agustín Figueroa el 5 de mayo de 2026 a las 18:35 hs en la vereda de calle Recondo N° 1029 de Monte Grande, fue localizado mediante el sistema de rastreo satelital StopCar en la finca de calle Florencio Sánchez N° 2125 de El Jagüel. En dicho lugar, la concubina del imputado, Rocío Luján Espíndola, manifestó de forma circunstanciada a los prevencionistas que Nicolás Carlos Alberto Fretes arribó con la motocicleta en su poder, dejándola en el patio del inmueble, e ingresó a la finca para darse inmediatamente a la fuga por el tapial trasero al escuchar la aproximación de las sirenas policiales.
Tales extremos, valorados a la luz de lo dispuesto por el art. 210 del C.P.P., permiten a esta altura tener por abastecido el requisito exigido por el art. 157 inciso 3° del C.P.P. respecto de Nicolás Carlos Alberto Fretes en orden al ilícito contra la propiedad que se le imputa.
Frente a ello, los agravios sobre el transcurso de unas horas entre el hecho y el secuestro o la falta de nitidez del registro fílmico carecen de entidad para desvirtuar el plexo probatorio de cargo, toda vez que la vinculación del imputado no descansa en un reconocimiento por video sino en la posesión directa del bien sustraído y su concomitante huida del lugar de hallazgo. Asimismo, la alegada orfandad de su descargo a tenor del art. 308 del C.P.P. resulta insostenible, puesto que las exculpaciones ensayadas por Fretes -atribuyendo la autoría a terceros y aduciendo estar en un lavadero-, no encuentran ningún sostén objetivo ni documental y se exhiben como un mero intento de mejorar su comprometida situación procesal.
En lo atinente a la impugnación de la calificación legal sustentada para el HECHO II, los elementos de juicio colectados resultan contundentes para descartar el agravio defensista.
Las actas de procedimiento y las concordantes declaraciones testimoniales del personal policial actuante (Oficiales Say, Díaz y Rodríguez), ratificadas por la inspección técnica de daños y el material fílmico obrante en el legajo, comprueban que Fretes no desplegó una mera resistencia física pasiva o refleja, sino una agresión violenta dirigida deliberadamente contra los efectivos policiales -propinando golpes de puño y cabezazos-, para luego arremeter e impactar frontalmente su cuerpo contra la puerta de acceso vidriada del Polo Judicial de Esteban Echeverría, destruyendo la hoja de cristal con la finalidad de procurar su impunidad e impedir el ejercicio legítimo de la función judicial y policial que ejecutaba su orden de captura.
Tal despliegue de violencia física hacia las personas y sobre la estructura del edificio público configura acabadamente la concurrencia real entre los delitos de resistencia a la autoridad y daño agravado (arts. 45, 55, 184 inciso 1° y 239 del Código Penal), no advirtiéndose supuesto alguno de absorción típica, pues el daño a la propiedad estatal excedió el eventual medio comisivo de la resistencia, constituyendo un injusto autónomo dirigido a destruir el cerramiento del predio público para consumar la fuga.
Finalmente, en cuanto a la necesidad de la medida cautelar, resulta oportuno recordar aquí que el principio de inocencia rige durante todo el proceso penal y se mantiene incólume hasta la existencia de una sentencia condenatoria que expresamente indique lo contrario. Tal principio fundamental está contemplado tanto en el art. 18 de la Constitución Nacional como en el art. 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Siendo ello así, es claro que toda privación de la libertad anterior a dicha sentencia deviene excepcional y lógicamente debe aplicarse con carácter restrictivo, pues de lo contrario se estaría aplicando una pena anticipada.
En el ámbito procesal, el art. 144 del C.P.P. establece que el imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la ley para decidir lo contrario.
De lo dicho hasta aquí se desprende que durante el proceso la regla es la libertad, habiendo previsto el legislador excepciones a esa regla con el objeto de asegurar que el justiciable se someta efectivamente al proceso, para salvaguardar la prosecución y la finalidad que el mismo persigue, que es la averiguación de la verdad real y la aplicación del derecho sustantivo.
En consecuencia, el fundamento esencial para mantener el encarcelamiento preventivo del imputado durante el proceso es la existencia de los llamados peligros procesales, es decir, si en el caso existe peligro de fuga o de entorpecimiento en la investigación.
Estos peligros procesales pueden inferirse de distintas circunstancias como las que enunciativamente enumera el art. 148 del C.P.P..
Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que el legislador a través de las circunstancias mencionadas presume iuris tantum la peligrosidad procesal, también lo es que dicha sospecha puede ser neutralizada si concurren circunstancias singulares que demuestren con suficiencia que en el caso no existe un riesgo para la actuación de la ley si el imputado permanece en libertad. Obviamente debe tratarse de condiciones excepcionales cuya entidad permita efectuar dicha aseveración.
Ahora bien, tal como lo ha sostenido invariablemente esta Sala, el fundamento de la gravedad de la pena en expectativa así como la valoración objetiva del hecho imputado que lógicamente impedirían la aplicación de una eventual pena en suspenso, resultan pautas suficientes y válidas para mantener el encierro preventivo del encartado mientras dura el proceso (Conf. fallo de la Cám. Nac. Crim. y Correc. Sala II, 15-01-04).
En tal sentido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha admitido la consideración de la magnitud de la pena en expectativa como pauta de evaluación del encierro preventivo, afirmando que: "...La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, tampoco resultan suficientes, luego de transcurrido cierto plazo, para justificar la continuación de la prisión preventiva" (Conf. Informe nro. 2/97 del 11/3/97).
De lo expuesto se colige que la magnitud de la pena en expectativa resulta una pauta de valoración válida y suficiente por sí sola para fundar el encierro preventivo del imputado durante el proceso y que solo en los supuestos en que su prolongación temporal aparezca como irrazonable, debe acudirse a la valoración de otras circunstancias que concurran en el caso concreto para evaluar la razonabilidad de la extensión de la prisión preventiva.
En el presente caso, conforme se desprende del informe del Registro Nacional de Reincidencia obrante en autos, Nicolás Carlos Alberto Fretes registra antecedentes condenatorios con pena de efectivo cumplimiento -habiendo agotado su última condena el 13 de abril de 2026, escasos días antes de la comisión del presente ilícito-, lo que impediría la aplicación de una eventual condena de ejecución condicional.
A su vez, la manifiesta actitud de no sometimiento a la jurisdicción demostrada por el justiciable -quien se mantuvo prófugo tras el robo y desplegó un severo episodio de violencia física e intento de evasión al momento de efectivizarse su detención en la sede judicial-, constituye un indicador concreto y objetivo que evidencia un peligro cierto y actual de fuga y entorpecimiento probatorio.
De esta forma, se puede inferir un peligro cierto de fuga que justifica el actual encierro que atraviesa el imputado, a partir de la pena que se espera como resultado del procedimiento, la que atendiendo especialmente a la calificación legal sustentada y a sus antecedentes penales, impediría la aplicación de una eventual condena de ejecución condicional (art. 148 inciso 2° del C.P.P.).
A ello se suman el resto de las consideraciones formuladas sobre el punto por el Sr. Juez de Garantías interviniente en la resolución que viene cuestionada, a las cuales corresponde remitirse en honor a la brevedad.
Siendo ello así, el mantenimiento de la medida de coerción decretada resulta indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley, ya que en este caso el peligro procesal de fuga no puede evitarse con la aplicación de otra medida menos gravosa (art. 163 "a contrario sensu" del C.P.P.), lo que determina el rechazo de la pretensión de morigeración planteada por la defensa.
A partir de las razones dadas y reuniendo el auto de Prisión Preventiva los extremos de los arts. 157 y 158 del C.P.P., el mismo debe confirmarse.
POR ELLO:
Esta SALA PRIMERA de la Excma. Cámara de Garantías y Apelaciones en lo Penal Departamental RESUELVE: RECHAZAR el recurso de apelación deducido por la Defensa Oficial y, en consecuencia, CONFIRMAR el auto de fecha 8 de octubre de 2026 en el cual se dispone la prisión preventiva respecto de Nicolás Carlos Alberto Fretes , en orden a los delitos de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública en concurso real con daño agravado por impedir el libre ejercicio de la autoridad y resistencia a la autoridad (arts. 45, 55, 167 inciso 4° en función del art. 163 inciso 6°, 184 inciso 1° y 239 del Código Penal; 148, 157, 158, 171, 210 y 439 del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese a las partes y devuélvase al Juzgado de origen, a quien se encomienda la notificación del imputado de autos.
Para el caso de que el imputado al momento de notificarse formule manifestación impugnativa alguna contra lo resuelto en esta sede, se solicita que la misma sea puesta en conocimiento de la Defensa a fin de canalizar la voluntad de su asistido, ello así de conformidad con lo resuelto por la S.C.B.A. en causas P-98.416, P-100.064, P-89.288 y P-87.558, entre otras.
Cúmplase con la resolución de la Presidencia de esta Excma. Cámara del 28/12/2021 en relación a la ley 15.232.
Sirva el presente de atenta nota de envío.-
Firmas
Funcionario firmante: NAVASCUES Miguel Carlos - JUEZ
Funcionario firmante: ALBERDI Miguel Maria - JUEZ
Funcionario firmante: BELENI Patricio Andres - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1999-2026
Fin de la sentencia